Buenos Aires, 7 de junio de 2016
Estimada Presidenta, Espero que este correo la encuentre bien. Le escribo estas líneas porque estamos ante un momento bisagra en la historia de nuestro Sistema Previsional. Mi intención es que ud pueda contar con algunos argumentos que considero de suma importancia, para analizar y tomar posición sobre el proyecto de ley que recientemente ha remitido el Poder Ejecutivo al Parlamento, bajo el titulo de ficción “Reparación Histórica para jubilados y pensionados”. Más que “Reparación Histórica” creo que de apoyar tal iniciativa estaremos cometiendo un “Error Previsional Histórico”. Trataré de explicarme de la manera más clara posible. Apelo a su paciencia, puesto que el proyecto es realmente enorme y toca más tópicos que el tango “Cambalache”.
En primer lugar y antes que nada Presidenta, lo que resulta increíble es que se hable de reparación histórica. Si hay un proyecto que ha reparado la situación previsional en nuestro país es el iniciado el 25 de Mayo del 2003, cuando Argentina tenía poco más de 3 millones de jubilados y la jubilación mínima era de $200. Hoy tenemos casi 6 millones y medio de jubilados.
La tasa de cobertura llega prácticamente al 100% y casi la mitad de esos jubilados cuentan hoy con un haber debido a las sucesivas moratorias previsionales implementadas entre 2003 y 2015.
Algunas veces se escuchan voces “indignadas” porque más de la mitad de los jubilados cobran la mínima. Tal vez su sincera “indignación” no les permite recordar que antes del 2003 la mitad de esos abuelos en edad de jubilarse no lo podían hacer. Aunque sea de Perogrullo: para mejorar el nivel de los haberes jubilatorios es necesario que primero los jubilados tengan un haber. Casi una obviedad. Pero como ud siempre dijo, en la Argentina hasta lo obvio es necesario decirlo.
Tampoco tal vez recuerdan los aumentos continuos decretados desde el año 2003 para todos los jubilados, luego de que en nuestro país se llegó a establecer por decreto el congelamiento de los haberes jubilatorios, congelamiento que duro años.
Pudimos llegar a la ley de movilidad jubilatoria con dos inéditos aumentos anuales para todos los jubilados y pensionados luego de haber reemplazado las AFJP para volver al sistema de reparto público y solidario. Ese es el sistema que nos permitió alcanzar no solo la cobertura previsional universal, sino también el mayor haber jubilatorio del continente.
Cabe recordar que muchas de estas medidas hubieran sido imposibles sin la Ley que permitió recuperar la administración de los recursos de los trabajadores en mano de las AFJP. Ley que fue sancionada, no nos olvidemos, sin el apoyo de la mayoría casi absoluta del arco opositor parlamentario, incluido el actual Gobierno.
Pero lo que más sorprende es que hoy se vuelva a la carga con estas promesas demagógicas. Recordemos que no hace mucho en Argentina se privatizaba YPF con la excusa de pagarle a los jubilados. El resultado de ese modelo fue que nos quedamos sin petróleo, sin jubilados y en fin, sin país Presidenta, el proyecto enviado por el Gobierno es, en realidad, una reforma tributaria encubierta y un manto de impunidad al escándalo global de los Panama-Papers.
Increíblemente, es la primera vez que al Parlamento ingresa un proyecto de reforma tributaria de carácter regresivo. Es decir, lo que está haciendo el Gobierno es usar a los jubilados y a las provincias de cortina de humo para hacer que los ricos dejen de pagar impuestos. Lisa y llanamente.
· El proyecto deroga el impuesto a los bienes personales, probablemente uno de los impuestos más progresivos que existen.
· Deroga el impuesto a la renta financiera (estrictamente, a la distribución de dividendos) que nosotros implementamos en 2013.
· No solo busca vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sino que además permite que se use ese dinero para hacer inversiones en el exterior. En criollo: a la fuga de capitales de los privados, le vamos a sumar la fuga de capitales de la ANSES; cualquier parecido con las AFJP, no es mera coincidencia.
