Krugman prevé la «tercera depresión»
Cree que el costo será inmenso, por el desempleo
Nueva York. De Servicios de Hoy.
El Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, ha desatado una polémica en el el blog de "The New York Times" con una columna que publicó en que prevé "La tercera depresión".
Krugman señala que a diferencia de las recesiones, las depresiones son muy escasas en la historia, y cita dos: los años de deflación e inestabilidad que siguieron al pánico de 1873, y la que siguió a la crisis financiera de 1929-1931.
"Ahora, me temo, estamos en las primeras etapas de una tercera depresión", y señala que lucirá más parecida a la del siglo XIX, "pero el costo para la economía mundial, en especial para los millones que serán socavados por la ausencia de empleo, sin duda será inmenso", expresa Krugman en su artículo.
Explica que los índices de desempleo en los países desarrollados siguen muy altos y no dan señales de ceder, y Europa y EE.UU. pueden caer en la misma trampa deflacionaria de Japón. Las últimas cifras sobre la tasa de desempleo en Estados Unidos, correspondientes a mayo, eran de 9.7%.
Krugman advierte que es un error la decisión de los gobiernos de volver justo ahora a una política ortodoxa ("la antigua religión") de balancear los presupuestos y restringir el crédito, esfuerzos que el mercado no está premiando.
La reforma de los mercados financieros
Jesús Caldera, Joseph Stiglitz, Stephany Griffith-Jones, Jeffrey Sachs, André Sapir, Nicholas Stern, NEGOCIOS El País.
En un informe elaborado por la Fundación IDEAS, presentado en Madrid el 28 de mayo de 2010, se analizaban varias alternativas de impuestos a los mercados financieros. Según este estudio, el instrumento que mejores propiedades muestra es el impuesto sobre transacciones financieras, basado remotamente en la vieja idea de la tasa Tobin, pero aplicado a todas las transacciones y no solamente en los mercados de divisas.
Existe un amplio consenso acerca de la necesidad de reformar los mercados financieros internacionales. El sector financiero ha sido el principal causante de la crisis global actual, que se originó en el sistema financiero estadounidense, extendiéndose luego al resto de países del mundo, para convertirse finalmente en una crisis de la economía real con un impacto particularmente negativo en Europa.
Los Gobiernos de los países desarrollados han hecho esfuerzos fiscales importantes entre 2007 y 2010 para sostener sus sistemas financieros, evitando quiebras bancarias que podrían haber llevado a un colapso económico generalizado. A la vez, pusieron en marcha planes de estímulo de la demanda agregada, que había caído drásticamente como consecuencia de la falta de confianza y el mal funcionamiento de los mercados de crédito.
Estos esfuerzos fiscales, esenciales para la recuperación en una primera fase, unidos a la reducción de los ingresos públicos debido a la menor actividad económica, han disparado los niveles de déficit y de endeudamiento público hasta niveles muy elevados. Este ha sido el caso principalmente de Europa, pero también de EE UU, si bien ambos están dando respuestas distintas del problema.
En el caso de la Unión Europea, las turbulencias financieras de abril y mayo de 2010, desencadenadas por la crisis de la deuda pública griega y la especulación contra la deuda emitida por otros Estados miembros, han llevado a la UE a iniciar un proceso de consolidación fiscal. Así, todos los países europeos están adoptando planes de control y recorte del déficit público, como el anunciado por el Gobierno de España, que tiene el objetivo de devolver el déficit del 11% al 3% del PIB entre 2010 y 2013. Por otro lado, la UE se ha visto obligada a establecer con carácter de urgencia un fondo de 750.000 millones de euros como señal clara a los mercados financieros de la voluntad de los Gobiernos de contrarrestar cualquier ataque especulativo contra el euro.
Es vital que este proceso de consolidación se lleve a cabo a un ritmo adecuado, ya que una consolidación excesivamente rápida podría llevar a una ralentización de la economía, o incluso a una doble recesión. Para mitigar los efectos adversos de la reducción de la demanda agregada se deberá prestar una atención particular a la estructura de los gastos, así como al sistema impositivo. Asimismo, estas medidas deberán acompañarse de una estrategia clara para la economía sostenible, con reformas que introduzcan incentivos para mejorar el control de la deuda, la equidad intergeneracional y la sostenibilidad medioambiental, así como una mayor agilidad, cohesión y productividad en los mercados financiero y laboral, en línea con las que el Gobierno español está poniendo en marcha.
