Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

27Dic/200

LA PALABRA ESPERADA

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En 16 minutos la lideresa del FdT sentó los lineamientos básicos de la política económica

El viernes 17 de diciembre, una semana antes de la llegada al país de las primeras trescientas mil dosis de la vacuna Sputnik V, en un acto en La Plata, la lideresa del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, pronunció el discurso con más definiciones desde que hace un año asumiera el nuevo gobierno encabezado por el Presidente Alberto Fernández. En su mensaje subrayó el carácter absolutamente imprevisto del despliegue de la pandemia mundial que, señaló, tuvo consecuencias desarticuladoras en todos los países del mundo. Advirtió sobre la existencia de ámbitos científicos en los que se alerta respecto a repeticiones de fenómenos del mismo carácter, cuya ocurrencia tendría una frecuencia mayor a la que la humanidad vivió en el siglo XX. Planteó dos planos que considera sobresalientes, respecto de los desafíos de política que el gobierno deberá emprender para enfrentar la pandemia y su etapa posterior. Esos dos planos son:

  • La salud, y
  • La economía.

 

Un sistema integrado de salud

Respecto del sistema de salud, la Vicepresidenta enunció la necesidad de repensarlo todo. Destacó la manera en que se trabajó en la emergencia construyendo hospitales y la finalización de obras no concluidas por el gobierno de Cambiemos a pesar de haber tenido un grado de avance muy maduro las obras sin terminar. Planteó la necesidad de pensar y definir un nuevo concepto de salud, partiendo de los datos duros que muestran que la Argentina se destaca por tener mayores recursos tecnológicos y humanos, sumados a una mayor inversión respecto de los que cuentan los otros países de la región. Su conclusión fue el deber del Estado, en conjunto con la sociedad, para debatir, estudiar y construir un “Sistema Integrado de Salud” que dé término a una asignación de recursos ineficiente e injustamente distribuidos, producto de su concentración indebida.

En un documento recientemente publicado por la CEPAL con el título La salud como desafío productivo y tecnológico. Capacidades locales y autonomía sanitaria en la Argentina pospandemia, hay contundentes pruebas cuantitativas respecto de lo afirmado por Cristina Fernández y el grado de profundidad y dramaticidad de las ineficiencias y grado de concentración que deforma la asignación de los recursos para la salud. El informe señala que la Argentina destina a ese fin un volumen de recursos que equivalen al 9,4 % del PBI. Esos recursos tienen distintos orígenes, ya que el sistema se divide en tres subsistemas desintegrados, o con un escasísimo nivel de interacción no planificada sino resuelta por lógicas mercantiles. Los sistemas son los siguientes:

  • El Sistema público, que atiende al 35% de la población. Se financia con recursos generales provenientes de impuestos de ese orden o de asignación específica. Realiza el 28,7% del gasto en salud y el gasto per cápita es de 786 dólares anuales, considerando lo erogado en el año 2019. El correspondiente al total del sistema de salud es de 952 dólares anuales.
  • El Sistema de Obras Sociales, que se subdivide en dos subsistemas: uno de carácter nacional y otro de carácter provincial, al que debe agregarse el PAMI. Los dos primeros se financian con aportes de los empleadores y asalariados públicos y privados, mientras que el PAMI lo hace con recursos mixtos provenientes de los trabajadores activos y aportes de los jubilados a los que se suman también recursos provenientes del Tesoro Nacional. Atiende al 63% de la población. Realiza el 41,8% del gasto en salud. El gasto per cápita es de 765 dólares anuales.
  • El sector privado que se financia con aportes de los que optan por contratarlo de manera voluntaria. Atiende al 14% de la población. Realiza el 29,5% del gasto total en salud. El gasto per cápita es de 2.079 dólares anuales. El financiamiento que era exclusivamente privado, a cargo de sus usuarios voluntarios, fue modificado en la década neoliberal de 1990. Durante la presidencia de Menem se dispuso la posibilidad de la libre elección de obra social (Decreto 9/1993), y además se incluyó la opción de destinar aportes y contribuciones al sistema de medicina prepaga (EMP). Lo que impulsó el “descreme” del sistema de seguridad social, ya que los asalariados mejor remunerados que tenían aportes y contribuciones sociales altas, migraron al sistema EMP trasladando esos aportes y contribuciones del sistema de seguridad social al privado, desfinanciando al primero y fortaleciendo la rentabilidad del segundo. Ese decreto quitó los elementos de solidaridad al esquema de seguridad social y se alineó con el mismo tipo de concepción que la reforma jubilatoria adoptada en la misma década. La reversión de ésta última reforma durante los doce años de gobiernos nacionales, populares y democráticos parecen constituir un antecedente que debería completarse con la reforma del sistema de salud, con el objetivo de revertir los regresivos cambios de los ’90.

Resulta claro que esta lógica fragmentadora de la salud llevó a su mercantilización y a la pérdida de la lógica de la solidaridad, al dejar de ser concebida como un derecho humano. En realidad ninguno de los ciudadanos debería estar sujeto a diferencias en cuanto a la atención de su salud, y el carácter del servicio debería contemplar el objetivo de tender a la igualdad en su provisión que respete el carácter de derecho esencial. La propia diferenciación del sistema de seguridad social respecto del sistema público conllevaba el establecimiento de desigualdades, pero estas adquirieron una tendencia perversa y sistémica a partir del decreto de 1993; que también acentuó la diferencia entre obras sociales con mayores y con menores recursos, desigualdades que se generaron, además, en los propios cambios en el empleo y en los salarios relativos entre las  actividades, como producto de las reformas desindustrializadoras y del estancamiento económico. Pero la transferencia de recursos al EMP desde los servicios sociales, tuvo el claro objetivo de construir las bases para la subsunción de las obras sociales por el sistema privado, que incluía la tercerización de servicios. Por otra parte, el sistema público en lugar de garantizar el acceso universal a la salud, fue conceptualmente concebido para ser utilizado como política focalizada a los sectores más vulnerables, informalizados  o excluidos de la posibilidad de acceder a los otros regímenes.

En el informe de CEPAL se puede observar la distribución de médicos por habitante por provincia, que arroja una concentración ineficiente de los servicios de salud. En CABA la cantidad de médicos por cada mil habitantes es de 16,6, proporción que contrasta con las provincias del Norte argentino, las que tienen menos de 2.7 médicos por cada mil habitantes, salvo Tucumán y Corrientes cuya proporción está entre 2.7 y 3.7.  En este rango se ubica  la provincia de Buenos Aires, sobre la que el informe provee el guarismo global pero sería interesante la diferenciación entre el Conurbano y el interior de la provincia, ya que la misma se acerca a representar el 40% de la población del país. La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro tienen más de 4,7 médicos cada mil habitantes, las demás provincias del Centro y Sur del país participan del rango entre 2,7 y 3,7.

El mismo informe suministra información sobre el peso de la pobreza por provincia, con resultados que se asocian inversamente a la densidad médica por habitante. Esto prueba lo ineficiente e injusto del sistema. CABA, Neuquén y Santa Cruz tiene niveles de pobreza inferiores al 30% de la población. Mientras Misiones, Tucumán, Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero tienen más del 40% de población en situación de pobreza. En la provincia de Buenos Aires la proporción se ubica entre el 35 y el 40; nivel que comparte con Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, La Rioja, Catamarca y Mendoza. Mientras Chubut, Río Negro, La Pampa, Santa Fe, San Luis, San Juan y Tierra del Fuego tienen una proporción entre el 30 y el 35%.

CEPAL relevó que la mortalidad infantil tiene sus niveles más altos en Corrientes, Formosa y Tucumán con más del 11 por mil, mientras que en CABA, Chubut, Neuquén, Santiago del Estero y Catamarca se ubica por debajo del 8. En tanto que Chaco, La Rioja, Jujuy, La Rioja y San Juan registran una proporción que va entre 10 y 11 por mil, y el resto de las provincias está en el tramo entre 8 y 10 por mil. También hay una asociación inversa con la relación médicos por habitante, con algunas excepciones cuyas causas merecerían un análisis.