· Y, por último, realiza un blanqueo de capitales que permite que los que blanqueen “exterioricen”, es decir, que no ingresen sus fondos al país, sino que simplemente declaren que los tienen en Panamá y que los van a seguir teniendo fuera del país.
Hay que reconocer que Cambiemos ha tenido un comportamiento perverso al presentar esto como una “reparación histórica” a nuestros jubilados. Pero Presidenta, esto no es ninguna reparación histórica. Esto es el primer paso para llevar a nuestro Sistema Previsional a la quiebra. Es el primer paso para vivir en un país más desigual, donde los ricos paguen menos impuestos y nuestros abuelos cobren haberes previsionales más bajos.
Entiendo perfectamente que en tiempos de Twitter, donde parece que los debates políticos tienen que durar 140 caracteres, decir esto puede significar ganarse la antipatía de las mayorías. Sin embargo fue ud quién en ocasión de esa batalla histórica que encabezó contra los fondos buitres, demostró que la mezquindad y la especulación mediática y política no son nunca buenas consejeras de los proyectos que buscan favorecer a las grandes mayorías. Y sé que ud, al igual que Néstor, no dejó sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. No las dejó cuando entró y tampoco las dejó cuando se fue.
Claramente manifestarse criticamente sobre algo que se presenta como una presunta “reparación histórica a nuestros abuelos” no tiene muy buena prensa (sobre todo en tiempos de impunidad mediatica, como la que goza el actual gobierno). Pero si hay algo que nuestro Gobierno no tuvo fue justamente buena prensa: siempre tuvimos más votos que rating. Y estoy seguro que tenemos que seguir por ese camino, no por el de las frases hechas que apuntan a “seguir haciendo bien las cosas que están bien y dejar de hacer las cosas que están mal”, verdadero tips de los “focus groops” y los asesores de imagen.
¿Por qué digo que este proyecto no es ninguna “reparacion historica” para nuestros jubilados, si no por el contrario , la destruccion del sistema previsional? Por dos razones: una que atañe a la cuestión Distributiva y otra que hace a la Sustentabilidad de nuestro Sistema Previsional.
La Razón de Carácter Distributivo
Presidenta, paradójicamente, nuevamente es el Poder Judicial, y no los papeles firmados por nuestro país, el que determina el tamaño de una deuda. Pero ahora no es un Juez de Nueva York, sino la corte local la que determina cuánto hay que pagarle a los jubilados. Y creo que esto lo hemos discutido alguna vez con ud y ha sido un tema que quedó abierto. Es que nunca nos pudimos poner de acuerdo sobre qué es peor: si un economista opinando sobre leyes o un abogado opinando sobre economía. Hoy lo que nos toca es hablar de esto último. ¿Qué dijo la Corte? Antes de ingresar a la función pública en el año 2011 con un grupo de investigadores del CONICET hicimos un estudio sobre los fallos Badaro-Ellif-Sanchez, que son los fallos que dan lugar a los reclamos de los jubilados. El estudio analizaba cómo se modificaban los parámetros distributivos del Sistema Previsional Argentino como resultado de la aplicación de esta nueva jurisprudencia en materia previsional. Cosas de economistas.
Hoy me parece más interesante resumir las conclusiones de ese estudio con el propio caso Badaro ¿Sabe ud cuánto terminó cobrando Badaro de jubilación gracias a los fallos de la Corte? El haber jubilatorio de Badaro en 2011 ascendía a los $55.000 por mes. De seguir con vida ¿sabe ud a cuánto asciende hoy la jubilación de Badaro? A más de $120.000 por mes. Creo que ud comprenderá que me den muchas ganas de tener un abuelo como ese.
