Por Guillermo Wierzba
Pese a la evidencia que plantea la crisis cambiaria, en relación a la grave situación que atraviesa el sector externo de la economía, el gobierno insiste en un discurso y la implementación de medidas cuyo objetivo es la reducción del déficit fiscal, que no luce grave en su nivel respecto del Producto. Así queda planteado un interesante debate entre economistas ortodoxos, que adjudican todos los males del empeoramiento indiscutible de la macroeconomía a la inflación, suponiendo que la persistencia y agravamiento de ésta proviene del déficit fiscal y el aumento de la cantidad de dinero para financiarlo, y heterodoxos, que valoramos al estructuralismo latinoamericano, subrayando la restricción externa originada en la composición de la balanza comercial como el origen de estos desbalances del sector externo.
Sin embargo, muchos de nosotros entendemos que en las condiciones actuales de economías abiertas, insertadas pasivamente en la globalización financiera, el círculo vicioso fuga de capitales–endeudamiento agrava la restricción, y muchas veces se constituye en su principal causa. La descuidada y sospechosa desregulación cambiaria y de los movimientos de capital acompañadas por el financiamiento con deuda tomada en dólares por el actual gobierno es la razón de la crisis actual. O sea, que cursamos una crisis producto del retorno al régimen de valorización financiera que inaugurara la dictadura militar en 1976
Sin recursos ni aptitudes para afrontar la situación, los funcionarios encargados del manejo de la economía han sido instruidos por el Presidente Macri a ofrecerse como dragoneantes a la conducción del FMI. Eso hizo borrar del discurso la palabra acuerdo, reemplazada por el enunciado que reivindica al memorándum de entendimiento como un Programa del gobierno que el Fondo comparte. Es grave que la idea de conciliación o sumisión posibilista haya mutado por una mimetización e identificación tal con las recetas del organismo auditor, que vela por el resguardo de los intereses del capital financiero, para borrar hasta la existencia de dos contrapartes para fundirse en un “nosotros somos ellos y ellos son nosotros”.
La gravedad de déficit fiscal no es por su nivel sino por su estructura, que el memorándum hecho público propone agudizar en su regresividad. Su nivel es superior al que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero el cambio sustancial que produjo el Presidente Macri se revela en el peso de los intereses de la deuda, la reducción drástica de la recaudación de retenciones y el gasto en subsidios, el incremento tarifario –violatorio del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que tiene rango constitucional–, la reducción de impuestos a los bienes y la desactivación de proyectos de investigación y desarrollo científico que significaron una modificación antipopular y contraria al interés nacional de la composición de gastos e ingresos del Presupuesto.
Austeridad
Sería ingenuo adjudicar a visiones académicas o teóricas la elección de causalidades distintas con relación a la comprensión de la inflación o las crisis externas. La Economía (Política) no dispone de puntos de vista distintos u opuestos que no se encuentren vinculados a los intereses de clases antagónicas, o de conflictos entre naciones centrales o dependientes, o de requerimientos diferentes entre agentes del capital productivo y del rentístico. Es por eso el escamoteo discursivo de la crisis externa y el machaque constante sobre el déficit presupuestario que pretende preparar a las mayorías para una época de penurias. Luego de haber llevado a cabo una política económica despojadora de sus derechos, ahora se les pide sacrificios para afrontar la recesión provocada por la fuga de capitales, que los integrantes de la clase privilegiada pudieron consumar con los dólares que el Estado consiguió endeudándose.
El diagnóstico del déficit fiscal permite al FMI y a sus dragoneantes a formular un programa que sustrae al Estado sus herramientas para hacer política económica y a realizar cambios en el dispositivo jurídico y la organización política que sustituyen roles estatales por el papel del mercado. Así se reducirán salarios públicos y se liquidará el fondo de sustentabilidad del sistema previsional induciendo a una reforma que reducirá jubilaciones, desembocando al final en la privatización del régimen y la eliminación de su carácter de reparto.
Se anuncia el compromiso de terminar con la obra pública, pavimentando el ingreso de fondos de inversión y empresas extranjeras para la construcción de infraestructura –con el régimen de PPP (participación pública privada)–, bajo vigilancia del FMI para evitar que no desborde los límites necesarios, a fin de garantizar el pago a los acreedores financieros. La reforma de la Carta Orgánica promueve la prohibición de transferencias del BCRA al Tesoro, con el fin de amputar los recursos de los gobiernos para hacer políticas públicas y para establecer condiciones que impidan que un futuro gobierno de raigambre popular pueda remover a los directores designados durante la vigencia del programa a implementarse.
La política de austeridad fiscal es la que permite propiciar estos objetivos. Por eso la declamación antidéficit. El discurso en que hace énfasis es para impulsar el disciplinamiento social. La flexibilidad del tipo de cambio prevista por la cópula FMI–gobierno resguarda muy bien las divisas para la premisa que subyace en el espíritu de la Carta Intención: servir los intereses y el capital adeudado al capital financiero.
Régimen
El turno neoliberal de Macri tuvo sus hitos en el pago a los buitres, la ley de reparación histórica, la derogación de la ley de medios, la desarticulación de la administración de la cuenta de capitales y del mercado de cambios, el cambio del régimen de ajuste de las asignaciones previsionales. Un sector de la oposición favoreció su despliegue. El acompañamiento que Massa le hizo a Davos –templo de la globalización neoliberal–, el voto opositor que acompañó la Ley que “honró” el pago a los buitres, a lo que se sumaron la “reparación histórica” –fachada de un blanqueo de capitales fugados que fueron habilitados a permanecer en el exterior– y la ley que con el nombre de “financiamiento productivo”, redujo atribuciones del Estado que le fueron otorgadas por la reforma de la Ley del mercado de capitales de sesgo antineoliberal, puesta en vigencia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El espíritu y el argumento de esos apoyos de un sector que se entendió asimismo como de oposición responsable, se justificó con la idea de otorgar gobernabilidad al oficialismo, entendiéndola como tarea democrática, pero también como un anuncio de la existencia de fuerzas “responsables” que no retornarán a un régimen populista, sino que se integrarán como contraparte de un sistema que conjugue con el paradigma hegemónico mundial, aunque conservando una pátina progresista.