Las desigualdades que exhibe el acceso a la salud en la Argentina no son independientes de la fragmentación del sistema. La coexistencia de un régimen público, con uno contributivo (obras sociales) y otro privado, dotados de capacidades de financiamiento y gasto muy diferentes, concurrente con la descentralización de la gestión de los servicios de salud entre los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial e incluso municipal) no sólo reproducen las desigualdades esbozadas anteriormente. Además dificultan una mayor y mejor articulación de los objetivos sociales de una política de ampliación del acceso efectivo a la salud, con las decisiones de  promoción de la autonomía sanitaria y el despliegue de una política que impulse el desarrollo productivo y tecnológico nacional. Corresponde hacer notar que, en un sentido inverso al del liberalismo neo, durante los años de gobierno nacional y popular se desplegó un movimiento que culminó en dispositivos legales hacia la producción pública de medicamentos. Una política que debe convertirse en fundamental para la desmercantilización de la salud pública.

El gráfico que se presenta a continuación muestra el carácter focalizado de la medicina pública para atender la pobreza, con el perfil asistencialista propio de la mirada neoliberal. En el mismo se exhibe el porcentaje de la población no cubierto por los subsistemas privados y de seguridad social, quedando a cargo por default de éstos la medicina pública. En contraste obsérvese la sobrecobertura de la CABA por dichos subsistemas.

 

 

 

Reactivación productiva con distribución del ingreso

La lideresa del Frente de Todos se refirió a la perspectiva que en el año 2021 comience una reactivación de la economía. Pero puso el acento en la necesidad de que ese crecimiento se reparta en consonancia con el objetivo de la justicia social. En lenguaje popular dijo que “los beneficios del crecimiento no se los deben quedar 3 ó 4 vivos”. Es una referencia concreta a la necesidad de garantizar que la decisión y acción del gobierno elegido por el pueblo debe definir el carácter de la reactivación, y su direccionamiento a que los resultados se distribuyan atendiendo al valor de la igualdad. Cristina Fernández advirtió que el poder económico no puede pretender la posesión, y menos se le puede conceder, de la facultad del establecimiento de las definiciones de la política económica que impulse y acompañe el crecimiento. La Vicepresidenta fue enfática en señalar la necesidad de alinear salarios, jubilaciones, los precios –especialmente los de los alimentos— y las tarifas. Planteando que los precios de los alimentos deben ser accesibles para los sectores populares. Además explicitó su conocimiento y convicción de que la economía argentina es movilizada por la demanda, y que el consumo se acerca a significar el 70% de la demanda agregada. Es inequívoca al señalar estas reflexiones y postulados, que el alineamiento de las variables que destaca supone la recuperación de los salarios y las jubilaciones. También al plantear que el Estado debe establecer mecanismos efectivos para garantizar el acompasamiento de la evolución de precios y tarifas con la mejora real de los ingresos fijos populares, que garanticen un impulso del consumo y la demanda. Son ideas que perfilan un proyecto nacional basado en el esquema wage led growth (crecimiento impulsado por salarios).

A un año de la asunción del nuevo gobierno la Vicepresidenta, en un discurso de 16 minutos, expuso lineamientos fundamentales para el próximo año, los que reivindican la política llevada a cabo en el período 2003-2015, que consiguió la mejora del nivel de vida popular, y expresó: “Por eso volvimos”, adjudicándole a la unidad un carácter concurrente y complementario con la memoria popular sobre aquél período. Dijo, textualmente luego, que “si no se sabe cómo se llegó, es posible que no se sepa cómo ir”.

En el Informe de Coyuntura de CIFRA-CTA n° 32, elaborado por Pablo Manzanelli, Daniela Calvo y Cecilia Garriga, se calcula que el PBI cayó en los tres primeros trimestres del año un 11% con relación al mismo período del año anterior, siendo la sima el segundo trimestre, que registra respecto de su igual de 2019 una caída del 19%. El informe dice que “la economía argentina contabilizó, prácticamente, 10 trimestres de caída del PIB, situándose en la actualidad 15,3% por debajo del primer trimestre de 2018 y es un 14% inferior al producto bruto del tercer trimestre de 2015”. Lo expresado ilustra que el profundo descenso del año de pandemia se acopló a cuatro años de retroceso que el país experimentó en el transcurso del gobierno de Cambiemos. Durante los tres primeros trimestres de 2020 los únicos sectores que crecieron fueron la construcción (2.3%) y la intermediación financiera (4,6%). Este último guarismo más que un hecho positivo, resulta lo contrario y hace necesario reflexionar sobre una profunda reforma institucional imperiosa en su funcionamiento, regulación y definición de objetivos y actores.

El informe de CIFRA-CTA dice que los salarios cayeron entre noviembre de 2015 y septiembre de 2020 un 15,5% en el sector privado y un 26,5% en el sector público.  Respecto del crecimiento de los precios durante el año alcanzó, midiendo los primeros once meses de 2020 respecto del mismo período de 2019, un 35,8%, mientras la devaluación del tipo de cambio legal fue del 35,7%. Esto demostraría la importante influencia de la variación cambiaria sobre el nivel de precios, lo que probaría lo desaconsejable de ceder a los reclamos devaluacionistas de grupos y sectores empresarios. Además sería demostrativo de las consecuencias regresivas sobre los salarios de una política export led growth (crecimiento impulsado por las exportaciones). También probaría contundentemente que los precios se ajustan por el dólar oficial y no por las cotizaciones de los reducidos mercados marginales. Pero resulta de importancia subrayar que los alimentos y bebidas aumentaron mucho más que la tasa media de crecimiento de precios, lo hicieron en un 47,5% y la indumentaria en un 56%, lo que indica que la inflación para los sectores populares fue mucho más alta que para el conjunto de la población. Estas verificaciones indican hasta qué punto el alineamiento de precios, salarios, tarifas y jubilaciones que promueve Cristina Fernández, significa una enérgica mejora de los ingresos de los sectores populares. Mejora que debe ser acompañada por un conocimiento profundo y una intervención adecuada en las cadenas de valor, persiguiendo el objetivo de tomar los caminos necesarios para que los precios se ajusten a la obtención de tasas de ganancia empresariales acordes a la recuperación del nivel de vida que los sectores populares vienen perdiendo desde 2015.

Otra información de relevancia constatada por el informe elaborado por Manzanelli, Calvo y Garriga se refiere a las irregularidades en la liquidación de exportaciones de oleaginosas y cereales, ya que pese a la obligación de liquidar las divisas, mientras el total exportado es de 23.298 dólares durante el año 2020, lo liquidado asciende a 18 286 millones. Faltan liquidar más de 5.000 millones, lo que demuestra las irregularidades existentes en el sector.

La reticencia a liquidar divisas en las cadenas de oleaginosas y cereales, y sus presiones devaluacionistas, deberían ser enfrentadas con energía. La baja de retenciones para favorecer una mayor liquidación no produjo los efectos deseados. Mientras tanto los precios internacionales de estos commodities siguen subiendo, lo que exigirá proceder a un aumento de esas retenciones, aún a niveles superiores a los que regían con anterioridad a la rebaja ineficaz. Esa exigencia se motiva en la necesidad de evitar que los precios de los alimentos aceleren su crecimiento por la típica asociación automática con el comportamiento del mercado internacional. En una propuesta que va en la misma dirección, Cristina Fernández también expuso sobre la necesidad de establecer cupos a la exportación de alimentos que aseguren que un volumen razonable de los mismos sean reservados para el mercado interno, a precios razonables «para la mesa de los argentinos”.

Los dieciséis minutos de exposición de la lideresa del Frente de Todos incluyeron lineamientos básicos de una política económica que asume que los acuerdos de deuda deberán realizarse sobre la base de su subordinación al cumplimiento del objetivo de reactivación productiva con justicia social, sustentado en el crecimiento del mercado interno. Los plazos, intereses y organización de las amortizaciones con el FMI deberán también alinearse con, y detrás, de la prioridad que constituye la  recuperación de los niveles de vida de los sectores populares y el fortalecimiento del aparato productivo nacional

20Dic/200

EL SALARIO DEL MIEDO

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La reactivación pospandemia, el proyecto de país y las pujas entre sectores económicos y clases sociales

 

El debate respecto a la reactivación de la economía en la pospandemia, que aborda el camino para recuperar el retroceso en los cuatro años de neoliberalismo a los que se le suma el tiempo de las restricciones impuestas por la peste, lleva a una discusión que comprende tópicos teóricos, proyectos de país y pujas entre sectores económicos y clases sociales. Supone, también, la definición de cuál será el bloque de poder que hegemonizará la etapa. Pero, además, suma reflexiones que hacen a la sustentabilidad de largo plazo de una estrategia de desarrollo.

