Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

Controlar la inflación sin “enfriar” la economía

Por Aldo Ferrer

En la nueva economía, ni la inflación ni la deuda son lo que fueron. Corresponde reflexionar sobre las cuestiones que son determinantes del actual cuadro de situación. A saber: las causas del aumento de precios, la solvencia fiscal y el tipo de cambio.

En el debate sobre la inflación y el pago de la deuda predominan dos enfoques alternativos. Por un lado, ajustar y enfriar la economía. Para tales fines sería necesario reducir la demanda agregada, mediante la baja del gasto público y el aumento de la tasa de interés, y apreciar el peso para sustituir producción interna por importaciones, reduciendo la presión de la demanda sobre la oferta nacional de bienes y servicios. Al mismo tiempo se liberarían recursos del Presupuesto para pagar deuda sin uso de reservas del Banco Central. Por el otro lado, el enfoque alternativo propone pagar deuda con reservas y sostener un crecimiento del gasto por encima de los recursos disponibles sin atender el tema precios para impulsar la demanda, la producción y el empleo.

Esta alternativa del problema actual de la inflación y la deuda se plantea como si subsistieran las circunstancias del pasado: una economía sometida a las restricciones externa y fiscal, a una deuda agobiante que excede su capacidad de pago y a desórdenes macroeconómicos e institucionales que culminaban en hiperinflación.

Nos pasó durante más de la mitad del siglo pasado, cuando registramos el récord mundial de inflación. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un cambio radical en el comportamiento de la economía. Desde la salida de la crisis del 2001, los pagos internacionales vienen operando con un elevado superávit en el balance comercial, que registra saldos positivos anuales de u$s15.000 millones.

A su vez, la cuenta corriente del balance de pagos registra 8 años positivos, hecho inédito. En el 2009 alcanzó 3% del PBI y cabe esperar un superávit semejante este año. Al mismo tiempo, desde el 2003, la relación deuda externa pública y privada/PBI bajó de 160 a 40%. Desde el momento en que se logró salir del default, con el exitoso canje de deuda del 2005, el pago al FMI y encuadrar los pagos dentro de límites manejables con recursos propios, también se produjo un cambio radical.

La solución de la restricción externa facilitó resolver la restricción fiscal derivada de los déficits crónicos de las finanzas públicas. La recaudación tributaria aumentó 10 puntos del PBI para ubicarse cerca de 30%, proporción razonable en una economía como la nuestra. En el mismo sentido operó la incorporación, en la esfera pública, de los recursos del sistema previsional, que constituyen parte principal del ahorro interno. El comportamiento de las finanzas públicas desde el 2001 demuestra que la restricción fiscal puede ser, también, un problema superado.

El país tuvo, entre 1930 y 1983, una “restricción institucional”, agregada a las externa y fiscal. En la experiencia reciente aún los temas más polémicos (la resolución 125, las reformas de los regímenes previsional y de medios audiovisuales y el uso de las reservas del BC) se procesan conforme las reglas constitucionales. Es decir, la restricción institucional es también un problema de otros tiempos.

En resumen, en la nueva economía, ni la inflación ni la deuda son lo que fueron. Por lo tanto, enfriar y ajustar, por una parte, o crecer sin atender los precios, por la otra, no son las alternativas reales. Corresponde reflexionar sobre las cuestiones que son determinantes del actual cuadro de situación. A saber: las causas del aumento de precios, la solvencia fiscal y el tipo de cambio.

Sobre la primera, no estamos en presencia de ninguna de las causas clásicas de inflación: exceso de demanda o presiones de costos. La economía viene operando a niveles razonables de ocupación de la capacidad productiva instalada, está aún distante el pleno empleo de la mano de obra y no hay restricciones de abastecimientos importados por insuficiencia de divisas. Por lo tanto, no hay inflación por exceso de demanda respecto de los recursos disponibles. Por otra parte, ninguno de los precios básicos de la economía (tipo de cambio, salarios, tarifas de servicios públicos) está desalineados y, por lo tanto, no es previsible un alza brusca en ninguno de ellos. Por ende, tampoco hay amenazas severas de inflación de costos. ¿Cómo se explica entonces que el nivel de precios esté en torno a 20% anual, nivel inconveniente y perturbador?