Pero eso no es lo más grave. No, en serio. No es lo más grave. Lo más grave es que dolarizando e indexando las jubilaciones, que es lo que hacen los fallos, lo que el Poder Judicial buscaba era que el haber jubilatorio “sustituyera” el sueldo del trabajador. Esto no es solo un importante error conceptual, puesto que en un sistema solidario como el nuestro las jubilaciones no tienen nada que ver con la trayectoria laboral del jubilado. En un sistema solidario, los trabajadores de hoy le pagan la jubilación a los abuelos de hoy. Lo que cada trabajador aporta no va a una “canchito” que luego cuando le toque jubilarse va a poder romper. Eso eran las AFJPs, el sistema de capitalización, que rompieron el “chanchito” junto con la dignidad de nuestros abuelos y del Sistema Previsional. Decía que esto no es solo un error conceptual, sino que es un “error” de cálculo
¿Sabe ud cuánto fue el sueldo del trabajador que reemplazó a Badaro en su función activa cuando Badaro se jubiló? $9.500. Es decir, mientras que Badaro cobraba en el año 2010 una jubilación de $55.000, el trabajador que ocupó el puesto de trabajo del que Badaro se jubiló tenía un sueldo de $9.500. El Poder Judicial en lugar de asegurar el famoso 82% móvil hizo que con estos fallos estemos pagando jubilaciones que son el “579% móvil”.
Esa es la primera razón por la cual no estoy de acuerdo con el proyecto del Gobierno para reformar el Sistema Previsional: no es una “reparación”; es una destrucción ¿Quiere decir eso que las jubilaciones hoy son altas, que los jubilados son ricos, que no tienen que recibir aumentos? No, en lo absoluto. Pero acá viene la segunda razón: la Sustentabilidad del Sistema Previsional.
La Razón que Hace a la Sustentabilidad del Sistema
Lo que más me sorprende de todo este proyecto es el cinismo de atar ese pago a un “blanqueo” de capitales y a una reducción de impuestos a los más ricos ¿Por qué? Porque si hoy nuestros jubilados tienen un haber que no les permite muchas veces llegar a fin de mes, eso es el resultado de las cuentas en Panamá.
Cada vez que un argentino decide radicar una cuenta off-shore en un paraiso fiscal, lo que hace es dejar de pagar impuestos en nuestro país. En criollo: evade impuestos. Es mentira que las cuentas off- shore son fondos propios, es plata que le roban a todos los argentinos, sean jubilados o no. Cada vez que una gran empresa negrea su facturación, ocurre lo mismo. Y cada vez que un banco fuga divisas, también. Esos impuestos son los que permitirían que el Estado pagara jubilaciones más altas sin que la economía volcara. Si queremos jubilaciones como las de Dinamarca, necesitamos contribuyentes como los de Dinamarca.
Y esto no es un problema “cultural”; es un problema político. No es que los contribuyentes dinamarqueses sean más honestos que los contribuyentes argentinos. La diferencia es que en Dinamarca hay un Estado presente que controla, regula y sanciona a los evasores y fugadores.
Para que quede claro: lo que el proyecto de ley enviado por el Gobierno propone es: aumentarle las jubilaciones solo al 30% de los jubilados. Pero no a cualquier jubilado, si no al 30% que mas gana. Esto es el equivalente a 4 puntos porcentuales más del PIB, es decir, casi $200.000 millones más por año. Creo que acá tenemos que dejar toda la demagogia de lado, las especulaciones políticas, lo que “queda bien decir”. Presidenta, el discurso aguanta cualquier cosa, la economia no. En concreto: nuestro Sistema Previsional no soporta ese nivel de jubilaciones. Y me consta que ud Presidenta sabe perfectamente que esto es así. Por eso apelo a lo que yo creo es la principal característica que debe tener nuestro proyecto: la coherencia. Hace nada más que 2 años, ud firmó junto con el ex titular de la ANSES un documento cuyo título resulta de absoluta vigencia: “Inclusión o Privilegios”.
En ese documento, cuya versión completa puede ud consultar en el siguiente link: http://www.anses.gob.ar/archivos/publicacion/9a287bc3cd90e05ce04a99634b23c595111e5e42.pdf se señalan algunas cuestiones que me parece importante recodar para el actual debate: “En el esquema actual, las funciones que cumple el FGS van más allá de atenuar el impacto financiero que pudiera tener una evolución negativa de las variables sociales y económicas vinculadas al Sistema Previsional: el FGS está estratégicamente concebido para constituir un fondo de reserva de largo plazo para preservar el valor de las prestaciones previsionales y permitir una adecuada inversión de los recursos en beneficio del mantenimiento del Sistema de Seguridad Social y el mejoramiento de la economía del país” Lo central de este párrafo es lo que apunta al “mantenimiento del Sistema de Seguridad Social”.