 

 

Alternativas contrapuestas

No resulta lo mismo, en ninguno de los sentidos mencionados, que la reactivación tenga como base una redistribución del ingreso progresiva, que si el impulso proviene de un aumento de las exportaciones o del endeudamiento de las familias. Si el objetivo que se persigue es un desarrollo nacional autónomo, Engelbert Stockhammer y Giorgos Gouzoulis plantean como fundamental que la estrategia de crecimiento esté impulsada por los salarios como por el rol del Estado en la economía. (Cap. I de El Imperio de las Finanzas, Deuda y Desigualdad, Comp. Chena y Biscay, Miño Dávila, 2019). Desde mediados de la década del ’70 en las experiencias tempranas, y más generalizadamente entrada la década del ’80 del siglo pasado, el neoliberalismo trajo consigo una fuerte caída de la participación de los salarios en el ingreso, instalando un paradigma cuya centralidad estuvo en el crecimiento de la desigualdad y en pérdida de poder social de los sectores mayoritarios de la población. La Argentina fue una de las experiencias tempranas. Ese proyecto hegemónico, en las dos últimas décadas del siglo pasado, produjo estancamiento económico, un profundo descenso del salario real, el crecimiento de la pobreza y la fragmentación de la clase trabajadora.

En ese período las características citadas se dieron tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Los dos fallidos modelos de crecimiento que dominaron las propuestas de política económica fueron:

  • El impulsado por la deuda (debt led growth). Este modelo se caracterizó por sostener permanentemente el consumo mediante el endeudamiento de las familias con salarios disminuidos, pero con acceso al crédito personal para solventar su demanda. La inconsistencia del modelo tuvo su momento clave en la crisis de las hipotecas en Estados Unidos que luego se extendió a otros países, crisis demostrativa de una deuda creciente de las familias y de una fragilización de sus economías.
  • El modelo alternativo fue el del patrón de crecimiento estimulado por las exportaciones (export led growth), que descansa también en la deuda como motor de su despliegue, porque el país que exporta puede hacerlo a expensas del endeudamiento de los países que así abandonan su desarrollo nacional. El caso alemán fue un ejemplo del primer vértice y el caso griego del segundo. El debilitamiento del último provoca problemas en el primero.

Ambos modelos afectan negativamente el nivel de los salarios. En el primero en beneficio del capital financiero que opera en el crédito familiar, el segundo en el descenso del salario para ganar competitividad exportadora espuria.

Estos dos paradigmas estuvieron ligados a la financiarización de la economía internacional que significó la desregulación del comercio internacional y de las finanzas globales, lo que se tradujo en la desregulación del ingreso y salida de capitales, política adoptada en casi todas las economías. También se promovió la deslocalización productiva, que se desempeñó como una amenaza a las economías con mercados de trabajo más organizados y mejores salarios. Las dos opciones buscaban un cambio sustantivo de la correlación de fuerzas a favor del capital.

Otros aspectos fueron la reducción del gasto social de los Estados, considerado como un factor que se asocia a la existencia de mejores salarios, las privatizaciones de empresas públicas y la drástica reducción del papel del Estado en la economía. También se promocionó  la reducción de impuestos como estímulo a la producción, relación causa-efecto que nunca funcionó.

Dicen los autores mencionados que “el salario real cumple una doble función en la economía: es a la vez un costo de producción para las firmas y la principal fuente de ingresos de los hogares. Un incremento en los salarios en la economía puede crear dos efectos de crecimiento opuestos, un efecto negativo en la inversión y un efecto positivo en el consumo”. Pero en la abrumadora mayoría de los casos el aumento del salario real y su impacto en el consumo, resulta mayor que la eventual existencia de un impacto negativo en la inversión. Luego, generalizadamente, como consecuencia posterior (de segunda vuelta), el crecimiento del PBI causa, también, un aumento en la tasa de inversión.

En una economía en la que se valoriza el rol del mercado interno, el salario supone no sólo un costo para las empresas sino la capacidad para realizar las ventas de las mercancías producidas. En cambio para una economía conducida por las exportaciones, el salario es sólo un costo. Además en los países de economías chicas, en su relación con el tamaño del mercado internacional, sus exportaciones dependen de los precios y cantidades que se les paguen y demanden. No tienen posibilidades de influir sobre esas variables. Esa es la cuestión por la cual alimentar un sueño en el que el crecimiento y la solución al problema de la falta de dólares (restricción externa) se puedan resolver poniendo el centro en las exportaciones, constituye una falacia teórica. Lo es más aun cuando la formación de activos externos (fuga de capitales) no es sólo una práctica del capital financiero especulativo internacional, sino también el comportamiento habitual de los grupos concentrados ligados a la exportación. La diferencia entre un Proyecto Nacional basado en el aumento de salarios y el crecimiento del mercado interno y otro que propone poner el centro en las exportaciones y se opone a una sustancial mejora de la distribución del ingreso, será un tema peliagudo en los debates de un Consejo Económico y Social. Porque:

  • La UIA está enrolada en la estrategia export led growth.
  • La AEA está más consustanciada con el modelo debt led growth (corazón de la financiarización).
  • El Espacio Producción y Trabajo propone y milita la recuperación rápida del salario y del mercado interno.

El pregón de los liberales neo, los “libertarios” y los “desarrollistas de baja intensidad” incluye el debilitamiento de las organizaciones sindicales, y la implementación de  los regímenes de flexibilización laboral. La Argentina tiene una paradoja, conserva una de las estructuras sindicales más importantes del mundo y sin embargo su cúpula actual se muestra proclive a acordar con los exponentes de los modelos basados en la conservación de los salarios reales heredados de las épocas de la financiarización. Un elemento adicional de esa contradicción de conducta son los acercamientos con la AEA y la UIA, que tienen posiciones cuestionadoras respecto al importante avance que la Argentina construyó en su régimen de convenios colectivos de trabajo. Sus modelos de crecimiento se contraponen con ese régimen legal y con las leyes laborales que los sostienen y protegen.

La idea de Wolfgang Stolper y Paul Samuelson respecto a que el intercambio internacional tiende a reducir la brecha salarial entre las economías desarrolladas y las periféricas y dependientes, ya que el factor más abundante en cada país resultaría el beneficiado – el trabajo en los segundos y el capital en los primeros— fue desmentida por la realidad, pues la apertura comercial amplió esa brecha. También se incrementaron las ventajas tecnológicas de los países centrales frente a los subdesarrollados. Estos comportamientos comprobados contraindican los tratados de librecomercio, razón por la cual sería un grave retroceso la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Stockhammer y Gouzoulis señalan que el proceso de crecimiento debt led growth, “con ratios de deuda en constante aumento, se vuelve insostenible; la expansión económica en dicho escenario se torna dependiente del acceso a fuentes de financiamiento externas…Ratios de deuda crecientes están asociados con mayores pagos de deuda futuros por parte de las firmas y los hogares, lo cual obstaculiza la demanda y termina desencadenando crisis financieras”.

 

 

 

El significado de la financiarización

Costas Laspavitsas define a la financiarización como modificaciones de carácter estructural en las relaciones, prácticas y necesidades financieras de los agentes económicos clave: bancos, hogares y corporaciones no financieras. En las economías periféricas y dependientes, el proceso se acentúa debido a la mayor incidencia de la economía internacional en ellas, y a la forma específica subordinada con que se integran,

La institucionalidad generada por la financiarización constituye un tema no menor. Se pierde el peso de las características de los entes y regulaciones nacionales y penetran instituciones de orden global y regulaciones de formato internacional que se convierten en ineludibles, lo que deviene en la conformación de cuadros profesionales y técnicos con una mentalidad formateada por los centros financieros internacionales.