En EE UU también existe un debate sobre la consolidación fiscal, si bien la Administración Obama es consciente de los riesgos de un recorte prematuro de los gastos. En el Congreso, el apoyo a una ley de empleo fuerte e incluso la extensión de los beneficios por desempleo, cuando cientos de estadounidenses están llegando al final del periodo de percepción de los subsidios, parece limitado. Los problemas de los mercados hipotecarios, entre otros, han llevado a los analistas a ser pesimistas en cuanto a la pronta vuelta al pleno empleo.
Aunque el ajuste fiscal de la UE era una medida sensata que en principio debería haber satisfecho a los mercados, con su desarrollo ha surgido una nueva amenaza: los potenciales efectos negativos de los recortes de los gastos públicos sobre el crecimiento podrían traducirse en unos coeficientes deuda pública/PIB más elevados y, por tanto, en un empeoramiento de la calificación de la deuda pública.
Parece, a la vista de los últimos acontecimientos, que el poder económico ya no está en manos de los Gobiernos democráticos y, por tanto, de los ciudadanos, sino en manos de los a menudo caprichosos mercados financieros que originaron la crisis. Es, por tanto, cada vez más urgente que los Gobiernos del mundo se coordinen dentro del G-20 y reaccionen contra estas tendencias. No se puede aceptar que un volumen importante de operaciones financieras no se conozca ni esté regulado, al llevarse a cabo fuera de los mercados organizados. Por otro lado, el sector financiero no paga impuestos acordes con sus beneficios, con los bonos que reciben sus ejecutivos ni con las externalidades negativas que, como está quedando patente, su actividad puede conllevar.
El ejemplo más claro de los problemas del sistema de incentivos y la falta de regulación existentes en los mercados financieros son los CDS en descubierto (naked credit default swaps), producto que permite a los inversores contratar un seguro sobre el posible impago de un bono de deuda pública de un país sin tener la propiedad de ese bono. Como la historia ha demostrado hace siglos en el transporte marítimo, cuando para un inversor resultaba legal contratar un seguro sobre un barco que no era de su propiedad, el inversor tenía un claro interés en hacer que el barco se hundiera. Muchos barcos desaparecieron entonces por esa causa, hasta que la norma se reformó. Igualmente, en el caso de los CDS, si la institución que contrata el seguro sobre el impago de la deuda es un gran fondo de inversión o una agencia de rating que puede tener influencia en el mercado de deuda pública, su interés es lograr que el país se hunda y se produzca el impago.
Además de reformar la regulación de los mercados y productos financieros, también es conveniente que el G-20 se plantee la introducción de impuestos sobre los mercados financieros, para cambiar los incentivos adversos existentes, haciendo que los operadores financieros compensen a las empresas por las externalidades negativas que en ocasiones generan sus actividades.
En un informe elaborado por la Fundación IDEAS, presentado en Madrid el 28 de mayo de 2010, se analizaban varias alternativas de impuestos a los mercados financieros. Según este estudio, el instrumento que mejores propiedades muestra es el impuesto sobre transacciones financieras, basado remotamente en la vieja idea de la tasa Tobin, pero aplicado a todas las transacciones y no solamente en los mercados de divisas. Esta tasa, con un tipo impositivo muy bajo, de alrededor del 0,05%, reduciría el volumen de operaciones especulativas a corto plazo y, por tanto, la volatilidad del mercado, a la vez que recaudaría un volumen de ingresos considerable, entre 1.600 y 6.300 millones de euros al año solo en España.
El debate sobre la introducción de impuestos financieros está abierto y más vivo que nunca, lo que ya representa un progreso importante. No obstante, las palabras deben llevarse a la práctica. Los líderes reunidos en la cumbre del G-20 en Toronto deberán superar las presiones internas de sus sistemas financieros para poner en marcha un sistema impositivo en los mercados financieros que sea a la vez eficiente y justo. Ya se han dado pasos significativos en este sentido. Así, los miembros de la UE han acordado recientemente mantener una posición común en la cumbre con respecto a la introducción de un impuesto sobre la banca, que adoptarán independientemente de los resultados de la cumbre en el seno de la UE, así como con respecto el establecimiento de un impuesto sobre las transacciones financieras muy parecido al propuesto por IDEAS.
