Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

26Jul/200

JUGAR CON FUEGO

Publicado por admin

El sistema financiero chino se abre por completo debido a la presión de Estados Unidos

POR JORGE MOLINERO  
          

Hace pocos meses los chinos habían informado sus planes para introducir una “Moneda Digital” (El Cohete, 24.05.2020). Ahora dejan trascender el proyecto de crear bancos de inversión “del tamaño de portaaviones”. Hasta el momento el sector financiero chino está dominado por instituciones bancarias estatales. Tanto el People Bank of China (su banco central) como los bancos comerciales Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB), Agricultural Bank of China (ABC), y Bank of China (BOC), son estatales y dominan ampliamente la escena. ¿Cuál es la razón para desarrollar bancos de inversión y cuál la diferencia con los bancos comerciales?

 

 

La ley Glass-Steagal de Roosevelt

La separación entre bancos de inversión y bancos comerciales se produce en 1933 por la promulgación de la Ley Glass-Steagal, para evitar los excesos de especulación que llevaron a la crisis de 1929.

Desde 1922 los bancos norteamericanos invertían frenéticamente en el mercado de valores, contribuyendo a una exuberancia irracional en su valor, con crecientes apalancamientos de compras. Cuando el mercado de valores se derrumbó en octubre de 1929, los depositantes en tropel quisieron retirar sus fondos. También pidieron oro a cambio del dinero, casi agotando la Reserva Federal. En el pánico bancario que siguió al crack de la bolsa de Wall Street quebraron más de 4.000 bancos. No sólo quebraron los bancos insolventes que se habían apalancado en los ahorros de sus clientes comerciales sino también muchos prudentes bancos que no soportaron los súbitos retiros de depósitos.

En marzo de 1933, el nuevo Presidente Roosevelt declaró un feriado bancario de cuatro días para dictar la ley conocida como Glass-Steagal, que eliminó la convertibilidad del dólar en oro, prohibió a los bancos comerciales hacer operaciones riesgosas en el mercado de valores bursátiles, vedó a los bancos de inversión tener participación mayoritaria en los bancos comerciales, obligó a encontrar fuentes de fondos separadas de los depositantes comerciales, prohibió a los funcionarios bancarios pedir préstamos excesivos de su propio banco y dio plazo de un año para decidir si se convertirían en bancos de inversión o comerciales. La ley había creado un muro anti-incendio entre ambas bancas, con el propósito de defender los ahorros que los ciudadanos depositaban en los bancos comerciales, los que pasaron a tener una garantía estatal hasta cierto monto. Cuando los bancos reabrieron tras el largo feriado bancario, la corrida había cesado y a poco comenzaba la recuperación con el conjunto de medidas del New Deal. El capital financiero fue relegado y se mantendría debilitado y en un segundo plano por varias décadas.

A partir de Reagan se comienzan a relajar las medidas de regulación financiera y en 1999, bajo Clinton, se deroga formalmente la ya no respetada ley Glass-Steagal, produciendo una nueva y creciente exuberancia especulativa que tuvo su mayor expresión en 2008 con la crisis de las hipotecas basura o sub-prime.

Los bancos e instituciones “de inversión” se ocupan de las finanzas corporativas y los fondos líquidos de personas muy acaudaladas, clientes que no se contentan con las tasas de interés ofrecidas por los bancos comerciales y asumen mayores riesgos. Sus principales operaciones son suscripción de emisión de valores, fusiones y adquisiciones, negocios de futuros, fondos mutuos, fondos de cobertura (hedge funds) y similares. Las compras apalancadas y el abuso de los derivados financieros han reiterado, una y otra vez, las corridas especulativas que la ley de 1933 evitó por muchos años.

China ha tenido especulaciones financieras que derivaron en caídas importantes de sus bolsas a mediados de 2015 y modificaciones reglamentarias posteriores llevaron a un esquema de separación similar a la ley norteamericana de 1933. ¿Por qué ahora quieren modificar sus propias restricciones a la banca de inversión? ¿Cómo proponen llevar adelante esta etapa de financiarización del sector?

La principal razón es la letra chica de los acuerdos parciales (Etapa 1) acordados bajo la implacable presión de Estados Unidos, por la que se comprometen a abrir totalmente el mercado de capitales antes de fin de 2020. De estos acuerdos han trascendido en  la Argentina el compromiso de mayores compras de soja a Estados Unidos, pero hay otros que indican la magnitud de la presión de Estados Unidos y la debilidad relativa de China. La apertura financiera es una de ellas.

Para contrarrestar el ingreso de bancos de inversión internacionales los chinos están diseñando instrumentos que le permitan tener el lugar ocupado con “campeones nacionales” para cuando aquellos entren en escena. Una pista de los cambios se puede rastrear en la creación de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China (CBIRC) en 2018 o en la repetición en la prensa de la necesidad de estudiar los “bancos universales”, palabras en código para anticipar la movida por think tanks representantes de la fracción más pro-mercado dentro del PCCh.

Recientemente el semanario financiero chino Caixin Weekly informó que la CBIRC daría licencia a algunos bancos comerciales para realizar operaciones propias de la banca de inversión, para canalizar los excedentes de corporaciones y los nuevos ricos que el desarrollo vertiginoso de China ha creado en estos años. De acuerdo a la probada táctica china de ensayo y error, las autoridades están pensando en comenzar un plan piloto, como el que se lleva a cabo con la moneda digital.

Las aseguradoras y bancos chinos son de los más grandes del mundo pero sus instituciones para el manejo de bolsa son pequeñas a escala mundial. Las operaciones de Goldman Sachs igualan al conjunto de los más de 130 corredores chinos, según China Securities Journal.

Hasta ahora el banco candidato para la etapa piloto es el estatal ICBC, el banco comercial más grande del mundo. Hay dos empresas estatales (SOEs por sus siglas en inglés) que se anotan para banca de inversión: Citic Group (no confundir con el Citigroup americano) y Everbright Group.

