Entrevista a Guillermo Wierzba*
Es viernes y la usual asamblea de la comisión de economía de Carta Abierta está más revuelta que nunca. Guillermo Wierzba no pierde la calma, pero habla con fervor, con marcado énfasis. En apenas unos minutos se mudará de mesa para dar comienzo a esta entrevista que concedió a Buenos Aires Económico:
"Néstor Kirchner dio un cierre a las políticas que transferían ingresos de los sectores más debilitados a los más concentrados". "La derecha pretende leer la muerte de Kirchner como el fin de la era que él fundó, pero el proyecto no sólo que continúa, sino que tiene todavía muchísimo por desplegar",
señalará también el Director del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-Ar), ya alejado de los otros intelectuales de Carta Abierta, pero todavía bajo el cobijo porteño del Centro Cultural de la Cooperación donde suelen reunirse habitualmente. El economista y también docente universitario afirmará además -en este primer balance tras el último adiós al ex presidente que "uno de los desafíos pendientes" de este proceso político continúa siendo "desarticular la estructura concentrada en algunos rubros de la economía".
-¿Sobre qué pilares se construyó la economía durante el gobierno de Néstor Kirchner?
-Lo fundamental fue, en un principio, asumir el fin de una época de política de ajustes. Néstor Kirchner dio un cierre a las políticas que trasferían ingresos de los sectores más debilitados de la sociedad a los más concentrados. Esta forma fue sustituida por una política progresiva, que se construyó sobre un retorno a la autonomía nacional. Se logró una quita inédita en el nivel de la deuda y esa fue la base que nos lleva hoy a tener un cambio sustantivo en términos de la relación Deuda-Producto, que durante la década anterior fue fuertemente condicionante. Esa relación había sido la fuente sobre la cual se construía la debilidad de los gobiernos, y de allí la exigencia externa de políticas económicas regresivas. Con el gobierno de Kirchner se decidió definitivamente no regresar jamás a las políticas de sumisión nacional y regresividad social. Sobre esta base se construye una autonomía nacional que permiten mayores grados de libertad. La derecha pretende leer la muerte de Kirchner como el fin de la era que él fundó, pero el proyecto no sólo que continúa, sino que tiene todavía muchísimo por desplegar. Esa derecha quiere aprovechar las circunstancias para interrumpir el proceso en curso y transitar subrepticiamente hacia otro modelo.
-¿Cuáles fueron las deudas pendientes que dejó su mandato?
-No me parece que la palabra deuda en este momento sea la más adecuada. Es un tiempo político en el que hay que resaltar este proceso que tuvo como corazón un proyecto esencialmente progresivo para el país. Quisiera ser justo con la historia, porque estamos cerca del fallecimiento de quien yo considero el fundador de un modelo en el país. Sí, en cambio, uno puede mirar los desafíos pendientes, entre ellos por ejemplo desarticular una estructura económica que en algunos casos tiene una fuerte concentración, que explica la resistencia de los agrupamientos empresarios a las políticas de profundización del modelo. La estructura concentrada es un reproductor permanente de desigualdades sociales. Pero yo creo que Kirchner fundó una época donde el sentido es avanzar hacia la inclusión social. Fue la etapa de la fundación; hoy hay que discutir cómo se profundiza eso y cómo se continúa con esta recuperación de la política como un aspecto unido a la economía.
-¿Puso a la economía al servicio de la política?
-No. Puso a la política con potencia de intervención para transformar la economía, operando sobre la base de que los mercados ya no iban a determinar por sí solos las lógicas que el poder concentrado pretende. Se inició un proceso de redistribución del ingreso, con la suba de salarios, aumento del empleo, valorización del consumo interno, convenciones colectivas de trabajo y desmercantilización de las negociaciones salariales.
-¿Existió un verdadero proyecto industrialista o fue una empujón del proceso de devaluación monetaria?
