El estado de confianza

Una pregunta que se hace frecuentemente la Vicepresidenta Cristina Fernández es por qué durante sus años de gobierno los empresarios embestían contra su política si ganaban mucho dinero por aquéllas épocas. Frente a la dramática pandemia, el Presidente Alberto Fernández les dice hoy a esos grandes empresarios que es el momento de ganar menos que en épocas de normalidad. También se encontró con su rechazo, mediante procederes que confrontan con su política.

Durante los últimos doce años de gobierno nacional y popular, esos empresarios comenzaron a oponerse a las políticas de gobierno. Fue un período donde el empleo había aumentado considerablemente, cayendo la tasa de desocupación de niveles superiores al 20% a otros menores al 7. Ese éxito de la política económica había conducido a una mejora en la distribución del ingreso, producto de un crecimiento salarial, del fortalecimiento sindical y de las condiciones de negociación que brinda una economía con altos niveles de ocupación. Durante ese período del kirchnerismo en el gobierno, el crecimiento de la actividad económica y del empleo tuvo uno de sus pilares en el aumento del gasto público.

El economista Michal Kalecki sostiene en Aspectos políticos del pleno empleo que las razones de la oposición de los “líderes industriales” al pleno empleo obtenido mediante el gasto gubernamental pueden subdividirse en tres categorías:

1. la resistencia a la interferencia gubernamental en el problema del empleo como tal;
2. la resistencia a la dirección del gasto gubernamental (inversión pública y subsidio al consumo), y
3. resistencia a los cambios sociales y políticos resultantes del mantenimiento del pleno empleo.

Son los motivos por las que grandes empresarios miran desconfiadamente y resisten la intervención estatal en la economía. Kalecki dice que las empresas «observan con suspicacia toda ampliación de la actividad estatal, pero la creación de empleo mediante el gasto gubernamental tiene un aspecto especial que hace particularmente intensa la oposición. Bajo un sistema de laissez faire, el nivel del empleo depende en gran medida del llamado estado de la confianza. Si tal estado se deteriora, la inversión privada declina, lo que se traduce en una baja de la producción y el empleo (directamente y a través del efecto secundario de la reducción del ingreso sobre el consumo y la inversión). Esto da a los capitalistas un poderoso control indirecto sobre la política gubernamental; todo lo que pueda sacudir el estado de la confianza debe evitarse cuidadosamente, porque causaría una crisis económica. Pero en cuanto el gobierno aprenda el truco de aumentar el empleo mediante sus propias compras, este poderoso instrumento de control perderá su eficacia. Por lo tanto, los déficits presupuestarios necesarios para realizar la intervención gubernamental deben considerarse peligrosos.

La función social de la doctrina del “financiamiento sano” es hacer el nivel del empleo dependiente del estado de la confianza. Esta ajustada reflexión del intelectual polaco atiende las preguntas y vivencias de Cristina y Alberto Fernández. La intervención estatal le quita el control del poder gubernamental al empresariado concentrado, es por eso que se oponen a ella. El apoyo del poder económico concentrado a las políticas de disciplinamiento fiscal tiene el mismo objetivo: amputarle una herramienta de poder político a los gobiernos electos por el pueblo. Así, el combate al déficit fiscal, responsabilizándolo de la inflación, persigue el objetivo de sustraerle al gobierno su capacidad de generar empleo y crecimiento. Kalecki avanza aún más en esta línea de razonamiento, asignándole a la resistencia empresaria más intensidad cuando el dinero gastado por el Estado se dirige a la inversión pública o al subsidio del consumo masivo. Respecto de la primera, observa que los dueños del mercado perciben “el peligro de que el gobierno se vea tentado eventualmente… a nacionalizar el transporte o los servicios públicos para ganar una esfera nueva donde realizar su inversión”.