Citic Group controla el Citic Bank, con un valor de mercado equivalente a U$D 31,2 miles de millones. La posible fusión con otros corredores llevaría el valor del grupo por sobre los U$D 82.000 millones.

La bolsa de Shanghai, la más importante del país y una de las principales del mundo, ha sido testigo del incremento del valor de las acciones de Citic y Everbright, en una anticipada especulación que formarían parte del “portaaviones” que ya descuenta el mercado de valores chino. La cotización total de las acciones chinas han subido recientemente a U$D 9,7 billones (trillions), casi el nivel máximo obtenido en junio de 2015 de U$D 10 billones (trillions). La bolsa de Shanghai exhibe cotizaciones muy elevadas a pesar del deterioro de sus bases fundamentales (“fundamentals”) por la pandemia. Al igual que en las bolsas de Estados Unidos por otras razones, son conductas alimentadas por actores que pueden llegar a desestabilizar el modelo de crecimiento sin crisis durante cuarenta años.

 

 

La industria financiera

¿Qué es la “industria financiera”, como gustan llamarla los norteamericanos? Es el nombre que le han puesto al capital financiero para embellecer su función, legalizándola como “creadora de valor” y pretendiendo contribuir con sus “innovaciones” al crecimiento del PBI. Los grandes salarios de los ejecutivos financieros, como las fabulosas ganancias del sector, por arriba de la tasa de ganancias del sector industrial en su conjunto, serían la representación “correcta” de las “extraordinarias” contribuciones del mismo al crecimiento nacional. Sin embargo la desviación de los excedentes hacia esquemas financieros en vez de inversión productiva ha coincidido con una reducción de la tasa de crecimiento respecto al período de posguerra. Keynes distinguió las esferas financieras e industriales de la economía de una manera similar a como podríamos actualmente separar la economía de activos de la economía real. La propuesta de Keynes de practicar la eutanasia del rentista no fue una idea de mera crítica frente a la crisis que éstos habían provocado en 1929 sino una denuncia de su carácter parasitario y dañino.

La inconvertibilidad del dólar en 1971 y el crecimiento del capital financiero fueron madurando las condiciones para la desregulación financiera que caracteriza al neoliberalismo. De ser ayuda del ciclo productivo el capital financiero ha pasado a ser su control. El capital financiero, como dinero que crea más dinero sin otra intervención que el tiempo, es mistificación y ocultamiento del proceso social de la generación de valor por los distintos tipos de trabajo en la esfera productiva.

Con el retorno de la hegemonía del capital financiero sobre el resto de las fracciones del capital en los años ’80 ese capital ficticio ha venido creciendo en forma alarmante. Se ha producido un florecimiento de nuevos instrumentos (derivados y otros) que en forma parasitaria extraen el excedente de explotación de otros sectores. El aumento de las ganancias financieras y su apropiación de la esfera real es paralelo al aumento de las representaciones de lo financiero sobre la economía real. En 1980 la liquidez internacional ascendía a casi el 70% de PBI Mundial , para empinarse hasta casi el 160 % en 2016 y ubicarse en el 140 % en 2019 (Michael Howell. Capital Wars. 2020). Una masa creciente de “capital ficticio”, grandes esquemas de Ponzi, que cada tanto son violentamente devaluados por crisis periódicas de realización.

Hay actividades financieras de inversión —por ejemplo la suscripción de emisión de valores— necesarias para canalizar los ahorros de empresas y particulares a nuevos emprendimientos reales o expansión de los actuales. Es el financiamiento de la actividad real, la producción de bienes y servicios. Mientras esa necesidad se cumple como una función para el desarrollo social y económico el costo de esas instituciones financieras justifica su existencia. Hasta ahora el sistema bancario chino ha canalizado ahorros hacia una elevada tasa de inversión, fruto de los elevados ahorros familiares y de las empresas.

 

 

 

Inversión/Producto Bruto Tasa Promedio 1980 – 2019

 

 

 

China está jugando con fuego al concebir voltear la muralla que dividía la banca comercial de la más especulativa y desestabilizante banca de inversión, aun de poca dimensión en ese país. Hasta ahora había logrado un recorrido de cuarenta años sin caída del nivel de actividad general, y fuera de la actual —producida por las necesarias cuarentenas para dominar el coronavirus— nunca tuvo una caída anual de su PBI. Inclusive puede que a pesar de la pandemia cierre el año en valores positivos, con alguna ayuda cosmética en el crecimiento oficial del 3,2 % de su PBI en el segundo trimestre de este año.

El cambio de política financiera será el resultado de la presión de Estados Unidos para que abra su economía al capital financiero internacional, del que son los principales exponentes junto a Gran Bretaña. Una de las principales diferencias entre el capitalismo de Estado chino y el capitalismo neoliberal es que el capital financiero está controlado por el Estado. El ingreso de las instituciones internacionales disminuye ese poder. Las alas dentro del gobierno chino (pro libre mercado e intervencionista) luchan por imponer qué tipo de control y con que instituciones podrán enfrentar a los pesos pesados occidentales entrando en la ciudadela de su poder financiero. En las reglamentaciones que aparezcan en los próximos meses quizá podamos imaginar el peso relativo de cada sector.

Si la apertura financiera china multiplica las actividades financieras al estilo de Occidente –donde el centro se corre del financiamiento de inversiones reales a esquemas de especulación financiera—, corre el peligro que el centro de las decisiones pase al capital financiero, aumentando la especulación de valores en desmedro de la inversión real en medios de producción, infraestructura, etc. El florecimiento de las nuevas instituciones, estatales o extranjeras, reduciría el desarrollo en beneficio de una fracción parasitaria. Los negocios del pináculo de la riqueza china —en un país muy desigual con ricos muy ricos aunque cada vez haya menos pobres– pasarían a ser más importantes que el Estado que los hizo nacer y crecer, y lo controlarían. Si las nuevas instituciones y las reglamentaciones no limitan en los hechos la participación de instrumentos de inversión internacionales el juego será doblemente riesgoso. Ese es el peligro que la fracción dirigente del PCCh parece querer evitar.

