Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

Ayer fue un día de fiesta colectiva.

Además del fallo de la justicia neoyorquina ocurrieron en el país dos hechos trascendentales que marcan una vez más el avance en el proceso de reparación social y de apoyo a los sectores sociales de origen popular y de bajos ingresos en esta aventura maravillosa en la que estamos embarcados desde mayo de 2003.
Como estos hechos seguramente tendrán poca difusión en la prensa "seria" (la que alabó u ocultó los gravísimos crímenes de la Dictadura Civico-Militar) los paso a detallar:
1. Ley Nacional de Música. Por unanimidad el Senado de la Nación aprobó el proyecto colectivo preparado por cientos de músicos independientes de todo el país en reuniones y foros (como en el caso de la Ley de Medios) que por primera vez en la Argentina instala todo un amplio arco de apoyos, subsidios y respaldos a la difusión de la música nacional y de los miles y miles de cultores de dicha música en todo el país
2. Se aprobó en el Senado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional que regla el funcionamiento de un sector marginado: el de las y los empleadas/os al servicio de casas particulares. Legisla dicho proyecto sobre horario de trabajo, prohibición de cama adentro a menores de 16 años, vacaciones, aguinaldo, etcétera, etcétera, como cualquier otro asalariado en el país. Hay trabajando en esta actividad indispensable para millones de personas que no pueden dedicarse a las tareas domésticas porque trabajan todo el día y contratan para que se las reemplace a personal preferentemente femenino y proveniente del norte argentino o de países limítrofes. Hasta ahora esta actividad que engloba a alrededor de 1.200.000 personas se regía por decisión de la parte contratante sin ninguna regulación. Cuando la ley se sancione en forma definitiva en pocos días más, dado que pasa al Senado para una revisión final, se contará con un Estatuto del Personal Doméstico al lado del recientemente reformulado Estatuto del Peón Rural, que cubre también una franja social muy marginada legalmente y lo ampara en todos sus derechos, incluyendo el del secretario General del Gremio, el Momo Venegas, residente de Puerto Madero. El gremio rural comprende aproximadamente 700.000 trabajadores, muchos de ellos braceros itinerantes con sus familias que recorren todo el país participando en cuidado de sembradíos y cosechas de los frutos de los mismos
Estas dos impactantes noticias que comprenden a casi 2 millones de habitantes de nuestro país, y que van a trabajar con normas que los colocan como seres humanos con todos sus derechos se han sancionado o están a punto de hacerlo en los días en que se juzga el contingente más numeroso de participantes activos en la represión de la Dictadura Cívico-Militar, en los tribunales de Comodoro Py, integrantes tales acusados del centro de torturas y asesinatos más grande del país: la Escuela Superior de la Armada Nacional. Es el juicio mayor de toda la historia judicial argentina con más de 800 testigos que van a declarar. Un ejemplo mundialmente desconocido de justicia, que aunque tardía llega con toda su imprescindible presencia gracias a la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sancionadas a poco de asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y por su iniciativa ante el Congreso Nacional
Realmente es un lujo vivir en la Argentina en estos momentos

Alejandro Rofman

Las razones históricas, institucionales y políticas de la división de la CGT
Los motivos de la fractura

Por Andrés R. Schipani*

El escaso poder de la CGT sobre los sindicatos y la relación inorgánica con el PJ explican la tendencia histórica a fracturarse. En los últimos años, además, el kirchnerismo favoreció a diversos sectores e impidió la consolidación de un gremio hegemónico. La Presidenta parece decidida a confinar al sindicalismo a un rol sectorial.
El movimiento obrero argentino atraviesa actualmente su encrucijada más difícil desde la reunificación de la CGT allá por 2004: la probable división de la central obrera tras la celebración de los comicios internos el 12 de julio. En perspectiva histórica, la división no constituye, en sí misma, un hecho novedoso: la clase obrera organizada ha experimentado numerosas fracturas a lo largo de su historia. Pero a diferencia de todas las rupturas anteriores, ésta no se da en el contexto de un movimiento situado a la defensiva. Por el contrario, tiene lugar en el marco de un proceso de recuperación del poder sindical y del salario de los trabajadores formales con pocos antecedentes en la historia reciente. En este contexto, se imponen dos preguntas: ¿cuáles son los factores estructurales que explican la ruptura?, ¿en qué medida las políticas de los gobiernos kirchneristas han contribuido a fracturar la central a pesar de la mejora constante de las condiciones de vida de los trabajadores formales?