El resultado de las negociaciones que están teniendo lugar este fin de semana puede marcar una gran diferencia para el futuro. Todos los ciudadanos del mundo están pendientes y a la espera de que sus líderes muestren la determinación necesaria para acometer las reformas que el sistema claramente necesita, eliminando algunos de los problemas que han desencadenado la crisis y evitando de este modo que se repitan en el futuro. De lo contrario, los costes políticos y económicos serán cuantiosos.
Entrevista a Aldo Ferrer
“Hay una antipatía visceral con la Argentina porque salió de la crisis con heterodoxia”
Aldo Ferrer reivindica el rumbo del país, señala un cambio en la valorización de las políticas de gobierno y explica por qué se está lejos de la crisis global
Miembro fundador del Plan Fénix, integrante del directorio de Enarsa y economista de consulta en los círculos próximos a los Kirchner, Aldo Ferrer rescata las líneas principales de la gestión económica. Además, plantea los desafíos sobre los que debe hacerse hincapié de aquí en más y arremete contra los críticos habituales del modelo. Y, como es habitual en su prédica, subraya la necesidad de consolidar orden fiscal y el superávit comercial, ganar en competitividad y movilizar el ahorro interno, más allá de las presiones del mercado. “Cuando efectivamente se convenzan de que esto es irrevocable, los mercados van a volver solos, porque por encima de la ideología están los negocios, y la Argentina es un espacio para hacer muy buenos negocios”, señala, a modo de síntesis.
¿Cómo evalúa el estado de la economía actual?
Estamos en una situación muy distinta a la que prevaleció en la Argentina durante mucho tiempo. La situación económica está bajo control y gobernada, parada en sus recursos propios. Se ha recuperado un nivel de autonomía muy valioso que se había perdido desde mediados de la década de 1970, cuando se inauguró el período de endeudamiento y de sometimiento a la hegemonía neoliberal. Durante más de veinticinco años el país estuvo sometido a la tragedia de la deuda, la voluntad de los mercados y a políticas regresivas que provocaron la venta de la mayor parte del patrimonio nacional y la insolvencia. De aquel país, que perdió el comando de su realidad y que terminó en una crisis fenomenal, a este país de hoy hay un saludable abismo. No porque el país no tenga problemas. Están los problemas históricos y algunos problemas recientes, que surgieron con el neoliberalismo, como los altos niveles de pobreza o la fragmentación del mercado de trabajo. Pero la realidad hoy es otra.
¿Cuáles considera que han sido las medidas o políticas que permitieron generar ese quiebre?
Sucedieron dos cosas. En primer lugar, la crisis de 2001-2002 modificó los términos del problema porque el país quedó aislado del financiamiento internacional y librado a su propia suerte. Al abandonar el régimen de Convertibilidad y pesificar el sistema monetario, recuperó la autoridad monetaria y la posibilidad de tener política. Además, se modificaron los precios relativos y reaparecieron espacios de rentabilidad que habían desaparecido, que provocaron un estímulo a la inversión y al aumento de la oferta. Simultáneamente, la baja de las importaciones y un buen nivel de exportaciones, por el aumento de los saldos y los buenos precios internacionales, permitió que el país, al mismo tiempo, tuviera un gran superávit. Es decir, hubo una serie de factores, fruto de la propia crisis, que fue bien aprovechado por la política económica, cambiando el rumbo. Y en eso, también, hubo un gran mérito del Gobierno.
¿Cuál?
En vez de seguir en la súplica por la ayuda internacional, se tomó el comando de la política monetaria, del tipo de cambio, del balance de pagos y la situación fiscal, y se tomó al Estado como un protagonista de los asuntos económicos del país. Estas circunstancias nuevas y estas políticas distintas generaron un escenario que tuvo una fenomenal respuesta de la oferta, con un gran aumento del PBI, que hoy explican la capacidad del país para resistir ante la crisis mundial.
¿Cree que hay una revalorización de la sociedad sobre el rumbo elegido?
