Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

28Jun/200

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LA ÚLTIMA VEZ

La redistribución debe ser previa al crecimiento, para definir el perfil productivo

 

Objetivos

Cuando comenzaron las negociaciones para la reestructuración de la deuda con los acreedores privados el Presidente Alberto Fernández estableció tres objetivos clave:

  • No someterse a la elaboración de un plan económico que implicase políticas de ajuste.
  • Que sea un plan sustentable, en el marco de lo planteado en el punto anterior, lo que significa no realizar un arreglo que lleve a futuras refinanciaciones por ser incumplible, y que no altere un sendero de desarrollo de la economía nacional.
  • Dejar las bases construidas para que se cierren los ciclos de endeudamiento de la economía argentina.

Este tercer objetivo merece una detenida reflexión, pues supone un cambio de época. Los ciclos de endeudamiento han sido el rasgo característico de la época del neoliberalismo. Deuda y fuga. En ritmo vertiginoso y catastrófico, los gobiernos que promovieron la apertura financiera, las políticas de consolidación y ajuste fiscal y la libertad de mercado como funcionamiento predominante de la actividad económica, provocaron el estancamiento, la regresividad distributiva y el endeudamiento. Mientras que aquéllos que asumieron con la vocación de disminuir la desigualdad y construir una Argentina con producción diversificada, tuvieron que lidiar con los compromisos externos contraídos por el bloque concentrado y financiarizado.

El giro del debate que pretenden hacer los economistas ortodoxos, los cuales respaldaron las políticas de liberalización y desintervención estatal, persigue enmascarar el verdadero problema que tiene el actual gobierno nacional y popular. Maniobran la discusión respecto al origen del endeudamiento, a su total improductividad, y sin ninguna contrapartida en términos de algún activo que lo justifique. Esta deuda es un pasivo sin existencia de ninguna obra, bienestar popular o ampliación del aparato productivo. ¿Dónde están las divisas que se deben? Se fugaron. Sin embargo, el enmascaramiento desplaza el debate sobre lo ocurrido:  si el gobierno negocia bien o mal la reestructuración del endeudamiento que dejó el neoliberalismo de Cambiemos. Para ellos el arreglo resulta un tema excluyente, y lo argumentan sobre la base de recomponer el acceso a los mercados internacionales de crédito. ¿Para qué? Para volver a endeudarse y vivir otro ciclo de apertura y fuga. Por eso desesperan en rogar al gobierno que no sea firme frente a los acreedores, y postulan que lo único conveniente es acceder a sus demandas.

 

 

El Estado

Las preocupaciones del Frente de Todos pasan por otros meridianos: cómo reconstruir una política de crecimiento autónomo, desarrollo, construcción de igualdad. Este proyecto requiere de la intervención del Estado, que ponga fin a la autorregulación mercantil.

La etapa histórica es diferente, pero hay una discusión necesaria en términos del proyecto que hizo posible varias fases de industrialización del país: la sustitución de importaciones. No para su reiteración, sino para pensar desde esa experiencia concreta la construcción de un proyecto económico social hacia el futuro.

María da Conceicao Tavares en su valioso texto De la sustitución de importaciones al capitalismo financiero, describe que durante la primera etapa de la sustitución de importaciones, la expansión de la economía residía en tres frentes: una mayor utilización de la capacidad instalada productiva, la producción de mercancías relativamente independientes del sector externo y la puesta en funcionamiento de empresas que producían bienes que previamente se importaban.