El FGS no solo tiene que garantizar jubilaciones en momentos de crisis, sino que fundamentalmente tiene que garantizar un crecimiento económico que permita sostener la totalidad del Sistema de Seguridad Social. La Seguridad Social no son solo los jubilados. Son los niños y niñas de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, es el Conectar-Igualdad, los jóvenes del PROGRESAR, etc. ¿Quién dice que un jubilado “vale más” que un niño? Lo dice el actual Gobierno, con este proyecto. Más adelante en el mismo documento ud señalaba que las decisiones del Poder Judicial “afectan la sustentabilidad social y financiera del Sistema Integrado Previsional Argentino y genera situaciones de desigualdad entre los jubilados actuales que ponen en crisis la sostenibilidad del Sistema Previsional para los jubilados futuros”. Estas consideraciones son absolutamente válidas en la actualidad. Cumplir con los fallos del Poder Judicial, que dan lugar a jubilaciones que en muchos casos superan, con holgura, al sueldo del Presidente de la Nación, va a terminar en la quiebra de nuestro Sistema Previsional. Ese será el verdadero “plan bomba” y la “pesada herencia” que deberá enfrentar quién le toque conducir los destinos de la Nación en el próximo mandato presidencial.
Porque subir la inversión previsional al 30% de los jubilados que más cobran, elevar la edad jubilatoria de las mujeres y reducir en un 20% la jubilación mínima, derogar el impuesto a los bienes personales y al reparto de dividendos y promover un blanqueo de capitales que no obliga a los evasores a ingresar su dinero al país, es el sueño de aquellos que contribuyeron a destruir nuestro Sistema Previsional en un pasado no tan lejano.
Presidenta, escribo estas líneas, aún a riesgo de que ud, que tiene muy buena memoria, tenga este tema absolutamente claro. Porque este debate ya tuvo lugar en nuestro país. Fue durante el estallido de la Convertibilidad.
Ese sistema que les hizo creer a los argentinos que nuestra moneda era tan pero tan fuerte que garantizaba que si los trabajadores ahorraban en el “chanchito” de las AFJPs, entonces en el futuro iban a poder gozar de una jubilación como las que todos añoraban: una jubilación de privilegio. Al respecto, vale citar algunos argumentos que se escucharon por ese entonces, en ocasión de discutir la Ley 25.668 que puso fin a las jubilaciones de privilegio, en el Senado de la Nación: “Cuánta hipocresía y doble moral hay en la República Argentina. De repente, los que impulsaban los regímenes de derogación de jubilaciones de privilegio dicen “Pero, miren bien, porque hay algunos a los que hay que respetarles los derechos y garantías” ¡Por favor! ¡Cuánta hipocresía, señor Presidente!”.
Que quede claro Presidenta que con este proyecto vuelven no solo las jubilaciones de privilegio, sino que también estamos creando los “contribuyentes de privilegio”: aquellos que evadieron y fugaron van a poder dejar su dinero en el exterior y no van a pagar más impuestos.
En ese mismo debate, también se escuchó en el Senado de la Nación que: “No es cierto que se trate de litisconsorcio, de formas, de abogados. Es verdad que los abogados hacen pingües negocios; pero los jueces también son abogados y también hacen negocios”. No hace falta citar a la Senadora que esgrimió estos argumentos, puesto que tengo claro que Ud. recuerda siempre muy bien sus propias palabras. Esto viene a colación de otro punto que me interesa señalar, que es el de la litigiosidad.
Los fallos que dan lugar a estos haberes previsionales no fueron ajenos a la controversia y al escándalo. Además de los abultados negocios que generaron a algunos estudios jurídicos a los cuales se les descubrió conexiones son algunos de los autores de estos fallos, la propia Corte Suprema en el año 2014 revocó 34 cautelares que aplicaban estos fallos. ¿La razón? El alto tribunal considero “no satisface el criterio de excepcionalidad y mesura, en particular porque una abrumadora mayoría de los temas que se discuten en el fuero de la seguridad social son de naturaleza alimentaria y muchos de los litigantes son de avanzada edad”. En ese momento, la Corte se encargó de aclarar que las 34 cautelares suspendidas eran de “jubilaciones altas” y que, por tanto, el criterio aplicado no era considerado justo. O sea, no se trataba de jubilados que no podían llegar a fin de mes, sino que estábamos hablando de jubilaciones de valores exorbitantes.
