Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

10May/200

Interrupción

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Llegó la instancia para una nueva ley que rija el funcionamiento de las entidades financieras.

POR GUILLERMO WIERZBA MAY 10, 2020

Salvador Dalí

 

La globalización financiera se estableció en el discurso hegemónico de los sectores de poder como una opción modernizadora. Se estigmatizó como anacrónica la dinámica del patrón de acumulación anterior, quedando excluida su revisión crítica como así también la recuperación del espíritu y de instituciones concretas de aquel período. Esa censura fáctica fue la que en forma de descalificación ha empujado a los márgenes del debate sobre lo político, lo económico y lo social, a las virtudes del período de industrialización por sustitución de importaciones. A la vez, se ha ponderado axiomáticamente su desarticulación y reemplazo por una “nueva época” en la que se instituyó un nuevo régimen de valorización financiera, al que se adjudica, en forma tácita, a la dictadura terrorista instalada en 1976 un lugar fundante de la potencialidad de una “Argentina moderna”. Eduardo Basualdo en Estudios de historia económica argentina, caracteriza ese momento: «La instauración de un nuevo régimen de acumulación de capital no se origina en el agotamiento de la industrialización basada en la sustitución de importaciones ya que durante la década anterior (1964/1974) se había producido un crecimiento ininterrumpido del PBI interno, que había registrado una acentuada expansión industrial y se había modificado la naturaleza del ciclo corto sustitutivo, que ahora no implicaba una reducción del PBI en la etapa declinante”. El concepto decisivo de esta intervención de Basualdo es interrupción y no agotamiento, sumado a que la misma se produjo cuando cierta maduración del modelo de acumulación le había dado estabilidad al sendero de crecimiento. El autor más adelante refiere al carácter de la dictadura, ubicando su advenimiento en un período de predominio internacional en la obtención de renta, y expresa que  las dictaduras anteriores fracasaron en disciplinar a los sectores populares impulsando el desarrollo industrial. Frente a la fortaleza del tejido social argentino, esa vez el bloque de poder oligárquico eligió “la estrategia de reestablecer el orden capitalista modificando drásticamente la estructura económica y social para disolver las bases materiales de la alianza entre la clase trabajadora y la burguesía nacional” con el objetivo de eternizar las relaciones de dominación. El texto sindica a la reforma financiera de 1977 como el primer paso hacia la modificación de la estructura económico-social de la sustitución de importaciones, “ya que puso fin a tres rasgos centrales del funcionamiento del sistema financiero…: la nacionalización de los depósitos por parte del Banco Central, la vigencia de una tasa de interés controlada por esa autoridad monetaria y las escasas posibilidades de contraer obligaciones financieras con el exterior por parte del sector privado. Para Basualdo la reforma financiera introdujo un cambio de enfoque radical de la política económica, invirtiendo la subordinación que tenía el sistema financiero respecto a la expansión de la economía real y poniendo a ésta al servicio de los equilibrios y condiciones monetarias.

Esta caracterización nos permite concluir que no hubo ni agotamiento del dispositivo de acumulación, ni de la estructura social de la sustitución de importaciones, ni tampoco anacronismo de su régimen financiero. Más aun, a este se lo desarticuló porque era axial en la política de industrialización interrumpida por la dictadura, con el objetivo de destruir el ascenso de los sectores trabajadores y las mejoras de equidad en la Argentina. En 1974 el índice Gini llegó a ubicarse en 0,35 (Gaggero y Grasso, CEFID-AR, 2009). Desde el golpe militar la deuda externa se ubicó como un problema permanente y recursivo, como limitante de las posibilidades de desarrollo argentino, y el sistema financiero se constituyó en un vehículo transmisor de la fuga de capitales a la vez que contribuyó a la gestación y propagación de esa deuda. Pero además, quedó inutilizado como instrumento de política productiva por parte de los gobiernos nacionales. La versión de la historia que denuesta el apoyo estatal a la industrialización del país y aprueba la liberalización financiera de 1976, que también descalifica la mirada crítica positiva frente a las instituciones de la Argentina previa, es aprobatoria de las reformas económicas antipopulares que el régimen genocida impulsó en la economía. Los esfuerzos por demoler la reivindicación de la legislación financiera que liquidó Martínez de Hoz en 1977, constituyen la clave del respaldo a su política, muchas veces camuflados.