Motivos
La historia del movimiento obrero argentino está plagada de rupturas originadas en diferencias tácticas e ideológicas entre distintos sindicatos (1). Ya en 1968 tuvo lugar una disputa histórica entre la CGT oficial, liderada por el metalúrgico Augusto Vandor, y la CGT de los Argentinos, liderada por el gráfico Raimundo Ongaro. Esta disputa –como muchas de las divisiones posteriores de la CGT– tenía como eje una diferencia táctica entre quienes entendían que debía exhibirse una posición más conciliadora hacia un gobierno de turno hostil hacia los derechos de los trabajadores (Vandor), y un ala que decidió escindirse para adoptar tácticas más militantes (Ongaro). Luego de una serie de divisiones experimentadas durante los años del Proceso entre la CGT Brasil y la CGT Azopardo, a partir del gobierno de Carlos Menem la CGT atravesó un nuevo proceso de división. Por un lado, los gremios que exhibieron la resistencia más tenaz frente al proyecto neoliberal terminaron por escindirse para fundar una nueva central, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Por otro, al interior del movimiento obrero peronista la CGT se mantuvo dividida entre 1989 y 1992 en dos bandos: la CGT Azopardo, de talante más militante y liderada por el dirigente cervecero Saúl Ubaldini, y la CGT San Martín, bajo la conducción del mercantil Güerino Andreoni. Pese a que la central se unificó tras la consolidación del gobierno menemista, el fraccionalismo volvería pronto a azotar a la confederación: hacia el año 2000, Hugo Moyano fracturó la central al escindirse de la CGT oficial dirigida por Rodolfo Daer, erigiendo una “CGT disidente” con una actitud más combativa frente al gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa.
En suma, la fractura de la CGT no es un hecho anómalo. ¿Por qué la central obrera ha sido tan proclive a fracturarse? La primera razón es de orden institucional, y está vinculada a la escasa capacidad con la que cuenta la CGT para disciplinar la conducta de sus miembros. A diferencia de otras centrales sindicales, como las de Europa Occidental, en Argentina la CGT no tiene atribuciones legales para influir en las finanzas de sus sindicatos miembros ni tampoco cuenta con mecanismos para remover a liderazgos díscolos. En el sistema sindical argentino, el locus real del poder se concentra en el sindicato por rama de actividad. Son los líderes de los grandes gremios, como los de camioneros, mercantiles, metalúrgicos, construcción, etc., quienes realmente definen la política sindical. A su vez, los líderes de estos gremios nacionales tienen una enorme capacidad de control sobre la vida al interior de su organización, en virtud de una sencilla razón: los sindicatos nacionales cuentan, a diferencia de la CGT, con la capacidad de congelar las finanzas de las delegaciones rebeldes, e incluso pueden desplazar a liderazgos provinciales insubordinados.
En otras palabras, si por un lado la legislación fomenta la creación de sindicatos nacionales por rama de actividad sumamente poderosos, por el otro concibe una confederación general de trabajadores débil, con escasas herramientas de gobierno sobre la vida sindical. La consecuencia de este diseño institucional es un conjunto de líderes de sindicatos por rama de actividad con considerables incentivos para desviarse de las líneas que impone la CGT cada vez que ellas no se acomodan a sus intereses. El caso de Luis Barrionuevo es emblemático: a tono con su ávido deseo de protagonismo, el dirigente gastronómico creó en 2008 la CGT Azul y Blanca, en la coyuntura del conflicto entre el gobierno y el campo, a los efectos de exhibir su talante opositor. Y aun cuando esta central tiene una escasa capacidad de influir en la agenda dado su escaso ascendiente entre los gremios más influyentes, Barrionuevo ha logrado alcanzar una gran visibilidad mediática con un bajo costo político.
Pero esta dinámica no puede explicarse sólo a partir de factores institucionales. Existe un factor estructural detrás de las recurrentes fracturas de la CGT, y es de orden partidario. Una diferencia clave entre el sindicalismo local y otros movimientos sindicales de la región, como el brasileño o el uruguayo, es que el argentino no está vinculado de forma orgánica a ningún partido político. Aunque prácticamente la totalidad de los dirigentes se reconocen como peronistas, casi ninguno de ellos participa en las decisiones internas del PJ o compite por cargos legislativos o ejecutivos en sus listas. Este distanciamiento entre el movimiento obrero y el PJ fue una consecuencia directa del giro neoliberal emprendido en los años noventa por Menem (2), que redujo drásticamente la presencia de sindicalistas en el partido, eliminando la vieja regla del tercio (una norma informal que establecía que un tercio de los candidatos a diputados debía ser de origen gremial) y apartando a los líderes sindicales de los puestos partidarios. Desde entonces, el sindicalismo se ha convertido principalmente en un actor corporativo (3), preocupado mucho más por defender sus intereses en la estrecha arena de las relaciones industriales, que por participar de un proyecto político más amplio que defienda los intereses de la clase obrera.