Este fallo de la Corte fue firmado por los jueces Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt, mientras que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda no lo firmaron. Pero no me quiero extender en esto, puesto que si no sería un economista hablando de leyes. Lo que sí quiero señalar es que esta jurisprudencia existe al día de la fecha. Por lo tanto, si la ley fuera aprobada, no es cierto que esto vaya a terminar con la litigiosidad previsional.
El Gobierno actual está simplemente ofreciendo un acuerdo voluntario que implica una quita para el jubilado de entre el 30% al 60% del haber que surge de estos fallos. Es algo así como la quita que nosotros le hicimos a los buitres, pero en este caso, increíblemente, Cambiemos se la aplica a los jubilados.
Por lo tanto, lo más probable es que los estudios jurídicos que llevan adelante estos litigios les recomienden a sus clientes que continúen con el juicio, puesto que si se sigue aplicando la misma jurisprudencia su haber jubilatorio podría ser del más del doble de lo que ofrece esta pretendida “reparación histórica”.
El Blanqueo
Al parecer, todos los que fuimos partes del gobierno anterior no podríamos estar en contra de un blanqueo. Eso es, directamente, una ridiculez. Presidenta, voy a hacer algo que es muy demandado, pero poco practicado en estos momentos: autocrítica. Nuestro blanqueo no obtuvo los resultados que habíamos previsto. Y eso fue por falta de pericia de los funcionarios que lo diseñamos. Claramente, nosotros no éramos ni somos especialistas en blanquear, porque no éramos ni somos especialistas en negrear. Para saber cómo volver a traer dinero negro al país, hay que primero entender cómo sacarlo. Para esto el actual Gobierno tiene “el mejor equipo de los últimos 50 años”, así que es muy probable que el blanqueo actual sea mucho más “exitoso” que el nuestro. Claro que esto depende de a qué se llame “éxito”. Me explico.
El proyecto actual de blanqueo no solo permite que los familiares de los funcionarios públicos (actuales y pasados) blanqueen, sino que además pone una mordaza a cualquier periodista que piense en desatar los “Argentina-Papers”. Si esta ley se aprueba, será la garantía de impunidad de aquella parte de nuestra clase política que evadió al fisco. Esto es, directamente, inaceptable. Pero, además, hay aspectos que son aún más preocupantes.
Nuevamente: este blanqueo no obliga a ingresar el dinero al país. Ergo, su efecto sobre la economía va a ser muy bajo. Si el Gobierno quiere la famosa “lluvia de dólares”, deberían dejar de escupir para arriba: nadie en su sano juicio va a ingresar dólares a la economía argentina en un contexto de recesión, inflación que se acelera, altas tasas de interés y despidos masivos.
Si hoy sobran los dólares, es sencillamente porque faltan los pesos. Lo complejo era resolver la escasez de dólares sin sacarle los pesos del bolsillo a la gente. Haciendo esto último, resulta muy fácil desarmar falsos cepos.
Por último, el Gobierno argumenta que este blanqueo va a ser exitoso porque después de 2016 se terminan las Guaridas Fiscales en el mundo. Esto es sencillamente falso. En primer lugar, si en el mundo dejaran de existir las Guaridas Fiscales, entonces estaríamos terminando con el capitalismo. La situación actual no parece indicar que fuéramos a tener una revolución de esa magnitud.
Pero, para peor, ni EEUU ni Suiza van a participar de los intercambios de información. Esto quiere decir que esos dos países van a ser las dos únicas Guaridas Fiscales que van a persistir y que, por ende, van a concentrar la totalidad de los fondos negros del mundo.
Por último, se encuentra el tema de los intercambios de información entre jurisdicciones cooperantes. En castellano: cuando nosotros desde el Gobierno hicimos un intercambio de información para descubrir cuentas de argentinos en el exterior, nos dijeron que no había ninguna. No fue sino hasta la aparición de Falciani que pudimos saber de las 4.040 cuentas de argentinos en el exterior (instrumentadas a través del banco HSBC), cosa que nuestro intercambio de información había negado.