Hoy la Argentina enfrenta el desafío de mitigar los efectos de una crisis internacional como no la hubo en todo el siglo XX y, además, los problemas de oferta y demanda agregadas de su propia economía, provenientes de la política de aislamiento social necesaria para evitar un tendal de muertos por el coronavirus. Para emprender ese desafío se requieren instrumentos fiscales, monetarios y crediticios. La banca privada no ha acompañado ni jugado un rol positivo en la emergencia. Sólo comenzó a intervenir cuando el Estado le suprimió el riesgo aportándole su garantía. Siempre la mayoría de los bancos privados requirieron y reivindicaron la libertad de tasas y la decisión mercantil de la asignación del crédito. Siempre en los momentos complicados presionaron por el auxilio público. Esta conducta parasitaria no dejó de exponerse en la última crisis. Después de un año de obtención de abultados beneficios, mientras la economía argentina se derrumbaba por la crisis del endeudamiento, no se hicieron eco de las claras señales del Banco Central para otorgar créditos en niveles y tasas razonables atentos a la situación de emergencia. Es que los banqueros no son sensibles a señales ni inducciones. Manejan otros lenguajes.

La reforma financiera de los partidarios de la sociedad de mercado, implementada por el gobierno de Videla y sus continuadores, provocó también la concentración y extranjerización del sistema financiero argentino. Si se analizan los depósitos de las 10 entidades más importantes del sistema entre 1995 y 2001 – durante el segundo período neoliberal- los de los bancos públicos descendieron en su participación del 44.4% al 34.2%, mientras los privados nacionales lo hicieron del 38.5% al 14.4%, mientras los bancos extranjeros ascendieron del 17.1% al 51.4%. Además, las 10 principales entidades pasaron de sumar el 59% de los depósitos del sistema en 1995 a recibir el 78.9% en el 2002. (Wierzba y Golla, CEFID-AR, 2005). O sea que durante este período, en el que se profundizaron las reformas neoliberales, la concentración y extranjerización fue agudísma, y las crisis del tequila y del fin de la convertibilidad la acentuaron.

Los bancos de capital extranjero y las sucursales del exterior redujeron el coeficiente entre el saldo con el exterior y su cuota del mercado de activos, mostrándose procíclicos en los momentos claves. La concentración del sistema financiero comenzó desde la misma sanción de la Ley 21526, que redujo las entidades financieras de 725 a 245 entre 1977 y 1988, período en el cual los bancos extranjeros en el país ascendieron de 17 a 32. (Wierzba, Del Pino y Kupelian, CEFID-AR, 2010). La monetización de la economía durante los turnos neoliberales mostró los peores desempeños, sobre todo en el agregado de dinero transaccional. Los resultados exhibían que los objetivos proclamados no se cumplían, mientras sí lo hacía el que realmente se perseguía, que era destruir un sistema financiero que se había desarrollado en función del financiamiento pyme y de la producción industrial. De acuerdo al Informe de Entidades Financieras de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias de diciembre de 2019, los 10 principales Bancos Privados concentraban el 47,5% de los depósitos y la banca pública el 42,7%, correspondiendo a la Banca privada extranjera el 29,1% de los depósitos totales y a la nacional el 28,2%. La banca privada ligada durante toda la postconvertibilidad a los préstamos personales a altas tasas de interés, se dedicó durante el período macrista al financiamiento del déficit cuasifiscal del BCRA obteniendo ganancias sin exponerse a ningún riesgo. Casi la mitad de los depósitos bancarios se manejaron en pos de tan egoístas e improductivos menesteres.

La penetración de grandes bancos extranjeros y la conformación a partir de ello de una intensa interrelación de los mismos con el BCRA, se desplegó durante la primera etapa de vigencia de la Carta Orgánica sancionada en la gestión Menem-Cavallo que reforzó la orientación de la reforma de 1977. A esa legislación se sumó una reorganización de la Superintendencia de Entidades Financieras y del propio Banco Central en sintonía con parámetros tomados de los acuerdos de Basilea, ámbito dominado por el establishment de la financiarización. Así se completó una contrarrevolución de las instituciones financieras que provocó una orientación del crédito ajena al desarrollo nacional, guiada por el interés de los rentistas del capital especulativo, responsable de la desposesión de sectores asalariados que se endeudaban a altas tasas en tarjetas de crédito, y que estableció una categoría de sujeto de crédito ajena a la requerida para atender a la pequeña y mediana empresa.