En alguna medida, sí. Pero no suficientemente. Todavía no hay un necesario convencimiento de la importancia de la soberanía en la resolución de los problemas. Vivimos en un mundo paradojal: la globalización penetra en todos los espacios nacionales y no se puede estar ajeno a los acontecimientos externos pero, al mismo tiempo, a los únicos países a los que les va bien son aquéllos que mantienen firmes políticas nacionales. Nosotros mismos, en la medida en que recuperamos esas políticas nos empezó a ir bien. Por otro lado, la Argentina es un país con una excepcional dotación de recursos. No sólo tenemos un territorio inmenso, sino también una estructura productiva que, con todas sus debilidades, sigue siendo diversificada y activa, con una tasa de ahorro del orden del treinta por ciento del PBI y una posibilidad de hacer política económica como nunca hubo.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner parece haber recorrido un camino inverso al que recorre la mayoría. Pasó de un comienzo complicado, lejos de las mieles iniciales, a una segunda parte de mandato con un vínculo más fluido con la sociedad. ¿Comparte esto?
Sí, es una paradoja. Pero la explicación la podemos encontrar en ciertas costumbres políticas argentinas, cierta tendencia al enfrentamiento y la falta de claridad de los actores para determinar cuáles son los problemas fundamentales. A eso, por ejemplo, hay que sumarle la aparición de conflictos innecesarios, como el que enfrentó al Gobierno con el campo. Y digo esto porque, objetivamente, no había intereses contrapuestos con el sector rural.
¿Qué evaluación hace del resultado del canje de la deuda, que cerró en estos días y estuvo por encima del sesenta por ciento que el Gobierno se había autoimpuesto?
Es un hecho al que no le doy tanta relevancia. Por lo menos, a este segundo canje. El fundamental fue el primero, con el que la Argentina salió del default con una gran propuesta, a la que adhirió el 75 por ciento de los bonistas. Este segundo canje fue un gesto del gobierno argentino para darle una segunda oportunidad a quienes habían quedado afuera. Lo importante es que, mientras tanto, el país resolvió problemas fundamentales, recuperando el orden fiscal y el superávit en la balanza de pagos. La Argentina no necesita volver a los mercados a tomar deuda. Lo que necesita es movilizar su ahorro interno. Hay que lograr que la gente se convenza de que el lugar más rentable y seguro para invertir es nuestro país. Esta idea de volver a los mercados, cuando los mercados están demostrando ser el espacio del caos y de la subordinación de los que demandan crédito, es algo que hay que tratar con mucho cuidado. Lo que tenemos que hacer es consolidar el ahorro interno y canalizarlo productivamente.
¿Qué pasará con los famosos fondos buitres?
Con los fondos buitres ya sabemos qué pasa. Trataron de bloquear el primer canje y no lo lograron y, desde entonces, hicieron una enorme cantidad de juicios que no tuvieron ningún éxito. No hay que equivocarse: en los mercados hay una antipatía ideológica visceral con la Argentina porque salió de la crisis con criterios absolutamente heterodoxos. Algo que los gurúes no le van a perdonar nunca a este gobierno. Pero cuando se convenzan de que esto es irrevocable, los mercados van a volver solos, porque por encima de la ideología están los negocios y la Argentina es un espacio para hacer muy buenos negocios. Esos buenos negocios, además, los van a hacer mejor con un país soberano, que con uno subordinado y puesto de rodillas.
¿Qué consecuencias concretas podría traer esa antipatía?
En las estimaciones de riegos país ya se ven. Las calificadoras de riesgo, que están desacreditadas por infinidad de razones en los propios países centrales, le asignan a la Argentina indicadores que no tienen nada que ver con los reales. Esas estimaciones están penetradas por la ideología neoliberal y la antipatía que produjo la heterodoxia argentina, porque demostró que la forma de salir de una situación difícil no era haciendo lo que ellos decían sino exactamente lo contrario. Y, ante eso, la única respuesta es consolidar lo que hemos logrado.
¿Cuál considera que tiene que ser la mayor preocupación de aquí en más?
Están los problemas históricos no resueltos. Por ejemplo, el tema de la integración territorial y las desigualdades regionales, que impactan en las cadenas de valor. Hemos avanzado en ese terreno pero nos falta mucho. Por la forma en que se produjo el desarrollo argentino el desequilibrio se hizo extraordinario, y un país no puede desarrollarse en esos términos. Y el otro gran tema es la cuestión social. El país siempre tuvo una sociedad fracturada, pero se agravó mucho durante la etapa neoliberal.
¿Y respeto de la coyuntura?
