Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

Debate sobre la soja y el modelo productivo Giardinelli-Grobocopatel-Ferrer

La macro y la micro

Por Enrique M. Martínez *
Página/12 habilitó un debate importante para caracterizar la producción agroindustrial argentina, a partir de una iniciativa de Mempo Giardinelli. Al momento, el intercambio ha derivado en una confrontación de miradas de Aldo Ferrer y Gustavo Grobocopatel, que me permitiría ultrasintetizar de la siguiente manera:
- El gran empresario sojero reclama la libre disponibilidad de toda la renta generada por nuestra pampa, sosteniendo que de tal modo se invertiría en industrializar las materias primas hoy exportadas, compitiendo con gigantes brasileños y saliendo a conquistar el mundo con productos y servicios argentinos, buscando así ser uno de los mejores 30 países del mundo en los próximos 20 años.
- El maestro de economistas, a su turno, señala que la combinación de un tipo de cambio alto para la industria y un tipo de cambio menor para el agro es un reconocimiento imprescindible de las diferencias de productividad sectoriales. Compara el desempeño de la economía brasileña con la argentina desde 2002 y de allí deduce elementos que ratifican su visión de que el esquema macro argentino es hoy superior al brasileño, de tipo de cambio bajo y uniforme.
Hay varios matices adicionales, pero tal vez en lo expresado esté el grueso de la diferencia en tiempo presente. Me permito intervenir porque el objetivo último de la política o la economía es mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.
Si Ferrer sostiene lo correcto en términos macroeconómicos –y creo que es así–, la política de tipos de cambio diferenciales es parte importante del mejor camino para alcanzar buenos números globales de crecimiento. Sin embargo, si la discusión se centra sólo en ese aspecto, se podría concluir que la situación actual es la deseada. Y no es así.
La concentración de la producción, incentivada por la sojización y que a su vez realimenta la tendencia al monocultivo; el comercio exterior primarizado y controlado por corporaciones transnacionales; los productores pequeños y los pueblos pequeños cada vez más fuera de la discusión económica y del interés político; la de-
satención de los efectos ambientales asociados al modelo productivo dominante, son todos aspectos negativos del escenario actual que no se resuelven con las retenciones y que, por el contrario, se han profundizado durante su vigencia, aunque no por su causa.
El sueño de Grobocopatel de emular las plantas procesadoras brasileñas de un millón de pollos por día no es confrontado por Ferrer y, sin embargo, en esa visión está sintetizado lo que, a mi juicio, sería un drama para la Argentina. Ni la industria avícola, ni la industria lechera, ni la faena de bovinos o cerdos, ni siquiera la molinería de trigo o la producción de aceite tienen economías de escala que justifiquen postular que su éxito depende de alcanzar capacidades de producción monumentales. Nada justifica que la leche argentina se produzca y procese en cuatro o cinco provincias y los pollos en menos aún, salvo el poder económico de los actores principales, que han absorbido o desplazado a sus competidores, en base al funcionamiento de mercados desregulados de años.
Ni la agricultura sin agricultores –frase tan cara a Grobocopatel– ni la concentración de la industria agroalimentaria están otorgando a los argentinos, vivan donde vivan, la calidad de vida que merecen.
Sea porque un misionero come innecesariamente un pollo criado y faenado a 1000 kilómetros de distancia o porque los hijos del dueño de un campo, dado en arriendo para sembrar soja quince años seguidos, tendrán luego un campo con la mitad de la fertilidad actual, es mucho lo que se debe hacer en el campo argentino, además de reconocer que el tipo de cambio diferencial es necesario.
Por esa razón me alarma que Ferrer concentre su mirada en la inversión y ponga en el mismo nivel de ejemplo virtuoso a Invap y a Los Grobo, como modelos de emprendimientos necesarios y exitosos. Una sociedad donde la calidad de vida comunitaria sea la prioridad necesita empresarios argentinos exitosos e importantes. Pero la existencia de éstos no determina por sí sola que esa calidad se alcance. Por el contrario, es necesario contar con un marco regulatorio sustancial, lo que va más allá de las reglas de juego sobre la distribución de la renta.
Ese marco también debe incluir, en este caso, un uso racional del suelo agrícola, que considere la fertilidad como bien público; la necesidad de que quien tome tierra en arriendo para producción tenga sus raíces en la zona que ha de trabajar; la promoción de las industrias que procesen materias primas locales; el ordenamiento medioambiental.
Sólo el conjunto de decisiones y no una parte de ellas puede construir un escenario definitivamente superador. En todo caso, no es posible limitarse a discutir las retenciones porque, reitero, ya que Ferrer tiene razón en este aspecto, debieran quedar como están, con algunos criterios de flexibilización para productores más pequeños. En tal caso, el monocultivo, la concentración espacial y económica seguirán pendientes como problema.