La desvinculación respecto del PJ fomenta de forma significativa la división de la CGT, al limitar las oportunidades de ascenso político de los dirigentes gremiales. En efecto, el cierre del partido supone que aquellos dirigentes gremiales con ambiciones de crecer políticamente más allá de los estrechos límites de sus sindicatos no tienen a su disposición la posibilidad de iniciar una carrera como legisladores, intendentes o gobernadores. En este escenario, una y sólo una posibilidad se les abre: la Secretaría General de la CGT. Así, en un contexto en el que existe un único premio codiciado y numerosos candidatos con ambiciones de ascender, es natural que la disputa por la Secretaría General se convierta rápidamente en una lucha descarnada a todo o nada.
El contraste con Brasil resulta ilustrativo: muchos de los más encumbrados dirigentes de la principal organización gremial del país, la Central Única de los Trabajadores (CUT), jamás ocuparon su presidencia. El ejemplo más claro es Lula, quien luego de presidir el sindicato de trabajadores metalúrgicos de la región del ABC de San Pablo se erigió como candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores (PT) sin haber ocupando la presidencia de la CUT. Pero lo mismo puede decirse de los gremios con más peso en el mundo sindical brasileño –como los del sector bancario, petrolero, educativo, estatales o trabajadores rurales– quienes en su inmensa mayoría jamás tuvieron a uno de sus dirigentes como presidente de la CUT. La mayoría de los líderes sindicales brasileños de peso han canalizado sus ambiciones de otra manera, desarrollando exitosas carreras políticas en el PT. El contraste contribuye a iluminar la particularidad de la experiencia argentina: mientras que Moyano ha mostrado en reiteradas ocasiones su vocación de utilizar su posición institucional en la CGT como una plataforma para su carrera política, en Brasil la fuerte inserción de los sindicalistas en el PT hace innecesaria una disputa feroz por la conducción de la CUT. En otras palabras, la desindicalización del PJ ha terminado por encerrar a los sindicalistas argentinos en feroces luchas intestinas por la dirección de la central obrera. Kirchnerismo
Entonces, dos elementos heredados del pasado –uno de orden institucional y otro partidario– contribuyen a explicar la endémica tendencia del movimiento obrero organizado a fracturarse. Sin embargo, los sucesos contemporáneos no pueden comprenderse solamente a partir de esta suerte de herencia maldita. Las políticas kirchneristas han contribuido también, de forma tanto voluntaria como involuntaria, a potenciar estas tendencias.
En primer lugar, la política económica, al favorecer a una cantidad extraordinariamente diversa de sectores productivos, ha conspirado contra la emergencia de un sindicato capaz de ejercer una hegemonía indiscutida en el movimiento obrero a través de su preponderancia en la estructura económica-productiva. Históricamente, en el movimiento obrero argentino siempre existió un sindicato hegemónico que, en virtud de la centralidad económica de la rama productiva en cuestión, funcionaba como vanguardia del conjunto y lo amalgamaba. Durante la primera mitad del siglo XX, cuando la economía se basaba en la exportación de productos primarios, ese rol lo ocuparon los ferroviarios, debido a la centralidad de los ferrocarriles en el proceso de transporte de los productos agrícolas desde el campo hasta los puertos. A partir de la crisis económica de 1929, y sobre todo desde la posguerra, la matriz productiva viró hacia un modelo de desarrollo basado en la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Al favorecer este modelo la producción de bienes de capital, intermedios y de consumo durables, todos ellos intensivos en insumos metalúrgicos, la UOM pasó a ejercer el rol hegemónico. No es casual que en la historiografía sindical argentina los líderes históricos de la UOM (Augusto Vandor, José Ignacio Rucci, Lorenzo Miguel) sean identificados como los líderes del movimiento obrero durante esta etapa (4). La hegemonía metalúrgica perduró hasta principios de la década del noventa. Con la apertura de la economía y la desindustralización, la integración al Mercosur, la producción just in time y el desmantelamiento del sistema ferroviario, la creciente relevancia del transporte de cargas automotor situó a los camioneros como el nuevo sindicato hegemónico (5).
