Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

Las conductas políticas puestas a prueba

Se ha sancionado la ley de exteriorización de los capitales que residentes argentinos poseen fuera del país u ocultos dentro de cajas de seguridad bancarias o en tesoros domésticos que no estaban declarados impositivamente. Se podría apuntar a discutir si era pertinente o no acudir a la legislación aprobada para inducir a tales residentes a repatriar o blanquear capitales con el beneficio de eximirlos de justificar su procedencia y no saldar impuestos impagos.

Alejandro Rofman

Es posible que otros caminos se pudieran haber recorrido, pero la falta de certeza de su efectividad y la experiencia previa los ha descartado.
El debate parlamentario, más allá de analizarlo en torno a las cuestiones precedentes, deja otra valiosa enseñanza. Se trata del posicionamiento de las principales fuerzas políticas ante la disyuntiva de tener que aceptar o rechazar la propuesta del Poder Ejecutivo. Y allí, en este análisis, encontramos un espacio fecundo para discutir el modo como cada sector político ha dado una respuesta ante la necesaria toma de posición frente al proyecto. Los más encendidos críticos de la valoración ética de la norma, dado que coloca a los favorecidos por la nueva ley en una posición privilegiada con referencia a aquellos que siempre cumplieron declarando sus activos y pagando sus impuestos, pertenecen a agrupamientos políticos que no hace mucho propusieron y/o apoyaron normas similares a la que ayer se convirtiera en ley. Un reciente artículo del ex diputado Eduardo di Cola cita tres leyes de blanqueo en el último cuarto de siglo: la Ley 23.495 del 3 de marzo de 1987 cuando gobernaba Raúl Alfonsín, la Ley 24.073 durante la presidencia de Carlos Menem y la ley 26.476 sancionada en el año 2008 en la presidencia de la actual mandataria.
Pero aun más, en 2001, a través de un DNU firmado por Fernando De la Rúa, durante el gobierno de la Alianza, se había sancionado también otro blanqueo que libera de responsabilidad sobre el origen de los fondos, acorde con lo aprobado en la ley de presupuesto de 2001, y exime de todo pago impositivo a los que se acogieran al citado beneficio. La lista de firmantes desde el Poder Ejecutivo y desde el Congreso de la norma del año 2001, cuyo sustento central posee el mismo perfil que el contenido de la actual, incluye a legisladores que ahora están en el Congreso representando a la UCR, al Peronismo Federal, al PRO, al socialismo y a agrupaciones menores opositoras. ¿Cómo entonces pueden ahora oponerse? ¿Qué doble conducta los ampara? ¿Por qué ayer estaban de acuerdo y hoy discrepan? No parece de ningún modo que se prestigie a la política el tener comportamientos tan disímiles en un período por demás breve de la historia argentina