* Presidente del INTI.

ENTREVISTA A GRACIELA ROSSO, MEDICA E INTENDENTA DE LUJAN

Peregrinación tecnológica a Luján
La relación entre la ciencia y su aplicación a la sociedad es un tema que vuelve una y otra vez. Aquí habla sobre el tema Graciela Rosso, intendenta de Luján y ex viceministra de Salud de la Nación.
Leonardo Moledo
–Usted es médica sanitarista, de larga trayectoria en la gestión, referente en políticas públicas de salud, actualmente intendenta municipal de Luján. Antes fue viceministra de Salud de la Nación y diputada. Mañana va a disertar en la Cámara de Diputados, en el encuentro “Ciencia, Tecnología y Desarrollo Local”. ¿Qué rol tienen los municipios en torno de la ciencia y la técnica?
–Uno de los rasgos distintivos del modelo de gestión del municipio de Luján es el de plasmar en el nivel local el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Creamos una Dirección de Ciencia y Técnica en el municipio, que trabaja en la vinculación con los distintos organismos nacionales y provinciales, con un enfoque productivo. Buscamos que el conocimiento generado supere el marco de las universidades, organismos e institutos de investigación para integrarlo a los procesos productivos en el territorio. Y no se trata sólo de que los municipios se apropien de ese conocimiento y lo orienten para ponerlo al servicio de las necesidades de la gente, sino también de que participen en la definición de las agendas de prioridades y en la utilización concreta de ese conocimiento. Pienso en la gestión local como bisagra entre el desarrollo y el conocimiento y la innovación. La ciencia tiene que servir para mejorar las capacidades de las comunidades. Y los municipios tienen que organizar los recursos que a veces están dispersos y que desde un ministerio nacional es muy difícil de hacer. Los municipios tienen que aportar esa planificación. El mayor desafío consiste en plasmar una decisión de gobierno, idear en un instrumento de política pública y que llegue a la ciudadanía.
–¿Cómo caracterizaría a Luján?
–Luján es una población caracterizada por su alto nivel educativo, es una zona con una larga tradición industrial. La Universidad Nacional de Luján fue la primera en los años ’70 en incubar conocimiento en ingeniería en alimentos, que luego se utilizó en la industria lechera. Por otra parte, Luján es la ciudad más visitada del país. Nos visitan ocho millones de personas por año, entre turismo interno y externo. En ese sentido estamos encarando proyectos para innovar en torno del turismo y la cultura. Y estamos desarrollando dos polos tecnológicos, uno de software, con cuatro empresas, y otro tecnoalimentario, con diez empresas, ubicados en un mismo predio. En esto estamos trabajando con el sector privado.
–Usted habla de una agenda, ¿cuáles son los temas ausentes que propone?
–Alimentos, salud y un cambio de paradigma. Tenemos que mejorar la calidad de lo que comemos. La seguridad alimentaria y el derecho a los alimentos es crucial y hacia ello tiene que apuntar el financiamiento público de la ciencia y la tecnología. Para agregarle valor tanto nutricional como económico y exportar mejor. Vincular el conocimiento científico con las urgencias de los sectores más postergados es un deber del Estado. Lo que pasa es que hablar de nanotecnología da lustre, hablar de Chagas no da prestigio. Los argentinos somos grandes importadores de conceptos, y en la ciencia, como en otras cosas, vamos detrás de lo novedoso. Uno de nuestros problemas es la dificultad en definir prioridades. La inversión en ciencia queda trunca si no llega a la innovación productiva concreta. Tenemos que cambiar el paradigma actual de la ciencia aislada de lo productivo. Todavía está pendiente el análisis en profundidad acerca de qué y a quién se financia, aunque hay corporaciones que esto no lo quieren discutir. El conocimiento tiene que ir del laboratorio al parque industrial y no del tubo de ensayo a un estante en la biblioteca.
–Hablemos del paradigma...
–Estamos acostumbrados a un esquema centralizado de generación del conocimiento. El conocimiento es un paquete que viene de los centros de altos estudios ubicados en las grandes urbes. Esto es algo que en la Argentina hay que revertir. Tenemos que ver la forma de territorializar la ciencia, en ese sentido es muy bueno el trabajo que se hace desde el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Es absurdo que muchos municipios que tienen universidades en sus territorios estén al margen de lo que se hace en los centros de investigación. El motor debería ser cómo logramos que la gigantesca inversión que se viene haciendo en ciencia y tecnología llegue a la solución de problemas concretos. Hay que invertir en capacitación, en organización y gestión del sistema. Son tres patas: decisión política, inversión económica y gestión. Sin gestión es muy difícil llegar a buen puerto.