Por todo lo anterior Presidenta, creo que nuestro proyecto se tiene que manifestar absolutamente en contra de todo este paquete legislativo que busca, mediante la demagogia y los golpes bajos, quebrar el Sistema de Seguridad Social de nuestro país y perdonar eternamente los impuestos que pagan los sectores más privilegiados.
De lo contrario, cuando en el futuro tengamos que discutir en el Parlamento sobre cómo saneamos nuestro Sistema de Seguridad Social, cargaremos sobre nuestras espaldas con la responsabilidad de haber contribuido a su quiebra. Y por si todo ello fuera poco, con haber votado la impunidad de los escándalos del Panama-Papers y de las 4040 cuentas del HSBC.
Seria un triste y solitario final para quienes a partir del 25 de Mayo del 2003 representaron en el Congreso Argentino a un Proyecto Político y de país que se hizo cargo de Argentina “sin beneficio de inventario”, como le gusta decir a ud.
Con del default mas grande de la historia mundial y una deuda externa que representaba el 150% de nuestro PBI. Con la deuda interna de una desocupacion de dos digitos. Abuelos sin cobertura previsional y los que la tenian, con jubilaciones y pensiones de hambre en su inmensa y absoluta mayoria. Con compatriotas que hacian colas en las embajadas para irsek del pais Con la impunidad, consagrada por leyes del parlamento, de los responsables de los mayores delitos de lesa humanid de nuestra historia.
Podría seguir enumerando calamidades, pero no quiero distraer su tiempo con cosas que usted conoce mejor que yo por la responsabilidad institucional que le toco desempeñar no solo como Presidenta sino, también como Legisladora Nacional.
Le mando un enorme abrazo, con el afecto, el respeto y la admiración de siempre.
Emmanuel Álvarez Agis
Paradójicamente
El autor observa que quienes han impulsado el 82 por ciento son los mismos que congelaron y hasta disminuyeron el haber previsional.
Por Gerardo De Santis *
Vivimos en un país en el que se discute cómo aumentarles a los jubilados en un año en el que ya se les aumentó un 26 por ciento. Hemos vivido en otro país en el que a los jubilados se les recortaba el 13 por ciento para bajar el “riesgo país”. Paradójicamente, varios diputados que firmaron y votaron el proyecto del 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil (SMVM), administraban el Estado cuando se realizó ese recorte.
Vivimos en un país en el que esta discusión es factible porque el Estado ha recuperado la administración de los aportes de los trabajadores, ya que hubiera sido imposible discutir el 82 por ciento del SMVM con las AFJP administrando parte de estos recursos. Hemos vivido en un país que privatizó la administración de los aportes de los trabajadores. Paradójicamente, varios diputados que firmaron y votaron esa medida, estuvieron en contra de la reestatización impulsada en 2008.
Vivimos en un país en el que rige la ley 26.417 de movilidad jubilatoria que determina aumentos semestrales en los haberes de nuestros “viejos”; ahora esta decisión no depende del funcionario de turno. Hemos vivido en un país donde estas decisiones dependían de un funcionario que mantuvo las jubilaciones congeladas en 150 pesos durante 10 años. Paradójicamente, varios diputados que firmaron y votaron el proyecto del 82 por ciento del SMVM, administraban el Estado en la “era del hielo”.
Vivimos en un país en el que, en el marco del Consejo Nacional del Empleo, la productividad y el SMVM, trabajadores, empresarios y Estado discuten y se ponen de acuerdo sobre el salario mínimo vital y móvil, que en esta década ha aumentado de 200 a 1840 pesos (a partir de enero de 2011), o sea un 820 por ciento o 9,2 veces. Fue a partir de esta política que se convirtió en significativo cobrar el 82 por ciento del SMVM. Hemos vivido en un país en el que el SMVM era de 200 pesos y estuvo congelado durante 10 años. Paradójicamente, varios diputados que firmaron y votaron el proyecto del 82 por ciento del SMVM, acompañaron aquel gobierno de los salarios congelados.