Alternativo
Los acontecimientos que hoy transcurren hacen impostergable que la crítica al gobierno de derecha incorpore lineamientos de un programa alternativo, que debe incluir la advertencia del tremendo daño que se cometería si se facilitara la aprobación parlamentaria de un Presupuesto para 2019 que permita la implementación de la austeridad fiscal, o de una nueva Carta Orgánica del BCRA, o de reformas regresivas en el régimen previsional. Resulta en cambio necesario advertir que un gobierno popular que resultara electo en el futuro no respetará la política comprometida por el memorándum, se desvinculará del financiamiento del FMI, introducirá regímenes administrados de la cuenta capital y del mercado de cambios –con las mejoras fruto de lecciones aprendidas–, recuperará al BCRA como una institución con funciones múltiples en función de una política de independencia y desarrollo nacional y modificará la ley que rige el mercado de capitales, como parte de un programa transformador de la deplorable realidad del presente. Esas medidas reconocen a la restricción externa y la escasez de divisas como centro de los problemas que atravesamos.
En Argentina no ha finalizado una disputa histórica entre dos proyectos antagónicos: uno de raigambre neoliberal, que apunta a un país con concentración de la riqueza y que conserve rasgos estructurales de atraso y dependencia; otro que aspira a tener como objetivo central la lucha contra la desigualdad y la promoción de la independencia económica del país y el desarrollo nacional con un cambio de paradigma de la estructura industrial. Otorgarle la gobernabilidad al primero, que es la oposición que pide el FMI cuando le requiere reformas que necesitan leyes, supone la renuncia a ser una enérgica fuerza impulsora de la Patria Grande para convertirse en la otra pata del proyecto del Estado que desean quienes constituyen los centros de decisiones del poder financiero global
* Profesor de la UBA. Ex director del Cefid-AR.
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La definición de recurrir al FMI y el préstamo stand-by acordado significan la profundización de las políticas neoliberales del gobierno de Cambiemos. Las condicionalidades del acuerdo acentuarán las políticas de ajuste. Las tarifas seguirán subiendo por la reducción planeada de subsidios, aumentarán los despidos en el sector público y las caídas del salario real de los trabajadores en ese ámbito, se recortarán drásticamente las transferencias de recursos a las provincias. La obra pública encarada y prevista por el Estado prácticamente será suspendida con el impacto que ello provocará en términos de reducción de la actividad económica. Mientras tanto, se reforzará el impulso de los emprendimientos público-privados, en los que la inversión privada es cubierta con la recaudación futura de peajes, tarifas y precios que garanticen la rentabilidad de la misma, y avalada por el Estado en caso de situaciones imprevistas que la afecten. Como en el 2001 el FMI impuso el objetivo de déficit 0, ahora como meta fijada para el 2020.
La línea de crédito abierta por 50.000 millones de dólares se implementará con un adelanto de 15000 millones y posteriores desembolsos sujetos al cumplimiento del programa económico impuesto por el fondo. La vuelta al FMI significa la renuncia a la autonomía ganada cuando el gobierno de Néstor Kirchner decidió cancelar toda la deuda con ese organismo internacional. Ahora el corazón de la política económica quedaría fuera de la decisión ciudadana, de sus gobernantes y representantes para ser definida por expertos del organismo que opera como el gran auditor de los capitales financieros globales. El monto del préstamo se aproxima a la suma de los vencimientos de capital e intereses de los años 2018 y 2019; lo que supone que el nivel se ha determinado en función de garantizar el repago de la deuda. El volumen es de una magnitud significativa que traduce el apoyo al régimen fundamentalista del neoliberalismo implantado por el PRO y la UCR en nuestro país. Ese apoyo no es ajeno al respaldo de EEUU al avance de políticas que, en el orden del alineamiento a su estrategia continental, la represión interna y la reformulación del rol de las FFAA viene implementando el gobierno. Resulta seguro, de proseguirse con la implementación del acuerdo crediticio, que ese rumbo será acentuado.
El fondo exigió la flexiblidad cambiaria, lo que importará una depreciación en escalera del valor del peso con la consecuente caída del nivel de actividad, del salario y del empleo asociados a la reducción de las importaciones de los insumos necesarios para su sostenimiento. La política cambiaria sumada a la reducción de las retenciones acelerará la concentración de la riqueza en las cerealeras y los agentes intervinientes en la producción primaria y sectores vinculados.
La reforma estructural de fondo que ha sido explicitada en el acuerdo es el cambio de la Carta Orgánica del BCRA. La CO aprobada en el 2012 con objetivos múltiples ponía al Banco Central como instrumento del desarrollo y amplió su posibilidad de asistencia al Tesoro Nacional. Ahora se propone un agudo retroceso, porque se eliminaría la atribución para esa asistencia, a la vez que el único objetivo sería atender a la estabilidad de precios. También se propugnan modificaciones en el régimen de estabilidad de los directores. Se fomenta el divorcio del BCRA de la orientación general de gobiernos y representantes electos por el voto del pueblo. Para el caso del arribo de un gobierno popular en el futuro, la entidad será el enemigo insertado en el aparato del Estado por el establishment del capital financiero internacional.
Así se avanza en la implementación del modelo económico de Metas de Inflación, en su versión ortodoxa de manual más acabada, que el FMI predica en su repertorio actual de recomendaciones. Las tasas altas de interés para combatir la inflación se traducirán en crecientes beneficios para los capitales golondrinas que vienen a rentabilizarse en el corto plazo. Tasas altas y tipo de cambio devaluado con restricción fiscal compondrán una drástica recesión con costos altísimos para los sectores populares y las pequeñas y medianas empresas, así como para las economías regionales, agregándosele una crisis para las finanzas provinciales.
