Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

El nuevo lugar de la banca Domingo 13 de mayo de 2012

Por: Guillermo Wierzba. Director del Cefid-AR Opinión.
La renacionalización de YPF es un acto de reparación que contiene una dimensión cultural y que, como tal, lleva a hacer memoria y balance sobre la década de los ’90, años en los que se desplegó el proceso de privatizaciones con una profundidad y una metodología que constituyó a nuestro país en un caso referencial del despliegue neoliberal. La recuperación de la empresa petrolera se sanciona dos meses después de la nueva Ley de Carta Orgánica del Banco Central que llegó para sustituir a la del ’90, que sirvió para profundizar el dispositivo de liberalización financiera, clave institucional de aquellas políticas neoliberales. Ambas nuevas leyes, en su exposición de motivos, coinciden en un cambio doctrinario sustantivo con relación a las ideas que guiaron el marco legal que modifican: sostienen el objetivo del desarrollo con equidad, la promoción del empleo, además de la asignación de los recursos y la intervención pública en la determinación de los precios y las cantidades. La banca provincial fue una de las víctimas del proceso de privatización y fue reconvertida por la lógica del marco regulatorio completado en aquélla década, momento en que los procesos de desintermediación e innovación financiera desplegados en el Norte fueron copiados en nuestro país y en la región latinoamericana. Dos décadas antes del impacto pleno de esas tendencias, la dictadura militar ya había sancionado la regresiva Ley de Entidades Financieras que determinó un cambio de época en el sistema favorable a la financiarización global. Ya vigente esa ley, el mercado financiero presentaba, sin embargo, durante los años ochenta, características organizacionales que demostraban la resistencia de las instituciones heredadas de la etapa sustitutiva de importaciones al raudo avance del neoliberalismo. Así, ya restablecida la democracia, existía un sistema de bancos públicos que incluía una banca pública nacional y provincial que, desplegada a lo largo del país, colocaba una amplia proporción de los créditos y captaba una parte sustancial de los depósitos. Estas instituciones jugaban un papel sustantivo en la neutralización de los impactos de los shocks financieros que se producían en la economía internacional. Los bancos públicos provinciales tenían injerencia en el desarrollo productivo provincial, regional industrial y agropecuario. Además actuaban como agentes
financieros de esas jurisdicciones. Su carácter público, en conjunto con la vigencia de regulaciones que incluían límites sobre el nivel de las tasas activas y pasivas, así como la implementación de encajes diferenciales –en los momentos en los que predominaron enfoques más productivistas–, se manifestó en algunas, aunque parciales e insuficientes, políticas de direccionamiento del crédito. Existían todavía instituciones para la defensa de una potencial estrategia de desarrollo de mediano y largo plazo que incluyera, también, la dimensión regional. Es innegable la existencia de fallas de gobierno e ineficiencias que habían reducido, pero no eliminado, esas virtudes que todavía conservaba el sistema. Esas debilidades fueron un flanco que la ideología propagada por los voceros de la profundización neoliberal utilizó para fomentar los cambios legales y regulatorios, además de las privatizaciones de las entidades que se producirían a principios de los noventa. A mediados de esa década, numerosos bancos públicos fueron vendidos. Así, en lugar de corregir errores e ineficacias, se optó por privar a los estados provinciales de una herramienta que les permitía apoyar sus producciones regionales y a la vez financiarse. El proceso de desaparición y redimensiona miento de bancos provinciales (Ver Documento de Trabajo N° 33 del Cefid-ar) comenzó con el Banco de la Provincia de Corrientes en 1992 y tuvo su apogeo en 1995 por los efectos de la crisis mexicana y la creación del denominado “Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial” (Ffdp) creado por el Decreto 286795, que financiaría a los bancos sujetos a privatización y fomentaría, también, la privatización de otras empresas provinciales. Mientras tanto, por medio de otro decreto del mismo año –el 445/95– se creaba un Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria destinado al fortalecimiento de entidades privadas que habían sufrido descapitalización y pérdidas de depósitos. El instrumento preveía, también, el apoyo y estímulo de fusiones de bancos con el objetivo claro de promover la concentración del sistema. Con la ayuda del Ffdp se privatizaron 15 bancos públicos entre 1994 y 1998: el de Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Río Negro, Salta, Tucumán, San Luis, Santiago el Estero, San Juan, Mendoza, Previsión Social de Mendoza, Municipal de Tucumán, Jujuy y Santa Fe. El período incluyó la desaparición del Banco Nacional de Desarrollo y la venta del Banco Hipotecario, que luego fue desnaturalizando progresivamente en su función. Sin embargo, otros bancos públicos, especialmente el Banco de la Nación, pudieron defenderse del embate privatizador, conservándose una herramienta sustantiva para la recuperación del crédito productivo y papel contracíclico en el período posterior al colapso de 2001. El Banco de la Nación, junto al resto de la banca oficial y cooperativista que sobrevivió a la embestida neoliberal, se constituyó, así, en un instrumento clave para el proyecto productivista instalado en 2003. Repensar la potencialidad de la reconstrucción de una banca regional y de desarrollo es una tarea que despierta y reinstala el actual cambio epocal.