En realidad, la ruptura de los regímenes de leyes que dispusieron, en distintos momentos históricos, un claro dispositivo de orientación del crédito y de regulación de tasas de interés, no obedeció a la falsamente imputada ineficiencia, tantas veces declamada por los economistas apologetas de la sociedad de mercado y la economía de la financiarización. ¿Cuáles fueron las “bonanzas” de la liberalización de financiera, de la regulación de capitales por riesgo de activos, de las tasas de interés libres, de la libre movilidad internacional de flujos de divisas? Deuda externa, extranjerización y concentración de la banca, desorganización del crédito, inexistencia de una política coherente para el crédito para el desarrollo. Fueron los golpes de 1955 y 1976 los que desarticularon los sistemas financieros basados en la nacionalización de los depósitos con las legislaciones de 1946 y 1973 y provocaron estos dramáticos problemas, con consecuencias sociales regresivas.

En 2012 se sancionó una reforma de la Carta Orgánica que significó la posibilidad de tener políticas de direccionamiento de parte del crédito y de introducir regulaciones sobre tasas de interés y comisiones. Pero la historia nacional ha demostrado que el sistema financiero es un parteaguas en la definición de las líneas centrales de dos proyectos económicos enfrentados históricamente, uno nacional, popular y democrático, y otro conservador-liberal-oligárquico, que en el último período se constituyó en el eje de las políticas de valorización financiera. Las reformas financieras que se desplegaron en uno u otro sentido han modificado toda la legislación bancaria, a las leyes de entidades, a las de depósitos y las de la Carta Orgánica del banco central. (Wierzba y López, CEFID-AR,2011).

La pandemia ha puesto en evidencia el retroceso en los valores y la vida de los pueblos que provocó el despliegue neoliberal a nivel global. La desigualdad y la falta de atención de los derechos sociales, específicamente el de salud, así lo atestiguan. Tampoco se preservó el respeto al derecho de los pueblos al desarrollo. La política del terrorismo de estado en ls Argentina fue precursora del proyecto de las finanzas especulativas internacionales, y su sistema financiero un emblema de la contrarreforma.
Las circunstancias actuales y la impotencia y resistencia del sistema financiero privatizado y extranjerizado para afrontar las tareas en épocas de emergencia han sido patéticos.

El objetivo planteado por el gobierno nacional promueve la construcción de una sociedad menos individualista y consumista, y mucho más basada en la solidaridad. Existe, entonces, la oportunidad de abordar la interrupción del proyecto neoliberal en forma integral, que requiere de una reforma financiera que invierta el sistema en 180 grados. Llegó la instancia para el establecimiento de una nueva ley que rija el funcionamiento de las entidades financieras y de una reforma que profundice la ya positiva y realizada en 2012 de la Carta Orgánica. También es momento de reformular el propio Banco Central y las lógicas de funcionamiento y del tipo de regulaciones emitidas por esta entidad, para reconstruirla en función de una nueva concepción de la economía y las finanzas.

El sistema financiero deberá tener el carácter de servicio público, su rol primordial para una Argentina productiva es el direccionamiento del crédito para favorecer el desarrollo y la integración regional del país. La reforma debe prever la capacidad de reasignación de recursos del sistema, provenientes de sus depósitos, de unas entidades a otras. Esto requiere de la posibilidad de un margen amplio de manejo de encajes diferenciales, en conjunción con amplias atribuciones del Banco Central, para la provisión de líneas de redescuentos con el objetivo de movilizar los fondos prestables para encarar los proyectos estratégicos de desarrollo, promover regiones deprimidas y proveer el crédito de largo plazo para la inversión, y para la vivienda.

La regulación plena de las tasas de interés, y el eventual espacio acotado de alguna porción no regulada, debe ser una de las funciones esenciales de la autoridad monetaria en un proyecto nacional y popular.

Esta orientación sería la recuperación del papel de unas finanzas nacionales destruidas por el terrorismo de estado y los gobiernos neoliberales posteriores. A las que los exégetas pertenecientes a un mainstream económico expulsivo del debate de ideas, han adjudicado supuestas ineficiencias y anacronismos.

Desandar totalmente el proyecto de la dictadura militar y reestablecer instituciones que promuevan la participación y dirección del Estado, sostenido por las mayorías populares, sobre los pilares estratégicos de las políticas de desarrollo y de igualdad, es una necesidad. La pandemia y la crisis expusieron la tragedia de un régimen que debe cesar. Está impugnado. Ni el mundo ni Argentina serán iguales de aquí en más. Todo se discute.