Sin embargo, ese proceso de sucesión ha quedado trunco por la propia política económica del kirchnerismo, cuya estrategia hacia la clase obrera ha encerrado una paradoja: mientras la política laboral incrementó notablemente el poder adquisitivo de los trabajadores, la política económica conspiró contra la unidad del movimiento obrero al debilitar la hegemonía del sindicato de camioneros en el terreno económico-productivo (y por transitividad, la de Moyano al frente de la CGT). La combinación de un tipo de cambio depreciado, una política macroeconómica expansiva y medidas proteccionistas parancelarias favoreció el crecimiento de una serie de industrias nacionales, como la textil, metalúrgica y otras, que difícilmente hubieran prosperado bajo políticas económicas más ortodoxas. De esta forma, los sindicatos de estas industrias comenzaron a incrementar su número de afiliados y su poder de movilización hasta el punto de erigirse, en la actualidad, en rivales de peso del propio Moyano.
Si no fuera así, ¿cómo explicar el hecho de que el dirigente de la UOM Antonio Caló sea hoy el principal rival de Moyano? Sin considerar las políticas económicas que protegieron a la producción metalúrgica local de la competencia internacional es imposible entender por qué un gremio que perdió casi 90.000 afiliados solo en los primeros años de las reformas neoliberales (6) se encuentra hoy en condiciones de ejercer el liderazgo del movimiento obrero. En resumen, el modelo económico kirchnerista acentuó la pluralidad del mundo sindical, impidiendo la consolidación de un gremio hegemónico. Desprovisto de esa conducción natural, el movimiento obrero se encuentra acéfalo, y muchos dirigentes se conciben con derecho a disputar la conducción de la CGT.
Por último, el rompecabezas sindical no puede comprenderse sin la orientación táctica que la propia Presidenta ha desplegado hacia el movimiento obrero: en particular, la enérgica oposición de Cristina Kirchner a las ambiciones político-partidarias del sindicalismo y su intención de confinar la influencia de los sindicatos al ámbito de las relaciones industriales. Desde la perspectiva de la Presidenta, la época en la que los sindicatos constituían la columna vertebral del peronismo es cosa del pasado. Es por ello que los cargos legislativos y ejecutivos del PJ quedaron reservados a los jefes territoriales y, en menor medida, a los jóvenes de La Cámpora.
El objetivo de mantener al PJ desindicalizado explica más que cualquier otro factor la disputa con Moyano. En esta empresa, la Presidenta se ha apoyado en las diferencias ideológicas existentes al interior del movimiento obrero: de un lado, Moyano y sus aliados, en general pertenecientes a gremios vinculados al sector del transporte, que buscan la resindicalización del peronismo. Del otro lado, muchos de los gremialistas enfrentados a Moyano, los llamados “gordos” y los “independientes”, que no comparten estas aspiraciones: muchos de ellos creen que el movimiento obrero debe ejercer un rol más corporativo, en el cual los sindicatos se limiten a funcionar como grupos de interés orientados a conseguir mejoras salariales y de condiciones de trabajo. Esta es la fisura interna en la que se apoyó el gobierno a la hora de enfrentar a Moyano.

Futuro
¿Cuáles son los efectos de una ruptura de la CGT en el escenario político? La respuesta es matizada y compleja. Por un lado, en el corto plazo no parece avizorarse un panorama apocalíptico: en rigor, esta ruptura tendrá escasos efectos en la capacidad del gobierno de mantener la paz social en las relaciones industriales. Como mencionamos anteriormente, el locus real del poder sindical es el sindicato por rama de actividad, no la CGT. Una central fragmentada no va a afectar decisivamente la dinámica de las negociaciones colectivas, que siempre han estado regidas por los topes informales impuestos desde el Ministerio de Trabajo y la capacidad de presión de los sindicatos emplazados en los sectores económicos más dinámicos, y no por alguna directiva impuesta desde la CGT. Más allá de la combatividad de los camioneros, el resto de los sindicatos probablemente continuará negociando sus convenios colectivos de la misma forma que en estos últimos años, durante los cuales la paritaria del gremio de Moyano ya no ha constituido un techo para sus reclamos sectoriales.
En el largo plazo, sin embargo, la fractura provocará problemas serios en dos áreas sensibles para el kirchnerismo: el avance de pactos sociales que procuren soluciones de fondo a los problemas del país, por un lado, y el control de la protesta popular, por el otro. En relación al primer punto, es preciso mencionar que una fractura de la CGT implicaría la convivencia de cinco centrales sindicales en el país: la CGT de Moyano, la que encabezan la mayoría de los “gordos” e “independientes” y la de Luis Barrionuevo, además de la CTA afín al oficialismo liderada por Hugo Yasky y la CTA opositora de Pablo Micheli. Esta fragmentación tornará difícil el avance del tipo de pactos sociales que la Presidenta ha buscado forjar entre sindicatos, empresarios y Estado a los efectos de promover soluciones concertadas, de corte no ortodoxo, para problemas estructurales, como la inflación.