Las tres esferas que China trata de impulsar en esta etapa son el desarrollo tecnológico, el poderío de su defensa militar y el sendero de desarrollo de su economía, procurando evitar un conflicto armado con Estados Unidos o sus aliados. La pandemia ha trastocado sus planes y los del resto del mundo también. Al ser el primer país importante que la está superando se le abren oportunidades para desplegar sus fuerzas productivas antes que el resto y reparar los enormes costos incurridos. La introducción de la gran banca de inversión siembra dudas sobre el cumplimiento cabal de algunos senderos independientes de expansión.

Este es el escenario que se irá desarrollando en los años por venir, configurando el mundo que influirá sobre las posibilidades de muchos países, entre ellos la Argentina, para retomar senderos de expansión. Los dados están rodando.

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26Jul/200

ATRACCIÓN FATAL

Publicado por admin

Desde el remoto 1968, el programa del 1° de mayo interpela a la CGT de hoy

POR GUILLERMO WIERZBA  
Estamos transcurriendo el peor momento de la pandemia. La cantidad de muertos, infectados y la ocupación de los establecimientos de salud están en pleno ascenso. Cuando el Covid-19 apareció en la Argentina hubo opiniones mayoritarias que defendieron las políticas públicas de cuarentena, enfrentando a quienes actuaban en defensa de la continuidad de sus ganancias y la reproducción permanente del sistema de financiarización en el país. Porque estos últimos combatían las disposiciones de aislamiento social. En esa instancia, cuando habían quedado al desnudo, y no sólo en el país, las desigualdades y la defección de los gobiernos neoliberales en la protección de la salud y otros derechos humanos fundamentales, el Presidente reivindicó la necesidad de construir un mundo mejor, con más igualdad, reducción del consumismo y atendiendo a los valores de la solidaridad. Primero la vida, fue la consigna con la que defendió con firmeza la reducción del nivel de producción con el fin de salvar vidas humanas. La Asociación Empresaria Argentina fue una de las voces que más rápido manifestó preocupaciones respecto de la supuesta necesidad de restauración de las condiciones que permitan la continuidad de la acumulación de ganancias.

La AEA es una especie de club social de los empresarios más ricos y poderosos del país. No tiene un mecanismo que formalice representaciones como, por ejemplo, existe en la UIA. Sus opiniones son emanadas desde los que se auto-consideran el poder económico del país. En la semana transcurrida ese club del poder económico mantuvo una reunión con parte de los dirigentes de la CGT, en función de intercambiar ideas para un consenso social. Una de las coincidencias reconocidas como fruto de la reunión fue «la necesidad de reducir gradualmente la presión tributaria sobre el sector formal de la economía”. En momentos en que el gobierno nacional se plantea el objetivo de una reforma tributaria en pos de establecer un sistema impositivo progresivo que reemplace el regresivo hoy vigente, los dirigentes sindicales y los grandes empresarios acuerdan en la necesidad de reducir el peso de la recaudación sobre el PBI. Este es un objetivo del neoliberalismo, un elemento central del discurso de la ortodoxia económica. Es un planteo, típico de la década de los ’90, que supone equivocada y aviesamente que la baja de impuestos estimula la inversión. Sin embargo, ensayos no faltaron para poner en práctica políticas de este carácter que nunca arrojaron resultados positivos. La reunión no concluyó, porque tampoco incluyó nada respecto del impuesto a las grandes fortunas. Una medida imprescindible que está en el umbral del parlamento y es resistida por los que más tienen.

En la supuesta conveniencia de semejante reunión, esta no hubiera sido para cincidir con Bulgheroni, Galperín, Paolo Rocca, Pérez Companc y Luis Pagani una falsa necesidad de reducir impuestos, sobre todo los que pesan sobre ese empresariado concentrado. Los mencionados participantes de la mesa por Zoom son parte de las diez familias más ricas de la Argentina. Tal vez la charla hubiera sido productiva si los sindicalistas participantes hubieran compelido públicamente a los multimillonarios a abonar ese impuesto. No fue ese el objetivo, sino no más bien un espíritu inverso.

Daer, Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Lingieri y Caló no se juntaron con las organizaciones de pymes, sufrientes por la pandemia y necesitadas del apoyo estatal. Lo hicieron con los grandes empresarios transnacionalizados, entre los cuales –según la reciente publicación de Forbes—, estaban los cinco multimillonarios más ricos de Argentina..

En ese desafortunado encuentro, en lugar de exigirles a los que han concentrado fortunas inmensas en los años de estancamiento de la Argentina que se avengan a contribuir con la grave situación que la pandemia provocó, les concedieron el marco para que reclamen por menos impuestos. Cuando se habla de reforma tributaria y más igualdad, esos dirigentes sindicales y aristócratas patronales piden pagar menos. Y los sindicalistas concurrentes escuchan y avalan.

Entre los cinco multimillonarios, junto a otros presentes en el cónclave digital, participaron varios de los que figuraban en los listados de fugadores de capitales publicados por Horacio Verbitsky  —con fuente en  la investigación sobre fuga de capitales del Banco Central—, incluyendo a algunos que lo hicieron personalmente y a otros que procedieron a través de sus empresas. Paradojas de la historia, toda la deuda que se renegocia ahora financió la fuga durante el período de Macri. Muchos de los asistentes fueron actores no menores de aquella. También habitan en el grupo quienes hoy son tenedores directos o indirectos de títulos de la deuda y ahora reclaman por un entendimiento para arreglar con los acreedores –de los cuales son parte— y claman evitar el default porque quieren cobrar y bien. El sindicalismo conservador ni siquiera observa un tono de exigencia para que los acreedores se avengan a la aceptación de una oferta del gobierno nacional, mucho más que razonable para los tenedores de bonos. Lo afirmado en el encuentro más bien pinta a una presión sobre el gobierno nacional para que arregle de cualquier manera.

En la peor circunstancia del despliegue de la peste, Héctor Daer se pronunció respecto a que no era momento para continuar con el parate económico. Un discurso inverso al que privilegia a la salud, con palabras expresadas en la semana en que los casos de coronavirus escalaron.