Resulta avieso y repudiable que los plazos del crédito otorgado (36 meses) como la reforma de la CO del Banco Central sean impuestos como una carga que hipotecará los márgenes de acción para el período posterior al de la presidencia de Macri, mientras que le tranquilizarán el escenario para la futura campaña electoral.
URGENTE E INDISPENSABLE
Por todo lo enunciado y denunciado es necesario ponerle freno y evitar el progreso de este acuerdo. Los ajustes deberán ser sometidos a debate en la Ley de Presupuesto, mientras que la reforma de la Carta Orgánica requiere una Ley específica. Sin apoyo de la oposición no hay leyes para implementar la política que se pretende imponer. El contrato electoral ha sido roto completamente por el macrismo, y con esta nueva etapa abandonarán el gradualismo. Es imperioso que toda la oposición descarte cualquier gesto que le otorgue gobernabilidad a esta política de retroceso social, de entrega de la soberanía nacional y renuncia a la independencia económica. Sería gravísimo que se repitan situaciones como las protagonizadas por una parte de la oposición cuando votara la ley que habilitó el pago a los buitres, actitud (como la de Massa) colaboradora con Cambiemos que creó las condiciones para el curso de las políticas actuales que están destruyendo a la Nación. O que se reiteren bochornosas y reprobables “agachadas” como las abstenciones (ej: Abal Medina) o votos aprobatorios cuando se trató la reforma previsional que perjudicó los ajustes de las jubilaciones.
Es urgente que todos los bloques parlamentarios que se propongan impedir la consumación de la rendición ante el FMI, decidida por los CEOS que gobiernan, se pronuncien claramente comprometiéndose a que usarán todos los métodos eficaces, desde el voto negativo hasta el no otorgamiento del quórum, para evitar la sanción de leyes que viabilicen el acuerdo. Una conducta que no se alinee en esa dirección dividirá inevitablemente aguas entre quienes se identifiquen con la defensa de un rumbo democrático, nacional y popular y otros que decidan ser la pseudo oposición dentro del régimen neoliberal. Ese pronunciamiento público de los opositores debe ser inmediato – en función de lograr la interrupción del avance del acuerdo- y tendrá que incluir la advertencia que en el caso de obtenerse el ejercicio del gobierno en el 2019 no se seguirán aplicando las políticas convenidas para el stand-by. Las actitudes de los distintos agrupamientos políticos en el 2018 frente al ajuste fondomonetarista diseñarán inevitablemente el futuro político argentino, incluyendo el del mapa electoral, porque es inconcebible la concurrencia conjunta a los comicios de quienes se habrán comprometido en combatir al neoliberalismo con otros que explícita o tácitamente habrán adoptado el comportamiento de otorgarle gobernabilidad.
Así mismo, manifestamos nuestra desazón por las dilaciones del triunvirato de la CGT en fijar la fecha del paro general, cuya consigna central debe ser oponerse al acuerdo con el FMI. Nada puede ser subsanado en el marco de ese acuerdo. Las direcciones sindicales que no lo combatan con todos los medios quedarán señaladas como colaboradoras con una política cuyo objetivo central es el ataque a las conquistas de los trabajadores y los más desposeídos. Así también ocurrirá con los políticos que aquellas sostengan como candidatos para la representación popular.
Es necesario oponer al programa del Fondo uno propio cuyos lineamientos principales no pueden omitir la reposición de los instrumentos de regulación al movimiento de capitales, la recuperación del dispositivo regulatorio del mercado de cambios, la implementación de una institucionalidad que permita la intervención y regulación del comercio exterior por parte del Estado, la dinamización de las paritarias para la recuperación del salario, la implementación de una ley de medios de comunicación que termine con la censura privada a las expresiones que no coinciden con los requerimientos del poder mediático, financiero y económico, y una reforma judicial profunda que concluya con la articulación del poder judicial con el establishment económico y político de nuestro país.
CARTA ABIERTA, 8 de junio de 2018
Guillermo Wierzba
Economista, profesor de la Universidad de Buenos Aires y exdirector del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFI-DAR), Guillermo Wierzba, señala en este entrevista que la banca privada debe dejar de manejarse con el libre albedrío de una lógica basada en la maximización de ganancias que no se sujeten a la restricción de las autoridades, y aceptar ser un servicio público.
– Unos de los justificativos centrales que se esgrime para la apertura y desregulación financiera de los países periféticos es que existe falta de ahorro nacional y que resulta imprescindible intenacionalizar los mercados financieros para apalancar la inversión productiva. Paradójicamente, con la apertura han crecido la fuga de capitales ,la especulación y la inestabilidad financiera. ¿ Que puede hacerse para revertir esta tendencia regresiva?
– En realidad el permanente y común argumento de la falta de ahorro nacional contiene la fusión entre un error teórico y una intención regresiva respecto a la distribución del ingreso. Por ejemplo Argentina tiene una tasa de ahorro importante en su economía, no hay tal insuficiencia de ahorro, En realidad el ahorro se determina endógenamente en la economía. Los avances teóricos en la heterodoxia son elocuentes y muy sólidos cuando demuestran que el ahorro resulta determinado por la inversión y no al revés como afirman vulgarmente los economistas marginalistas apologéticos del neoliberalismo. El problema de la escasez de divisas sí que es una cuestión presente en los países periféricos, pero esa escasez no debe confundirse, como lo que hacen los ortodoxos, con problemas en la tasa de ahorro.