Grupo A bis, 8 N y 7 D

Por Roberto Páez González – 07.11.12

Clarín publica hoy un artículo titulado “Más de 100 diputados contra una reforma constitucional”. Indica en el encabezamiento que es el mismo texto que firmaron la semana pasada 28 senadores. [1]
Allí dicen estos 107 señores diputados: “Suscribimos el presente instrumento comprometiéndonos a votar en contra de cualquier proyecto legislativo que intente declarar la necesidad de la reforma constitucional y en contra de cualquier intento de re-reelección presidencial ajeno al texto vigente”. El documento tiene este único párrafo, idéntico al de la semana pasada de los señores senadores.
Es una muestra de un “no quiero, no quiero, no quiero” infantil. Pero a sus años y en su posición afectan a la racionalidad política en nuestro país.
Como también la afectan para estas mismas fechas unas movilizaciones sin propuestas ni reivindicaciones, de presuntos espontáneos autoconvocados que, en realidad de verdad acuden a la cita incitados por archiconocidos personajes de la vieja política estéril y el nefastamente influyente Grupo Clarín.
¿Qué pensar de este círculo de tiza,
si no hay pedido de Cristina de ser reelegida otra vez?
La sociedad argentina actual debate sobre todos los temas; y públicamente.
Junto a las elecciones y la obra de gobierno, esto es la política. No ha sido siempre así. Basta con acordarse de las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo veinte: se basaban en excluir a un partido político o a todos. Duraron muchos años. Demasiado. ¿O caben dudas?
Pero incluso durante los gobiernos constitucionales de la época de la democracia -entre 1983 y 2003- la libertad de expresión, las fuerzas de proposición y la vida política del país tuvieron manifestaciones atenuadas y hasta átonas bajo la influencia de los poderes fácticos y la del pensamiento único internacionalmente impuesto con la globalización.
Eso ha cambiado. Se expresan en nuestro país nuevas ganas culturales, caracterizadas por una más amplia participación popular, la militancia de los jóvenes, una confianza palpable en el porvenir del país.
El asunto de “la re-reelección de Cristina”, apenas lo mencionamos aquí, porque es imposible agotar algo que solo principia a surgir. Lo hacemos porque nos ayuda a exponer preguntas y preocupaciones interesantes de cara a las interpretaciones posibles de la realidad argentina.
Desde un punto de vista jurídico, la cuestión reside en que según la Constitución (de 1994) vigente en 2012, no es posible dicha re-reelección y en que no obstante se hacen escuchar muchar voces favorables y como se ha visto al principio también muchas contrarias a esta posibilidad, ya que depende de una previa reforma constitucional, para lo que -por lo menos la mayoría de los opositores- no están de acuerdo.
Cristina Fernández de Kirchner triunfó en las elecciones presidenciales de 2011 con algo más del 55% de los votos y sin embargo, desde el primer trimestre de su segundo mandato se hicieron públicas algunas ambiciones políticas presidenciales con miras a las elecciones de 2015, ampliamente comentadas o impulsadas por la prensa más vinculada con la oposición o con intereses empresarios propios -monopolísticos- como es el caso del Grupo Clarín (ahora -oh casualidad- estamos a solo un mes de la fecha fatídica del 7 D).
Desde entonces, fue ostensible la estrategia de minimizar, si no ningunear, el mandato del sufragio popular con miras a poner cerco a la investidura presidencial, mediante la instauración de un clima de fin de gobierno que acelerara las expectativas decrecientes de los ciudadanos sobre la obra presidencial.
Hasta la fecha, la Presidenta no hizo conocer sus intenciones al respecto y puede decirse con toda exactitud que las presunciones no son más que eso, aunque por otro lado no cabe desestimar el interés creciente por crear las condiciones para su re-reelección por parte de todos los que consideran que es la mejor candidatura para continuar con los cambios y la necesaria profundización.
Esta cualidad que se le reconoce independientemente de su voluntad está basada en los hechos que produjo junto a Néstor Kirchner durante la primera presidencia kirchnerista y a su segunda presidencia kirchnerista -2007/2011- muy valorada, como atestiguaron los resultados de 2011.
Además, en un sistema de gobierno con tres poderes independientes, la experiencia ha mostrado desempeños de los mismos diversamente eficaces y serios frente a algunos problemas claves, como el de la 125, la asunción de Marcó del Pont al frente del BCRA, el empleo de reservas para pagar deuda externa, por citar solo algunos, que indican que el poder ejecutivo estuvo más en lo adecuado que el poder legislativo, el que actuó en forma reticente por lo general y abiertamente negativa, como en la época del Grupo A, antes de alcanzar su actual conformación por las elecciones de 2011, lo que ahora los señores diputados y senadores de la oposición parecen tratar de revalidar constituyendo una especie de Grupo A bis.