De presiones y corporaciones

“La intervención y proyecto de expropiación de Vicentin SAIC por parte del Gobierno Nacional es una señal contraria a la necesidad de recrear la confianza en la Argentina. La confianza es imprescindible para promover la inversión privada, sin la que no será posible reactivar la economía y generar empleos formales”, declama el Foro de Convergencia Empresarial. Taxativamente, aparece la idea del estado de confianza, típica del liberalismo y su peor versión neo, como razón de su oposición a la estatización del grupo empresario. No importan las irregularidades en el marco de las cuales se endeudó con la banca pública, ni la venta de acciones de una de sus principales compañías hecha unos días antes de declarar su cesación de pagos, ni la sospecha de triangulaciones, fuga de capitales y lavado por las que la UIF pidió su inclusión como querellante en la investigación penal que la empresa mereció. Ni tampoco la situación de los productores y proveedores que quedaron sin cobrar, ni el perjuicio al Banco Nación, ni la necesaria explicación sobre la irrazonable reversión de una situación de expansión y prosperidad a otra de insolvencia. Lo que le quita el sueño al empresariado concentrado es que el Estado intervenga en la economía.

Otro agrupamiento de los conglomerados más poderosos del país se refiere en términos aún más graves y detallados. La AEA sostiene que “la estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina”. Más claro, echarle agua. Abogan porque el Estado prescinda de cualquier actividad empresaria, con una mención específica al comercio exterior, el ámbito de la economía de donde provienen y se gastan las divisas que son el insumo clave para el desenvolvimiento del proceso económico. Se confirma la apreciación de Kalecki, los grandes empresarios prefieren ganar menos si eso significa la corrosión del poder político de los gobiernos democráticos. Así es, el liberalismo económico y su versión neo y extrema no aceptan la potestad del poder popular para disciplinar y organizar la vida económica. Por el contrario, mediante la prédica del estado de confianza invierten los papeles y se proponen disciplinar a la sociedad y al mismo Estado.

Esos grupos empresarios tienen sus intelectuales orgánicos, que comulgan con sus ideas y acompañan sus modos de presionar. El editorialista estrella del diario liberal-conservador La Nación ha emprendido un ataque al gobierno que se vale de la tergiversación conceptual e incluye la inadecuación intencional del lenguaje: cuando recurre al término confiscación sustituye al de expropiación como si fueran sinónimos, siendo que la Constitución argentina no admite la primera y sí la segunda. En un artículo posterior, avanza en cuestionar y amalgamar en una sola crítica tanto las decisiones sobre Vicentin, como el no avenimiento a las exigencias de los acreedores externos y la amenaza de Latam de dejar de operar en Argentina. El orador de Odisea argentina afirma que “en rigor, es una expulsión. Latam sufre la crisis universal de todas las compañías aéreas, lo que la obligó a reestructurar su esquema salarial en los países donde opera. Pudo hacerlo en Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Pero no en la Argentina, por negativa de los sindicatos, que son los de Aerolíneas Argentinas”. El juego del lenguaje le sirve para distorsionar hechos, califica como razonables una serie de países que han desplegado políticas neoliberales, mientras apunta que la existencia de sindicatos fuertes que impiden el retrocesos sobre los derechos laborales de sus afiliados es la razón para que las empresas abandonen el país, mientras a esa decisión empresaria de irse por no aceptar el régimen laboral argentino, la convierte en expulsión.

En la misma nota critica la actitud del ministro Guzmán de limitar las concesiones a los acreedores. Para los neoliberales, empresarios o intelectuales, la solución al tema del endeudamiento parece ser el avenimiento a las condiciones impuestas por grandes fondos del capital financiero especulativo internacional. No entienden lo que es una negociación. El maestro Aldo Ferrer tenía la vocación de reiterar que cuando un país se dispone a negociar su deuda con voluntad y firmeza, debe bregar por alcanzar un acuerdo pero siempre existe la alternativa de no alcanzarlo, porque si no existiera la opción de no acordar la negociación dejaría de ser tal para convertirse en subordinación. Así ocurrió cuando el vergonzoso acuerdo con los Buitres. La esencia de una negociación está en la posibilidad de considerar como inaceptables determinadas condiciones que se le quieren imponer al país.

¿Quién dirige?