En la Argentina las finanzas y los bancos se han modificado profundamente en las dos primeras etapas neoliberales. La liberalización de las tasas de interés y la desregulación financiera condujeron a una integración subordinada en el sistema financiero internacional, que luego devino en la adaptación del Banco Central al perfil diseñado por los organismos internacionales de crédito y, además, en la adopción de las regulaciones de Basilea. Estas últimas reparan en la lógica de control de solvencia microeconómica de las entidades y son ajenas y hostiles a la regulación de la orientación del crédito. De manera permanente se suman obligaciones y normas que los bancos deben cumplir, innecesarias para un desarrollo financiero proproductivo y que además encarecen  el crédito por los requerimientos de insumos, personal y tecnología ajena a la buena administración bancaria en el país. El banco central resulta penetrado por estas lógicas y por un staff permanente dedicado a un estilo de control de las entidades finacieras que aplica acríticamente lo que Basilea recomienda. Un verdadero ejemplo de colonización institucional.

Durante los años de neoliberalismo, la Argentina también sufrió en la transformación de su sistema financiero, el raudo crecimiento de los créditos personales que rondan, por épocas un poco más y por épocas un poco menos, el 50% del total del crédito. Resultan las entidades, entonces, un vehículo de la financiarización de las familias que reemplaza el consumo que debería ser sostenido por el salario por otro basado en el endeudamiento. En los sectores más humildes que no tienen acceso al crédito bancario, las familias económicamente más vulnerables recurren a instituciones parabancarias y poco controladas que les prestan a tasas usurarias a los que menos recursos perciben, hipotecando su futuro. En el sistema formal, las entidades más volcadas al negocio del crédito personal son las privadas, especialmente las de origen extranjero. Estas firmas ocupan un lugar de liderazgo en la obtención de ganancias, que paradojalmente tienen su origen en salarios que no alcanzan y un hiperconsumismo estimulado por las propias estrategias de los bancos. La liberalización del crédito sirvió al enriquecimiento de las finanzas y desorganizó toda la política del crédito para el desarrollo.

La inversión extranjera directa (IED) también es una opción inválida para la recuperación del crecimiento en el marco de una política de desarrollo e igualdad. En realidad es una forma de la financiarización. La producción por vía de ese tipo de inversiones se entremezcla con actividades de orden especulativo y financiero. Más, la mayor parte de las inversiones de las multinacionales en la época del liberalismo neo tiene fines especulativos, porque invierten en instrumentos financieros hacia los cuales trasvasan el excedente de las actividades productivas. Constituyen esas inversiones extranjeras directas el paradigma de la fusión entre la globalización de la producción y la financiarización de las economías. Son un elemento que introduce vulnerabilidad en las economías periférico-dependientes. En la actividad  de las multinacionales abundan las transferencias por bienes intangibles –patentes y marcas— que constituyen una vía de valorización financiera.

La necesidad de modificar la lógica de la IED impone la modificación de la Ley de Inversiones Extranjeras y, así, dar inicio a un camino de reversión de las decenas de convenios bilaterales de Inversión que impiden un rumbo genuino para los acuerdos organizados y dirigidos a incluir las inversiones externas que la decisión política considere necesarias y facilitadoras del desarrollo.

 

 

 

El crecimiento impulsado por salarios y otros lineamientos

El proyecto para el desarrollo nacional, imprescindiblemente debe recurrir a una política de recuperación basada en el crecimiento de los salarios, en la lógica wage led growth (crecimiento impulsado por salarios). El incremento de la demanda que habrá de provocar salarios más altos impulsará el crecimiento del producto y la inversión. La vía para alejar y resolver los problemas de restricción externa se construiría con:

  • En el corto plazo, controles a los movimientos de capitales y controles cambiarios. Con disposiciones administrativas y regulaciones de precio y cantidades. También con el establecimiento de un organismo y/o empresa testigo que tenga el objetivo de intervenir, regular y regularizar el comercio exterior, hoy dominado por prácticas nocivas para el buen manejo de la macroeconomía y la salud fiscal del país. La liberalización de estas regulaciones y la eliminación de instituciones en estos ámbitos ha constituido un auténtico y profundo fracaso en términos de eficiencia.
  • En el largo plazo, será decisivo el aumento del gasto autónomo del Estado en infraestructura y áreas estratégicas para la producción de bienes y servicios que ocupen lugares relevantes y núcleo de las cadenas de valor. Muchas de las cuales pueden estimularse y organizarse internamente, o en el marco de la reorganización de la unidad regional, con un rol destacado de la integración económica. Para hacer factible este camino será necesario un aumento de gran volumen del presupuesto en ciencia y tecnología por parte del Estado, con objetivos enmarcados en un plan de desarrollo. Parte de este crecimiento del papel del Estado debe financiarse con una reforma tributaria progresiva, resistida por quienes impulsan los modelos de liberalización y reducción de costos, en lugar de ésta lógica sistémica y planificada de crecimiento.
  • Los dos puntos anteriores tienen que articularse en una política que combine el estímulo a la demanda que concurre a sustituir importaciones con una política de oferta, fruto de un plan de participación y dirección de la economía por parte del Estado Nacional.
  • Una regulación del sistema financiero cuyo centro sea la dirección del crédito para el desarrollo y para el funcionamiento adecuado de las pequeñas y medianas empresas. También para las grandes, porque su endeudamiento en el exterior debería ser autorizado y fiscalizado por el banco central para evitar su uso con fines especulativos. Lo fundamental del endeudamiento externo al que se recurra debería ser tomado por el Estado Nacional, nunca para sus gastos corrientes, sino para obras específicas. Se deberían quitar del Sistema Financiero los esquemas que facilitan la fuga de capitales.
  • El estímulo de las exportaciones como parte de este modelo integral de desarrollo nacional, pero nunca como centro de la dinámica de desarrollo, o de resolución de la restricción externa. Porque esa estrategia no resuelve el crecimiento permanente y profundiza la desigualdad.

En  Aspectos políticos sobre pleno empleo, Michal Kalecki señaló que las razones de la oposición de los “líderes industriales” al pleno empleo obtenido mediante el gasto gubernamental tiene uno de sus pilares en la resistencia a la interferencia gubernamental en el problema del empleo como tal, y otra en la resistencia a la dirección del gasto gubernamental (inversión pública y subsidio al consumo). Esa resistencia se basa en sostener que la  función social de la doctrina del “financiamiento sano” es hacer el nivel del empleo dependiente del estado de la confianza. Los líderes del poder económico concentrado promueven, entonces, el equilibrio fiscal a obtenerse mediante la reducción de impuestos y, más aún, del gasto social, como forma de control de los salarios y del empleo. Porque salarios altos y empleo alto le resta espacio de poder a la economía concentrada. Por eso se oponen a un Estado con alto gasto público que garantice un nivel de actividad hacia el desarrollo y crecientes niveles de igualdad. Lo hacen aún a costa de sus beneficios, porque un Estado con poco gasto no puede promover el empleo y este queda dependiente de la decisión privada. Estado grande o chico, nivel de empleo alto o bajo, salarios justos o miserables, determinan la relación entre poder político y poder económico. El rumbo que tomen estas cuestiones facilitará o dificultará la construcción de un bloque político para sostener los cambios enumerados como una alternativa de lineamientos para la estrategia del gobierno nacional, democrático y popular.

13Dic/200

ATAQUE AL SISTEMA DEMOCRÁTICO

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Cristina desnuda la contradicción entre sistema republicano y democracia

 

El columnista del diario La Nación y predicador del programa Odisea Argentina, Carlos Pagni, caracterizó la carta de la Vicepresidenta de la Nación y lideresa del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, como un ataque al sistema republicano. El autor del artículo Ataque al sistema republicano, en La Nacion del 10 de diciembre de 2020, comienza caracterizando que “la esencia del sistema republicano radica en la necesidad de limitar al poder”, continúa diciendo que “la sociedad se protege de la posibilidad de ser avasallada por la política a través de dos dispositivos principales, la independencia judicial y la libertad de prensa”.