3May/200

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LA PROPIEDAD DEL HUMANISMO

La pandemia en la época de la globalización

 

La dinámica inédita de la Covid-19, por su forma, intensidad y extensión, se debe a la interconexión de los distintos aspectos de la vida humana – culturales, económicos, laborales, turísticos, productivos, financieros a través del mundo. También su contagio global fue a una velocidad vertiginosa y con un alcance sin antecedentes. Las medidas sanitarias requeridas alcanzaron simultaneidad en la mayoría de las naciones. Esas decisiones también han tenido, y han de tener, un impacto convergente en el deterioro de la actividad económica, porque ante la ausencia de vacunas preventivas y la carencia de recursos médicos de alta efectividad para la cura, el dispositivo del aislamiento social es una necesidad para evitar una tragedia mayor en pérdida de vidas. Ese aislamiento social supone la limitación de la actividad económica, para evitar la aglomeración y el contacto entre personas. Los países que han privilegiado la salud y la vida a la continuidad desenfrenada de la producción, han logrado mitigar con éxito los niveles de contagio. Otros que habían  priorizado la continuidad de la acumulación y la ganancia del capital, tuvieron un impacto sanitario calamitoso por la propagación del virus, cuya magnitud los llevó a cambiar de rumbo forzosamente, en razón de la cantidad de muertes como por el colapso productivo provocado por la propia peste.

El capitalismo no se encontraba en auge y con un despliegue sin dificultades antes de la Covid-19. Los comportamientos de la actividad productiva, la volatilidad y descenso de los niveles de los precios de los commodities (metales, hidrocarburos, productos agrarios) anunciaban el advenimiento de una situación recesiva, como así también lo insinuaban el movimiento de las bolsas de valores. El marco de inestabilidad incluía, además, la intensificación de una etapa de disputas comerciales y guerras de precios, que constituían una escena distinta al período previo de la globalización, en el que la dinámica de la apertura comercial y financiera parecía haberse convertido en una convergencia de proyectos e intereses de larga duración entre los países centrales. El mundo globalizado se construyó mediante la fragmentación y deslocalización productiva que favorecía al capital frente al trabajo, porque las actividades se establecían donde el salario era menor, y a través de la financiarización de la economía mundial: apertura indiscriminada de los mercados financieros nacionales, que favorecía el ingreso o egreso de capitales, que se adecuaban a los mecanismos de valorización de corto plazo. Estos dos fenómenos impulsaron la sociedad de mercado, debilitando (o más aun, cercenando) la posibilidad de la acción de los Estados —especialmente los del mundo periférico, dependiente y subdesarrollado— para incidir y/o definir su sendero de desarrollo mediante políticas públicas. La deslocalización productiva y la financiarización, requirieron y a la vez profundizaron dos características de esta etapa del capitalismo global:

  • un descenso del salario que se articulaba con una caída del nivel de empleo, profunda y estructural, que devino en el crecimiento exponencial del trabajo informal y la marginación social.
  • la expropiación del manejo financiero de recursos para el desarrollo, articulada con la privatización esencial del mundo de las finanzas.

Ambas transformaciones exigían la austeridad fiscal, que reducía la capacidad de llevar a cabo políticas públicas, reservando el presupuesto de los Estados para priorizar la atención de las deudas públicas contraídas con los fondos de inversión privados, que previamente lucraban con el financiamiento de aquél. El otro elemento institucional que componía estratégicamente el dispositivo era la “independencia” de los bancos centrales respecto de las políticas de los estados. Esto generalizaba un esquema financiero internacional único, con tasas de interés y destinos del crédito determinados mercantilmente, el copamiento de los sistemas financieros periféricos por la banca transnacional y el sometimiento a normativas globales de regulación, establecidas por la entente de Basilea que ha formalizado las exigencias requeridas a los bancos para responder al patrón de la financiarización.

Piketty en El capital en el siglo XXI observó que “cuando la tasa de rendimiento del capital supera de modo constante la tasa de crecimiento de la producción y del ingreso —lo que sucedía en el siglo XIX y amenaza con volverse la norma en el siglo XXI—, el capitalismo produce mecánicamente desigualdades insostenibles, arbitrarias, que cuestionan de modo radical los valores meritocráticos en los que se fundamentan nuestras sociedades democráticas”. Esta prescripción no es otra cosa que lo que admite –o más bien promueve— el neoliberalismo político y los economistas ortodoxos. La pandemia acontece en un mundo con este paradigma y este diseño, con consecuencias de desigualdad y exclusión intensas y crecientes. Estados demolidos por la lógica de la sociedad de mercado con sociedades desintegradas y fragmentadas ostentan capacidades muy reducidas.