La otra generalidad planteada en la reunión se refirió a bregar por el aumento de la producción y las exportaciones, Ninguna referencia a cambios en la estructura productiva, a diversificación de su matriz. Pero tampoco a la recuperación salarial, mermada por las quitas producidas por las decisiones empresariales durante la pandemia, cuando tampoco se respetaron las leyes antidespido sancionadas por el gobierno nacional. Ni se habló de humanismo, ni de reducción de la desigualdad, ni de la urgencia de resolver la pobreza.

En cambio ocupó un lugar la conversación sobre «el rol de las empresas privadas y sus cadenas de valor en el desarrollo y la necesidad de emerger de la actual crisis». La evidencia, en cambio, muestra que el Estado fue el único actor que protagonizó las acciones necesarias para mitigar los daños producidos por el virus. Mientras los miembros del club AEA fueron perceptores de subsidios y actores de campañas contra el pago del impuesto a las fortunas. Precisamente Clarín es un conglomerado empresario hegemónico en la Asociación Empresaria Argentina y protagonizó un rol opositor durante la grave y excepcional situación que vivimos.

La historia del movimiento sindical y de los trabajadores argentinos tiene hitos de signo inverso al de los integrantes de la cúpula sindical que se reunieron con el vértice más poderoso de los capitalistas de la financiarización. Siendo los momentos históricos de orden distinto, cabe reseñar programas y momentos ejemplares que la historia nunca hunde definitivamente, sino que habitan en la cultura, en la memoria, con potencialidad de resurgir.

En 1957, el programa de La Falda del movimiento obrero promovía, entre otras prioridades:

  1. Control estatal del comercio exterior sobre las bases de la forma de un monopolio estatal.
  2. Liquidación de los monopolios extranjeros de importación y exportación.
  3. Política de alto consumo interno; altos salarios, mayor producción para el país con sentido nacional.
  4. Desarrollo de la industria liviana adecuada a las necesidades del país.
  5. Incremento de una política económica tendiente a lograr la consolidación de la industria pesada, base de cualquier desarrollo futuro.
  6. Política energética nacional; para ello se hace indispensable la nacionalización de las fuentes naturales de energía y su explotación en función de las necesidades del desarrollo del país.

Para entender la orientación no se requiere la adhesión literal a la puntuación, pero la lectura es valiosa para una reelaboración capaz de conservar el sentido de lo postulado a pesar del cambio epocal. No es ese el sentido que habita en el señor Acuña.

El 1° de mayo de 1968, en su escrito programático, la CGT  de los Argentinos convocaba “a los empresarios nacionales para que abandonen la suicida política de sumisión a un sistema cuyas primeras víctimas resultan ellos mismos. Los monopolios no perdonan, los bancos extranjeros no perdonan, la entrega no admite exclusiones ni favores personales. Lealmente les decimos: fábrica por fábrica los hemos de combatir en defensa de nuestras conquistas avasalladas, pero con el mismo vigor apoyaremos cada empresa nacional enfrentada con una empresa extranjera. Ustedes eligen sus alianzas: que no tengan que llorar por ellas”. Aquí el sentido brota por todas partes. Un texto de valor actual, impecable “Ustedes eligen sus alianzas: que no tengan que llorar por ellas».

En 1986, en el programa de la CGT de 26 puntos, sobresalían la reivindicación de reformas aun no resueltas: “Colocar el sistema financiero al servicio del país mediante un Banco Central que actúe como orientador del crédito, privilegiando las actividades productivas, a través de una ley de entidades financieras de prioritario tratamiento por el Congreso de la Nación para poner coto a un sistema financiero dirigido aun por la ley 21526, de la dictadura, que desestabilizó a todo el sistema productivo a través de la especulación y concentración del crédito”.

Pero las referencias a un movimiento obrero de orden diferente no sólo late en la posibilidad histórica, sino que resuena en conductas, ideas y escritos actuales.

En el documento de la Juventud Trabajadora de la CTA se reivindica que “el Estado debe intervenir en la política económica como agente regulador, en defensa del interés colectivo, nacional… apoyamos la intervención de Vicentin e incentivamos al gobierno a profundizar la regulación sobre el mercado cerealero”. “Es imprescindible avanzar en una reforma tributaria que modifique el marcado signo regresivo del actual sistema. En esa línea, no puede demorarse más el tratamiento parlamentario del tributo a las grandes fortunas. A su vez, es saludable que el gobierno nacional esté evaluando la implementación de un ingreso ciudadano universal”.

También La Corriente Federal de los trabajadores plantea que “los Estados Nacionales constituyen la única posibilidad de respuesta organizada a la pandemia y la crisis, aún con años de sufrir ‘la deconstrucción’ de casi medio siglo de políticas neoliberales. Esta realidad viene a confirmar lo que ya sabíamos: la necesidad de importantes e impostergables reformas del propio Estado, de la matriz productiva, de los sistemas tributario y financiero, de los servicios públicos, de la seguridad social –salud y previsión–, sin olvidar la promoción de un nuevo paradigma empresario para que la economía esté al servicio del hombre”.

Sostener la situación de gravísima pandemia que vivimos hoy y organizar el futuro post pandemia exige tres grandes transformaciones de la vida nacional, que no pueden ser sólo de economía sino que obligatoriamente abrevan en la economía política:

  • Una vía de profunda y radical redistribución del ingreso y la riqueza, que reduzca la desigualdad, amplíe la demanda de los sectores populares y garantice la participación popular,
  • Un fuerte aumento de la inversión en ciencia y tecnología que apoye un perfil de desarrollo autónomo y garantice una progresiva ruptura de la dependencia en estos vitales insumos.
  • Pensar un sendero que no se reduzca a un cierre imposible de la brecha con el mundo central, sino que se aplique a una imagen-objetivo de país de carácter propio y autónomo, readaptar el estilo de consumo y la orientación productiva con fuertes tonos culturales que permitan la toma de distancia con las lógicas, vicios y degradaciones de la financiarización.