Los posicionamientos políticos adquieren su sentido en condiciones histórico-concretas y no como resultado de generalidades pretenciosas de vigencia eterna. Valorando el momento en que Pagni formula esas aseveraciones, no pueden ser entendidas más que como construcción teórica de defensa del lawfare. Defiende a la Corte Suprema como una institución inmaculada, ajena a sus comportamientos y características actuales, justamente las que Cristina Fernández se encarga de describir enumerando los comportamientos irregulares de ese cuerpo y de la mayoría de sus integrantes. Finaliza el párrafo, aseverando que la “independencia judicial” unida a la “libertad de prensa”, que en este contexto no es otra cosa que la de los conglomerados comunicacionales concentrados que reúnen medios escritos y audiovisuales, conforman la hermandad imprescindible para defender a la sociedad del avasallamiento de la política. Nótese la elección de la palabra, no se refiere como lo hacen los liberales tradicionales al Estado, si no a la política. Sigue así los lineamientos de las innovaciones  del liberalismo neo respecto del liberalismo clásico. Son Milton Friedman y Hayek quienes insinuaron esa sustitución lingüística, popularizada hoy por los economistas «libertarios”. Ese cambio introduce una contradicción entre República y política, cuya conciliación se transita mediante el vaciamiento de esta última.

La esencia de la República que evoca Pagni no se originó en la democracia ateniense sino en el feudalismo europeo, que devino en el capitalismo liberal. Comenta Ellen Meiksins Wood en Democracia contra Capitalismo (siglo XXI, 1995) que uno de sus principales hitos fue la Carta Magna inglesa de 1688 (año en que se impuso el fin del absolutismo y el predominio del Parlamento sobre la monarquía), acontecimiento que provoca el ascenso de las clases con propiedades. Ese republicanismo no fue de campesinos que “se liberan del dominio político de sus señores, sino de los señores mismos que afirman sus poderes independientes frente al poder de la monarquía. Este es el origen de los modernos principios constitucionales, las ideas del gobierno limitado, la separación de poderes y demás, principios que han desplazado las implicaciones sociales del ‘gobierno del demos’ –como equilibrio entre ricos y pobres— como criterio central de la democracia”. El concepto de democracia antiguo provino de una experiencia histórica que le dio un status ciudadano a las clases subordinadas, en cambio en lugar del ciudadano campesino, el antiabsolutismo de la limitación de poderes constituye el drama histórico de la ciudadanía limitada al barón feudal wigh. La tradición republicana reivindicada por Pagni proviene de una época de cambios en que el concepto de pueblo y ciudadanía calificaba para los estratos propietarios y excluía a las mayorías populares. La raíz del pensamiento republicano plutocrática se devela en el predicador de Odisea cuando escribe sobre la Vicepresidenta que, “mientras estuvo al frente de la Casa Rosada propuso una reforma cuyo propósito principal era subordinar el Consejo de la Magistratura a los resultados electorales para, de esa manera, someter a los jueces a los vaivenes de las urnas”. Este periodista de la derecha argentina no se priva de designar al veredicto popular con el mote de “vaivenes de las urnas”. Proteger a la “justicia” y la “prensa” de la política, alejar la designación de los integrantes de un órgano judicial de los “vaivenes electorales”, son parte de un lenguaje ajeno al pensamiento democrático.

El artículo se refiere a que “uno de los pasajes más reveladores de la proclama de ayer [la Carta de la Vicepresidenta] fue el cargo que le hace a Rosenkranz como presidente de la Corte, de haber ejercido la profesión litigando a favor de empresas privadas. Quiere decir que, además de manifestarse sobre la Justicia, la Vicepresidenta aprovechó pronunciarse también sobre el capitalismo”. Prefiere ocultar y deformar lo que la Presidenta dijo: que la cartera de clientes del estudio jurídico de Ronsenkrantz está conformada por los principales grupos empresarios argentinos y extranjeros del país. Era el abogado de grandes intereses particulares de empresas privadas cuya actividad tiene un fuerte impacto en la vida pública. Respecto de lo cual, resulta atinado citar la reflexión de Rousseau, el gran filósofo de la democracia, para quien “solamente la voluntad general puede dirigir las fuerzas del Estado según el fin con que ha sido instituido, que es el bien común; pues si la oposición de los intereses particulares ha vuelto necesario el establecimiento de las sociedades, el acuerdo de esos mismos intereses lo ha vuelto posible… Siendo la soberanía tan sólo el ejercicio de la voluntad general, no puede nunca enajenarse, y que el soberano, que no es sino un ser colectivo tan sólo puede ser representado por sí mismo: el poder puede transmitirse pero no la voluntad… La voluntad particular  tiende por su naturaleza al privilegio, y la voluntad general a la igualdad”.  Pues entonces, el señalamiento de la lideresa del Frente de Todos cumple con el deber de señalar que el Presidente de la Corte no reúne los antecedentes que garanticen la atención de la voluntad general, pues ha vivido vinculado a grandes intereses privados. La advertencia de Cristina Fernández es una manifestación contra el privilegio y en defensa de la igualdad.

En otro párrafo acusa al texto de Cristina Fernández de efectuar un cuestionamiento a la cultura liberal, en beneficio de una idea populista de la democracia. La confesión del periodista que predica el neoliberalismo queda expuesta. Esa defensa de la cultura liberal es la de cadena de intermediaciones representativas que aleja a la ciudadanía del poder por medio de la república representativa en la que las elecciones tienen una metodología superindirecta. Es la reivindicación de la cultura que con el advenimiento del capitalismo separó la vida económica de la vida democrática. La que “protegió” a la economía de la política. Luego en la época del “capitalismo de oro”, con las socialdemocracias europeas de posguerra y los gobiernos populares en el Tercer Mundo, el capitalismo admitió la desmercantilización de los bienes y servicios esenciales y una intensa intervención del Estado en la economía. El temor a la “amenaza comunista” habilitó esta posibilidad, combinada con el desarrollo de intensos tejidos sociales en Occidente, la presencia de modos productivos que homogeneizaban a los pueblos y una intensa politización de la vida pública. Más tarde, con el advenimiento del neoliberalismo, los sectores del poder económico impulsaron el retiro de los estados de la economía, el endiosamiento de los mercados, la heterogeneización de las condiciones productivas, la vulnerabilización de vastos sectores de los pueblos y la admisión de una vertiginosa formación de un vértice minoritario y exclusivo de multibilllonarios. Los neoconservadores que pretenden eternizar esta última realidad militan la limitación de poderes, dando impunidad a los jueces que no provengan de los vaivenes de la voluntad popular y a los conglomerados comunicacionales monopólicos que forman opinión favorable a la hegemonía de los sectores privilegiados para las grandes empresas, en economías cada vez más concentradas.

El columnista de la “tribuna de doctrina” manifiesta preocupación respecto de la actualidad cuando dice que la carta vicepresidencial coincide con el momento en que el país “negocia con las grandes democracias del planeta encabezadas por los Estados Unidos, un acuerdo con el Fondo”. Mientras el gobierno nacional, popular y democrático dejó claro que no aceptará condicionamientos sobre su política económica, ni tampoco realizará reformas estructurales para acordar un programa con el FMI, el orador de Odisea enciende alarmas por las justas críticas de la Vicepresidenta a un Poder Judicial que hoy huele a podredumbre. ¿Ese hombre, y los que piensan como él, supone que nuestras conductas políticas – ya no sólo las económicas— deben subordinarse al gusto de las grandes potencias? ¿Cantan el Himno Nacional, o creen que hacerlo es inconveniente para atraer las inversiones extranjeras? ¿Tal vez piensen que conviene cambiar la lengua primaria con que se educa a las futuras generaciones por el inglés? Todo lo que venere al Dios de la Confianza sería útil para su criterio. Esa veneración se compone de concesiones y pleitesías. No oculta nada de su pensamiento sometido al poder, dice “grandes democracias del planeta encabezadas por los Estados Unidos”.