La dinámica descripta puede seguir hasta el límite del aprovechamiento máximo de los recursos internos. Ese aprovechamiento está condicionado a la existencia de divisas que sostengan la importación de bienes intermedios y maquinarias que participan en la producción de los bienes que sustituyeron a otros que antes se importaban. Dice Tavares que “la pauta de importaciones tiende a perder toda su flexibilidad, antes que el proceso de desarrollo haya adquirido suficiente autonomía por el lado de la diversificación de la estructura productiva» y advierte que «el proceso podría seguir mediante una selección rigurosa de divisas”. La autora hace una lectura crítica del proyecto de desarrollo por sustitución de importaciones de carácter piramidal, que comienza sustituyendo los bienes de consumo para avanzar “aguas arriba” hasta la producción de bienes de capital. La restricción externa sobrevendría previa e inevitablemente. Para Tavares la continuidad de una política de sustitución requiere de una posibilidad de previsión y decisión autónomas que sólo le son posibles al Estado, a algunos empresarios innovadores, o a la asociación de ambos. Pero advierte que en el caso de las inversiones de base, estas deben producirse —para evitar la restricción externa— con cierta simultaneidad con las distintas etapas de sustitución, y que las mismas requieren de decisiones gubernamentales, ya sea que el Estado las emprenda en forma directa, ya sea que las delegue en el sector privado.

Estas reflexiones de la intelectual brasileña llevan a desechar la idea de la inversión privada sin direccionamiento estatal como posibilidad de desarrollo, y más aún, del posible rol de los movimientos de capital financiero de corto plazo para financiarla. Privada, pública o mixta, las mismas surgen de la dirección del Estado del proceso económico.

En el régimen de sustitución de importaciones no sólo resulta necesario el impulso de la demanda mediante una mejora en la distribución del ingreso, ni tampoco alcanza  combinarla con una dinámica de crecimiento, sino que requiere de la dirección estatal que modifica los tiempos y los escalones del proceso productivo. Esa intervención no sólo requiere ser hecha en función de dilatar los problemas de falta de divisas, ni tampoco solamente para impulsar las industrias más complejas productoras de bienes de capital, sino también para garantizar una distribución del ingreso que resuelva un significativo cierre de la brecha de desigualdad, lo que provoca una producción de bienes de orden diferente a la de una sociedad con el ingreso concentrado. La redistribución debe ser previa al crecimiento porque si no el perfil productivo queda definido con carácter desajustado si la primera se efectúa con posterioridad. Los bienes que se producen para una distribución no son los mismos que para otra, ni cualitativa, ni cuantitativamente.

Al revés de como dicen los liberales para justificar las políticas de austeridad, no se trata de agrandar la torta para después distribuirla, sino lo contrario: distribuir mejor la tortita chica, para garantizar el crecimiento. Después habrá una torta más grande. Usando el lenguaje de la gente de a pie, como en estas épocas se acostumbra decir, para evitar el uso del concepto de pueblo, sancionado como anacrónico por los creyentes en el fin de la historia. La prioridad de la obsesión por el crecimiento, como variable fundamental del estudio de la economía, no se corresponde con la tradición clásica. Decía el economista más eminente de los fundadores de la disciplina, David Ricardo, que “determinar las leyes que regulan esta distribución (de rentas, beneficios y salarios) es el problema principal de la economía política”.

Los clásicos no omitían la real discusión que ocupa a la sociedad respecto de la economía: la disputa del ingreso. El modelo de crecimiento depende de quién tenga la hegemonía de poder para elegir uno u otro tipo de desenvolvimiento económico. En épocas de la financiarización, la valorización financiera es la forma mediante la cual, con la apertura financiera, el capital especulativo promueve las liberalizaciones para garantizar un vertiginoso ida y vuelta de fondos que extraen rentas con consecuencias de estancamiento económico y redistribución regresiva de ingresos y riquezas.

 

 

Final del juego

El valor del objetivo de establecer las condiciones que cierren el camino a nuevos ciclos de endeudamiento es el instituir las bases de una legalidad que evite que la Argentina vuelva a sufrir las políticas ortodoxas de fuga-deuda-cinturón fiscal. Esa institucionalidad tiene como insumo indispensable las otras dos condiciones que Fernández destacó. También depende de reconstruir una política de desarrollo. Esa política implica la recuperación de estrategias de sustitución de importaciones, engarzadas con otros dispositivos, en los cuales el papel estatal es más relevante.