Sobre la coyuntura soy optimista por muchas razones. Entre otras, porque el país ratificó todas las veces que hizo falta que la única forma de resolver los problemas es en el marco que brinda la Constitución. El hecho de que por más de medio siglo no haya sido ésa la forma es una de las causas de nuestra decadencia. El golpe de Estado de 1930 fue una fatalidad que nos costó dolor, sangre y subdesarrollo. De eso hemos ido saliendo y en esta década, mal que les pese a muchos, todos los conflictos se han resuelto en el marco de la Constitución, aun aquellos que más tensión han traído y aun aquellos en los que se disputaba el verdadero poder. Por ejemplo, la resolución 125, la Ley de Medios, la reforma del sistema previsional. Con eso más consolidado, nos queda articular las políticas que desplieguen el potencial argentino.
¿Como cuáles?
Uno de los logros más importantes del Gobierno es el énfasis que ha puesto en el campo de la ciencia y la tecnología. Cuando escucho a la Presidenta enfatizar tanto en la cadena de valor, en la tecnología, en el apoyo al Invap me siento reconfortado. En su momento fui presidente de la Comisión de Energía Atómica (ndr: entre 1999 y 2001) y no logré destrabar el plan y poner en marcha Atucha II. Hoy, está casi terminada y se está programando la cuarta y quinta central. Ese énfasis en la ciencia y la tecnología me parece fundamental. Y después, desde luego, en la administración de la economía hay una serie de problemas pendientes. Incluso, bajar la tasa de inflación.
¿Es un problema que se puede agravar?
No, la inflación que tenemos ahora no es la que tuvimos en otros tiempos. En el último siglo, el país tuvo el récord mundial de inflación y la tasa promedio más alta durante cincuenta años, incluyendo varias hiperinflaciones. Era resultado de un país desordenado, caótico en lo político, y éstas no son las circunstancias de la actualidad. Pero está claro que la sociedad ha incorporado una hipótesis del aumento de precios, en torno del veinte por ciento, que se transmite en las negociaciones de los actores económicos, no habiendo razones concretas de desequilibrio que lo explique.
¿A qué se debe, entonces?
Se trata de una inflación inercial. En un país que tiene una memoria colectiva inflacionaria se ha instalado este supuesto de que los precios están subiendo a este nivel. No se disparan, como proyectaban los enemigos del Gobierno, sino todo lo contrario: comenzó a desacelerarse, porque no hay condiciones de estampida. Aun así, hay que desactivar las hipótesis actuales. Después está el tema de la credibilidad de los índices. Hemos perdido una enorme cantidad de tiempo discutiendo el termómetro en vez de ver cómo bajamos la fiebre.
Una observación recurrente de los críticos al Gobierno plantea que la inversión es uno de los eslabones débiles de la economía argentina. ¿Está de acuerdo?
Ése no es problema. En la crisis, la tasa de inversión estaba en el orden del 11-12 por ciento del PBI y, en estos años, llegó a estar por encima del 24 por ciento, en un récord histórico. Y ahora está cerca de ese nivel, con recursos propios. Tiene que haber más inversión, es cierto, porque ante escenarios de incertidumbre la plata tiende a irse, como pasó en 2008 y principios de 2009. Pero que hubo un repunte en la inversión no hay ninguna duda. Por eso, entre otras cosas, aumentó el PBI.
Jornadas de Capacitación de Políticas Públicas en las Comunas de la Ciudad
Charla / Debate
“Economía y Sociedad”
Expondrán
Amado Boudou, Roberto Feletti y Horacio González
Lunes 5 de Julio a las 18.30 horas
T. M. de Anchorena 639, esquina Zelaya.
ABASTO
MILITANCIA NACIONAL Y POPULAR DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Sistema financiero y democracia
Por Guillermo Wierzba *, Romina Kupelian y Rodrigo Lopez **
Si las distintas etapas vividas en Argentina en las que se desplegaron proyectos de país contrapuestos se pueden identificar en determinados signos inequívocos, el carácter de los sistemas financieros constituye sin dudas uno de ellos. Los diputados Carlos Heller y Martín Sabbatella han presentado un proyecto de ley de servicios financieros que se inspira en una de las tradiciones que confrontaron históricamente. Así, la iniciativa persigue la orientación del crédito para el desarrollo, la eliminación de una severa discriminación de las pymes para el acceso al crédito, la desconcentración bancaria, la regulación de las tasas de interés, el fortalecimiento de la banca pública, el estímulo del crédito de largo plazo, el ataque a la las desigualdades regionales respecto a la bancarización.