 

 

 

Apologetas y agentes de la desposesión

La Fundación para la Libertad promovida e integrada por políticos e intelectuales de la derecha internacional emitió hace una semana un pronunciamiento afirmando que “muchos gobiernos toman medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos. En lugar de algunas entendibles restricciones a la libertad, en varios países impera un confinamiento con mínimas excepciones, la imposibilidad de trabajar y producir, y la manipulación informativa”. Así, leen el aislamiento social como confinamiento y restricción de derechos, sosteniendo la libertad de industria y comercio como prioritaria e insuspendible. Los derechos básicos que invocan, subordinan a ellas los derechos a la vida y a la salud, que la mirada humanista y solidaria no ha dudado en priorizar. Más adelante explicitan sus temores cuando escriben que “resurgen el estatismo, el intervencionismo y el populismo con un ímpetu que hace pensar en un cambio de modelo alejado de la democracia liberal y la economía de mercado”. El texto refleja el temor por el momento crítico que atraviesa el patrón de la economía global, que conjuga la unidad imposible entre liberalismo y mercado con democracia.

En realidad, la economía de mercado y el liberalismo son operadores que vacían la democracia y la limitan a una formalidad procedimental, y han sido puestos en crisis por la impotencia y el default operativo del mercado y los grandes grupos privados para lidiar con la crisis de la pandemia, haciendo necesaria la reinstalación de un rol decisivo de los estados en la conducción de la sociedad y su economía.

El Foro de Convergencia Empresarial, que agrupa cámaras y asociaciones que representan el poder económico concentrado en el país alineado en el mismo rumbo, también  caracterizó la situación como “igualmente grave para todos, afectando seriamente a grandes, pequeñas y medianas empresas, cuentapropistas, monotributistas y personas que se desempeñan en la economía informal”. O sea que la seriedad de las plumas pensantes y redactoras del texto equiparan a Techint con el vendedor ambulante que sale todos los días a probar suerte en la calle para conseguir su sustento básico. Esta es la capacidad analítica sobre la democracia liberal de mercado que tienen los mentores del escrito. “Igualmente grave” para quien despide 1.450 trabajadores porque no está dispuesto a perder un céntimo, que para los despedidos que salen a ganarse la vida como pueden una vez arrojados a la calle, a quienes Macri –integrante de la Fundación para la Libertad— llamaba emprendedores. El mismo Macri que edificó una crisis de vertiginosidad inédita. El mismo que se opone a la política sanitarista de aislamiento social. Un ícono de esta derecha mundial. Esa igualación a la que se someten los aristócratas con sectores populares no es inocente sino interesada, lo que se desnudada cuando alegan que “es fundamental seguir tomando las medidas económicas, financieras, crediticias e impositivas que aseguren el pago de los salarios en todas las unidades productivas y de servicios del sector privado y preserven la continuidad de las empresas, que serán los elementos fundamentales de la reactivación de la economía una vez que esto haya terminado, teniendo presente que no se le puede exigir al sector privado que haga políticas públicas”. O sea, que el Estado en estas circunstancias debe subsidiar a todos y con todas las herramientas, créditos baratos, sumas para abonar sueldos y exenciones impositivas. Desde Techint hasta el señor López que esa firma despidió y convirtió en un agente de la economía informal. Luego dice el Foro que hay que “generar las condiciones para que haya incentivos a la inversión privada como motor del aumento del empleo en el sector formal de la economía tales como restablecer el mercado de capitales local,  imprescindible tanto para impulsar el desarrollo como para amortiguar condiciones externas adversas, anular rápidamente las medidas de emergencia de carácter eminentemente transitorio sobre controles de precios y consensuar reglas de juego estables para los sectores más dinámicos de la economía. En este sentido los proyectos de crear nuevos impuestos al patrimonio y a las ganancias de las empresas es un antecedente sumamente negativo para recrear el clima de inversión”.