Cuarenta años después del texto de Tavares, las condiciones de un proyecto nacional, popular y democrático de desarrollo no devienen sólo de su crítica, que planteaba la necesidad de la autonomía de la inversión en la industria de base respecto de la demanda sobre la misma, que implica la decisión estatal de organizarla. El desarrollo tecnológico, que se da en el contexto de una gran disparidad entre el centro y la periferia, acentuó las condiciones de dependencia de las naciones del segundo carácter. Dependencia es otra palabra que intentó ser archivada en el anticuario cuando hoy adquiere una vigencia dramática. Su determinación  mutó desde la posesión, por parte de los países centrales, de la industria de base —que ocupaba ese lugar hace unas décadas— al dominio de la tecnología por esas naciones desarrolladas. La deslocalización productiva primarizó y maquilizó la industria de los países subdesarrollados. El capital privado concentrado no resuelve esta situación en esos países periféricos. Su perspectiva es la reproducción de las especializaciones que sostienen la condición dependiente. Sus empresas articulan, en cadenas globales, las producciones nacionales en los eslabones más atrasados tecnológicamente. A su vez, se engarzan en la valorización financiera y las maniobras de precios de transferencia y fuga de capitales.

Más que ayer, hoy la condición del desarrollo tecnológico propio requiere de un complejo científico-tecnológico estatal con un presupuesto y un programa que se plantee la transformación productiva. Ese objetivo requiere de una participación decisiva del Estado en la decisión de lo que se va a producir en el futuro. El desarrollo con estas características no deviene como resultado de la autorregulación del mercado.

La apertura indiscriminada es incompatible con estos objetivos de independencia. Los dólares resultarán indispensables para emprender ese cometido de autonomía nacional. Una nueva gestión como la de Macri rifaría en cuatro años el esfuerzo que se podría emprender en veinte.

De allí la necesidad de una reforma institucional de fondo en los textos legales que evite que se produzca lo que ocurrió entre 2015 y 2019. Cambio en el régimen financiero, modificación en la legislación de inversiones extranjeras, régimen cambiario y de movimiento de capitales regulado, intervención del Estado en el comercio exterior, reforma tributaria. La pandemia ha revelado la injusticia neoliberal y tiene la conducción efectiva del gobierno de la grave coyuntura, abriendo la posibilidad para una organización adecuada de las transformaciones imprescindibles para hacer realidad la postulación más drástica de Fernández para salir del default en que dejó el gobierno UCR-PRO al país: que la presente reestructuración ponga fin a los ciclos de endeudamiento de la Argentina contemporánea.

21Jun/200

El limite

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Los grandes empresarios prefieren ganar menos si eso significa la corrosión del gobierno democrático

 

El estado de confianza

Una pregunta que se hace frecuentemente la Vicepresidenta Cristina Fernández es por qué durante sus años de gobierno los empresarios embestían contra su política si ganaban mucho dinero por aquéllas épocas. Frente a la dramática pandemia, el Presidente Alberto Fernández les dice hoy a esos grandes empresarios que es el momento de ganar menos que en épocas de normalidad. También se encontró con su rechazo, mediante procederes que confrontan con su política.

Durante los últimos doce años de gobierno nacional y popular, esos empresarios comenzaron a oponerse a las políticas de gobierno. Fue un período donde el empleo había aumentado considerablemente, cayendo la tasa de desocupación de niveles superiores al 20% a otros menores al 7. Ese éxito de la política económica había conducido a una mejora en la distribución del ingreso, producto de un crecimiento salarial, del fortalecimiento sindical y de las condiciones de negociación que brinda una economía con altos niveles de ocupación. Durante ese período del kirchnerismo en el gobierno, el crecimiento de la actividad económica y del empleo tuvo uno de sus pilares en el aumento del gasto público.

El economista Michal Kalecki sostiene en Aspectos políticos del pleno empleo que las razones de la oposición de los “líderes industriales” al pleno empleo obtenido mediante el gasto gubernamental pueden subdividirse en tres categorías:

  1. la resistencia a la interferencia gubernamental en el problema del empleo como tal;
  2. la resistencia a la dirección del gasto gubernamental (inversión pública y subsidio al consumo), y
  3. resistencia a los cambios sociales y políticos resultantes del mantenimiento del pleno empleo.