La propuesta abreva en la corriente que reivindica la intervención del Estado en el diseño y la conducción de la política económica y entiende el sistema financiero como un servicio no autonomizado respecto del eje de la actividad productiva: la economía del sector real. Este paradigma de reivindicación de la democratización del crédito no es ajeno a la cuestión republicana, pues las instituciones legales financieras que se han asociado a este enfoque surgieron de gobiernos elegidos libremente por la voluntad popular.
En una nota de opinión, publicada el 16 de junio pasado en Clarín, Néstor Grindetti, ministro de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires, y Mario Morando, director del Banco Ciudad, cuestionan aspectos del proyecto puesto en discusión. El punto de vista que sostienen se nutre de la otra tradición que concibe al sistema financiero construido con la lógica de un mercado más en una economía sustentada en el rechazo a la participación pública. Esa tradición obtuvo leyes afines a su pensamiento cuando la República no funcionó y las dictaduras dispusieron autoritariamente modelos de liberalización financiera (1955, 1966 y 1976). Para esos funcionarios exigir una cuota de crédito obligatoria para las pymes resultaría una intervención dictatorial del Estado y sugieren que el déficit crediticio del sistema con las pymes responde centralmente a problemas de información.
A la información vamos: en febrero de 2010, el sistema bancario prestó sólo el 26 por ciento de su cartera a las pymes. Los bancos públicos nacionales les prestan más de un 30 por ciento de su cartera, los privados nacionales un 27, los cooperativos 62, los de capital extranjero menos de un 20 y las sucursales de entidades financieras del exterior un 14,5 por ciento. Los números expuestos demuestran una disparidad entre grupos de entidades que desmienten que el crédito a las pymes esté limitado por deficiencias informativas, revelando conductas empresarias de racionamiento del crédito en perjuicio de ese tipo de unidades productivas.
La teoría económica presenta fuertes evidencias y argumentos respecto de estos comportamientos, indicando la estructural ineficiencia mercantil para resolverlos y propiciando la acción pública para mitigarlos. ¿Se trata de un problema que se resuelve sólo con sofisticaciones informativas o se requiere un dispositivo legal y normativo encaminado a corregir conductas de firmas extranjeras que participan en el sistema?
Los autores sostienen que la desconcentración del sistema debe regularse de igual modo para la banca pública que para la privada. Desconocen el fundamental rol de banca testigo que la primera debe desempeñar y su papel como agente contracíclico en la economía. Poner topes para la desconcentración del sistema a la banca pública atenta contra el rol de banca testigo y favorece un ilimitado poder discrecional de los bancos privados más grandes. Pero más sustantivo aún es desconocer que la función de la banca pública es distinta y muchas veces contradictoria con la de la banca privada. ¿Es lógico poner un límite de tamaño a la banca pública cuando es necesario que preste en los momentos de crisis en que el sistema tiene una desenfrenada conducta de restricción crediticia?
La refutación es contundente si se verifica el comportamiento del Banco Nación durante la última crisis, no sólo por una decisión de gestión, sino por su utilización por parte del Poder Ejecutivo para la implementación de líneas de crédito que estimularon la actividad. Igual verificación de su conducta contracíclica se puede hacer analizando cuantitativamente el comportamiento de las carteras de crédito luego de la crisis del 2001.
Esas conductas no son sólo de orden doméstico. En Brasil mientras la banca privada se retraía en 2009 y el PBI caía un 4 por ciento, el Bndes incrementaba su cartera en un 37 por ciento. ¿Debió Lula poner un límite a esa expansión del banco público en el mercado?
Grindetti y Morando no pueden ignorar que el sistema financiero argentino está líquido, como consecuencia de la confianza y solidez devenida del actual régimen macroeconómico. Sin embargo, enuncian un problema ajeno a la dinámica actual del sistema como el crowding out (desplazamiento del crédito privado por la demanda del sector público). No hay hoy competencia por fondos entre las empresas y el Estado. Eso era de la época en que se financió la reconversión del sistema jubilatorio hacia el modelo privado en los noventa, donde imperaban las libertades financieras por las que abogan esos autores. Actualmente el problema es conseguir que los bancos presten, que haya crédito de largo plazo, que la liquidez abundante sea útil para el desarrollo nacional. Así, la actual presidenta del BCRA anunció regulaciones tendientes a estimular los préstamos a la producción, debiendo enfrentar conductas empresarias en las que prevalece el otorgamiento de crédito carísimo para el consumo y la resistencia del sistema a comprometerse con la asunción del riesgo típico de la actividad financiera.
