Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

20 puntos sobre la inflación

Por Roberto Páez González
1. La inflación es un fenómeno monetario que consiste en la elevación general del nivel de los precios.
2. Algunos especialistas [1], mencionaron que “está asociada con un cambio de precios relativos impulsado por el precio de la carne” y que “eso se da con una inflación de arrastre, que en condiciones de recesión ya estaba en el 15%. El año pasado hubo 15% de inflación y este año los convenios se están firmando al 24%”. Por su parte el ministro Boudou habló de “tensión de precios” y otros comentaristas, de “deslizamientos”.
3. Posiblemente quepa, además de la cuestión de definición científica, referirse a la índole semántica del tema, a la “sensación inflacionaria”, del mismo modo como muchos argentinos están acostumbrados a hablar de “sensación térmica”. Ahora bien, la sensación térmica es una consulta entre vecinos que utilizan sus propios cuerpos como termómetros, los que funcionan parecido, más allá de algunas pequeñas variaciones por influencias psicológicas u otras, de repercusión menor. En cambio, en el caso de la inflación no es difícil admitir que entran en juego poderosos aparatos -de evaluación y difusión- ya a través de la versión oficial gubernamental, ya a través de la maquinaria mediática que tiende a reflejar intereses económicos y políticos contrarios al gobierno. También existen otros medidores, como los de los sindicatos, cámaras patronales, etc.
4. Cabría no olvidar que los fenómenos inflacionarios tienen diversas repercusiones y reflejos en los variados ámbitos: provinciales, sectoriales... y otros asuntos, como el de la inflación importada, que quedan aquí sin desarrollo.
5. Paro hay que subrayar que la inflación no nos deja indiferentes, no es un fenómeno monetario frente al cual los actores sociales y políticos tengan un comportamiento neutro.
6. Con relación a las causas del fenómeno monetario llamado inflación, corresponde señalar que no estamos en las fases iniciales de su estudio. En la Argentina, y especialmente desde 1955, se registraron diversos períodos de inflación baja, alta y desbocada, conjugadas con varios modelos de política cambiaria (ejemplos: tipos de cambio múltiples, la tablita, el 1 a 1, flotación administrada) y se desarrollaron varias escuelas de interpretación: liberal, monetarista, estructuralista, neoliberal, etcétera, de modo que no estamos en los pinitos interpretativos.
7. No son las causas habitualmente citadas por estas escuelas las que potencian la inflación actual, salvo la inflación por espectativas, cuya instalación se puede –razonablemente- endilgar a la intervención tendenciosa de los medios y a la prédica desgastante de la oposición política. La conflictividad política es una concausa.
8. Algunos de los rasgos descriptos por esas interpretaciones -elaboradas por lo general antes de 2003- concuerdan con aspectos parciales de la realidad de hoy, pero dichas escuelas no rinden cuenta de la especificidad del momento económico, financiero y político actual, que es en lo que habría que volcarse para ver de qué manera conjugar tanto los aspectos relacionados con la inflación realmente existente, como con su incómodo subproducto de sensación de malestar que se le asocia.
9. El índice del INDEC puede ser cuestionado o suscitar disconformismo como ocurre en otros países. Puede ser reformado (como lo fue recientemente), también como en otros países. Pero solamente desempeña un valor indicativo. El gobierno ha instigado un índice bajo para hacer frente a la parte de la deuda externa indexada y es natural que los acreedores perjudicados influyan harto críticamente contra ese indicador.
10. Pero esa ventaja relativa tiene un coste político porque la “sensación inflacionaria” es más alta que el guarismo del INDEC, lo que hace pensar que el gobierno no dice la verdad. En efecto, las negociaciones salariales por porcentajes que duplican el índice o las compras en los supermercados y otras confirman, más bien, los dichos opositores y el clima de carrera de precios y salarios que Argentina ya experimentó muchas veces.
11. Sin duda, nadie se puede presentar a decir que no hay razones para la recomposición salarial. Este es un tema que no está suficientemente bien instalado en la opinión pública, ya que la resistencia empresarial –aunque sea inconfesada- es un motor de la inflación por la puja redistributiva. Los patrones tienen que asumir responsabilidades dentro del modelo social, y entre otras las de apoyar una política de pleno empleo, de puestos de trabajo legales, de recomposición salarial, de modernización social de las empresas conforme a concepciones de nuestra época.