Estos presupuestos implican elecciones de las alianzas, tal como se lee en documento del 1° de mayo de 1968. En esa lectura el signo de las conversaciones de Daer, Acuña y Cía, resulta necesario advertir, conduce al llanto. El encuentro con la AEA es un lugar inconveniente para los dirigentes sindicales. La AEA es el club empresario que sucedió al CEA, donde Martínez de Hoz abrevó, a la vez que inculcó, el pregón neoliberal que se estableció por décadas, llevado a los hechos en los años de reconversiones regresivas sociales y económicas durante el terrorismo de Estado

Desde el remoto 1968, el programa del 1° de mayo interpela a la CGT de hoy

POR GUILLERMO WIERZBA  

Estamos transcurriendo el peor momento de la pandemia. La cantidad de muertos, infectados y la ocupación de los establecimientos de salud están en pleno ascenso. Cuando el Covid-19 apareció en la Argentina hubo opiniones mayoritarias que defendieron las políticas públicas de cuarentena, enfrentando a quienes actuaban en defensa de la continuidad de sus ganancias y la reproducción permanente del sistema de financiarización en el país. Porque estos últimos combatían las disposiciones de aislamiento social. En esa instancia, cuando habían quedado al desnudo, y no sólo en el país, las desigualdades y la defección de los gobiernos neoliberales en la protección de la salud y otros derechos humanos fundamentales, el Presidente reivindicó la necesidad de construir un mundo mejor, con más igualdad, reducción del consumismo y atendiendo a los valores de la solidaridad. Primero la vida, fue la consigna con la que defendió con firmeza la reducción del nivel de producción con el fin de salvar vidas humanas. La Asociación Empresaria Argentina fue una de las voces que más rápido manifestó preocupaciones respecto de la supuesta necesidad de restauración de las condiciones que permitan la continuidad de la acumulación de ganancias.

La AEA es una especie de club social de los empresarios más ricos y poderosos del país. No tiene un mecanismo que formalice representaciones como, por ejemplo, existe en la UIA. Sus opiniones son emanadas desde los que se auto-consideran el poder económico del país. En la semana transcurrida ese club del poder económico mantuvo una reunión con parte de los dirigentes de la CGT, en función de intercambiar ideas para un consenso social. Una de las coincidencias reconocidas como fruto de la reunión fue «la necesidad de reducir gradualmente la presión tributaria sobre el sector formal de la economía”. En momentos en que el gobierno nacional se plantea el objetivo de una reforma tributaria en pos de establecer un sistema impositivo progresivo que reemplace el regresivo hoy vigente, los dirigentes sindicales y los grandes empresarios acuerdan en la necesidad de reducir el peso de la recaudación sobre el PBI. Este es un objetivo del neoliberalismo, un elemento central del discurso de la ortodoxia económica. Es un planteo, típico de la década de los ’90, que supone equivocada y aviesamente que la baja de impuestos estimula la inversión. Sin embargo, ensayos no faltaron para poner en práctica políticas de este carácter que nunca arrojaron resultados positivos. La reunión no concluyó, porque tampoco incluyó nada respecto del impuesto a las grandes fortunas. Una medida imprescindible que está en el umbral del parlamento y es resistida por los que más tienen.

En la supuesta conveniencia de semejante reunión, esta no hubiera sido para cincidir con Bulgheroni, Galperín, Paolo Rocca, Pérez Companc y Luis Pagani una falsa necesidad de reducir impuestos, sobre todo los que pesan sobre ese empresariado concentrado. Los mencionados participantes de la mesa por Zoom son parte de las diez familias más ricas de la Argentina. Tal vez la charla hubiera sido productiva si los sindicalistas participantes hubieran compelido públicamente a los multimillonarios a abonar ese impuesto. No fue ese el objetivo, sino no más bien un espíritu inverso.

Daer, Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Lingieri y Caló no se juntaron con las organizaciones de pymes, sufrientes por la pandemia y necesitadas del apoyo estatal. Lo hicieron con los grandes empresarios transnacionalizados, entre los cuales –según la reciente publicación de Forbes—, estaban los cinco multimillonarios más ricos de Argentina..

En ese desafortunado encuentro, en lugar de exigirles a los que han concentrado fortunas inmensas en los años de estancamiento de la Argentina que se avengan a contribuir con la grave situación que la pandemia provocó, les concedieron el marco para que reclamen por menos impuestos. Cuando se habla de reforma tributaria y más igualdad, esos dirigentes sindicales y aristócratas patronales piden pagar menos. Y los sindicalistas concurrentes escuchan y avalan.

Entre los cinco multimillonarios, junto a otros presentes en el cónclave digital, participaron varios de los que figuraban en los listados de fugadores de capitales publicados por Horacio Verbitsky  —con fuente en  la investigación sobre fuga de capitales del Banco Central—, incluyendo a algunos que lo hicieron personalmente y a otros que procedieron a través de sus empresas. Paradojas de la historia, toda la deuda que se renegocia ahora financió la fuga durante el período de Macri. Muchos de los asistentes fueron actores no menores de aquella. También habitan en el grupo quienes hoy son tenedores directos o indirectos de títulos de la deuda y ahora reclaman por un entendimiento para arreglar con los acreedores –de los cuales son parte— y claman evitar el default porque quieren cobrar y bien. El sindicalismo conservador ni siquiera observa un tono de exigencia para que los acreedores se avengan a la aceptación de una oferta del gobierno nacional, mucho más que razonable para los tenedores de bonos. Lo afirmado en el encuentro más bien pinta a una presión sobre el gobierno nacional para que arregle de cualquier manera.

En la peor circunstancia del despliegue de la peste, Héctor Daer se pronunció respecto a que no era momento para continuar con el parate económico. Un discurso inverso al que privilegia a la salud, con palabras expresadas en la semana en que los casos de coronavirus escalaron.