-En realidad, en la Argentina en la era de Kirchner la política que se ha designado como tipo de cambio competitivo merece, por lo menos, un adicional. Porque además de sostener el cambio competitivo, también era administrado con intervención pública, cosa que es condenada por el neoliberalismo y que Kirchner reconquistó para la economía. Pero además es un tipo de cambio diferencial y por eso se dio la pelea por las retenciones. En aquel momento perdimos la posibilidad de establecer una medida sustantivamente correcta, pero en el discurso de aquella época Kirchner señalaba que esto también había servido para ir construyendo un bloque político dispuesto a impulsar una verdadera transformación. Quiero decir… no es sólo una devaluación. Hay mucho más que eso. Además se decidió que la inversión pública crezca a tasas muy importantes y sirvió luego, por ejemplo, para afrontar una crisis mundial. Esa política vino para quedarse.
-¿El alza en los precios se podría haber enfrentado de otra forma?
-Este es un modelo que ha rechazado siempre las políticas de control de inflación recomendadas por el FMI, que incluso otros países de la región con perfil progresivo las han adoptado. No es un modelo tirado por exportaciones sostenidas a partir de salarios bajos. Es un modelo, en buena parte, impulsado por la demanda interna. Claro que todavía hay problemas y hay que resolver situaciones que implican una mayor diversidad productiva por ejemplo. Hay temas estructurales de la economía argentina que se arrastran desde hace muchos años y esta fundación que hizo Kirchner requiere ahora de un despliegue mayor. Pero la virtud acá es que se renunció a cualquier política ortodoxa del control de la inflación. Hemos podido recuperar la tasa de crecimiento de la economía… la inflación no es una barrera al crecimiento. Una economía que crece a este ritmo es inevitable que tenga algún nivel de inflación. Lo que hay que tener en claro es que los disciplinamientos antiinflacionarios tienden a mantener la economía en un nivel bajo y evitar políticas distributivas; por lo que, en el fondo, no persiguen controlar la inflación sino frenar
los procesos redistributivos.
-A Kirchner se lo criticó muchas veces por sus formas. ¿Cuánto influyó verdaderamente este factor en la economía real?
-Las derechas tienen el discurso del consenso que, por lo general, implica una formula donde los gobierno se asumen dóciles ante las corporaciones del poder concentrado. Acá lo que se llaman formas en realidad es contenido. Y ese contenido es la soberanía popular; hacer valer la voluntad ciudadana y los intereses del pueblo. No hay procesos donde el poder económico concentrado ceda, sin ningún tipo de coerción, retazos de sus ventajas o ganancias. Kirchner lo sabía muy bien eso. Y además era un gran negociador. Los grupos concentrados sintieron que el poder había finalmente ganado grados de autonomía respecto de su posibilidad de incidencia y entonces comenzaron a hablar de crispación o conflictividad. La garantía del no cambio de paradigma sería la ausencia de conflicto.
-¿Qué dirá un docente universitario de economía sobre el gobierno de Néstor Kirchner dentro de unos 30 o 40 años?
-Espero que dentro de 30 o 40 años también hayamos tenido una transformación universitaria digna. Si logramos profundizar este proyecto, el pensamiento económico y la enseñanza de la economía va a ser muy revalorizante de esta etapa y se resignificará como una era fundacional de un nuevo paradigma.
* Profesor de “poder económico y derechos humanos”, de la Universidad de Buenos Aires, economista recibido en esa misma casa de altos estudios. Desde 2004 está al frente del Cefid- Ar. Antes se había desempeñado como asesor en la gerencia de estudios de la superintendencia de seguros y, también tuvo un prolongado paso en bancos, como analista financiero.