La escasez de divisas se origina en la inelasticidad de la oferta de bienes exportables, que deriva de un límite de recursos naturales para un grado de desarrollo tecnológico, y también en el carácter exógeno de la demanda sobre dichos bienes y de sus precios en el mercado internacional. O sea, que la restricción externa responde a cuestiones estructurales de economías que cuando promueven el desarrollo industrial requieren mayores importaciones de bienes intermedios y de capital, y por lo tanto de divisas. Esas divisas no pueden ser conseguidas debido a las características de su sector exportador planteándose un problema para seguir creciendo. Esto ocurre independientemente de la evolución de la inversión y el ahorro, pues el crecimiento de este último no implica un aumento de la holgura en la disponibilidad de divisas.
Por otra parte la restricción externa puede ser agravada por el predominio en determinadas épocas de una tendencia negativa en los términos del intercambio, o sea un cambio de precios relativos que supone un aumento de los precios de los bienes que importan los países periféricos y un descenso del de los bienes de los productos que exportan. Así adjudicar la falta de inversión a una insuficiencia de ahorro impulsa el recetario restrictivo del consumo, o sea suponer que el ahorro au
mentará si se consume menos. Como los que más consumen respecto de sus ingresos son los sectores populares, la propuesta neoliberal abona implícitamente redistribuir el ingreso a los más pudientes que tienen una tasa de ahorro más alta. Esto deriva en una concentración del ingreso, y no sólo en ella, sino que además provoca una caída de la demanda agregada por caída del consumo. Nada asegura que el sacrificio del consumo se traducirá en un crecimiento de la inversión, más bien el resultado es inverso porque la caída del consumo provoca descensos en el nivel de actividad que devienen en retrocesos en la tasa de inversión por expectativas negativas respecto de las ventas futuras.
La apertura y la desregulación financiera fueron ya intentadas como recetas en los dos turnos neoliberales en nuestro país y la tasa de crecimiento de la economía fue nula en el último cuarto de siglo en que predominaron esas políticas, mientras que durante la sustitución de importaciones no sólo fue positiva, sino que en la medida en que ese patrón de acumulación maduraba la tasa de crecimiento evidenció una aceleración. La implementación de políticas “antirrepresión” financiera, que liberaron de regulaciones a las tasas de interés, sustrajeron al Estado del direccionamiento del crédito y abrieron la cuenta de capitales conectando el sistema financiero local a las finanzas internacionales. Provocaron una pésima asignación financiera, volatilidad y debilidad de las condiciones de funcionamiento de las entidades, y una gran exposición al contagio de crisis externas; sin ninguna ventaja en la promoción de la inversión, más bien indujeron a su retroceso. En cambio las políticas de control y regulación de la cuenta de capitales, las auditorías sobre entidades facilitadoras de la fuga de capitales serían un camino necesario y útil pare enfrentar esas tendencias regresivas, en tanto se desplieguen políticas de largo plazo que atienda a promover el desarrollo autónomo de los países de la región que implicará un cambio en la estructura de sus exportaciones.
– Ante el crecimiento en el último período de los déficit de balanzas de pagos y fiscales existen temores que pudiera volver a sufrir América Latina una nueva “crisis de la deuda”. ¿ Es ello posible? ¿ Qué podría hacerse para evitarlo?
– Efectivamente la reversión del ciclo de buenos precios en los commodities que exportan las economías de América Latina no favorecen la holgura en el balance de pagos. Esto requiere de políticas de administración de divisas, que asignen este recurso estratégico escaso a la continuidad de las estrategias clave en las políticas de industrialización que se emprendieron. Un mercado de cambios sin regulación de precios y cantidades en las condiciones actuales no garantiza esa continuidad. Lo mismo respecto de la apertura de la cuenta de capitales, un flujo de entrada y salida de los mismos sin regulaciones en su plazo de permanencia más que contribuir a resolver las dificultades que atraviesan nuestras economías tiende a agravar la inestabilidad financiera de las mismas.
Si el descenso de los ingresos fiscales que provocan el estancamiento o las caídas del nivel de actividad devienen en déficitis fiscales que pretenden financiarse con endeudamiento en moneda dura, se agrega una carga más, innecesaria e injustificable, que agrava el peso de la deuda respecto del producto y de las exportaciones. O sea que son muy relevantes,respecto de la respuesta a la pregunta, las conductas que se adopten en términos de política económica. La liberalización cambiaria y de la cuenta de capitales sumada a la financiación en moneda dura de déficits locales ceban la bomba de una futura situación insostenible.
En el caso argentino la situación se agrava aun más por las políticas que se adoptaron por parte de su gobierno neoliberal que redujo los ingresos fiscales tanto por la eliminación o fuerte reducción de las retenciones que se cobraban a las exportaciones agropecuarias,como por el retroceso en la recaudación producida por una recesión buscada por dicho gobierno en pos de un proclamado objetivo antinflacionario. De todos modos el avecinamiento de una crisis está todavía mediado por la posibilidad de préstamos del FMI y la implementación de sus políticas de ajuste, que de llevarse a cabo desarticularan los procesos de desarrollo autónomo desencadenados por los gobiernos del ciclo popular vivido recientemente. Luego vendrían las crisis de balance de pago atizadas por los siempre nefastos y fracasados planes de ajuste que el FMI recomienda cuando presta. Frente a los déficits fiscales se debería recorrer un camino inverso al que por ejemplo transita Argentina. Habría que promover la demanda efectiva con un aumento del salario real que dinamice la economía y aumente los ingresos fiscales por mayores ventas; mientras se deberían implementar reformas tributarias progresivas que permitan una mayor recaudación sostenida en incrementos a los impuestos a los ricos. Si Argentina y Brasil persisten en el rumbo de sus actuales políticas arrastrando a otros países a la misma dinámica, la amenaza de una crisis de la deuda se acrecentará en el mediano plazo.
– Durante los recientes años de mayor impulso de las economías latinoamericanas comenzaron a generarse iniciativas a favor a partir de gobiernos que entendían imprescindible “una nueva arquitectura financiera” (Banco del Sur, Fondo del Sur, SUCRE, intercambio con monedas locales, etc.) independiente de los mercados financieros internacioales . No fueron tan significativos los avances concretos.¿ Por qué no fueron posibles? ¿ serían factibles en un período complejo como el actual?