Al igual que Martínez de Hoz, Grindetti y Morando bregan por una mayor liberalización financiera al pedir “relajar requisitos para brindar servicios financieros”, exactamente lo contrario de lo que se ve en el mundo en estos días. Siguiendo la ley de la dictadura que buscó elevar las tasas de interés reales, se oponen a que la autoridad establezca topes, favoreciendo la usura y atentando contra la inversión productiva. Se refieren a una supuesta promiscuidad de la intervención pública y no se pueden privar de clamar por la reducción del gasto público. Lo hacen luego que la dinámica de éste ha reducido sustantivamente el impacto de la crisis y en el marco de una sólida sustentabilidad fiscal de la economía argentina. Este descontextualizado, temática y temporalmente, pronunciamiento de liberalismo conservador repone la cuestión fundamental enunciada al principio: la reforma del sistema financiero supera las consideraciones tópicas específicas y se trata de la confrontación de dos modelos de país: uno liberal-conservador; otro democrático, nacional, transformador, popular y progresista.
Fieles a esa tradición liberal-conservadora los autores metamorfosean de forma degradante el concepto de democracia, promoviendo un ilimitado reino de la decisión privada al acusar de dictatorial una decidida opción por el direccionamiento del crédito por parte del Estado. Contrariamente, en la tradición democrática lo dictatorial refiere a la obturación de la decisión ciudadana. La ley 21.526 en sus formas y contenidos es la expresión concentrada de los objetivos de la dictadura, la democracia debe cambiarla por otra sustantivamente opuesta a ella
* Director del Cefid-Ar.
** Investigadores del Cefid-Ar.
Regulación financiera y democracia
Existen muchas maneras de frenar los excesos de los grandes bancos. Una versión contundente de la llamada Regla Volcker (destinada a obligar a los bancos respaldados por el Gobierno a retomar su misión fundamental de prestar dinero) podría funcionar. Pero el Gobierno estadounidense sería negligente si dejara las cosas tal como están.
JOSEPH E. STIGLITZ, El País
Han pasado casi dos años desde el colapso de Lehman Brothers, y más de tres años desde el comienzo de la recesión global generada por las fechorías del sector financiero para que Estados Unidos y Europa finalmente reformaran la regulación financiera.
Quizá deberíamos celebrar las victorias regulatorias tanto en Europa como en Estados Unidos. Después de todo, existe un acuerdo prácticamente universal de que la crisis que enfrenta el mundo hoy -y que probablemente siga enfrentando durante años- es el resultado de los excesos del movimiento de desregulación que se inició durante los Gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan hace 30 años. Los mercados sin trabas no son ni eficientes ni estables.
Sin embargo, la batalla -y hasta la victoria- han dejado un sabor amargo. La gran mayoría de los responsables de los errores -ya sea en la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en el Tesoro de Estados Unidos, en el Banco de Inglaterra y la Autoridad de Servicios Financieros de Gran Bretaña, en la Comisión Europea y el Banco Central Europeo o en los bancos individuales- no se han hecho cargo de sus fracasos.
Los bancos que causaron estragos en la economía global se han negado a hacer lo que es necesario hacer. Peor aún, han recibido respaldo de la Reserva Federal, de quien uno habría esperado una postura más cautelosa, en vista de la magnitud de sus errores pasados y de lo evidente que resulta que se hace eco de los intereses de los bancos que supuestamente debía regular.
Esto es importante no sólo por una cuestión de historia y responsabilidad: es mucho lo que se deja a criterio de los reguladores. Y eso deja abierto el interrogante: ¿Podemos confiar en ellos? En mi opinión, la respuesta es un no rotundo, razón por la cual necesitamos “definir de un modo inamovible” el marco regulatorio. La estrategia habitual -delegar la responsabilidad en los reguladores para que elaboren los detalles- no será suficiente.
Y eso plantea otro interrogante: ¿En quién podemos confiar? En cuestiones económicas complejas, se había depositado la confianza en los banqueros (después de todo, si ellos ganan tanto dinero, obviamente saben algo) y en los reguladores, quienes a menudo (pero no siempre) provenían de los mercados. Pero los acontecimientos de los últimos años han demostrado que los banqueros pueden ganar dinerales, y al mismo tiempo socavar la economía e imponerle cuantiosas pérdidas a sus propias firmas.