Fuente Tiempo Argentino 1/11/2010
Precios y derechos
Lunes, 3 de mayo de 2010
ENFOQUE
Por Guillermo Wierzba
El debate sobre la inflación trasciende la coyuntura e introduce una cuestión que divide aguas. Abordarlo sin la dimensión distributiva tiene la misma matriz de pensamiento que el discurso sobre la pobreza que omite la centralidad de la igualdad. Así planteados, estos debates comprometen la idea misma de democracia. El neoliberalismo arrasó con derechos conquistados e impuso un paradigma de sociedad de mercado construida sobre la noción de individuos-consumidores que redujo y desplazó al de ciudadanía. Esta sustitución significó un retroceso devenido de la sustancial remercantilización de bienes que satisfacen necesidades básicas, cuyas coberturas habían sido previamente reconocidas como derechos humanos por el desarrollo del pensamiento democrático y por los protagonismos populares que se desplegaron para alimentarlo. Así, la salud y la educación, las pensiones de vejez y otras conquistas sociales fueron degradadas a la condición de mercancías.
El sentido sustantivo de la democracia es el fundamento que subyace en la indivisibilidad de los derechos humanos. Ese criterio otorga el mismo nivel a los derechos civiles y políticos que a los económicos y sociales, sin prelación. Así como es irreductible la vigencia plena del derecho a votar y a ser elegido, del derecho a opinar, del de profesar el credo, también lo es la del derecho a la alimentación, al vestido, y a contar con un empleo digno. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al que la Constitución Nacional asigna un rango superior a las leyes, reconoce que “estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana”, a su vez legisla “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de sus condiciones de existencia”. Y sigue con que “los Estados Parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”.
Argentina transcurrió estos últimos años con tasas de inflación más altas que en la década del noventa. Sin embargo, resulta diferente la situación actual a la de los momentos iniciales del despliegue de la política económica en curso, en los que las subas de precios significaban, centralmente, reacomodamiento de precios relativos. Hoy hay puja distributiva, con una sustantiva caída estructural del desempleo y con discusión salarial en paritarias. Es decir, fuera de las lógicas mercantiles desplegadas en el marco de una explicitada política oficial de mejorar la participación de los salarios en el ingreso y acompañada por iniciativas sustantivas y concretas de reparación a los sectores más sumergidos, como la asignación universal por hijo y el plan Argentina Trabaja.
Las mejoras en los ingresos de los más humildes implican un aumento del consumo de los bienes de necesidad esencial, fundamentalmente alimentos. Como muchos de esos mercados tienen ofertas concentradas o rígidas, y también la de los insumos (aluminio, cartón, plásticos, químicos) que participan del proceso de su elaboración y comercialización, las empresas que integran las cadenas de esos sectores se apropian de las mejoras de los ingresos de los asalariados y beneficiarios de planes. Lo hacen en el mercado formando y disponiendo precios.
Economistas ortodoxos y algunos heterodoxos, referentes de la oposición política y encumbrados exponentes del empresariado concentrado se esfuerzan con denuedo en otorgarle a la cuestión de la inflación el lugar central, cuando no exclusivo, en los objetivos de la política económica. A pesar de que predican la necesidad de asunción del problema nunca sinceran el carácter de las opciones que plantean. La propuesta que emerge como predominante, entre las que promueven, es el esquema de metas de inflación. Este supone un diagnóstico que responsabiliza al aumento de la demanda como causal de la suba de precios y asume la imposibilidad de ajuste de la oferta por medio de políticas públicas. Entiende que esa supuesta presión excesiva de demanda proviene de un nivel de actividad económica que reduce el desempleo a un nivel muy bajo que incitaría a un desbordado reclamo por aumentos de salarios. Ese incremento sería convalidado por empresarios requirentes de mano de obra en una economía que crece demasiado rápido. Así, el supuesto clave del esquema es la necesidad de un nivel de desempleo que asegure la no aceleración de la inflación, o sea, una tasa lo suficientemente alta para evitar que los trabajadores pujen por mejoras salariales que recorten las ganancias empresarias.
La clave del enfoque es evitar las pujas por una mejor distribución del ingreso. Su recomendación de política es enfriar la economía, reduciendo la demanda y el nivel de actividad. La herramienta es subir la tasa de interés para deprimir la inversión y el consumo. La consecuencia perseguida es más desempleo y menores salarios. La estrategia es que con la recuperación de las ganancias empresarias y los menores costos salariales se restaurarían las condiciones para la estabilidad de precios.