– Fue una grave falencia no haber avanzado en esos proyectos. No es que no fueron posibles sino que hubo una vocación insuficiente para avanzar. La disparidad de tamaño entre las economías resultó un escollo muy importante a salvar. La presencia de países que se veían como aportantes en el corto plazo sin avizorarse a sí mismos como beneficiarios de esos acuerdos también constituyó una traba. Ahora aunque las condiciones objetivas muestran la ventaja estratégica de establecer esa nueva arquitectura, los gobiernos neoliberales recién llegados apuestan más a la inserción financiera global que la alternativa de una regionalización institucional. En todo caso el tema político no está resuelto ni mucho menos y existen perspectivas para una reversión de los cambios ocurridos en los países más importantes de la región. Temer y Macri pueden ser ciclos muy cortos y en caso de una nueva ola de gobiernos progresistas y/o populares se reabrirá una oportunidad que no debería ser desperdiciada, tal vez con otro grado de conciencia.
Por eso las actividades académicas, políticas, científicas, de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales y del empresariado no transnacionalizado en pos de promover el despliegue de esas instituciones pueden ser decisivas en la maduración de condiciones que en el mediano plazo hagan realidad esas instituciones.Un tópico no menor es subrayar y tener en cuenta el rol negativo que las burocracias permanentes del aparato adminstrativo de los países periféricos juegan en demorar la construcción de lógicas nuevas en las cuestiones financieras. Las fuerzas políticas que promueven modificaciones deberían hacer un balance sobre estos comportamientos y promover modificaciones institucionales que permitan el acceso de cuadros profesionales comprometidos con los proyectos de cambios a los lugares estratégicos del Estado en los que se trabajará para que la regionalización financiera avance.
– Persiste la preocupación .por la inestabilidad cambiaria internacional y su eventual efecto en América Latina. ¿ Cree que es posible estalecer mecanismos para coordinar polìticas cambiaras evitar una guerra de divisas en la región?
– Habría que intentarlo, aunque cuando hay países independientes, la coordinación de políticas macroeconómicas tiene sus límites. Una guerra de divisas a nivel internacional puede arrastrar a países de la región por su relación comercial con otras naciones no pertenecientes a la misma y generar contagios. La coordinación de estrategias macroeconómicas resulta uno de los escalones finales de un regionalismo progresista y popular. De todos modos el despliegue del comercio en monedas locales, la mayor utilización de la ALADI, el avance del SUCRE, son bienvenidos para comenzar un camino que nos haga menos divisa-dependientes.
– ¿Es necesario y/o posible redefinir el rol de la banca pùblica y privada tanto a nivel nacional como regional?
– Es imprescindible. El rol de la Banca Pública debe crecer. En países subdesarrollados periféricos los procesos de industrialización requieren de un rol estratégico del crédito, tanto del comercial como del destinado a la inversión de mediano plazo. Los bancos de desarrollo son de suma importancia, y deben tener autonomía de financiamiento pues la dependencia de aportes de países centrales devienen en una orientación del crédito que responde a la mirada de los países prestamistas, hoy capturados por la lógica de la globalización financiera. La banca privada debe tener una regulación que asegure un aporte a los objetivos crediticios de las gobiernos, porque un comportamiento libre devenido de un predominio de las determinaciones mercantiles lleva a la banca privada a convertirse en un centro de negocios que lucran con créditos personales para el consumo a tasas usurarias, también en ámbitos organizados para la fuga de divisas de las economías periféricas hacia paraísos fiscales o en financiadores de proyectos que miran el tamaño del patrimonio del tomador y no la utilidad para la economía del destino de los fondos. La actividad bancaria privada deber aceptar ser una parte de un servicio público y no pretender manejarse con el libre albedrío de una lógica basada en la maximización de ganancias que no se sujeten a la restricción de las autoridades.
Guillermo Wierzba, economista argentino:
¿Perdón Repsol?
Cuando las negociaciones entre países están encabezadas por gobiernos neoliberales, los intereses nacionales no existen: las elites empresariales, nacionales y foráneas, se unen en un “interés común” y los recursos propios pasan a ser usados como mercancía en una extranjerizacion creciente del poder económico local. Por eso cuando esa relación se rompe....”Los Prat Gay piden perdón..."
Desde la óptica del estado nacional, la justificación de la negociación con Repsol fue la de siempre: se necesitaban inversiones externas para una industria que por sus características las requería para lograr el, por entonces, “ansiado autoabastecimiento energético”.
Fue una de las últimas joyas vendidas por el Estado Menemista”. Una decisión eminentemente política aunque, seguramente, teñida de aspectos vinculados a la corrupción de la época.
Para REPSOL fue la oportunidad de convertirse en una empresa petrolera internacional integrada.
Hasta ese momento, REPSOL, era una empresa dedicada en forma exclusiva a la refinación y comercialización de derivados de los hidrocarburos (en la jerga “DOWNSTREAM”) y sin ninguna experiencia en el tema de exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos (en la jerga “UPSTREAM”). Mientras tanto, YPF sí era una petrolera integrada “EXPLORACIÓN, EXTRACCIÓN y REFINACIÒN”.
Cuando en 1999, REPSOL tomó el control de YPF, “NUESTRA PETROLERA”, esta tenía activos en Estados Unidos, Indonesia, Rusia, Venezuela, Colombia, Guyana, Ecuador, Brasil, Perú y Bolivia. Lo primero que hicieron los españoles fue vender o transferir una buena parte de estos activos internacionales a otras empresas extranjeras u otras subsidiarias de REPSOL, radicadas en el extranjero. La venta de todas las firmas aportó 3.063,5 millones de dólares que luego fueron girados a REPSOL España como dividendos extraordinarios
La realidad es que en esos momentos REPSOL compró un paquete barato con deuda contraída con un interés muy bajo, considerando que el valor pagado por la compañía de Argentina era aproximadamente un tercio del valor real, comprando incluso la ACCIÓN DE ORO que permitía al Estado Argentino el control de la empresa.