No resulta rebuscado suponer el motivo por el que acuden al Estado para que se ocupe de manejar la economía y de garantizar el orden, la propiedad y la reproducción del sistema democrático liberal de mercado, de modo que una vez superada la emergencia se retire y estimule el mercado de capitales, elimine los controles de precios y consensúe con ellos las reglas del funcionamiento económico posterior. El texto culmina criticando la implementación de imposiciones al patrimonio y a las ganancias. No se requiere gran esfuerzo para entender la resistencia de este foro del poder económico a la implementación de un impuesto a los que tienen una gran riqueza personal medida en millones de dólares. Pero su democracia liberal de mercado no es óbice para ejercer presión sobre el gobierno en pos de imponerle “la propuesta de la Academia de Ciencias de la Empresa de convocar a un grupo de expertos en economía para asesorar sobre cuáles son las áreas fundamentales para poner nuevamente en marcha nuestro sistema productivo”.

Ese grupo de expertos, a los que los operadores mediáticos refieren como economistas serios, estaría conformado por aquellos que se proponen reencaminar la democracia liberal de mercado. Régimen en el que las ganancias crecen más que el ingreso, como marcó Piketty, en el que los propietarios de grandes medios de producción acumulan sobre la base de desposeer a los sectores populares y al Estado, redistribuyendo ingresos en forma regresiva, privatizando empresas, fugando capitales de los países periféricos y otras lindezas. Leyendo a Harvey, se trata de una segunda acumulación originaria, precedida por el ajuste del sistema jurídico que la haga procedente, para consolidar la fase neoliberal del capitalismo, con modificaciones sustantivas respecto a las pasadas.

 

 

 

Emancipación humana o democracia liberal

Este discurso de la Fundación para la Libertad y del Foro de Convergencia Empresarial no se construye en el ámbito abstracto de las ideas. Emerge como manifiesto en una Argentina amenazada por la coronavirus, pero con buenos resultados en su control, a partir de haber adoptado políticas que priorizaron la vida y la salud. Esas políticas fueron acompañadas por un discurso del Presidente Alberto Fernández que sentenció la necesidad de un cambio de paradigma a nivel mundial que reemplace el individualismo consumista por el predominio de un concepto de vida en solidaridad. Un discurso que restaura el valor de la igualdad, que hace casi una década promoviera como concepto sustantivo de su expresión política Cristina Fernández .

Pero también es una Argentina que desde el terrorismo de Estado evolucionó hacia la concentración del poder económico que monopoliza la oferta en sectores fundamentales de la economía y fija precios, poder favorecido durante el gobierno de Cambiemos, período en que se aceleró la polarización creciente de la riqueza.

En La cuestión judía Marx hace una lectura crítica de los valores de la democracia liberal, cuando confunde el derecho humano de la libertad con el de la propiedad privada. En el contexto político del siglo XIX, respecto del cual Piketty ve similitudes con el del siglo XXI, Marx decía que “el derecho humano de propiedad privada es… el derecho a disfrutar de su patrimonio y a disponer de él arbitrariamente, sin atender a los demás hombres, independientemente de la sociedad… sociedad que hace que encuentre en otros hombres, no la realización, sino, por el contrario, la limitación de su libertad”. Una lectura atenta del texto permite concluir que el paradigma neoliberal restaurador, y en un grado cualitativo superior, de la democracia liberal, escinde al hombre público del hombre privado. La igualdad política manifiesta la emancipación en ese único nivel, mientras la desigualdad económica limita la emancipación humana. La razón de esa limitación es el derecho de propiedad privada en su carácter absoluto: “De carácter arbitrario, sin atender a los demás hombres”. Tal como lo exhibe el discurso del Foro por la Libertad, cuando sostiene que las medidas de la protección de la salud serían confinamientos que impiden la libertad de producir (de acumular) al propietario de una industria.

La vocación por un humanismo solidario requiere detenerse en una nueva lectura de la Constitución Nacional de 1949, tratada como anacrónica por los “economistas serios” que  quieren ser impuestos como “consejeros” al Presidente Fernández. Citamos contenidos del texto que recobran absoluta vigencia para la construcción de esa sociedad humanista y solidaria en la postpandemia: “La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común… El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino… La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales… Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias… Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine”.

Junto a la vocación por la construcción de una América Latina unida, la Constitución de 1949 es una de las fuentes para la construcción de una Argentina posterior a la pandemia que se dé a la tarea de desarmar los restos del entramado neoliberal de sus esferas políticas, económicas, jurídicas y culturales.