 

 

 

Gran potencia, pero sin democracia

Dice Mónica Peralta Ramos en su artículo La política en tiempos de pandemia, respecto a la actualidad que vive la potencia que encabeza las grandes democracias: “El impacto económico de la pandemia ha contribuido a arrojar luz sobre una brutal desigualdad racial, económica y social acumulada a lo largo de décadas. Sin embargo, las demandas de los que tienen poco o nada se enredan y entreveran en una disputa entre facciones de las elites dominantes empeñadas en controlar una mayor tajada del poder político. El fragor de este combate impide ver lo que está realmente en juego. Ese ‘ellos o nosotros’ es un ariete que divide de un modo espurio a los excluidos, ahondando una grieta que, de tan vieja, ya casi no existe en la memoria. Hoy los despojados y los excluidos pugnan por hacer oír su voz pero son ahogados por cantos de sirena que buscan mantenerlos en el aislamiento y la segregación… La existencia de un contrato social aceptado por el conjunto ha sido un rasgo indispensable a la vida comunitaria. Hoy ese contrato social está roto. Las instituciones democráticas no pueden legitimar un orden social que maximiza los intereses de unos pocos en detrimento del bien común de todos, con una dinámica que desemboca en una crisis sistémica, en el canibalismo social y en la destrucción del clima y del hábitat”.

Un país con un régimen electoral distinto en cada uno de sus estados, donde las elecciones suelen terminar en pleitos, donde el que gana puede ser el que saca menos votos, donde los grandes grupos privados financian y condicionan a los futuros Presidentes, en forma “transparente” y sin limitaciones. ¿Eso caracterizan como gran democracia?

La cuestión está en el origen. Para los antiguos federalistas norteamericanos explícitamente había que evitar el gobierno de la turba, la tiranía de la mayoría, y optaron por la forma representativa y republicana de la democracia, excluyendo el equilibrio de poder entre las clases, y sin referencias críticas a que se instale el “gobierno de los ricos”. Esta es la fuente de los principios que permitieron sustraer la economía de la política y someterla a un espacio no democrático: el del mercado.

La “razonabilidad” de las políticas de entrega propiciadas por Pagni y los periodistas-comunicadores de los grandes medios concentrados, está sostenida como anticipaba Gramsci en lo que constituye a esos agentes del poder, son“los viejos dirigentes intelectuales de la sociedad [que] sienten que pierden terreno bajo sus pies, se dan cuenta que sus ‘sermones’ se están reduciendo precisamente a ‘sermones’, a cosas ajenas a la realidad, a pura forma sin contenido, a larva sin espíritu, a eso se debe su desesperación y sus tendencias reaccionarias y conservadoras”. A esa intelectualidad del poder decadente, de una civilización en descomposición, pertenece el autor de la nota de La Nación y esa intelectualidad periodística entregada a la repetición del discurso de una civilización decrépita.

 

 

Ortodoxos en decadencia y falso realismo mendicante

En particular, los economistas constituyen, tal vez, la facción más grave de la intelectualidad de un modelo de vida en descomposición. El elogio del neoliberalismo, el régimen de la desigualdad, de la sociedad que fábrica miseria, del despojo de la idea del semejante, tiene expresiones locales en los discursos ajustadores, de mano dura económica, de embate contra la política, como los de Milei, Espert, Cachanosky, y aunque más encubiertos también los del ex ministro Cavallo, De Pablo, Broda, Melconian, etc.

Pero también hay un coro de supuestos “realistas” que llaman desde discursos progresistas tipo socialdemocracia 2.0 (de la tercera vía de Anthony Giddens) a la aceptación de las relaciones de poder que rigen el mundo. Asumen la apologética de la correlación de fuerzas y la inevitabilidad de sumarse al “mundo” (en el rol de furgón de cola de las potencias de la financiarización). Corresponde contraponerles la materialidad de la existencia de la voluntad, como constitutiva de la subjetividad que puede cambiar el estado de cosas, introducir una ruptura, cambiar el cauce. Esa subjetividad motoriza la invalidación de un “falso realismo” constituyente de un reformismo superficial que renuncia a la motorización de una real transformación de la sociedad y la Nación.

Emmanuel Alvarez Agis, ex viceministro de economía de un gobierno popular, parece seducido por alternativas de este carácter. Plantea la necesidad de ampliar el financiamiento externo para aplicarlo a la moderación del déficit fiscal, dando por supuesto que el FMI habrá de pedir y la Argentina tendrá que aceptar un mayor equilibrio presupuestario. Bajo esos supuestos –de exigencia y subordinación— que se acercan a una negociación tradicional con el FMI, Alvarez Agis plantea que con un plan de facilidades extendidas Argentina podría obtener 12.000 millones de dólares más de asistencia del Fondo, lo que la llevaría a un endeudamiento de 57.000 millones con ese organismo. El joven economista parece envejecido en ideas. La suposición de seguir endeudándose con el FMI porque el organismo va a condicionar y el gobierno democrático, nacional y popular argentino aceptará, no es más que una vieja y repetida historia de fracasos y retrocesos. Pero el ex viceministro también se esperanza con la razonabilidad del siempre irrazonable organismo internacional respecto a los condicionamientos que impondrá.

 

 

Álvarez Agis y Abraham Gak: las apariencias engañan.

 

 

Más joven en ideas que él era el director del Plan Fénix, Abraham Gak, recientemente fallecido a los 91 años, quien siempre reivindicó la autonomía ante el Fondo y el poder financiero. Fue un militante, un intelectual y organizador de los economistas que lidiaron con la ortodoxia cuando reinaba en todos los campos, también en la UBA. Otro de los fundadores del Fénix, Aldo Ferrer, referente de los economistas heterodoxos, siempre sostenía que en las negociaciones hay que tener la alternativa de no acordar, porque si se les asegura el acuerdo, los financistas te imponen lo que ellos quieren. Cuando se está elaborando un programa y se lo pretende propio, autónomo y no ajustista, resulta de chambón –si la mirada es bondadosa— andar tirando números sobre endeudamientos incrementales. Si la “tribuna de doctrina” te entrevista varias veces en una semana te tenés que preguntar sobre lo que andás diciendo. Y siempre se debe reparar en las marcas y señales de la historia. Néstor Kirchner construyó una política de transformación por haberle cancelado al FMI y no por ir a mendigarle más dólares, y menos para financiar el ordenamiento de cuentas internas.

7Dic/200

Publicado por admin

Dear colleagues,  

We allow ourselves to request international solidarity due to the unconscionable dismissal,  persecution and maltreatment suffered by, Jorge Marchini, respected Professor of  Economics at the University of Buenos Aires, with a long career and national and  international standing.  

The Chair occupied by Marchini has been recognised for its academic quality, pluralism, and  exemplary democratic and participatory practices for more than thirty years. Jorge Marchini  has reached the highest professorial level at the University of Buenos Aires through public  assessment, a position that was renewed on successive occasions on the grounds of merit,  except for the last assessment. This assessment of Professor Marchini, as well as of other  prominent independent professors, was replete with serious irregularities and  manipulations that have been duly denounced by him and academic inspectors in a formal  case to Argentine courts. 

A further very serious development has now become known, namely the intention of the  authorities not to wait for the ruling of the courts but appoint a substitute professor for  Professor Marchini without complying even with the basic rules and conditions of the  University. This development could only be explained on the basis of political discrimination  of personal favour. 

We are calling on the responsible authorities of the University of Buenos Aires to guarantee  the legal academic process appropriate to Professor Marchini’s case, including the full  payment of his salary that has been withheld along many months despite his continuing to  direct and coordinate Chair activities. 

We make this request for solidarity in the understanding that instances such as this call for  the pronouncements by the international academic community that fights for freedom of  thought without censorship and ideological discrimination or persecution 

Buenos Aires,  

12 November 2020 

Marisa Duarte, President of Argentina's Institute of Economic Development (IADE) Manuel Acevedo Herrera, Chair of Economics, University of Buenos Aires (UBA), Argentina José Cárcamo, Chair of Economics- University of Buenos Aires (UBA), Argentina. Hugo Andrade, Dean of the National University of Moreno (UNM), Argentina Felisa Miceli, President of Research Center of Social Sciences ( CIGES), former Minister of  Economy of Argentina. 