Si bien no todos los “sobre-preocupados por la inflación” comulgan con esta lógica predominante, no dejan de coincidir en la necesidad de disciplinar la demanda pública y privada con racionalizaciones de gastos y contenciones salariales. Así la discusión sobre el carácter del ordenamiento del sistema de precios presenta dos vertientes:
1. La de los planes clásicos de estabilización. Reducción de la demanda para que caiga la producción y el empleo, desarticulando la capacidad negociadora de los gremios, garantizando la no afectación de las ganancias empresarias, y componiendo un marco de retroceso de la justicia distributiva. Los regímenes de metas de inflación y de devaluaciones seriales son alternativas para esta lógica que supone un orden exclusivamente mercantil.
2. La otra visión afirma el objetivo redistributivo, con intervención pública en la determinación de los precios mediante procedimientos de administración de los mismos, establecimiento de controles, creación de empresas u ofertas testigo y dispositivos de promoción de la competencia cuando sea factible. Así, la presencia de mecanismos extra-mercantiles en la formación de precios, especialmente en la de los bienes que cubren derechos sociales, persigue la meta de garantizar y afirmar el objetivo distributivo.
Queda planteada una discusión sobre las estrategias respecto de la inflación. Un abordaje democrático y transformador, respetuoso de la Constitución, requiere de la desmercantilización de derechos esenciales de los ciudadanos
* Economista, director del Cefid-AR y profesor de la UBA.
El fundador
Por Guillermo Wierzba *
En su discurso de asunción del 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner afirmó que “al contrario del modelo de ajuste permanente, el consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión”, y más adelante: “No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos...” Dos definiciones centrales que contenían una palabra clave: “ajuste”. Esta definía una etapa extensa de la política económica argentina de transferencia de ingresos de los sectores populares al poder económico concentrado. Néstor Kirchner fundó un nuevo proyecto, cuyos contornos están todavía lejos de su delimitación precisa, pero su esencia significa el cierre de la época del ajuste y la apertura de otra de inclusión.
Para no pagar más la deuda a costa del hambre y la exclusión, Kirchner condujo y llevó al éxito la renegociación de la deuda con una quita histórica, cometido indispensable para haber arribado hoy a una modificación sustantiva respecto de la era neoliberal inaugurada por la dictadura: el nivel de endeudamiento actual y su relación con el producto ha dejado de ser un condicionante de la política económica. Decidió cancelar toda la deuda con el FMI y no aceptar nunca más sus recetas ortodoxas de regresión social y sumisión nacional. Posteriormente, durante el gobierno de Cristina las políticas de deuda se completarían con el uso de reservas sin contrapartida fiscal, para asegurar que los pagos no perjudicaran la expansión económica. Asumió una política de desestímulo de los flujos de capitales golondrina –oponiéndose al paradigma de los centros financieros que la critican– para evitar los ataques especulativos sobre la economía nacional. Lideró la desarticulación del proyecto del ALCA, que significaba una subordinación de la economía de América latina a la estadounidense a través de un acuerdo comercial que congelaba las asimetrías. Este conjunto de políticas están atravesadas por un sentido inverso al de la inserción pasiva en la globalización financiera. Néstor Kirchner inauguró, así, una época de autonomía nacional.