Una lectura objetiva de esa realidad de las instituciones favorece, indudablemente, a CFK y su rol presidencial. No aparece a la vista una personalidad política que ofrezca visos de estar en condiciones de hacer algo similar en los años siguientes al actual período para el que la Presidenta está mandatada.
Por ejemplo, se sabe que la oposición está completamente dividida y carente de plataforma común. Y a quienes vienen desenvolviéndose a nivel del gobierno nacional o de los provinciales no se les reconoce la misma estatura.
Pero de todos modos, hasta ahora no hay una candidatura de Cristina para el 2015 y eso es muy lógico, porque está gobernando y tiene que gobernar en vez de plantear opciones fantasiosas.
También es perfectamente comprensible que no se dedique a negar, ni a afirmar su posible deseo de continuar ejerciendo el cargo y que no desautorice a quienes le pidan que siga porque el sostén político re-reeleccionista no deja de ser un factor de fortalecimiento de su imagen.
Hay un punto de mucha importancia en el que el tema de la re-reelección converge con otros que dan consistencia a la necesidad de que el país se dote de un nuevo texto constitucional.
La emergencia del deseo de reforma de la Constitución
Esas necesidades se plantean, por ejemplo, con relación a la vuelta a la soberanía nacional de los recursos del subsuelo. Sabemos que la Constitución de 1994 y las interpretaciones prevalecientes transfirieron esas soberanías a las provincias, lo que dificulta el control -por parte del Estado nacional- de algunos aspectos decisivos en materia energética, ecológica, de equidad social, etc.
Sin embargo, el camino a una eventual reforma no es simple. Requiere mayorías amplias, convergencias y consensos, una soberanía intelectual capaz de sintetizarse en un texto que armonice los nuevos equilibrios en función de un porvenir. Pero esta es una época de cambios y los propios cambios pueden conducir a la gestación de una nueva Constitución.
En la mayoría de los países se han verificado cambios constitucionales y parece ser lógico que el transcurso del tiempo demuestre inadaptaciones de los textos constitucionales y se produzcan cambios de los mismos.
Tomemos por ejemplo el caso de España. La constitución de 1812 se produjo durante la ocupación de las tropas napoleónicas y fue rechazada por la restauración absolutista; cuando los Borbones cayeron en 1869 los constituyentes no acertaron con un proyecto de salida de la crisis; en 1931, la llegada de los republicanos enfrentó la deslegitimación de la política que había engendrado la caída de una monarquía que había apoyado el golpe de Primo de Rivera en 1923. Le siguió la larga dictadura y después de la muerte de Franco dominaba la sensación de que los políticos no tenían derecho a fallar. Y plasmaron una constitución que rechaza la dictadura, combinando monarquía, democracia, autonomías y un enfoque social cercano al del Estado de bienestar europeo. Pero hoy existen planteos de federalismo, etc.
Veamos, también esquémáticamente, nuestro propio caso. La primera tentativa fue la Asamblea del año XIII. Hizo aportes muy considerables, como la ley de vientres, la abolición de los instrumentos de tortura, etc. pero la Asamblea fracasó en los temas principales para los que fue convocada: la independencia y la constitución. Vale la pena recordar que los diputados de la Banda Oriental enviados por Artigas fueron rechazados. Y que la Declaración de la Independencia solo tuvo lugar en 1816. Recordemos también que el texto de la misma se hizo en español y en quichua.
En el marco de los proyectos constitucionales que no prosperaron, citemos los proyectos unitarios de 1819 y 1826. En concepto de antecedentes constitucionales, los famosos “pactos preexistentes” de que habla el preámbulo de la Constitución de 1853.[2] Así, durante el largo período de 1813 a 1853, la gestación nacional se efectuó en plena crisis política, sin otra estabilidad política que la que pudieran asegurar poderes autoritarios.
La primera reforma se hizo en 1860 y significó una victoria política de la élite porteña por sobre el resto del país. Dos reformas tuvieron alcances regulatorios y modificaciones semánticas, en 1866 y 1898.
La primera reforma importante fue la de 1949, incorporando derechos sociales, ampliando facultades al poder Ejecutivo, posibilitando la reelección indefinida del presidente y la elección por voto directo de los representantes.
En 1956, Aramburu, el presidente de facto, estableció la caducidad de la Constitución del 49, restableciendo la vigencia de la constitución de 1853. El gobierno militar organizó elecciones de convencionales constituyentes, prohibiendo a los candidatos peronistas, y se sancionó la nueva constitución en 1957.
