Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

«La ortodoxia reclama una megadevaluación cambiaria injustificada»

La economía argentina a fines del 2012 duplicó el tamaño de la de una década atrás, presentó un sustantivo avance de la distribución del ingreso y una caída vertical de la tasa de desempleo

Guillermo Wierzba

El PBI industrial aumentó más que el promedio. La tasa de inversión superó su ritmo histórico. Los programas sociales y las pensiones y jubilaciones mejoraron notablemente la vida del pueblo. El nuevo tamaño del producto demanda importaciones crecientes que exigen más divisas, con la dinámica de una estructura industrial heredada del neoliberalismo. Pero Argentina hoy tiene su cuenta corriente equilibrada y una balanza comercial positiva, con una mejora sustantiva de la relación deuda/reservas, deuda/exportaciones y deuda/producto. Su tipo de cambio en relación a sus socios comerciales y respecto de los países de la región resulta competitivo. Sin embargo, la fuga persistente de divisas a través de la cuenta de capitales ha generado un clima que la ortodoxia aprovecha para reclamar una megadevaluación cambiaria injustificada, con el objetivo de volver a facilitar ganancias extraordinarias a los sectores vinculados a las exportaciones tradicionales y los grupos concentrados. Esa presión que confronta con el actual proyecto conlleva a reducir el nivel de actividad y las importaciones (de modo indiscriminado y distorsionando los procesos de sustitución en curso), a impulsar un alza de precios con deterioro del salario y del empleo, y a bajar la tasa de inversión. La profundización del proyecto requiere, en cambio, de una planificación estatal de la lógica industrializadora en pos de garantizar el crecimiento y optimizar el ahorro de divisas en el largo plazo. Las recientes medidas de exteriorización de activos tienen costos en términos de equidad y credibilidad tributaria, pero tienden a mejorar las reservas, a reactivar la construcción y a financiar a YPF. El revanchismo del capital financiero pretende, por el contrario, –en los “mercados voluntarios” de crédito– tasas expoliatorias para un país con solidez macroeconómica que supo afrontar autónomamente la reestructuración de su deuda.