La construcción de un proyecto autónomo permitió mayores grados de libertad de la política económica. Se avanzó en la recuperación salarial, empezando con aumentos de suma fija y reabriendo los ámbitos de negociación colectiva, que permitieron su mejora en términos reales. Esas convenciones colectivas significan un modo desmercantilizado de negociación salarial que requiere de una institucionalidad más compleja y abona la reconstitución del tejido social destruido por la dictadura y el neoliberalismo. Se recuperó el instrumento de intervención en el sistema de precios, desafiando los mandamientos de la ortodoxia. Estas políticas fueron el comienzo necesario para la redistribución del ingreso, acompañadas con las mejoras sustantivas en los haberes de los jubilados y la inclusión en el régimen previsional de una masiva cantidad de personas que quedaron fuera del mismo por la política precarizadora de la reforma de los ’90. A su vez, la política tarifaria de los servicios esenciales permitió el acceso de los sectores más humildes. Néstor Kirchner abrió una época de ciudadanización, en el sentido profundo del concepto. En la dirección opuesta a las políticas que construyeron una economía de consumidores y excluidos, avanzó en el reconocimiento y jerarquización de los derechos económicos y sociales, a la vez que recuperó la centralidad del trabajo y la producción. Es la impronta del signo popular que tiñe la nueva era.
Posteriormente, durante el gobierno de Cristina, con la nacionalización de las AFJP se refundó un régimen jubilatorio de reparto y solidaridad intergeneracional. A su vez, con la Asignación Universal por Hijo se estableció el régimen más avanzado de América latina para atender a los sectores más carecientes de la sociedad y con el plan “Argentina trabaja” se promueve una mayor inclusión.
El discurso de mayo de 2003 refería al consumo interno como eje de la dinámica económica, lo que se corresponde con el signo popular del proyecto. El modelo productivo asentado en esa lógica también propició la transferencia de rentas de los sectores con ventajas naturales en pos de la industrialización –que conlleva la mejora del empleo– instrumentada mediante retenciones. La inversión pública comenzó a tener una dinámica que fue creciente y decisiva –durante el gobierno de Cristina Fernández– para enfrentar los efectos de la crisis y profundizar la estrategia de expansión productiva.
En la nueva época se desplegó un cambio radical en la política internacional. En lo económico, significó la participación activa en la creación del Banco del Sur, el discurso crítico frente al rol del FMI, un nuevo papel en el G-20 –que luego Cristina, durante la crisis, lo desplegaría para cuestionar el ideario neoliberal– y la propuesta de iniciativas para una mayor autonomía monetaria de la región frente al dólar. A su vez, modificó la política frente al Mercosur, cambiando el monoobjetivo de la unión arancelaria por una estrategia de integración ambiciosa que agrega a lo comercial, lo productivo y lo social. Construyó, junto a otros líderes de un nuevo momento de la región, las bases para el despliegue de la unidad de América latina.
La clave de la nueva era fue la recuperación de la unidad entre política y economía. Fue central sustraer de la exclusividad mercantil el proceso de decisiones económicas. La separación entre política y economía había sido antes el eje del debilitamiento del rol público en ésta y del predominio de la voluntad del poder económico concentrado mediante el mecanismo indirecto del mercado, donde ese poder impone sus intereses y condiciones. La unión o la separación entre economía y política constituyen el antagonismo que separa el pensamiento transformador del conservador.
Un cambio de época que hiere intereses concentrados, que implica una modificación en los términos de la toma de decisiones económicas, que desafía las lógicas del poder financiero supone conflictos. Néstor Kirchner comprendía esa dinámica. Cuando concurrió a una Asamblea de Carta Abierta en el momento más agudo del conflicto con el empresariado rural, intervino reflexionando sobre la hipótesis de una derrota parlamentaria, opinó que igual quedaría como balance positivo ir definiendo una divisoria de aguas para avanzar en la construcción del bloque que quería profundizar las transformaciones.
En Argentina persiste una economía concentrada, con agrupamientos empresarios que desafían el proyecto transformador y corporaciones empeñadas en interrumpirlo. Esa concentración es una generadora constante de desigualdad estructural. La política iniciada por Néstor Kirchner con signo nacional, democrático, popular y latinoamericanista sólo atravesó su momento fundacional clave, el comienzo de una época. El despliegue implicará el sostenimiento y profundización del rumbo que signó el nacimiento.
* Economista, director del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-AR).
Fuente: Página 12