La otra generalidad planteada en la reunión se refirió a bregar por el aumento de la producción y las exportaciones, Ninguna referencia a cambios en la estructura productiva, a diversificación de su matriz. Pero tampoco a la recuperación salarial, mermada por las quitas producidas por las decisiones empresariales durante la pandemia, cuando tampoco se respetaron las leyes antidespido sancionadas por el gobierno nacional. Ni se habló de humanismo, ni de reducción de la desigualdad, ni de la urgencia de resolver la pobreza.

En cambio ocupó un lugar la conversación sobre «el rol de las empresas privadas y sus cadenas de valor en el desarrollo y la necesidad de emerger de la actual crisis». La evidencia, en cambio, muestra que el Estado fue el único actor que protagonizó las acciones necesarias para mitigar los daños producidos por el virus. Mientras los miembros del club AEA fueron perceptores de subsidios y actores de campañas contra el pago del impuesto a las fortunas. Precisamente Clarín es un conglomerado empresario hegemónico en la Asociación Empresaria Argentina y protagonizó un rol opositor durante la grave y excepcional situación que vivimos.

La historia del movimiento sindical y de los trabajadores argentinos tiene hitos de signo inverso al de los integrantes de la cúpula sindical que se reunieron con el vértice más poderoso de los capitalistas de la financiarización. Siendo los momentos históricos de orden distinto, cabe reseñar programas y momentos ejemplares que la historia nunca hunde definitivamente, sino que habitan en la cultura, en la memoria, con potencialidad de resurgir.

En 1957, el programa de La Falda del movimiento obrero promovía, entre otras prioridades:

  1. Control estatal del comercio exterior sobre las bases de la forma de un monopolio estatal.
  2. Liquidación de los monopolios extranjeros de importación y exportación.
  3. Política de alto consumo interno; altos salarios, mayor producción para el país con sentido nacional.
  4. Desarrollo de la industria liviana adecuada a las necesidades del país.
  5. Incremento de una política económica tendiente a lograr la consolidación de la industria pesada, base de cualquier desarrollo futuro.
  6. Política energética nacional; para ello se hace indispensable la nacionalización de las fuentes naturales de energía y su explotación en función de las necesidades del desarrollo del país.

Para entender la orientación no se requiere la adhesión literal a la puntuación, pero la lectura es valiosa para una reelaboración capaz de conservar el sentido de lo postulado a pesar del cambio epocal. No es ese el sentido que habita en el señor Acuña.

El 1° de mayo de 1968, en su escrito programático, la CGT  de los Argentinos convocaba “a los empresarios nacionales para que abandonen la suicida política de sumisión a un sistema cuyas primeras víctimas resultan ellos mismos. Los monopolios no perdonan, los bancos extranjeros no perdonan, la entrega no admite exclusiones ni favores personales. Lealmente les decimos: fábrica por fábrica los hemos de combatir en defensa de nuestras conquistas avasalladas, pero con el mismo vigor apoyaremos cada empresa nacional enfrentada con una empresa extranjera. Ustedes eligen sus alianzas: que no tengan que llorar por ellas”. Aquí el sentido brota por todas partes. Un texto de valor actual, impecable “Ustedes eligen sus alianzas: que no tengan que llorar por ellas».

En 1986, en el programa de la CGT de 26 puntos, sobresalían la reivindicación de reformas aun no resueltas: “Colocar el sistema financiero al servicio del país mediante un Banco Central que actúe como orientador del crédito, privilegiando las actividades productivas, a través de una ley de entidades financieras de prioritario tratamiento por el Congreso de la Nación para poner coto a un sistema financiero dirigido aun por la ley 21526, de la dictadura, que desestabilizó a todo el sistema productivo a través de la especulación y concentración del crédito”.

Pero las referencias a un movimiento obrero de orden diferente no sólo late en la posibilidad histórica, sino que resuena en conductas, ideas y escritos actuales.

En el documento de la Juventud Trabajadora de la CTA se reivindica que “el Estado debe intervenir en la política económica como agente regulador, en defensa del interés colectivo, nacional… apoyamos la intervención de Vicentin e incentivamos al gobierno a profundizar la regulación sobre el mercado cerealero”. “Es imprescindible avanzar en una reforma tributaria que modifique el marcado signo regresivo del actual sistema. En esa línea, no puede demorarse más el tratamiento parlamentario del tributo a las grandes fortunas. A su vez, es saludable que el gobierno nacional esté evaluando la implementación de un ingreso ciudadano universal”.

También La Corriente Federal de los trabajadores plantea que “los Estados Nacionales constituyen la única posibilidad de respuesta organizada a la pandemia y la crisis, aún con años de sufrir ‘la deconstrucción’ de casi medio siglo de políticas neoliberales. Esta realidad viene a confirmar lo que ya sabíamos: la necesidad de importantes e impostergables reformas del propio Estado, de la matriz productiva, de los sistemas tributario y financiero, de los servicios públicos, de la seguridad social –salud y previsión–, sin olvidar la promoción de un nuevo paradigma empresario para que la economía esté al servicio del hombre”.

Sostener la situación de gravísima pandemia que vivimos hoy y organizar el futuro post pandemia exige tres grandes transformaciones de la vida nacional, que no pueden ser sólo de economía sino que obligatoriamente abrevan en la economía política:

  • Una vía de profunda y radical redistribución del ingreso y la riqueza, que reduzca la desigualdad, amplíe la demanda de los sectores populares y garantice la participación popular,
  • Un fuerte aumento de la inversión en ciencia y tecnología que apoye un perfil de desarrollo autónomo y garantice una progresiva ruptura de la dependencia en estos vitales insumos.
  • Pensar un sendero que no se reduzca a un cierre imposible de la brecha con el mundo central, sino que se aplique a una imagen-objetivo de país de carácter propio y autónomo, readaptar el estilo de consumo y la orientación productiva con fuertes tonos culturales que permitan la toma de distancia con las lógicas, vicios y degradaciones de la financiarización.