Federico Schuster, Chair of Philosophy and Social Sciences Methods, University of Buenos  Aires (UBA), Argentina 

Diego De Charras, Director of Communication Sciences Degree, University of Buenos Aires  (UBA), Argentina.  

ORIGINAL EN ESPAÑOL  

Nos permitimos pedir la solidaridad internacional por el despido desmedido, persecución y  maltrato sufrido por Jorge Marchini, respetado profesor de Economía de la Universidad de  Buenos Aires, con una dilatada trayectoria y prestigio nacional e internacional. 

La Cátedra que ocupa Marchini ha sido reconocida por su calidad académica, pluralismo y  prácticas democráticas y participativas ejemplares durante más de treinta años. Jorge  Marchini ha alcanzado el más alto nivel docente de la Universidad de Buenos Aires a través  de la evaluación pública, cargo que fue renovado en sucesivas ocasiones por motivos de  mérito, salvo la última evaluación. Esta valoración del profesor Marchini, así como de otros  destacados profesores independientes, estuvo plagada de graves irregularidades y  manipulaciones que han sido debidamente denunciadas por él y veedores académicos  académicos en un caso formal ante los tribunales argentinos. 

Ahora se ha conocido otro hecho muy grave, a saber, la intención de las autoridades de no  esperar el fallo de los tribunales, sino de nombrar un profesor suplente del profesor  Marchini sin cumplir ni siquiera con las normas y condiciones básicas de la Universidad. Este  desarrollo solo podría explicarse sobre la base de la discriminación política de favor  personal. 

Hacemos un llamado a las autoridades responsables de la Universidad de Buenos Aires para  garantizar el proceso académico legal adecuado al caso del profesor Marchini, incluido el  pago total de su salario, retenido durante muchos meses, a pesar de continuar dirigiendo y  coordinando las actividades de la Cátedra . 

Hacemos este pedido de solidaridad en el entendido de que instancias como esta convocan  a los pronunciamientos de la comunidad académica internacional que lucha por la libertad  de pensamiento sin censura y discriminación ideológica o persecución. 

Buenos Aires, 

12 de noviembre de 2020

6Dic/200

E PUR SI MUOVE

Publicado por admin

El Dia de la Industria, copado por el ofertismo neoliberal

Acevedo repitente

El 2 de diciembre, en la celebración anual del Día de la Industria, el titular de la UIA, Miguel Acevedo, reiteró conceptos que no abandonan la orientación general que esa organización viene sosteniendo desde la asunción del Presidente Alberto Fernández. Algunos anclados en las miradas del ofertismo neoliberal, otros en la reivindicación de políticas estatales de reducción de costos a las empresas industriales. En sus expresiones estuvieron ausentes las preocupaciones por la vigorización del mercado interno, tampoco se refirió a la necesidad de promover el crecimiento del consumo, que es el componente fundamental de la demanda agregada para un proyecto nacional de desarrollo y con igualdad. En cambio, dedicó un párrafo al estímulo de las exportaciones, aseverando que “En esta nueva normalidad que nos toca vivir, la competencia predatoria pasa a ser la regla, y no la excepción. Por eso es clave desarrollar incentivos para sostener y ganar nuevos mercados. La Argentina necesita generar divisas para crecer y hacer sustentable el reciente acuerdo de la deuda externa”. Este reclamo de incentivos para exportar constituye una manera indirecta del pedido de competitividad espuria, a través del llamado  “tipo de cambio alto”, o en su defecto, mediante otorgamiento de reintegros o exenciones impositivas a las ventas al exterior.

Por el contrario a lo pregonado por Acevedo, las divisas para afrontar la deuda arreglada y la pendiente de arreglo deberían provenir del desarrollo nacional genuino que, necesariamente, descansa en el crecimiento de vida económica interna, en el desarrollo científico y tecnológico a cargo de un Estado que le dedique un presupuesto suficiente y en la inversión de los excedentes de los industriales en la producción, en el marco de políticas industriales que sean parte de un plan del Estado. También será necesaria la reinversión en la economía nacional de los beneficios de los demás sectores productivos y de las rentas de la propiedad. En una economía de desarrollo medio, periférica y dependiente, con una dinámica de restricción externa, resulta inconsistente y un contrasentido el reclamo que la AEA y la UIA frecuentemente plantean de “libre acceso a las divisas”. Sólo su administración y una refinanciación con el FMI subordinada a una política económica popular han de garantizar la sustentabilidad de las condiciones de pago en el futuro. La competitividad espuria es regresiva desde el plano distributivo, tiene efectos de corto plazo que se extinguen sin impacto en el desarrollo y, si se asocian al “libre acceso de divisas”, los excedentes de las empresas se dolarizan y fugan al exterior en lugar de dedicarse a la inversión.

Acevedo también manifestó que “necesitamos un debate profundo sobre una reforma tributaria que promueva la generación de valor, la formalización del empleo y la producción. Este difícil contexto que estamos atravesando evidencia cómo la informalidad le quita recursos al país y carga el peso tributario cada día más sobre el sector formal”. La Argentina necesita mejor tributación, eliminando los impuestos distorsivos”. Justo cuando se está planteando con insistencia la realización de una reforma progresiva, el presidente de la UIA vuelve sobre la idea de “aliviar” la presión tributaria aduciendo que brindará beneficios productivos. Corresponde repetir que la evidencia histórica muestra lo contrario, porque los momentos de crecimiento económico y mejor distribución del ingreso se asocian a las épocas con sistemas impositivos más progresivos y exigentes. No se trata de reducir impuestos, sino de aumentar los que gravan ganancias y propiedad y disminuir los que lo hacen con el consumo y las transacciones, aumentando la recaudación evitando la evasión y mediante el aumento de los tributos a los que más tienen.

 

 

 

Un Consejo Económico y Social para un Proyecto Nacional y Popular

De todos modos como plantea Gabriel Palma en América Latina en su Momento Gramsciano… (Trimestre Económico n° 348; 2020), parte de la “presión tributaria” que tanto preocupa a la UIA es causada por los gastos compensatorios debido al poco desarrollo del mercado interno que deviene en bajos niveles de empleo y en una distribución primaria del ingreso (lo que perciben los asalariados en relación a las ganancias de los propietarios), que resulta muy regresiva en los países que adoptaron regímenes neoliberales. Palma ejemplifica comparando a Chile con Corea, el índice de Gini (cuanto más bajo es muestra una mejor distribución promedio del ingreso) de Corea es de 0.30 y el del Chile de 0.45, si el que se toma asume la distribución secundaria (la que agrega a la primaria el impacto del gasto social y los impuestos que mejoran o empeoran salarios y beneficios), siendo que los dos países tienen el mismo gasto social. A su vez, compara a Corea con Alemania, verificando que la primera recauda un 15% menos que la segunda respecto del monto del PBI mientras duplica  la inversión pública alemana. Los números y relaciones demuestran cuán beneficiosa resulta la mejora de la relación salarios/beneficios (una mayor tasa de salarios) para el presupuesto público, el alivio fiscal, el menor endeudamiento y la mayor capacidad de inversión del Estado.

Esto plantea un gran debate en relación al tema axial e inminente que se abre en Argentina con la conformación del Consejo Económico y Social que deberá discutir estas cuestiones entre las fundamentales:

  • Qué distribución del ingreso primaria se persigue (precios y salarios),
  • qué reforma tributaria y nivel del gasto social, y
  • qué nivel de actividad (inversión y empleo).

La rápida recuperación salarial y de la inversión pública son las condiciones de partida para emprender la sostenibilidad de un proyecto de desarrollo que propenda a la consecución del objetivo de igualdad y eliminación de la pobreza. Rápidamente habría que revertir la caída del salario real provocada por la política neoliberal de Cambiemos y del año de pandemia.  Según un anticipo del informe de CIFRA-CTA, próximo a editarse, esa caída representa para el sector privado registrado un 18.4% entre el promedio del año 2015 y  el mes de septiembre de este año, ese guarismo no capta las reducciones negociadas por los asalariados parados por la pandemia (aunque en septiembre son pocos los que permanecen aún en esa situación).  En el caso del sector público, CIFRA calcula que la reducción para el período considerado fue del 25,2%. Estos cálculos no incluyen la ponderación de la merma sufrida por los asalariados informales. Sin comenzar por la discusión y acuerdo de esta recomposición será sólo una ilusión avanzar en otros temas.