Vivimos en un país en el que se han creado 3 millones de puestos de trabajo formales lo que permite, a través de los aportes y contribuciones, fortalecer los ingresos de la Anses y de esta manera tener recursos genuinos para poder aumentar las jubilaciones. Hemos vivido en otro país en el que se destruía empleo, aumentaba el trabajo no registrado, se flexibilizaban las relaciones laborales, se reducían las cargas sociales. Paradójicamente, varios diputados que firmaron y votaron el proyecto del 82 por ciento del SMVM, aclamaban las políticas que destruían empleos y disminuían el financiamiento para los jubilados.
Vivimos en un país en el que casi el 90 por ciento de nuestros “viejos”, mayores de 65 años, están cubiertos por el sistema previsional porque durante esta etapa se implementaron moratorias para quienes no habían podido acceder a la protección social mientras al país se le “cayó el sistema”. Hemos vivido en un país que condenaba a la exclusión a demasiados argentinos. Paradójicamente, varios diputados que firmaron y votaron el proyecto del 82 por ciento del SMVM, acompañaron a los gobiernos que dejaron un grado de cobertura de nuestros “viejos” inferior al 70 por ciento. Esto es, 1 de cada 3 “viejos” estaba fuera del sistema provisional y la tendencia iba hacia el abismo.
Vivimos en un país cuyo Estado está recuperando su capacidad de pago. Un 60 por ciento de “la plata de los jubilados” está invertida en títulos públicos que se encuentran en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Paradójicamente, varios diputados que firmaron y votaron el proyecto del 82 por ciento del SMVyM, administraban el Estado cuando una proporción similar de “la plata de los jubilados” se aplicaba en créditos a un Estado insolvente. Tal como está planteada la cuestión, aparecen dos alternativas: una sería regresar a “aquel” país, y congelar el SMVM en los 1500 pesos que regían hasta agosto. Con la jubilación mínima de 1046 pesos dispuesta a partir de septiembre se alcanzaría el 70 por ciento y con aumentar en marzo un 17 por ciento más, alcanzaría para llegar al trillado 82 por ciento de ese SMVM. La otra alternativa sería construir un país que crezca y se desarrolle, que genere empleo genuino y más aportes, que continúe aumentando la recaudación tributaria y que lo haga más progresivamente y que, dado lo delicado de este tema, evite hacer campaña electoral con los jubilados y estudie y analice seriamente el sistema previsional
* Economista. Director del Ciepyc-UNLP
Fuente Página 12 (13/9/2010)
El presente artículo fue elaborado y consensuado por la Comisión de Economía y aprobado en la Asamblea de Carta Abierta del 8 de noviembre de 2008.
Documento de Trabajo – “El fin de las AFJP y los rumbos restituyentes en el laberinto argentino”. Comisión de Economía de Carta Abierta
8 de noviembre de 2008
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8 de noviembre de 2008
Comisión de Economía de Carta Abierta
El fin de las AFJP y los rumbos restituyentes en el laberinto argentino.
La excepcionalidad argentina se mantiene. Persiste. Se evidencia en sucesivas coyunturas caracterizadas por el doble gesto de ruptura de los pilares del orden neoliberal en defección y de persistencia de contradicciones, de agendas pendientes. La excepcionalidad argentina ha sido capaz de sobrevivir a los cobos no-positivos, a los pampeanos empresarios del apocalipsis, a la desencajada verborragia mesiánica de las neoderechas autóctonas. Y sobrevive sin abismos a la hecatombe financiera internacional, gestionando –no sin escollos- lo propio. Ha sobrevivido incluso a las condiciones de posibilidad de sí misma, en tanto pervive en su racionalidad invocando a sujetos sociales cuya expresión política no parece ubicarse aún a la altura de las dimensiones de la gesta. Lo político, de esta forma, recorre un período de excepcionalidad, de búsqueda claroscura entre los hechos y sus sujetos, de debate y dislocación de nociones de futuro que condicionan los actos del presente y le prodigan o retacean racionalidad.