Los banqueros también han demostrado tener una “ética cuestionable”. Un tribunal de justicia decidirá si el comportamiento de Goldman Sachs -apostar contra productos que la propia empresa creaba- fue ilegal. Pero la corte de la opinión pública ya ha presentado su veredicto sobre la cuestión mucho más relevante de la ética de ese comportamiento. Que el CEO de Goldman se viera a sí mismo haciendo “el trabajo de Dios” mientras su firma vendía productos cortos que ella misma creaba, o diseminara rumores difamatorios sobre un país donde se desempeñaba como “asesor” sugiere un universo paralelo, con diferentes códigos y valores.
Como siempre, “el diablo está en los detalles”, y los lobistas del sector financiero han trabajado arduamente para asegurarse de que los detalles de las nuevas regulaciones beneficien a sus empleadores. En consecuencia, probablemente pase mucho tiempo antes de que podamos evaluar el éxito de cualquier ley que el Congreso estadounidense finalmente promulgue.
Eso sí, los criterios para el juicio son claros: la nueva ley debe poner fin a las prácticas que pusieron en peligro a toda la economía global, y reorientar el sistema financiero hacia sus tareas apropiadas -gestionar el riesgo, asignar capital, ofrecer crédito (especialmente a las pequeñas y medianas empresas) y operar un sistema de pagos eficiente.
Deberíamos brindar por los probables logros: se establecerá alguna suerte de comisión de seguridad de los productos financieros; cada vez más operaciones con derivados pasarán de las sombras del mercado turbio y “hecho a medida” a las Bolsas y las Cámaras compensadoras; y se restringirán algunas de las peores prácticas hipotecarias. Es más, parece probable que se recorten los honorarios escandalosos que se cobran por cada transacción de débito -una especie de impuesto que no tiene otro objetivo público que el de llenar las arcas de los bancos.
Sin embargo, los probables fracasos son igualmente dignos de mencionar: el problema de los bancos demasiado grandes para quebrar hoy es peor de lo que era antes de la crisis. Una mayor autoridad de resolución ayudará, pero sólo un poco: en la última crisis, el Gobierno estadounidense “hizo la vista gorda”, no pudo utilizar los poderes que tenía e innecesariamente rescató a accionistas y bonistas -todo porque temía que, de no hacerlo, la situación derivara en un trauma económico-. Mientras haya bancos que son demasiado grandes para quebrar, el Gobierno muy probablemente vuelva a “hacer la vista gorda”.
No sorprende que los grandes bancos lograran frenar algunas reformas esenciales; lo que sí fue una sorpresa fue una cláusula en el proyecto de ley del Senado estadounidense que prohibía que las entidades resguardadas por el Gobierno suscribieran derivados riesgosos. Esa suscripción avalada por el Gobierno distorsiona el mercado, otorgándoles a los bancos una ventaja competitiva, no necesariamente porque sean más eficientes, sino porque son “demasiado grandes para quebrar”.
La defensa de los grandes bancos por parte de la Fed -que es importante que los prestatarios puedan minimizar sus riesgos- revela hasta qué punto resultó capturada. La legislación no estaba destinada a prohibir los derivados, sino sólo a prohibir garantías gubernamentales implícitas, subsidiadas por los contribuyentes (¿recuerdan el rescate de AIG de 180.000 millones de dólares?), que no son un subproducto natural o inevitable del préstamo.
Existen muchas maneras de frenar los excesos de los grandes bancos. Una versión contundente de la llamada Regla Volcker (destinada a obligar a los bancos respaldados por el Gobierno a retomar su misión fundamental de prestar dinero) podría funcionar. Pero el Gobierno estadounidense sería negligente si dejara las cosas tal como están.
La cláusula del proyecto de ley del Senado sobre derivados es una buena prueba de fuego: la administración Obama y la Reserva Federal, al oponerse a estas restricciones, claramente se posicionaron del lado de los grandes bancos. Si en la versión final del proyecto de ley logran sobrevivir restricciones efectivas en el sector de los derivados de los bancos resguardados por el gobierno (ya sea resguardados realmente o de manera efectiva porque son demasiado grandes para quebrar), el interés general podría prevalecer sobre los intereses especiales, y las fuerzas democráticas sobre los lobistas adinerados.
Pero si, como predicen muchos analistas, se eliminan esas restricciones, será un día triste para la democracia -y un día más triste aún para las perspectivas de una reforma financiera significativa-.