La respuesta es que estamos en presencia de un caso de inflación inercial. Es decir, los precios aumentan a un cierto ritmo, porque los actores económicos y sociales incorporan una hipótesis de aumento de precios que se retroalimenta en ajustes continuos de precios y salarios, a pesar de la ausencia de inflación de demanda y de costos y de la existencia de equilibrios macroeconómicos razonablemente sólidos. La inflación inercial se sostiene en las expectativas y en un clima político tenso, en el cual se incluyen visiones catastróficas de la realidad y el futuro. En este escenario, por razones estacionales o circunstancias propias, algunos alimentos crecen más que el promedio, fenómeno que sucede también en economías con niveles generales de precios estables.

La inflación inercial no se evita con ajuste ni enfriando la economía. Por esta vía, lo que se logra es frenar el crecimiento, aumentar el desempleo, el malestar social y la inseguridad. Pero tampoco se resuelve desatendiendo el problema o suponiendo que los aumentos provienen de maniobras abusivas de formadores de precios en sectores concentrados. Cuando estas existen, tienen que ser reprimidas por el Estado, pero la pregunta es por qué ahora esas maniobras son inflacionarias y en otros momentos no lo son. La respuesta es que ahora prevalece la inflación inercial. No hay ninguna medida aislada que resuelva el problema.

La respuesta radica en un programa de estabilidad y crecimiento fundado en la solidez de los equilibrios macroeconómicos y la política de ingresos para concertar, entre los actores económicos y sociales, privados y públicos, metas de precios y salarios, que tiendan a reducir la hipótesis inflacionaria implícita. Sería útil contar con un consejo económico y social, en cuyo seno el Gobierno concertara con los actores del trabajo y la empresa, una estrategia de crecimiento con equidad y estabilidad de precios.

El éxito de esa estrategia depende de la solidez de la macroeconomía y de continuar reduciendo los niveles de deuda. Para tales fines son centrales las otras dos cuestiones mencionadas: la solvencia fiscal y el tipo de cambio.

Respecto de la deuda, con o sin uso de reservas, con o sin canje, el país está en condiciones de cumplir sus compromisos externos y crecer. Los pagos de este año –con reservas u otros recursos – tienen una diferencia de tasa de interés, dato importante pero que no involucra la capacidad de pago. De todos modos, el pago con reservas es un recurso circunstancial. En el futuro, son los recursos genuinos de la actividad corriente los que proporcionan los medios de pago.

Sobre la solvencia fiscal, una vez iniciada la recuperación de los componentes de la demanda agregada (consumo, inversiones y exportaciones), no se justifica insistir en la inyección de demanda supletoria vía gasto público. La solvencia fiscal y la calidad del gasto recuperan así su papel en la gobernabilidad del sistema económico, la formación de las expectativas, la estabilidad y el desarrollo.

No es preciso enfriar ni ajustar la economía, es decir, bajar el gasto real indispensable para la oferta de bienes públicos, para frenar la suba de precios. Sí es preciso acomodar el crecimiento de gasto público a la de la recaudación, lo cual permitiría recuperar el superávit primario. De otro modo, un crecimiento persistente del gasto por encima de los recursos públicos lleva inevitablemente al endeudamiento, a la apreciación del tipo de cambio, a restablecer las restricciones externa y fiscal y, consecuentemente, a la pérdida de soberanía. El desequilibrio fiscal y el aumento de la deuda no contribuyen a crear el escenario adecuado: inflación de 10% anual.

En relación con la política cambiaria, reducir la tasa de aumento de precios facilita mantener un tipo de cambio de equilibrio desarrollista (TCED) indispensable para el crecimiento de la producción y el empleo. El TCED es también necesario para la formación de una economía integrada y abierta, capaz de gestionar el conocimiento e integrada al mundo.

Crecer con equidad y una estabilidad razonable de precios está al alcance del país. Lograrlo o no depende de tomar nota del potencial de desarrollo de la nueva economía una vez que se ha liberado, a menos de insistir en las decisiones del pasado, de las restricciones fiscal, externa e institucional.