–¿Qué pueden hacer los municipios con las universidades?
–Me desvela que el conocimiento salga de las universidades y centros de investigación y llegue a la gente y a la producción. Es en los territorios donde se concreta la cadena entre el conocimiento y la producción, generando valor agregado y empleo calificado. Tenemos que hacer que trabajen con los municipios en crear polos de investigación y desarrollo para pasar luego a la escala productiva. El objetivo es apostar a una industrialización en la que el Estado sea activo. Es difícil que las empresas privadas por sí solas desarrollen productos que no reditúen ganancia económica. Es por eso que el Estado tiene que estar al frente de estas líneas.
–Lo mismo pasa con los medicamentos.
–Exacto, con las enfermedades huérfanas que no interesan a los laboratorios, porque no tienen un mercado rentable, tenemos mucho que resolver. Creo fervientemente en la producción pública de medicamentos. Hace unos años armamos una red nacional que está haciendo un buen trabajo. El Gobierno ha venido apoyando y dando poder a los productores públicos, por ejemplo el Laboratorio de Biológicos de La Plata, que depende del Ministerio de Salud de la provincia, para producir vacunas, sueros que abastecen a vastos sectores de la población, y el Instituto Malbrán también fue clave frente a la gripe A. Tal vez necesitamos tener una política más planificada, necesitamos buscar inversores y alianzas estratégicas con países como Brasil y Cuba, para aprovechar al máximo la gran capacidad en recursos humanos especializados que tenemos en el país.
–Los problemas de la gente golpean las puertas del municipio de manera directa, ¿no?
–Sin dudas, en Luján se produce el 30 por ciento de los tejidos planos de la Argentina, sábanas por ejemplo, pero hay algunas industrias muy contaminantes, como el teñido y las curtiembres; el problema que padecemos es el cromo, y Luján es el primer municipio que junto a los vecinos reclama ante la provincia para que se cumplan las leyes ambientales vigentes. Hasta en eso somos innovadores, tenemos responsabilidad sobre la salud de la población.
Informe: Ignacio Jawtuschenko.
leonardomoledo.blogspot.com

El año 2010

Por Horacio González *
El actual gobierno aspira, como se sabe, a otro mandato surgido de las urnas. Si lo logra, en el año 2015 se habrá cumplido un ciclo histórico extenso. A falta de mejor nombre, se lo conocerá como el ciclo “kirchnerista”, aunque los historiadores podrán ensayar denominaciones más desapegadas del idioma con que se expresa el fragor político. Pero me detengo ahora en un problema que considero importante. Lo llamaré el problema de la autorreflexión sobre el merecimiento. Aguardar favorablemente otro período constitucional del mismo signo político que los dos anteriores (muchos lo esperan, otros quedan demudados ante esa no inverosímil posibilidad: variados pronósticos ya están circulando) no puede ser un pensamiento simple. Quien lo postule debe acceder a una revisión de su propia conciencia cívica respecto de merecimientos, calidades y proyectos. Es evidente que el ciclo entero que así se cumpliría reclamará exigencias mayores en términos de reflexión histórica; no podría ser producto de un mero continuismo ni el resultado de una operación electoral afortunada.
Admitamos que una continuidad, como dije, “del mismo signo”, es un episodio de dimensiones enormes y desafiantes. No puede ser mera continuidad sino disposición a encarar temas, estilos y designaciones nuevas para el conjunto de los actos necesarios para abrir una etapa nueva. En primer lugar, debe estabilizarse nuevamente el juicio sobre el pasado. La disputa sobre Papel Prensa ilustra lo que queremos decir. Proponerlo como de “interés público” lo hace un tema semejante al de la discusión sobre los tributos fiscales sobre la renta agropecuaria, las condiciones de la explotación minera y la cuestión de los medios de comunicación. Pero tiene la propiedad de ser una tribuna de enjuiciamiento sobre el inmediato pasado, que nunca parece cicatrizar. En efecto, en los años ’70 convivían varios despliegues antagónicos de “acumulación” económica y política. Sin embargo, vuelve la discusión sobre esos años –discusión que es la misma y es otra–, porque no habrá sociedad argentina si no se realiza la cura real del pasado.