De esta manera, al poco tiempo del desembarco de REPSOL se pudo advertir la verdadera intención de la compra de YPF: Argentina aportaba su producción de petróleo y gas y los ingresos generados eran utilizados para comprar áreas en distintos lugares del mundo, donde esperaban mejores rentabilidades.
Por ejemplo, les resultaba más rentable explotar gas en Bolivia y exportarlo a Argentina, que invertir en nuestros yacimientos gasíferos, que además no fueron explotados con las mejores “Técnicas del Arte”. Entre otras consecuencias eso nos acarreó la actual “crisis gasífera”. Todas las decisiones estratégicas pasaron a definirse en Madrid, sin interesar las necesidades nacionales ni sociales de nuestro país.
REPSOL nunca se interesó en la exploración, limitándose a explotar las reservas ya exploradas y descubiertas con anterioridad. Eso produjo una fuerte disminución de las reservas petroleras de la empresa y consecuentemente de su valor. No invirtió en la explotación secundaria y terciaria de los campos maduros. Su consiguiente deterioro produjo importantes pasivos ambientales y obligó a mayores inversiones a la YPF nacionalizada. Coherentemente con esto, Vaca Muerta, desde la visión estratégica de REPSOL, era tan sólo un recurso a desarrollar (o concesionar a precio conveniente para la empresa) cuando subiera el precio del petróleo y la ecuación oferta- precios así lo aconsejara.
Esta fue claramente una visión estratégica desde una perspectiva de empresa multinacional a la que no le interesaba agregar valor local al recurso (desarrollo de tecnología, equipos, PyMES, en suma, “puestos de trabajo”). De ninguna manera una visión estratégica desde los intereses argentinos en relación a un recurso (los hidrocarburos no convencionales), que con las estimaciones disponibles a la fecha conforma la cuarta reserva en importancia del mundo en petróleo y gas (shale oil y shale gas) y la segunda reserva en gas (shale gas).
Tampoco se interesó en el desarrollo de “TECNOLOGIAS PROPIAS”, completando el desmantelamiento del antiguo “LABORATORIO de INVESTIGACIÓN y DESARROLLO” (Florencio Varela), que sirvió de modelo para laboratorios similares montados en otros países hermanos de “NUESTRA PATRIA GRANDE”. Afortunadamente solo después de la nacionalización de YPF se fundó YTEC que marca un hito histórico con la unión de CONICET con una empresa productiva para conformar una empresa de tecnología.
La historia puede resumirse en “DESINVERSIÓN Y VACIAMIENTO DE NUESTRA EMPRESA DE BANDERA, pero:
¿QUIÉN DEBERÍA PEDIR PERDÓN?
Equipo de Economía 03 de Noviembre de 2015 | 12:00
Mario Rapoport, Guillermo Wierzba y Jerónimo Rodríguez Use apuntaron contra la posibilidad de abrir un nuevo ciclo de tomas de créditos en el exterior. Sostienen que no estaría vinculado al desarrollo de la economía, sino que tendría por fin el pago de deudas con los fondos buitre.
Equipo de Economía
economia@tiempoargentino.com
La economía comienza a convertirse en el campo de batalla principal del balotaje. Ayer, el candidato oficialista, Daniel Scioli, desarrolló una serie de conceptos sobre su plataforma económica en caso de acceder a la presidencia de la Nación (ver página 3). Mauricio Macri, el candidato de Cambiemos, ha hecho de la economía uno de sus caballitos de batalla, especialmente cuando está acompañado por alguno de sus referentes económicos, como Alfonso Prat-Gay o Rogelio Frigerio.
Ayer, un grupo de economistas, también reconocidos como académicos destacados, se expresó en forma abierta en contra de una de las claves del planteo de Macri: la vuelta al endeudamiento externo en contraposición de la política de desendeudamiento que desarrolló el gobierno kirchnerista.
Macri, al igual que sus asesores, suele ser bastante difuso a la hora de definir cómo hará para concretar la llegada de capitales del exterior. Tampoco avanza en las condiciones en que lo harían, si con las actuales regulaciones u otras nuevas que se incorporarían. Sí aparece un acercamiento al Fondo Monetario como garantía de una buena relación con los mercados financieros internacionales.
Para el economista Mario Rapoport, "el tipo de acceso al financiamiento externo que propone la oposición lleva al ajuste y la devaluación". Rapoport, que es investigador del CONICET, alertó sobre "un agujero muy grande para el futuro de la economía" en caso de que se amplíe el endeudamiento externo. Asimismo, sostuvo que esa propuesta "implica volver a depender de los organismos internacionales, significa volver a depender de la deuda".
El experto, consultado por la agencia Télam, destacó que "el financiamiento debe ser para actividades productivas", y destacó que endeudarse para pagar deuda "trae consecuencias devastadoras sobre la economía, tal como lo vivimos en los '90. Se asumiría una carga muy grande sobre la deuda, siendo el país que más se desendeudó en el mundo, y volveríamos a estar en la situación de los otros países. Es una barbaridad", sostuvo.
En tanto, Guillermo Wierzba, quien es presidente del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefidar), subrayó que "la política de sobreendeudamiento no es garantía de amigarse con la comunicad financiera internacional y que entonces lluevan los capitales sobre el país". Aseguró, además, que "el financiamiento externo debe estar atado a la producción, a la infraestructura, porque si no, implica aumentar la relación del Producto Interno Bruto (PIB) con la deuda". En consecuencia, afirmó que "si el endeudamiento no es para desarrollo, si el objetivo no es productivo, entonces se termina con la política económica soberana".