Son los motivos por las que grandes empresarios miran desconfiadamente y resisten la intervención estatal en la economía. Kalecki dice que las empresas «observan con suspicacia toda ampliación de la actividad estatal, pero la creación de empleo mediante el gasto gubernamental tiene un aspecto especial que hace particularmente intensa la oposición. Bajo un sistema de laissez faire, el nivel del empleo depende en gran medida del llamado estado de la confianza. Si tal estado se deteriora, la inversión privada declina, lo que se traduce en una baja de la producción y el empleo (directamente y a través del efecto secundario de la reducción del ingreso sobre el consumo y la inversión). Esto da a los capitalistas un poderoso control indirecto sobre la política gubernamental; todo lo que pueda sacudir el estado de la confianza debe evitarse cuidadosamente, porque causaría una crisis económica. Pero en cuanto el gobierno aprenda el truco de aumentar el empleo mediante sus propias compras, este poderoso instrumento de control perderá su eficacia. Por lo tanto, los déficits presupuestarios necesarios para realizar la intervención gubernamental deben considerarse peligrosos.

La función social de la doctrina del “financiamiento sano” es hacer el nivel del empleo dependiente del estado de la confianza. Esta ajustada reflexión del intelectual polaco atiende las preguntas y vivencias de Cristina y Alberto Fernández. La intervención estatal le quita el control del poder gubernamental al empresariado concentrado, es por eso que se oponen a ella. El apoyo del poder económico concentrado a las políticas de disciplinamiento fiscal tiene el mismo objetivo: amputarle una herramienta de poder político a los gobiernos electos por el pueblo. Así, el combate al déficit fiscal, responsabilizándolo de la inflación, persigue el objetivo de sustraerle al gobierno su capacidad de generar empleo y crecimiento. Kalecki avanza aún más en esta línea de razonamiento, asignándole a la resistencia empresaria más intensidad cuando el dinero gastado por el Estado se dirige a la inversión pública o al subsidio del consumo masivo. Respecto de la primera, observa que los dueños del mercado perciben “el peligro de que el gobierno se vea tentado eventualmente… a nacionalizar el transporte o los servicios públicos para ganar una esfera nueva donde realizar su inversión”.

 

 

De presiones y corporaciones

“La intervención y proyecto de expropiación de Vicentin SAIC por parte del Gobierno Nacional es una señal contraria a la necesidad de recrear la confianza en la Argentina. La confianza es imprescindible para promover la inversión privada, sin la que no será posible reactivar la economía y generar empleos formales”, declama el Foro de Convergencia Empresarial. Taxativamente, aparece la idea del estado de confianza, típica del liberalismo y su peor versión neo, como razón de su oposición a la estatización del grupo empresario. No importan las irregularidades en el marco de las cuales se endeudó con la banca pública, ni la venta de acciones de una de sus principales compañías hecha unos días antes de declarar su cesación de pagos, ni la sospecha de triangulaciones, fuga de capitales y lavado por las que la UIF pidió su inclusión como querellante en la investigación penal que la empresa mereció. Ni tampoco la situación de los productores y proveedores que quedaron sin cobrar, ni el perjuicio al Banco Nación, ni la necesaria explicación sobre la irrazonable reversión de una situación de expansión y prosperidad a otra de insolvencia. Lo que le quita el sueño al empresariado concentrado es que el Estado intervenga en la economía.

Otro agrupamiento de los conglomerados más poderosos del país se refiere en términos aún más graves y detallados. La AEA sostiene que “la estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina”. Más claro, echarle agua. Abogan porque el Estado prescinda de cualquier actividad empresaria, con una mención específica al comercio exterior, el ámbito de la economía de donde provienen y se gastan las divisas que son el insumo clave para el desenvolvimiento del proceso económico. Se confirma la apreciación de Kalecki, los grandes empresarios prefieren ganar menos si eso significa la corrosión del poder político de los gobiernos democráticos. Así es, el liberalismo económico y su versión neo y extrema no aceptan la potestad del poder popular para disciplinar y organizar la vida económica. Por el contrario, mediante la prédica del estado de confianza invierten los papeles y se proponen disciplinar a la sociedad y al mismo Estado.