Estos presupuestos implican elecciones de las alianzas, tal como se lee en documento del 1° de mayo de 1968. En esa lectura el signo de las conversaciones de Daer, Acuña y Cía, resulta necesario advertir, conduce al llanto. El encuentro con la AEA es un lugar inconveniente para los dirigentes sindicales. La AEA es el club empresario que sucedió al CEA, donde Martínez de Hoz abrevó, a la vez que inculcó, el pregón neoliberal que se estableció por décadas, llevado a los hechos en los años de reconversiones regresivas sociales y económicas durante el terrorismo de Estado

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12Jul/200

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CRÍTICA DE LA CIENCIA ECONÓMICA

La polarización social y sus males asociados no resultaron de la pandemia sino del neoliberalismo

POR GUILLERMO WIERZBA  

 

La amputación

En la Argentina se ha abierto un debate de Economía Política. Fue el nombre de una carrera universitaria de la UBA que la intervención de la dictadura autodenominada de la “Revolución Argentina” cercenó y reemplazó por el de “Economía”, cambiando sus contenidos. El régimen ilegal instaló a un grupo de profesores formados en universidades norteamericanas, quienes cumplieron el cometido de ese reemplazo, algunos de contacto frecuente con académicos ligados a Fraga Iribarne, un franquista que luego fue fundador de la Alianza Popular, posteriormente transformada  en el Partido Popular, integrado hoy a la Fundación Libertad que comanda Mario Vargas Llosa.

La pandemia exhibe de manera impúdica la polarización social, la pobreza, la vulnerabilidad de los sectores populares y el deterioro de los servicios de salud provocados por las políticas ortodoxas recomendadas por los exponentes de la “Ciencia Económica”, que expulsaron los enfoques de la economía política de las aulas y hegemonizaron por décadas la confección de programas con sus modelos de arbitrarias formulaciones axiomáticas, rebatidas insistentemente por la realidad.

El cambio de nombre no ha pretendido ocultar la pretensión de separar la economía de la política, sino que más bien pregona esa escisión. El núcleo de ideas que ha sostenido el andamiaje teórico de esa “Ciencia Económica” es la postulación de que la distribución del ingreso constituye un resultado endógeno de las condiciones de producción (una consecuencia cuasi-tecnológica) y no una cuestión exógena (externa) que resulta de la puja distributiva que atraviesa a las sociedades capitalistas como resultado no sólo de las condiciones de producción, sino de los paradigmas culturales, del entramado de organizaciones sociales, sindicales y políticas y de las ideas e imágenes-objetivo sobre el futuro nacional y de la humanidad toda, que dan sentido fundamental a la vida cotidiana de los pueblos.

Desde la “Ciencia Económica”, cuyos batalladores incansables repiquetean sus dogmas y lugares comunes por los medios de comunicación hegemónicos, se insiste en alertar respecto de la intensidad de la caída de la producción por la pandemia y de las políticas necesarias para lograr una rápida recuperación posterior. La ruta única para estos economistas pretendidamente objetivos, que no disimulan su mirada despectiva respecto de la política, a la que le asignan un papel negativo y de restricción para el bienestar económico, se trata de atraer inversiones. Para lograrlo se invoca la necesidad de generar un buen ambiente de negocios. La organización de los trabajadores y la movilización popular constituyen, para ellos, un problema porque traerían como consecuencia presiones salariales y aumento del gasto público, poniendo palos en la rueda para el fluir de la corriente inversora con la que sueñan. La falacia comienza por el principio, cuando ubican la urgencia en la recuperación de la caída del producto soportada por la invasión de la peste.

El enfoque desde la “Economía Política” sitúa en primer lugar a la distribución del ingreso, en vez de omitirla. La mirada crítica observa que la polarización social y sus males asociados no resultaron de la pandemia sino del neoliberalismo, corriente política sustentada en la alienación de política y economía. La crisis civilizatoria, que muchos cientistas ven que la pandemia ha precipitado, requiere la reversión de la falsedad del orden impuesto por los practicantes del dogma hegemónico de las últimas décadas. Primero hay que discutir la distribución del ingreso y la riqueza. Primero la justicia social. Primero la soberanía de la política. Esas son las bases sobre la que será posible construir entre todos un proyecto de desarrollo nacional. De no ser así, se subsidiará una recuperación basada en desigualdades más descarnadas que las que precedieron a la pandemia. Si no fuera de esa manera, la reactivación se habrá de sostener en la producción de los bienes que consumen los sectores de altos y medios ingresos, y la recuperación de la actividad insumirá un esfuerzo desmedido de divisas y la pobreza y la desigualdad seguirán su curso creciente.

No resulta para nada auspicioso que hoy haya un alto nivel de resistencia al impuesto a las grandes fortunas por parte del establishment, las asociaciones representativas del gran empresariado y el aparato comunicacional ligado a ellos. La oposición a un impuesto por única vez para financiar una parte de la política anticrisis revela hasta qué punto se promueve el continuismo de una sociedad insolidaria. Su intencional lectura respecto a una reforma tributaria que el Presidente lanzó con la fundamentación de introducir progresividad en el sistema, como si se tratara de cambios simplificadores de carácter administrativo, también merece similar calificación.

La teoría de la “Ciencia Económica” brinda un soporte sustancial al pregón de estos sectores y sus voceros. Su construcción basada en la separación de la política y la economía se asienta en remitir  la economía al ámbito de la sociedad civil. Hoy dicen sin tapujos que es “al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar las empresas en la Argentina” (AEA). O sea que el Estado no podría tener empresas. Es parte de la exclusión del Estado de la economía que ellos impulsan. Habría que agregar sus frecuentes advertencias con relación a la “sustentabilidad fiscal” o a mantener el gasto público bajo control. Y la reciente manifestación de “preocupación” por la intervención y proyecto de expropiación de Vicentin, holding empresario cuya mala conducta e ilegítimo y doloso desempeño ha causado ingentes daños sociales y grandes pérdidas al sistema financiero público. También esos sectores lanzan advertencias respecto a la inconveniencia de la presencia del Estado en el comercio exterior. Esta sustracción de atribuciones para la participación pública en la economía, que no se basa en sustento legal alguno, tributa a la apologética que edificaron con mucho despliegue académico y escasa validez científica Jevons, Menger, Böhm Bawerk, Walras, Pareto, Marshall, Friedman y Von Hayek.