Por último, Jerónimo Rodríguez Use, miembro del Geenap, advirtió que "reducir la soberanía económica para acceder al financiamiento y al ingreso de capitales es un error de diagnóstico, una trampa". «
Jorge Molinero
La resolución de las Naciones Unidas
Luego de un año de deliberaciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas apoyó por amplia mayoría la resolución que contempla los principios para evitar que en las renegociaciones de deudas soberanas exista interferencia de los fondos buitre. Esa resolución fue impulsada por la Argentina y el Grupo 77 + China, un conjunto de países en desarrollo que ha sufrido y puede sufrir en el futuro el ataque de esos fondos especulativos.
En la votación final la resolución obtuvo el voto positivo de 135 países, 42 abstenciones y la oposición de seis, la ciudadela del capital financiero mundial y sus aliados incondicionales: Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Japón, Israel y Canadá. La mayoría de los países europeos se abstuvo, así como otros países emergentes con fuerte ligazón con los centros financieros, como México, Colombia, Corea del Sur o Nueva Zelandia. Los principales países sudamericanos apoyaron la iniciativa argentina: Chile, Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Ecuador, y más allá Cuba, los BRICS, y la abrumadora mayoría de los países en desarrollo.
La noticia tuvo amplia repercusión en la prensa cercana al gobierno nacional, y referencias oblicuas en la prensa opositora. La Nación tituló “Timerman reconoció que la resolución de la ONU no es vinculante”, tratando de minimizar el impacto político de la medida. En los medios de los países centrales que votaron en contra una de las pocas repercusiones fue The Washington Post, que en el párrafo final de su artículo indica que un artículo de la resolución, “relacionado con la disputa argentina, dice que una minoría no representativa de acreedores… debe respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores”, enfatizando el punto central de la demanda de nuestro país. En España (cuyo delegado se abstuvo en la votación), el diario El País indica que “El Gobierno argentino ha logrado un claro éxito diplomático en un asunto especialmente sensible: la batalla contra los fondos buitre.”
Sin duda ha sido un extraordinario éxito diplomático a nivel internacional y un éxito político a nivel interno, reafirmando una vez más el profundo contenido de defensa de la soberanía nacional de los países asolados por los fondos buitre. Falta mucho sin dudas. Esta resolución tiene un claro sentido político, ya que no es una resolución vinculante como las que vota el Consejo de Seguridad, y además tiene el voto opositor de los centros financieros mundiales más importantes. Es la expresión política de desafío a los intereses desbocados de una fracción del capital financiero que domina al mundo, resolución que ha generado un consenso entre la mayoría de países afectados o a ser atacados por esos fondos especulativos.
Pero los fondos buitre son apenas una expresión del accionar del capital financiero desregulado que domina al resto de las expresiones del capital (industrial, comercial, agrario, inmobiliario, etc.).
El Capital Financiero
Esa denominación de capital financiero se comenzó a utilizar a partir del libro del mismo título del dirigente socialista austríaco Rudolf Hilferding, escrito en 1909, quien fue el primero en analizar detalladamente su surgimiento y accionar. A principios del siglo XX ya era evidente la concentración del capital industrial en distintas ramas de la producción, en especial en la industria pesada. Concentración que derivó en la formación de oligopolios y monopolios en distintas actividades. Pero al mismo tiempo esa concentración posibilitó y reforzó el surgimiento y creciente dominio del capital bancario y de las sociedades por acciones sobre las empresas industriales, con el desarrollo exponencial de las bolsas de valores, así como de sociedades de seguros y otras actividades conexas.
Las sociedades por acciones permitieron la utilización en la industria de capitales dinerarios ociosos en otras actividades, potenciando grandemente el horizonte de expansión de nuevas ramas que requerían de ingentes cantidades de dinero, en especial las grandes empresas siderúrgicas, químicas, de electrificación, extractivas como el carbón y el petróleo, actividades navieras y los ferrocarriles.
Para el inicio de la Primer Guerra Mundial (1914-1918) el conjunto de las actividades bancarias, de bolsa, de seguros y conexas que comenzaron a identificarse como el capital financiero, ya hegemonizaban el crecimiento capitalista, controlando y asociándose cada vez más estrechamente con el capital industrial y también el comercial. Los capitalistas financieros no sólo dominaban las distintas expresiones del capital sino también y progresivamente los distintos resortes del poder político, desplazando a otras capas sociales de propietarios en el control de los distintos estados nacionales. Cuando ese capital financiero adquirió poder político, en el último cuarto del siglo XIX, utilizó el aparato del Estado, y su expandida capacidad bélica, para inaugurar una etapa de control imperial de países en África y Asia, transformándolos en colonias, y un control económico y semi colonial en los nuevos países latinoamericanos. Se iniciaba la era del imperialismo en lo político, resultado de la maduración del capital financiero como expresión más concentrada de las distintas fracciones del capital.
Las dos guerras mundiales tienen como una de sus causas principales las disputas de los distintos imperialismos en su afán de controlar las fuentes de materias primas para la expansión industrial, así como de tener mercados para sus exportaciones industriales y crecientemente para la exportación de capital.
Entre ambas guerras tuvo lugar la más grande crisis económica mundial, la “Gran Depresión”, que estalló con la caída de la bolsa de valores de Nueva York en 1929 y se extendió por años, provocando la caída y quiebra de miles de bancos, empresas industriales, explotaciones agropecuarias y actividades de todo tipo. Había sido provocada por la especulación financiera descontrolada y superó en profundidad a las crisis previas. Sólo en los Estados Unidos, la desocupación llegó al 25 % de su fuerza laboral, y sus ondas expansivas cubrieron el mundo entero.
La posguerra y el retorno del capital financiero
La gran pérdida de vidas y riquezas en la guerra, el estado de postración de toda la actividad económica y el temor al avance del comunismo en Europa Occidental, indujeron a las clases dirigentes a ampliar la participación del Estado en la economía, incrementando también las regulaciones de la actividad financiera. Fueron los organismos financieros nacionales e internacionales (Banco Mundial, FMI) las principales vías de financiamiento de empresas y estados en la posguerra, principalmente en Europa y Japón pero también en la periferia subdesarrollada. Fue una etapa de retroceso de la importancia del capital financiero privado.