Esos grupos empresarios tienen sus intelectuales orgánicos, que comulgan con sus ideas y acompañan sus modos de presionar. El editorialista estrella del diario liberal-conservador La Nación ha emprendido un ataque al gobierno que se vale de la tergiversación conceptual e incluye la inadecuación intencional del lenguaje: cuando recurre al término confiscación sustituye al de expropiación como si fueran sinónimos, siendo que la Constitución argentina no admite la primera y sí la segunda. En un artículo posterior, avanza en cuestionar y amalgamar en una sola crítica tanto las decisiones sobre Vicentin, como el no avenimiento a las exigencias de los acreedores externos y la amenaza de Latam de dejar de operar en Argentina. El orador de Odisea argentina afirma que “en rigor, es una expulsión. Latam sufre la crisis universal de todas las compañías aéreas, lo que la obligó a reestructurar su esquema salarial en los países donde opera. Pudo hacerlo en Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Pero no en la Argentina, por negativa de los sindicatos, que son los de Aerolíneas Argentinas”. El juego del lenguaje le sirve para distorsionar hechos, califica como razonables una serie de países que han desplegado políticas neoliberales, mientras apunta que la existencia de sindicatos fuertes que impiden el retrocesos sobre los derechos laborales de sus afiliados es la razón para que las empresas abandonen el país, mientras a esa decisión empresaria de irse por no aceptar el régimen laboral argentino, la convierte en expulsión.

En la misma nota critica la actitud del ministro Guzmán de limitar las concesiones a los acreedores. Para los neoliberales, empresarios o intelectuales, la solución al tema del endeudamiento parece ser el avenimiento a las condiciones impuestas por grandes fondos del capital financiero especulativo internacional. No entienden lo que es una negociación. El maestro Aldo Ferrer tenía la vocación de reiterar que cuando un país se dispone a negociar su deuda con voluntad y firmeza, debe bregar por alcanzar un acuerdo pero siempre existe la alternativa de no alcanzarlo, porque si no existiera la opción de no acordar la negociación dejaría de ser tal para convertirse en subordinación. Así ocurrió cuando el vergonzoso acuerdo con los Buitres. La esencia de una negociación está en la posibilidad de considerar como inaceptables determinadas condiciones que se le quieren imponer al país.

 

 

¿Quién dirige?

También en el mismo diario, el consultor-editorialista Berensztein opina en una nota escrita en un tono agresivo de campaña antigubernamental que “no tiene asidero que la expropiación de Vicentin permita mejorar la regulación de la industria, evitar los supuestos excesos de otros jugadores o ayudar a los pequeños productores: se trata de una incongruente manera de intervenir en el sector más competitivo del país como lo es la cadena agroindustrial. Esta decisión podría disparar nuevos mecanismos dirigistas y autoritarios para controlar el mercado de alimentos”. Justamente la expropiación de Vicentin tiene asidero porque permitiría la intervención regulatoria sobre la exportación de granos, con un rol de empresa testigo y la capacidad de defender a los productores. Una empresa pública en el sector podría recuperar la transparencia y combatir prácticas de precios de transferencia, triangulaciones y de desestabilización de la política cambiaria del gobierno. El objetivo central de la misma no sería la rentabilidad privada, sino la utilidad pública con dinámicas que protejan a los productores, al consumo popular, y con una política expansiva dirigida a ocupar un espacio en el sector que garantice la posibilidad el cumplimiento de sus metas. La empresa podría ser estatal o mixta, incluyendo cooperativas y productores, a condición de que su forma societaria garantice la centralidad de los objetivos reguladores y no la obtención de ganancias. Ese sector exportador requiere de la presencia de una empresa de esas características.