 

 

Soberanía política, independencia económica y justicia social

¿Y la democracia? ¿Qué define la ciudadanía? ¿Qué debate el pueblo? Por de pronto, no la economía, reza la “Ciencia Económica”. Las decisiones sobre aquella corresponderían a los dueños de las grandes empresas por la cuáles hablan entre otros, Jaime Campos y Daniel Pelegrina. Una sociedad democrática es la que ensancha el espacio de participación popular. En esto radica la fuente y el respeto por los principios de la soberanía política. En cambio una sociedad presa del liberalismo económico no democratiza, sino que vacía la política y excluye al pueblo del manejo de la cuestión económica. Esta se resuelve en las relaciones de propiedad y queda marginada de la atribución ciudadana, y no de cualquier propiedad en abstracto, sino de la propiedad de los grandes conglomerados empresarios extranjeros y de la oligarquía diversificada local.

Para salir de la pandemia con una recuperación que signifique la instalación de un humanismo crítico, de una sociedad solidaria, resulta imprescindible que el inicio sea proponerse reducir la polarización social, frenar la concentración de la riqueza, mejorar la distribución de la riqueza. Primero, redistribuir el ingreso, para luego crecer sobre la base de esa distribución. Garantizar empleo y trabajo para todos. A cada distribución del ingreso corresponde una estructura de la demanda. Cada estructura satisface distintas conformaciones de la canasta de consumos. Por ejemplo, el despliegue de un vasto y extenso plan de construcción de viviendas –como propone el CESO—, tiene por detrás un determinado perfil distributivo, igualmente el crecimiento de la agricultura familiar. Acudir a resolver masivos problemas de prevención y atención sanitaria es parte de un determinado estilo de shock distributivo. A partir de esos presupuestos habría un patrón, y por qué no –pese al rechazo que la convención ortodoxa tiene por el mismo—, un plan de crecimiento. Para evaluar la justicia de las políticas que se adopten, no alcanzará con medir el crecimiento del producto y la tasa de inversión. Ni será suficiente con establecer la proporción de la población en situación de pobreza. Será necesario completar esos indicadores con la preocupación por el índice de Gini, con la relación entre los ingresos y la riqueza del decil más rico respecto del más pobre del pueblo, con el conocimiento de la tasa de mortalidad infantil y de la esperanza de vida. Más otras mediciones que nos informen sobre progresividad fiscal, adecuada nutrición, acceso a la educación, a la cultura, a la salud, al esparcimiento adecuado, a la vivienda. Las medidas de justicia social y desarrollo requieren ser extendidas a los ámbitos regionales, en función de la integración nacional y auténtico desarrollo del federalismo.

La reivindicación democrática de justicia social, de promoción de la igualdad, de construcción de las condiciones concretas para el ejercicio de la libertad, requieren de la intensidad de la decisión popular en la economía y en la producción. Con un Estado presente que controle, dirija y administre la economía. Que incluya su propiedad de empresas en sectores estratégicos, como inteligente y correctamente lo disponía la Constitución Nacional de 1949 derogada por la ilegal dictadura autodenominada “Revolución Libertadora”. Es impensable el desarrollo de la Nación sin bancos públicos nacionales, provinciales y municipales con una fuerte presencia. Ese desarrollo tampoco sería posible sin la intervención y participación del Estado en el comercio exterior y sin los cambios estructurales que favorezcan el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y de los actores de la economía popular. Empezar por otorgar “estímulos” a la inversión market friendly conduciría a la catástrofe, hay mucha historia para fundar esta afirmación.

Pero siendo lo primero, no sólo la estructura distributiva debe preceder a la sola y parcial preocupación por la recuperación y crecimiento del PBI. El diseño del Patrón productivo debe resultar de la voluntad general  y no de las señales mercantiles dominadas por el capital concentrado. La necesidad de una diversificación productiva es una de las condiciones básicas, y también apunta al logro de otro fin democrático irrenunciable: la independencia económica. La especialización y dependencia exportadora y productiva de la Argentina debe ser modificada. La historia del régimen de sociedad de mercado –un proyecto que gobernó la mayoría de los años de las últimas décadas— acentuó esas características, sin lograr crecimiento alguno. No será la lógica del librecambio, sino la de un Estado democrático —intenso en participación popular— como actor decisivo, la que construya una transformación que conduzca a un crecimiento que se articule con la meta de la igualdad.

En El largo camino a la crisis. Centro, periferia y transformaciones de la economía mundial (ed. Cara y Ceca y CCC F.Gorini, 2011), un análisis sobre la situación de América Latina efectuado cuando en un nutrido grupo de países ejercían el poder gobiernos populares que luego sufrieron la embestida del golpismo institucional y el lawfare, Enrique Arceo subraya la importancia del despliegue de un proceso de industrialización por parte de esas experiencias, concluyendo que “la orientación primaria privilegia la relación con los centros consumidores y debilita la articulación entre las economías de la región”. Este señalamiento resulta clave para promover la Unidad Latinoamericana y, en función de la cual, la imprescindible reestructuración económica debe tener una definida dirección del Estado, no sólo con estímulos sino con leyes e instituciones. Arceo continúa diciendo que la profundización de la “industrialización permitiría incrementar la división regional del trabajo y desarrollar complementariedades en un marco que probablemente tendrá con el Este de Asia coincidencias en cuanto al papel central del sector público, pero que presentará profundas diferencias en lo político y social en virtud de que la presencia y participación activa de los sectores populares constituye, en la región, una condición indispensable para el quiebre de la resistencia del bloque de clase actualmente dominante”.

En estos rumbos habrá, también, que superar las herencias de los dogmas económicos introducidos a la fuerza en los claustros de nuestras universidades por profesores educados por el mainstream, dogmas que hoy son repetidos a conveniencia por dirigentes empresariales, economistas mediáticos y comunicadores con lecturas rápidas.

 

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