Todos estos cambios, más la renovada acción política de los trabajadores, inauguraron una etapa de alto crecimiento y beneficios sociales a las clases trabajadoras, que fue conocida como la “Economía del Bienestar”, o los “Treinta Gloriosos”, los años que se extendieron hasta fines de los setenta.
Cuando las clases dirigentes se percataron que el mejoramiento de las condiciones de vida de las masas populares reducía el malestar social y afán de cambios y que la nueva situación no las llevaría por el camino del socialismo de tipo soviético, es que se produce la reacción conservadora. Esta comienza con Margaret Thatcher en Inglaterra (1979) y Ronald Reagan en Estados Unidos (1980) para extenderse luego al resto de los países europeos y Japón. Toda esta reacción comenzó antes de la implosión del campo socialista con la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991.
Las actividades financieras - que habían sido fuertemente controladas, primero en Estados Unidos bajo los gobiernos de Franklin Delano Roosvelt (1934-1945) y luego de la Segunda Guerra en todos los países europeos y el Japón, fueron progresivamente desreguladas. Luego de la eliminación de la convertibilidad del dólar en oro (Nixon – 1971) y de la aparición de los petrodólares, o excedentes dinerarios en los países petroleros tras los aumentos del crudo (1973 y 1978) el capital financiero privado retoma su importancia y va suplantando a las instituciones internacionales o estatales como vía de financiamiento. En el caso de las economías subdesarrolladas, como la latinoamericana, la banca privada comenzó a tener una mayor participación en la financiación de proyectos y en los préstamos a los estados. El crecimiento de la deuda externa comenzó en esos años. Nuestro país, que era acreedor internacional al finalizar la Segunda Guerra, apenas tenía una deuda de 4.000 millones de dólares al momento del golpe militar de 1976.
Los fondos buitre, que afectan a la Argentina a partir de la obtención de increíbles fallos de jueces permeables a sus intereses como el juez Griesa, no son más que una de las expresiones más odiosas de este capital financiero, pero no la única.
En los países centrales aparecieron nuevos “productos financieros” como los derivados, esquemas de apalancamiento de inversiones en un sinfín de apuestas cada vez más riesgosas que llevan repetidamente a la emergencia de burbujas especulativas. Estas burbujas terminan estallando, con crisis de las bolsas, de la banca y luego de la industria, con su secuela de desocupación y miseria para millones de trabajadores. La última estalló en 2008 en Estados Unidos y sus efectos aún se hacen sentir en todo el mundo.
Otro ejemplo entre tantos son los llamados “paraísos fiscales”, países pantalla donde la forma dinero del capital evadido se oculta de fiscos y pueblos despojados. El descubrimiento de las 4000 cuentas de argentinos en el HSBC de Suiza es apenas la punta del iceberg de una evasión mundial monumental.
Retornando a Latinoamérica, es en los setenta que reaparece el problema de la deuda externa, que se incrementó fuertemente cuando los petrodólares inundaban las plazas financieras. El capital financiero lo recirculó como préstamos baratos a la región latinoamericana, que lo utilizó en forma despareja. Mientras la dictadura militar brasileña optó por las grandes obras de infraestructura y apoyo a la industria que cambiaron su perfil productivo, la dictadura militar argentina lo usó para fomentar el consumo de las clases medias, equipamiento militar, endeudamiento de empresas estatales y vehículo de fuga de divisas. Para cuando las tasas de interés crecieron fuertemente en los ochenta la mayoría de los estados latinoamericanos estaban fuertemente endeudados, al margen de la utilización que habían hecho de esos fondos, y se inauguró la etapa de los defaults y refinanciaciones de las deudas que aún nos acompañan.
Las bajas tasas de interés internacionales actuales son el canto de sirena de los personeros del capital financiero y sus representantes políticos para que el próximo gobierno vuelva a endeudarse. Para cuando Estados Unidos vuelva a subirlas, todos quedaríamos a su merced.
Los fondos buitre vienen a picotear en la carroña de una deuda que generó el retorno a la hegemonía del capital financiero sobre la actividad económica internacional. Son un subproducto nefasto y dañino de la dependencia del capital financiero, que utiliza esa deuda para quebrar las defensas de los intereses nacionales, imponiendo leyes y tratamientos que los benefician, como las privatizaciones, liberalización de los flujos financieros y comerciales, la “flexibilización” salarial, etc.
El capital financiero, como expresión hegemónica de las restantes formas del capital, contrapartida dineraria de la riqueza real, es una excrecencia parasitaria, que no genera valor y se lleva la parte del león de todo el excedente económico fruto del trabajo de las sociedades.
La lucha por la soberanía
En los años que van del presente siglo los países sudamericanos han sido prácticamente el único lugar del mundo en donde gobiernos populares han logrado – en un marco de condiciones internacionales propicias hoy menguadas – revertir esta tendencia a la concentración de la riqueza. Para ello han utilizado los excedentes comerciales para desendeudar sus países. En nuestro país, esos excedentes se han utilizado tanto para desendeudarse como para elevar la producción, el empleo y redistribuir la riqueza a favor de los sectores populares. El gobierno tiene claro que para poder ejercer la autonomía política hay que eliminar el condicionante de la deuda externa, y de allí el fuerte desendeudamiento con el exterior en que está empeñado.
Al tiempo que mantiene su disputa con los fondos buitre que nos atacan, ha impulsado la resolución de las Naciones Unidas. El gobierno ha demostrado con esta iniciativa su valentía política y la proyección internacional de la Argentina por la causa de los pueblos. Es, además, una de las más preciadas herencias del gobierno de Cristina, que quedará en la historia como otra de las tantas batallas que se han dado y seguirán dándose por la defensa de los intereses de la patria.