Es absolutamente cierto que una participación más activa del Estado en la vida económica implicará el sostenimiento de un nivel importante del gasto público. Una política de este tipo se condice con alcanzar un régimen permanente de pleno empleo. El estado de confianza y la política de pleno empleo son antagónicos. El primero requiere de un predominio del capital sobre el trabajo, que tiene como instrumento clave un nivel de desocupación que atemorice y desestimule la disputa sindical. El proyecto político que pregona el neoliberalismo, de una economía de exclusividad privada, tiene el objetivo de expulsar la vida económica de la decisión democrática. Esta es la razón fundamental del pronunciamiento corporativo de los grupos económicos contra la estatización de Vicentin. La cuestión tiene una centralidad política fundamental. El poder económico concentrado resiste la intervención del Estado en la economía porque pretende impedir el despliegue de un programa de gobierno que modifique las condiciones de vida y las relaciones entre sectores sociales en el país. Los neoliberales y el poder concentrado convirtieron la disputa por la cuestión Vicentin en un caso líder. Desafían al artículo 17 de la Constitución Nacional. No están dispuestos a aceptar ninguna expropiación. Naturalizan la herencia de la valorización financiera y las privatizaciones.

La inconstitucional pretensión de ilegalizar de hecho las expropiaciones es impositiva de la idea de derecho de propiedad sin límite. Arrogarse la exclusividad de dirección, el control y la conducción de las empresas, no es otra cosa que darle al actual diseño de país el carácter de estado de naturaleza sin posibilidad de cambio alguno. Predomina en ellos la obsesión de que la salida de la pandemia no altere las condiciones de reproducción del capitalismo de la financiarización, generador de desigualdad, que desplegaron la dictadura, los ’90 y el gobierno de Macri.

La condición humana requiere el reconocimiento del otro, que significa poner en primer lugar la vida. La propia y la del otro. Ese reconocimiento implica un límite. El derecho de propiedad no puede ir contra la vida misma. El derecho de propiedad, entonces, tiene un límite. El reclamo por abrir la actividad económica en plena pandemia para garantizar ganancias es desconocer el derecho a la vida de los semejantes. El derecho de propiedad tampoco puede preceder al ejercicio de autonomía y de autogobierno de un pueblo. El derecho de propiedad, si no es limitado, si no se construye socialmente, si se lo concibe previo a la organización social, es un autoritarismo de clase. En cambio la expropiación por utilidad pública constituye una garantía para proteger el bien común. La dirección de la economía por parte del gobierno es democratización de la vida social.

Si la Argentina puede encarar un proyecto de pleno empleo de carácter estructural, de sustancial mejora de la distribución del ingreso y de abandono de un consumismo desenfrenado, desarrollando nuevas instituciones sociales y políticas, podrá incorporar una reforma fundamental. Si en cambio persiste una dinámica de financiarización, concentración y extranjerización de la economía, la pobreza social, económica, cultural y espiritual reinará sobre la vida del país. Esta contradicción se juega en el presente, porque la oligarquía diversificada y el capital financiero radicalizaron su conducta para impedir que el Frente de Todos gobierne con la política para la que fue votado.

14Jun/200

UTILIDAD PÚBLICA

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Las triangulaciones y precios de transferencia justifican la intervención estatal en el sector

 

Hay cuestiones clave que una política de desarrollo de carácter nacional y popular debe resolver en la Argentina. Recientemente se ha distribuido el informe del Banco Central sobre la fuga de capitales durante el gobierno de Macri, de 86.000 millones de dólares. Las cuestiones de evitar la fuga y el endeudamiento resultan centrales junto a otras como el empleo, la disposición de divisas para sostener las importaciones necesarias para un proyecto de industrialización y diversificación productiva y la posibilidad de direccionar el crédito en función de promover las áreas y objetivos de esa política. El desarrollo además está estrechamente unido al objetivo de la integración regional de la Nación.

El debate sobre la decisión del gobierno nacional de rescatar la empresa Vicentin mediante la intervención y la expropiación incluye la discusión sobre todos estos tópicos. El grupo empresario en cesación de pagos y concurso de acreedores ha sido un actor de importancia en el comercio exterior de productos primarios y agroindustriales (10% del comercio de granos), ocupa miles de trabajadores y está endeudado con miles de productores. Uno de los principales acreedores es el Banco Nación y además es deudor del Banco Provincia y otras entidades financieras públicas. El impacto del derrumbe de Vicentin afecta el nivel de empleo y resiente la actividad en una región que abarca la provincia de Santa Fe, la de Córdoba y de Buenos Aires. Atender a resolver todas estas cuestiones constituye un tema clave para un proyecto de desarrollo. La  continuidad de la empresa tiene sobradas razones de utilidad pública.