El golpe de Estado de 1966 dio lugar a una junta militar que dictó el Estatuto de la Revolución Argentina, conteniendo 10 artículos con preeminencia sobre la Constitución de 1853 y sus reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957, lo que reflejaba un alineamiento antiperonista. El Estatuto quedó sin efecto con el arribo a la presidencia de Héctor Cámpora, en 1973.
Cabe recordar que en 1972, el gobierno de facto, en ejercicio de un poder constituyente que se arrogó, reformó o declaró sin aplicación varios artículos de la constitución de 1957 en un documento que también establecía reducir los mandatos del presidente, vicepresidente, diputados y senadores a cuatro años, con reelección del presidente por una vez y reelección indefinida de diputados y senadores y otras medidas. La mayor parte de los cambios fueron incorporados a la Constitución de 1994.
Anteriormente, el golpe de Estado de 1976 había instalado en el poder una junta militar que igualmente se arrogó “el ejercicio del poder constituyente”. También, entonces, se establecieron normas supraconstitucionales, como en la dictadura anterior y se adoptó la constitución de 1853 y sus reformas de 1860, 1866, 1890, 1957 y 1972, en perfecta coherencia con la línea del precedente gobierno militar. Esta normativa constitucional quedó sin vigencia a partir del gobierno de Raúl Alfonsín.
En 1994 se produjo la última reforma. Contiene novedades como los derechos de protección ambiental, del consumidor, a la información, la preeminencia de los tratados internacionales, la reelección presidencial por una vez con mandato de 4 años, faculta al ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia, otorga la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, etc.
Sobre reelecciones y duración del mandato presidencial
Desde 1853 hasta 1949 estuvo vigente un modelo constitucional que no permitía la reelección para períodos sucesivos de mandatos, que eran de 6 años.
Desde 1949 hasta 1955 el marco constitucional permitía la reelección indefinida del presidente por períodos de 6 años. Fue en ese intervalo cuando comenzaron a votar, también las mujeres argentinas. [3]
El regreso a la constitución de 1853 y luego la reforma de 1957 no permitían la reelección presidencial y el período debía durar 6 años, aunque cabe destacar que, entre 1955 y 1976, ningún gobierno duró más de 4 (Fue el de Frondizi, de 1958 a 1962. Es también la plusmarca de todos los gobiernos elegidos por sufragio universal de 1955 a 1983: o sea durante casi tres décadas).
Ahora nos encontramos con tres décadas de gobiernos constitucionales elegidos por sufragio universal, de los cuales, el de De la Rúa no completó su mandato y fue sucedido por varios presidentes efímeros y por Eduardo Duhalde antes de lograr con Néstor Kirchner un retorno a la estabilidad política, no sin amenazas, sobresaltos y cuestionamientos.
La re-reelección y ellos mismos
Por el momento La re-ree versus La anti-re-ree no es una disyuntiva principal. Pero nada indica tampoco que se la pueda excluir muy sueltos de cuerpo en ninguno de los dos bandos potenciales.
Una parte de la élite política adhiere sin reservas y sin críticas al mito alberdiano. Carente de otras místicas se aferra al ancla decimonónico de nuestra primera constitución -rasgo compartido, como recordamos arriba, por los gobiernos y corrientes que repudiaron al peronismo histórico- y argumentando el valor intrínseco de la no reelección presidencial sucesiva también rechaza la oportunidad de una reforma esgrimiendo el mero rechazo. Los seguidores de este dogma republicano tienen certidumbres y temores que no provienen de una razón eterna o perfecta y parece, sobre todo, que no tienen mucho que proponer.
Unas breves palabras sobre el peronismo histórico. Con esta denominación queremos designar, aquí, la obra de gobierno de Juan Domingo Perón hasta 1955, la Resistencia Peronista y la lucha por el retorno de Perón, hasta 1974. No significa que no haya nada más que decir o que no existan otras opiniones, pero lo que nos importa es que sea una referencia clara de nuestro punto de vista. Desde luego, este concepto excluye al menemismo y otras corrientes neoperonistas de lo que llamamos el peronismo histórico.
Porque, el tema de la re-reelección reanima tradiciones políticas latentes y pone sobre el tapete qué motivos ideológicos -pero también qué intereses- se alinean en esta polarización eventual, en rigor, un ascenso a la confrontación por el futuro del país.