No es fácil pensar otra época en nuestro país donde existiese un banquero como Graiver, joven, aventurero, definido por un estilo de riesgo que sin duda debía fundarse en una mirada muy descarnada sobre el origen de las fortunas (aunque esto sea la esencia recóndita de todo poder financiero). Tal como en el origen real del capitalismo: “con lodo y sangre en sus poros”. Parecía ser indistinto si la acumulación capitalista provenía del corazón oscuro del régimen o de las operaciones expropiatorias revolucionarias. Estas, si eran presentadas en nombre de la creación de poderes alternativos, también podían verse como réplica rebelde del origen real de las estructuras dominantes, que en su pasado remoto solían guardar la memoria difusa de un audaz golpe de mano.
En esos años de profunda ilegalidad, el poder revolucionario tomaba no pocos elementos del orden económico reinante, así como los militares, en su sueño demencial también fundado en la ilegalidad y en el uso del Estado al mismo tiempo, tomaron elementos del proceder insurgente. No eran moralmente iguales estos dos poderes, como lo demuestra el hecho de que uno de ellos generalizó una matanza en las tinieblas del Estado, tornándolo a éste clandestino. Como ahora viene a demostrarse, de las tantas encrucijadas existentes, Graiver representaba una de ellas, porque podía ser el banquero de todos, mostrando la ilegalidad profunda de la época. Los militares de aquel tiempo de tinieblas juzgaron que la relación entre Montoneros, la banca Graiver y las nuevas hipótesis de “acumulación primitiva” de un renovado capitalismo financiero debía resolverse por la coacción, por el cerrojo de miedo que imponían sobre la sociedad y fraguando la alucinada imagen de las desapariciones como “secreto que todos sabían”.
El secreto del Estado clandestino lo sabía el Estado visible, y el secreto de la sociedad de torturadores lo sabía la sociedad real en las entrelíneas de su facultad de sospechar. Eran conocimientos subterráneos, metáforas ocultas de cualquier conversación trivial. Con esos ingredientes coactivos que permitían caminar por la calle pero que mantenían sus partículas atemorizantes en el interior del habla real, se ejercía la gran trama expropiatoria. Era la confiscación general de bienes en todos los planos de actividad –empresas y personas–, cuya metodología en la mayoría de los casos reposaba en la ley de fuga, en los vuelos de la muerte o en los campos de concentración en cuarteles, comisarías o destartalados predios del Estado. Y en otros, de la prisión anterior o posterior a los hechos, como coreografía de la cesión de bienes y contratos de traspaso de propiedades.
El caso Graiver, como siempre se sospechó y siempre se dijo en sordina, es parte de la cifra entera de la historia nacional contemporánea. Excede y refuta lo que los escuetos tribunos de la oposición, los editorialistas de los diarios involucrados y el propio fiscal Strassera dicen ver en este episodio: un caso de impostura gubernamental, una malversación de los derechos humanos al lanzarlos hacia una nueva torsión confiscatoria, una arbitraria conversión en ilegales de hechos que mostraban su prístina legalidad. Agregan una consabida letanía: control de medios, atentado a la libertad de expresión, inseguridad jurídica. ¿Acaso no era una familia vinculada a las finanzas vendiendo sus propiedades por un comprensible traspié económico? No, era mucho menos y mucho más que eso. Mucho menos: el Estado al que como financista Graiver quería aliarse aunque con otro estilo de acumulación venía en 1976 a cobrar sus libras de carne. Mucho más: el poder militar-empresarial-comunicacional quería construir otro Estado sobre la ruina de pactos anteriores, un nuevo orden estatal y financiero exorcizando con sangre al grupo Montoneros, que también era mucho más que una organización armada, pues interpelaba al conjunto de los estamentos productivos, religiosos y militares de la nación.
Por lo tanto, los actos reales del actual gobierno exceden cualquier astucia que pudiera haber en torno de la invocación de los temas de derechos humanos para finalidades no intrínsecas a ellos. Son actos de historiografía aplicada. Son una entrada efectiva al reino de la libertad de expresión, que es la que indaga el interior de los lenguajes sociales sin pretender encontrarlos prefabricados. Por supuesto, ahora pudiera haberse preferido silenciar este tema específico de la empresa de papel, porque incluso la sociedad argentina estaba preparada para ello. Nadie lo reclamaba, luego de largos años donde la Justicia avanzó no poco y de manera muchas veces excepcional. ¿Para qué más? Pero ya no se trata tanto de la justicia sino de la historia, cuyo conocimiento profundo es finalmente la forma superior de la justicia. No en todos los casos, pero sí en casos extremos como éste, una familia es una forma equivalente al drama histórico en su conjunto. Por eso se escinden en escribanías y por medio de papeleríos tribunalicios.