Por eso la decisión del gobierno de intervenir Vicentin y enviar un proyecto de ley para su expropiación resulta adecuada y pertinente. Una de las razones que la hacen necesaria es atender a la defensa de las acreencias de la banca pública. Porque a pesar de la cuestionable gestión durante el último período neoliberal, la banca pública es un instrumento vital de un proyecto nacional. Sus roles de banca testigo, de fomento, su despliegue territorial y su papel en la orientación del crédito en función de objetivos que no se sustentan en la ganancia sino en la promoción del desarrollo, son indispensables para una política económica orientada a alcanzarlo. La atención de urgencias como la emergencia vivida hoy con el Covid-19, frente a la cual fue la banca pública la primera en acudir con el apoyo crediticio necesario para sostener la imprescindible cuarentena, es una muestra de su papel irremplazable.

Por otra parte, las medidas decididas por el gobierno para el rescate de Vicentin crearían una herramienta cuya existencia está puesta en el debate público. Una empresa que podrá tener una presencia para incidir en la transparencia de los precios, como así también en las condiciones de liquidación de divisas impidiendo procesos especulativos de retención que impactan en expectativas cambiarias y macroeconómicas. Esta última cuestión es de importancia clave, ya que las divisas constituyen un insumo estratégico para un proyecto de economía diversificada, y la restricción de su disposición una dificultad que exige el mayor cuidado regulatorio por parte del Estado.

El sector de exportación de commodities está hoy concentrado en operadores privados de gran dimensión y que realizan operaciones que detraen ingresos tributarios, como así también constituyen formas adicionales de fuga de capitales no captadas en los cálculos tradicionales, como la utilización de triangulaciones y precios de transferencia. En el documento de trabajo del CEFID-AR La manipulación de los precios de transferencia (supervisado por Jorge Gaggero), Verónica Grondona los define como “los precios a los que se realizan transacciones entre entidades vinculadas; aunque esta definición implica reconocer la existencia de un ‘precio’, de un contrato entre partes jurídicamente independientes, algo que no se cumple hacia el interior de un grupo económico”. Grondona afirma que las empresas multinacionales abusan del sistema imperante mediante la estructuración compleja de esquemas de precios de transferencia utilizando el pasaje de mercancías por “guaridas fiscales”.

Los socios de la empresa Vicentin crearon una sociedad en Uruguay con el mismo nombre. La creación de este tipo de sociedades suele tener el objetivo de facturar ventas de commodities agrarios que son despachados a otros destinos. la triangulación es una práctica habitual en el comercio exterior de granos. Los precios de transferencia operan, como describe Magdalena Rua en el documento de trabajo del CEFID-AR Los facilitadores, sus modos de acción, “mediante el mecanismo de triangulación, que refiere a la utilización de entidades ubicadas en países de nula o baja tributación que actúan como intermediarias en las operaciones con clientes finales vinculados o no vinculados (ver Grondona, 2014). Usualmente este mecanismo es empleado por empresas exportadoras o importadoras que utilizan un intermediario (trader) para la operación. En los casos fiscalizados por la AFIP, se ha comprobado que los precios de estas operaciones resultaban más bajos que los del mercado; que el pago de las operaciones provenía, en un gran porcentaje, desde una tercera jurisdicción con flexibilidad cambiaria (ni la de la empresa local, ni la del trader)”.

El funcionamiento del mercado granario argentino hace estratégica la presencia de una empresa pública en esa actividad. Ayuda a la transparencia y a poner un límite a comportamientos especulativos. Constituye una posibilidad de crear también nuevas condiciones que restrinjan estos métodos de evasión fiscal.