Por el momento vemos que algunas fuerzas tradicionales agrupadas presentan la idea de oponerse a la re-reelección en simultáneo con los autoconvocados del 8 N y la indudable concomitancia del Grupo Clarín, que se opone a ceder licencias y a ceder su posición de liderazgo en el terreno de la comunicación sin el cual podría perder también el liderazgo de la opinión opositora; el plan de batalla incluye manifestar antes las embajadas argentinas del mundo con repercusión mediática y -por supuesto- el concurso infaltable del periodismo internacional más acólito de la derecha internacional. Agreguemos que Hermes Binner quiere consolidar su rango de presidenciable y asediado por los desaguisados en materia de narcotráfico en su provincia se sale de la vaina por encontrar el número en la calle, aunque así convalide implícitamente una política de doble estándar, ya que en su panacea la calle no gobierna, pero para la ambición con que lo untan bien vale una banda de corifeos de la malestarización permanente…
Según el mencionado artículo, todavía hay más parlamentarios opuestos a cualquier reforma constitucional, tales como Elisa Carrió, Víctor De Genaro y Claudio Lozano aunque decidieran no firmar el mismo texto.
El radical Ricardo Gil Lavedra hizo una solemne declaración “de no acompañar ningún proyecto de reforma constitucional”… esperando “que en las elecciones de 2013 la sociedad nos pueda acompañar para que se despeje definitivamente cualquier sospecha de perpetuación en el poder”, cuando la presentación del documento. E insistió: “Esta es una clara señal de que cada vez que estén en peligro las reglas republicanas, nosotros las vamos a defender”. Fernando Solanas dijo presente y consideró que existen “razones suficientes para que digamos no”.
Más rotundo fue Federico Pinedo, del PRO: “Esto lo que hace es garantizar que no habrá reforma de la Constitución. Con el kirchnerismo nada es seguro, con esto lo que hacemos es dar seguridad de que no habrá una reforma”.
Por supuesto que si hubiera una propuesta reeleccionista ésta se haría después de las elecciones de 2013, por lo que lo que firmaron esos señores parlamentarios no garantiza nada de nada.
Los fantasmas del pasado y la vida política
Acabamos de tener alternancias democráticas por sufragio universal en Francia y Estados Unidos. Estos son países-paradigma para los discursos de la derecha argentina, pero les pasa desapercibido lo que allí ocurre. ¿Acerca de la globalización y su crisis? Y a mí qué me cuentan, parecen decir. ¿Sobre el crecimiento económico argentino y el notable incremento del empleo? No saben nada; se han creído sus propias mentiras. Tampoco ven que nuestros cambios y los de América del Sur llevan el sello de grandes aspiraciones de nuestros pueblos.
No. Estos dirigentes atrasados que fueron los dirigentes del atraso durante tanto tiempo viajan en un tren fantasma. También las invocadas clases sociales desobedecen las caricaturas dogmáticas de sus referentes sectoriales y hasta dirigentes obreros que se reclaman de una tradición peronista tienen las manos vacías, por no decir más, en materia programática de liberación nacional y social; y en vez de eso se aferran a reivindicaciones que favorecen a capas privilegiadas en pos del clientelismo, y con métodos caprichosos.
Sin embargo, la ocasión es buena para establecer racionalidad en la puja distributiva y participar en la creación de una formación económicosocial argentina equilibrada. Para afianzar las nuevas ganas culturales mediante la participación amplia de los argentinos en los debates que nos interesan. Queremos debatir y participar y por eso, también es bienvenida la ampliación de derechos que supone el voto de los jóvenes mayores de 16 años.
En cierto modo, hasta parece mentira que haya tantos desconcertados que acudan por mufa a un carnaval organizado por mascaritas que ya conocemos tan bien.
Notas
[1] Lo firma María Eugenia Duffard. Cita textual del principio: ”Simbólico. Aunque el kirchnerismo no cuenta hoy con los números suficientes en el Congreso para impulsar una reforma constitucional que habilite la re-reelección de la Cristina Kirchner, los diputados radicales, peronistas disidentes -incluidos los dos delasotistas-, de Proyecto Sur y, con algunas ausencias, del Frente Amplio Progresista y la Coalición Cívica, sumaron ayer más de 100 firmas al documento que la semana pasada emitió el Senado y que expresa el compromiso de los firmantes de no habilitar ningún mecanismo legislativo que permita la reforma de la constitución y habilite la re-re de Cristina”.
[2] Pactos de Benegas, del Pilar, del Cuadrilátero, Federal, etc. celebrados entre provincias desde 1820 y los de 1852: Protocolo de Palermo y Acuerdo de San Nicolás. Buenos Aires se mantuvo separada desde el 11 de septiembre de 1852, pero se reintegró en la Confederación Argentina con el Pacto de San José de Flores, del 11 de septiembre de 1859.
[3] La ley se votó en septiembre de 1947 y fue confirmada con la reforma constitucional de 1949, las primeras elecciones en las que votaron tuvieron lugar el 11 de noviembre de 1951, en elecciones a nivel nacional, de las que surgieron 24 diputadas y 9 senadoras.