12. Desde luego, las políticas que el gobierno impulsa para sostener la demanda genera desajustes porque por el lado de la oferta hay retraso de inversiones y en muchos casos el comportamiento patronal es de aumentar los precios en vez de aumentar la producción. También la capacidad instalada, ociosa a causa de las recesiones desde el 97 y en depresión desde el 2001 fue paulatinamente dejando lugar a la necesidad de nuevas adaptaciones e inversiones.
13. También se debe destacar el papel desempeñado por las grandes empresas en la formación de precios y tomar en cuenta que dos tercios de las quinientas más grandes son empresas de capital extranjero. El Estado debe poder -tanto con las nacionales como con las extranjeras- llegar a acuerdos de cooperación antiinflacionaria. Es un rubro.
14. Existe otro clásico que es el de los bienes salario. Existe la tendencia a aumentar los precios de los bienes que son requeridos simultáneamente por el mercado interno y por la demanda exterior, que suelen ser productos habituales del consumo masivo. El tema roza -y se superpone- al de la soberanía alimentaria, por cuanto el coste de oportunidad de producir, por ejemplo, trigo en vez de soja –que tenía mejores precios internacionales, sobre todo antes del gran incendio de Rusia- incitaba a la producción de soja en desmedro de la materia prima del pan.
15. Por cierto, existe consenso para no sustituir producción local por importaciones, lo que a veces estimula márgenes de libertad de precios para bienes de la oferta local. No parece una de las virtudes suficientes del modelo vigente el impulso de la oferta local y su adaptación a las nuevas necesidades. Esto debería ser objeto de una política de incentivos, pero también de una intervención ostensible del Estado como locomotora económica, a través de empresas públicas y cooperativas.
16. No es posible ignorar –y no se debe aceptar ignorar- que la formación de precios se establece en función de relaciones de fuerzas –económicas y a veces extraeconómicas- porque está claro que los que pueden comprar grandes cantidades de determinados bienes detentan una capacidad, un poder del que no cualquiera dispone y -lo mismo- ejerce ese poder en la fase de venta. Eso permite que el comerciante que vende un producto de consumo final le cuelgue un cartelito con el precio que hay que pagar para llevárselo. Nadie le va a poder hacer solito una revolución, sino que se aplica aquéllo de que “tiene que hacer como la comadreja: si quiere lo paga y si no lo deja”.
17. No son eficaces los mecanismos de coerción legal, como los controles de precios, porque no son capaces de limitar los precios -que aumentan por simple voracidad o en forma especulativa- de una manera duradera, porque su aplicación no es estricta y si lo es conduce al desabastecimiento por falta real de mercancía o por el desaprovisionamiento como contraofensiva.
18. Por eso el terreno principal de la lucha se debe dar en dos niveles: contra las teorías y supercherías, en el terreno de la opinión y contra los aumentos de precios incitando a comprar los productos con buenos precios (un papel importante para una oficina del consumidor), acuerdos ad hoc con fabricantes y distribuidores (negociaciones directas del Estado con grupos empresarios, fabricantes y distribuidores), pacto social para la recomposición salarial, reequilibramiento del sistema productivo con desarrollo industrial, nueva política agropecuaria. Pero esto último involucra todo un programa.
19. Para llegar a un pacto social, el Estado y los trabajadores deben estar en fuerza. A ningún sector empresario se le ocurre entregar ventajas si no es así. Por eso mismo, es preciso entender en las visiones conflictivas distintos enfoques en vistas de un acuerdo societal que debería establecer la vía argentina para las próximas décadas. Por consiguiente, dicho pacto social recién podría ponerse en marcha con la reelección de Cristina Fernández, después de terminar triunfalmente su primer mandato.
20. El principal problema es político. Frente a la crisis global y sistémica, como ha señalado Aldo Ferrer, “desde América Latina, no podemos cambiar el mundo, pero contamos con la capacidad necesaria para decidir cómo estamos en ese mundo” [2]. Combatir la inflación no es para nosotros volver a atarse al carro del Consenso de Washington. Queremos una moneda para alcanzar las metas de la justicia social, la unidad sudamericana y la democracia participativa. Es la traducción de esas metas en términos monetarios lo que nos interesa. El nuevo desarrollismo sólo puede tener lugar como expresión de un desarrollo que no sea el desarrollo del subdesarrollo, ni un desarrollo excluyente, sino un desarrollo con inclusión social: un desarrollo social.
[1] Frenkel, iEco (Clarín) 18.04.10.
[2] Aldo Ferrer: El nuevo desarrollismo, BAE, 04.11.10