Pero para la AEA, “la estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina”. Así la asociación de los mayores empresarios de Argentina pretende sancionar que no debe haber empresas públicas, y que los propietarios privados son los únicos habilitados para controlar, dirigir y administrar empresas. Es el criterio de la autorregulación del neoliberalismo privatizador. Luego de cuatro años de desastre económico provocado por el último experimento de ese tipo, la defensa de los intereses particulares de minorías oligárquicas se expresa en esas posiciones. No quieren empresas públicas, y señalan específicamente el comercio exterior como ámbito inexpugnable para la empresa privada. Tampoco, por lo que expresan, les interesa el rol de la banca pública, y por lo tanto no les preocuparía arbitrar las medidas para que recupere sus créditos. Pero es necesario que este sector respete la voluntad popular que eligió un gobierno que tiene un programa para una Argentina más igualitaria y solidaria, y que posee la potestad de elegir el camino que entienda más productivo para cumplir con el mandato. La Constitución Nacional en su artículo 17 prevé la expropiación por utilidad pública aprobada por el Congreso. Además, incluye los pactos internacionales que disponen la vigencia del derecho al desarrollo. Este es el marco legal vigente y no el precepto declamado por la AEA.

En la Argentina hubo distintos momentos de intervención en el Comercio Exterior. Los gobiernos conservadores de los años posteriores a la crisis de 1930 establecieron las Juntas Reguladoras que tenían la misión de administrar  los precios y defender a los sectores agrarios de los efectos de la depresión en esa época. En la segunda posguerra el peronismo creó el IAPI para contraponerlo a los organismos estatales de los países centrales que establecían precios bajos para los productos primarios mientras subían los de los industriales. El IAPI también pretendía eliminar el agobio sobre los productores que imponían los intermediarios y acopiadores, mientras buscaba una administración de las divisas que favoreciera un proyecto industrializador (Mario Rapoport, Historia política y social de la Argentina).

La dinámica actual del comercio de granos tiene otro dispositivo que requiere transformarse, su desenvolvimiento es una economía muy concentrada y privatizada. Esa dinámica de triangulaciones y precios de transferencia necesita de la intervención estatal en ese sector. La presencia de una empresa pública, de carácter estatal o mixta, o estatal-cooperativa, pero cuyos objetivos –en el marco de una administración eficaz— no estén guiados sólo por la rentabilidad sino también para mejorar el funcionamiento del comercio exterior.

Vicentin se desenvolvió con un gran crecimiento e importantes beneficios en los años anteriores a su entrada en cesación de pagos. Se visualiza que sus propietarios construyeron un grupo extendido de subsidiarias desplegadas internacionalmente. Esa es una estrategia compatible con la realización de operaciones de triangulación.

Esta política empresaria y la sorpresiva reversión de su tendencia exitosa, sin la existencia de razones macroeconómicas que expliquen un stress financiero ya que los créditos de prefinanciación responden a exportaciones que se cobran en dólares, junto a las irregularidades verificadas en las relaciones entre la firma y el BNA en el año 2019, originaron una investigación penal judicial y otra de carácter administrativo. Esta semana la UIF se sumó como querellante con el objetivo de investigar lavado y fuga de divisas.

La política de liberalizaciones del gobierno de Macri eliminó la obligación de liquidar divisas, a la vez que no introdujo regulaciones prudenciales adecuadas en el mercado de granos. Otorgó todas las facilidades para la fuga de capitales al exterior. Fue el marco adecuado para acontecimientos como el registrado por Vicentin.

Las irregularidades investigadas por la presunción de comportamientos de fuga de capitales, la inexistencia de una previsible salida para el grupo que no implique su extranjerización y el carácter estratégico del Comercio Exterior justifican plenamente la decisión del gobierno de emprender el rescate de la empresa mediante el recurso de la expropiación. Solamente la Sociedad Rural y la CRA se han pronunciado contra la medida. El resto de las organizaciones de productores, que van desde CONINAGRO y la FAA hasta las organizaciones campesinas como el FNC, el MNCI, la UTT y el MTE, han apoyado el rumbo emprendido