Como los Labdácidas de Sófocles, los Graiver son una estructura familiar que fue acosada por el Estado, que perteneció a la conciencia implícita de una época turbada y llega a este momento actual en busca de su verdad, como tantas otras familias, habiendo atravesado estos años con distintas readaptaciones y diversos grados de aceptación de los nombres políticos más sombríos que diera la política nacional. El Estado, si busca reconstruirse como parte de la sociedad y de la memoria pública (que no necesariamente sanciona pero busca instituir sus verdades), debe dar el paso fundamental del esclarecimiento de la historia. Alemania, en los años ’80, aún discutía las responsabilidades y conceptos profundos que habían llevado al nazismo.
Ocurre lo mismo entre nosotros, con las diferencias que quieran establecerse, principalmente una: la conducción central del régimen militar argentino instaló la maquinaria de terror pero la combinó con un discurso público de restauración del orden hablado con palabras solicitadas del diccionario de la república y las libertades. A muchos grupos empresarios y a muchos argentinos con responsabilidades culturales y sociales se les hizo fácil aceptar este acertijo insensato, primero, porque conocían esas palabras tranquilizadoras y, segundo, porque los ayudaban a no mirar demasiado hacia una realidad de pesadilla, de la que podían sacar partido sin tanta mala conciencia, pues se vivía un régimen doble y entrelazado. En un segmento se mantenía la ley, y en otro, débiles tabiques amortiguaban la voz del torturado, aunque la situación incluía que algunos gritos se filtraran para decir sin decir. ¿Qué sugerían? Que las leyes del tráfico económico y la identidad de las personas eran nominales. No eran leyes ni identidades, eran la traducción normativa de aquellos gritos provenientes de la mazmorra.
Ahora está ante la Justicia y el Parlamento este núcleo trágico de la historia nacional. Pero principalmente está frente a la conciencia pública. Entonces: por parte del gobierno que desató el nudo de esta discusión, aspirar a completar ante la consideración popular y constitucional cuatro años más de mandato, supone acrecentadas responsabilidades en cuanto a este tema y a tantos más. Es preciso asumirlas y darles el contenido de ideas que amplíen la frontera del compromiso genuino con los grandes cambios.
El Frente que se propone debe obtener más especificaciones conceptuales: se dice “trabajadores, clase media, empresarios”. Deben refinarse estos conceptos e incluso personalizarse, mencionar cómo las instituciones de cada sector se cortan o se constituyen. Deben insinuarse valoraciones de tales instituciones y de su historia, y debe mencionarse la región cultural habitada por distintas corrientes intelectuales y morales, que deben también especificarse. Deben darse respuestas más comprensivas y originales a las discusiones en ciernes, poniéndose en discusión pública los grandes esquemas bajo los cuales se realiza hoy la minería, tanto como se discutió y sigue discutiendo la naturaleza y distribución de la renta agraria. El equilibrio de transferencias remunerativas entre el capital y el trabajo, desde luego, no debe ser una categoría de equilibrio suficiente sino el paso necesario hacia un nuevo dinamismo social, que lleve directamente a discutir el reino de las tecnologías y la ciencia, su responsabilidad en la creación de riqueza y conocimiento al margen de corporaciones y tecnocracias. La idea tradicional de “cultura del trabajo” debe dar paso a la potenciación de todas las formas nuevas y modalidades emancipadas del trabajo: material, simbólico, manual e intelectual.
Un gobierno con una realidad de minoría o empate parlamentario no debe ser minoritario en el acto de tomar las fuerzas de la historia en sus manos. Estas son las fuerzas de la libertad colectiva, de la pedagogía de masas y del esclarecimiento de su propio pensamiento, en términos de renunciar al uso de la coacción estatal, de dejar que reinen las pulsiones del argumento persuasivo, dirigido en especial a quienes lo atacan o consideran que no posee legitimidad para hablar de historia, memoria y derechos humanos. Pero en estos casos hablan los actos. Es cierto que en cuerda simultánea debe hablar el habla, deben hablar las palabras. Muchas ya se han dicho. Lo que quiero decir es que hay un tramo exigente que aún deberá recorrerse. El de mostrar, en un gran ejercicio de reflexión y autocrítica, que el período advenidero, elecciones mediante, deberá ser fruto del merecimiento, esto es, de mayores autoexigencias y compromisos crecientemente sutiles. Por un lado, merece quién interpreta mejor el pasado y lo transborda a otras dimensiones en las que juzga situaciones ya vividas, cancela los atavismos y renueva la esperanza. Por otro lado, merecer es algo a ser creado, es el único sector de la vida en que en el momento de la cosecha no actúa el pasado ni somos fruto de meros legados.
Sociólogo, director de la Biblioteca Nacional.