También en el mismo diario, el consultor-editorialista Berensztein opina en una nota escrita en un tono agresivo de campaña antigubernamental que “no tiene asidero que la expropiación de Vicentin permita mejorar la regulación de la industria, evitar los supuestos excesos de otros jugadores o ayudar a los pequeños productores: se trata de una incongruente manera de intervenir en el sector más competitivo del país como lo es la cadena agroindustrial. Esta decisión podría disparar nuevos mecanismos dirigistas y autoritarios para controlar el mercado de alimentos”. Justamente la expropiación de Vicentin tiene asidero porque permitiría la intervención regulatoria sobre la exportación de granos, con un rol de empresa testigo y la capacidad de defender a los productores. Una empresa pública en el sector podría recuperar la transparencia y combatir prácticas de precios de transferencia, triangulaciones y de desestabilización de la política cambiaria del gobierno. El objetivo central de la misma no sería la rentabilidad privada, sino la utilidad pública con dinámicas que protejan a los productores, al consumo popular, y con una política expansiva dirigida a ocupar un espacio en el sector que garantice la posibilidad el cumplimiento de sus metas. La empresa podría ser estatal o mixta, incluyendo cooperativas y productores, a condición de que su forma societaria garantice la centralidad de los objetivos reguladores y no la obtención de ganancias. Ese sector exportador requiere de la presencia de una empresa de esas características.

Es absolutamente cierto que una participación más activa del Estado en la vida económica implicará el sostenimiento de un nivel importante del gasto público. Una política de este tipo se condice con alcanzar un régimen permanente de pleno empleo. El estado de confianza y la política de pleno empleo son antagónicos. El primero requiere de un predominio del capital sobre el trabajo, que tiene como instrumento clave un nivel de desocupación que atemorice y desestimule la disputa sindical. El proyecto político que pregona el neoliberalismo, de una economía de exclusividad privada, tiene el objetivo de expulsar la vida económica de la decisión democrática. Esta es la razón fundamental del pronunciamiento corporativo de los grupos económicos contra la estatización de Vicentin. La cuestión tiene una centralidad política fundamental. El poder económico concentrado resiste la intervención del Estado en la economía porque pretende impedir el despliegue de un programa de gobierno que modifique las condiciones de vida y las relaciones entre sectores sociales en el país. Los neoliberales y el poder concentrado convirtieron la disputa por la cuestión Vicentin en un caso líder. Desafían al artículo 17 de la Constitución Nacional. No están dispuestos a aceptar ninguna expropiación. Naturalizan la herencia de la valorización financiera y las privatizaciones.

La inconstitucional pretensión de ilegalizar de hecho las expropiaciones es impositiva de la idea de derecho de propiedad sin límite. Arrogarse la exclusividad de dirección, el control y la conducción de las empresas, no es otra cosa que darle al actual diseño de país el carácter de estado de naturaleza sin posibilidad de cambio alguno. Predomina en ellos la obsesión de que la salida de la pandemia no altere las condiciones de reproducción del capitalismo de la financiarización, generador de desigualdad, que desplegaron la dictadura, los ’90 y el gobierno de Macri.

La condición humana requiere el reconocimiento del otro, que significa poner en primer lugar la vida. La propia y la del otro. Ese reconocimiento implica un límite. El derecho de propiedad no puede ir contra la vida misma. El derecho de propiedad, entonces, tiene un límite. El reclamo por abrir la actividad económica en plena pandemia para garantizar ganancias es desconocer el derecho a la vida de los semejantes. El derecho de propiedad tampoco puede preceder al ejercicio de autonomía y de autogobierno de un pueblo. El derecho de propiedad, si no es limitado, si no se construye socialmente, si se lo concibe previo a la organización social, es un autoritarismo de clase. En cambio la expropiación por utilidad pública constituye una garantía para proteger el bien común. La dirección de la economía por parte del gobierno es democratización de la vida social.

Si la Argentina puede encarar un proyecto de pleno empleo de carácter estructural, de sustancial mejora de la distribución del ingreso y de abandono de un consumismo desenfrenado, desarrollando nuevas instituciones sociales y políticas, podrá incorporar una reforma fundamental. Si en cambio persiste una dinámica de financiarización, concentración y extranjerización de la economía, la pobreza social, económica, cultural y espiritual reinará sobre la vida del país. Esta contradicción se juega en el presente, porque la oligarquía diversificada y el capital financiero radicalizaron su conducta para impedir que el Frente de Todos gobierne con la política para la que fue votado.