La otra cuestión de fondo resulta el debate sobre la inflación.  La época de la co-administración económica entre Cambiemos y el FMI mostró que la inflación no obedece a fenómenos monetarios, por lo menos en el caso argentino. En cambio, la explican las tensiones provocadas por la puja distributiva, pero sobre todo en los momentos de alto nivel de empleo. Es sustantiva la causalidad de la suba del nivel general de precios precipitada por devaluaciones del tipo de cambio. La multicausalidad de la inflación incluye también otro cauce concurrente. Basualdo, Manzanelli y Calvo en Los grupos económicos locales y las dos primeras décadas del siglo XXI (Flacso, 2020) recuperan el planteo de Leontief sobre “la existencia de conjuntos de actividades que tienen una gran intensidad de relaciones de compraventa entre sí y muy escasas, o nulas, vinculaciones con el resto de las actividades económicas…[estas definen el concepto de] ‘bloque sectorial’ que se compone de la cadena de actividades” que se articulan con esa característica.  En todos los bloques sectoriales  “hay ramas productivas que asumen una relevancia especialmente importante, porque son las que determinan tanto la tecnología utilizada como los precios relativos y, por lo tanto, las rentabilidades relativas de las actividades que integran el bloque sectorial: se trata de los núcleos técnicos y económicos… Estos ‘bloques sectoriales’ [presentan] una relación directa con la problemática inflacionaria y consiste en la inserción que exhiben los grupos económicos en los núcleos técnicos y económicos que… son las ramas de actividad que definen la tecnología utilizada en el bloque, la distribución del excedente dentro del mismo y los precios relativos, es decir el nivel de precios dentro del bloque sectorial. Este atributo tan relevante, les permite a los grupos definir el comportamiento de toda la cadena productiva sin tener que generar un porcentaje mayoritario del valor agregado, de las ventas y menos aún del capital fijo del respectivo bloque sectorial. Lo que sí les garantiza es obtener la mayor rentabilidad sobre sus ventas o patrimonio, no sólo porque se trata de empresas oligopólicas sino porque desde esa posición definen la distribución del excedente. Por ejemplo, durante la segunda etapa de la sustitución de importaciones (1958-1975) las firmas extranjeras fueron centrales en la producción industrial pero generaban solo entre el 25% y el 30% del valor de producción sectorial. De esta manera, definían tanto el perfil productivo del país como el nivel de precios en la economía debido a que mayoritariamente estaban insertos en las ramas núcleo de las distintas cadenas productivas”. Concluyen Basualdo, Manzanelli y Calvo afirmando que “una política de precios debería poner un énfasis prioritario en el contralor de los núcleos técnicos y económicos de los bloques sectoriales porque allí conviven grandes firmas oligopólicas, las cuales son propiedad de grupos o conglomerados económicos”. O sea que una política fundamental de precios y salarios que defina una distribución primaria del ingreso en un contexto institucional de negociación y acuerdos requiere, para este aspecto estructural, de la conformación de una estructura del sector público que actualice permanentemente su conocimiento de las cadenas productivas, en el marco de un régimen de intervenciones que racionalice las rentabilidades relativas intra e intersectoriales. La administración del tipo de cambio y del acceso a las divisas se suma como otro requisito para el control de la inflación, así como también el funcionamiento de convenciones colectivas de trabajo que se enmarquen en discusiones encaminadas a una distribución del ingreso acorde con el proyecto democrático, nacional y popular.

En esta dirección resulta necesario valorar la conformación del Espacio Producción y Trabajo, integrado por la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal de los Trabajadores de la CGT, un conjunto de organizaciones del empresariado pequeño y mediano, agrupaciones de productores del sector agrario e importantes agrupamientos del cooperativismo de distintas ramas. Este espacio tiene el mérito de sumar distintos ámbitos de actividad y la representación de empresarios y trabajadores. Además, se agrega la característica de que la gran mayoría de sus integrantes se han fogueado en el enfrentamiento al neoliberalismo, poniendo el cuerpo, las ideas y su incidencia. Estos rasgos son de una densidad significativa y resulta importante que el gobierno los reconozca y le asigne a este Espacio una participación de magnitud en el Consejo Económico y Social, debido a que sus integrantes están articulados con los objetivos mismos del gobierno que eligió la ciudadanía.  En ese Consejo será necesario contrapesar las conductas e ideas que impregnan a las grandes organizaciones empresarias, que se repiten expresándose por la limitación del rol del Estado en la economía, promoviendo la liberalización externa que siempre termina en fuga de divisas y agudización de la restricción externa, y reivindicando la apertura externa indiscriminada de la economía.

En relación al último aspecto resulta sorprendente que las organizaciones industriales tradicionales no lleven a cabo una oposición sistemática y permanente respecto al acuerdo MERCOSUR-UE, que se valora —con un preocupante desconocimiento de sus contenidos y potenciales consecuencias— en algunas esferas del gobierno. Mariana Vázquez en un trabajo reciente del Observatorio del Sur Global (mimeo) señala que “profundizan la relación asimétrica entre ambos bloques [y] consolidan la tradicional inserción argentina como proveedora de materias primas y alimentos e importadora de manufacturas con valor agregado y contenido tecnológico, con un impacto negativo en las posibilidades de industrialización y de generación de empleo de calidad, incrementando las desigualdades en la distribución del ingreso y la exclusión. La autora señala que “varios de los compromisos asumidos, sobre todo en su dimensión regulatoria pero también en el tipo de intercambio comercial que favorecen, tienden a volver irreversible este patrón. Vázquez advierte que este acuerdo “podría disminuir sustancialmente el comercio intra-MERCOSUR debido a la pérdida de las preferencias en el mercado regional…  [ y que su firma] implica[ría] la renuncia a políticas públicas que regulen servicios, comercio electrónico o movimientos de capital, destruyendo las cadenas nacionales y regionales e incrementando la dependencia con respecto a las corporaciones europeas”. Además advierte que “se desconoce el formato institucional final que se dará a la administración del acuerdo”  y constituye una amenaza la alta probabilidad de cooptación de esa institucionalidad por parte de intereses corporativos. Acevedo, por ejemplo, no se refirió en su alocución respecto de la inconveniencia de la firma de un convenio que mutilará las posibilidades del progreso de la industrialización del país.

En su lugar, un proyecto de desarrollo que combata la pobreza y promueva el valor de la igualdad con una estrategia  de diversificación productiva, debería promover el fortalecimiento del MERCOSUR, avanzando en su objetivo de mercado común completo y quitándole las perniciosas alternativas de avenirse a distintas variantes de tratados de libre comercio. En la misma dirección, correspondería impulsar la recuperación de la institucionalidad de Unidad Latinoamericana que  desarticuló la hegemonía neoliberal que reinó durante el último quinquenio en la región. CELAC, UNASUR, Banco del Sur, entre otros, son organismos a recuperar y/o revitalizar.

 

 

Disciplinar al poder concentrado

El Consejo Económico y Social deberá abordar, entre otras cuestiones, estos temas fundamentales y de urgente tratamiento. Esta agenda y sus enfoques desde el nacionalismo popular y democrático implican abandonar la herencia neoliberal en sus aspectos ideológicos, institucionales y de regímenes político y económico. Para lo que será imperativo que las fuerzas populares en el gobierno construyan la posibilidad de disciplinar al poder concentrado y edifiquen las barreras para evitar que continúe el proceso de concentración. En la consecución de esta meta se deberá resistir a la presión de los que pretenden que el gobierno popular acepte la continuidad de las instituciones y la cultura neoliberal como política de Estado, limitándose a la adopción de medidas mitigantes con la actitud resignada de una lógica que malentienda como eterna una determinada correlación de fuerzas que hoy está en declinación. Porque la Historia no terminó, hay que seguir haciéndola.