Si el agrupamiento de la oposición política y las organizaciones empresarias de la pampa húmeda buscó transformar esta etapa de excepción en decepción, en imposición de un statu quo y recuperación de una hegemonía perdida, la oportuna decisión del gobierno nacional de enviar al congreso un proyecto de ley para poner fin al sistema de capitalización, eliminar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, y reuniversalizar el sistema de reparto, confirma ante todo la opción de continuar avanzando en la construcción de un sendero radicalmente distinto del neoliberal y recuperar la regulación e intervención públicas, emitiendo a la vez señales de diverso tipo, de enorme importancia en la construcción de imaginarios sociales y políticos diametralmente opuestos al libre mercado y el individualismo.
La medida supera ampliamente un –no menor- cambio en el ordenamiento del sistema de seguridad social. Tiende a redefinir las normas societales vinculadas al mundo del trabajo, y avanza en la desarticulación de uno de los pilares de la institucionalidad neoliberal, asestando un duro golpe al sector privilegiado por las políticas liberalizantes de la dictadura militar de 1976 y del modelo de convertibilidad de la década pasada: el sistema financiero. La eliminación del régimen de capitalización opera en el mismo sentido que la devaluación de 2002, la instalación de restricciones al movimiento de capitales especulativos y las intervenciones del Banco Central en el mercado de cambios, al suprimir las condiciones macroeconómicas que hicieron posible el régimen de valorización financiera durante tres décadas.
La desarticulación del sistema universal de reparto, en 1994, y su reemplazo por la administración de los aportes de los trabajadores por las AFJP, significó la transformación del derecho económico y social básico a una jubilación digna garantizado por el estado a través de un sistema solidario, en un mecanismo de ahorro individual cuyo rendimiento quedó sujeto a las contingencias de los mercados desregulados y al dudoso expertise –en algunos casos delictivo- de los administradores privados, los cuales percibieron ingentes comisiones con independencia de los rendimientos derivados de las colocaciones de los fondos previsionales en los mercados. La apoteosis neoliberal del individuo, del Robinson Crusoe limitado a los estrechos horizontes de su isla, en detrimento de concepciones colectivas y solidarias, implicó desvirtuar el hecho social del trabajo, la producción y la distribución de la riqueza.
Este régimen conllevó la desfinanciación del sistema de seguridad social público, incrementando las necesidades de apalancamiento en un contexto macroeconómico y monetario vinculado al endeudamiento crónico y la fuga de capitales. Paradojalmente, la brecha fiscal y previsional fue cubierta en gran medida con los fondos en poder de las administradoras.
La eclosión del sistema de convertibilidad y la insoslayable renegociación de la deuda pública provocó la disminución de los activos aportados por los trabajadores. La actual crisis financiera provocó una nueva caída en el valor de dichas inversiones. Librado a la suerte del mercado, el sistema ha demostrado en la actualidad su imposibilidad de otorgar a los trabajadores incluidos en él una jubilación mínima digna y sustentable en el tiempo.
Al establecer un nivel jubilatorio mínimo, el estado ha debido socorrer al sistema, aportando este año cerca de 4000 millones de pesos, cifra que se incrementaría sucesivamente en los años venideros.
Uno de los principales argumentos para la creación de este sistema fue la necesidad de incrementar la “profundidad” de los mercados de capitales nacional y regional, lo cual redundaría en un aumento de las inversiones productivas y el desarrollo económico. Sin embargo, este objetivo también se vio frustrado.
Una mirada atenta a la experiencia resultante permite advertir que no se ha cumplido ninguno de los argumentos esgrimidos en la época de su creación. Los trabajadores que perciban su jubilación a través de este sistema requerirán asistencia pública para alcanzar el mínimo legal, no se logró el financiamiento de actividades productivas o de cambio estructural y se profundizó la desfinanciación del sector público.
Esta experiencia arroja importantes conclusiones que abonan la pertinencia de la actual estrategia gubernamental y justifican su respaldo. En primer lugar, los sistemas de seguridad social forman parte innegable de un conjunto diverso de derechos humanos básicos, vinculados al carácter social del mundo del trabajo. En tal sentido, resulta inconcebible su administración o gestión por parte de empresas privadas. En segundo lugar, los fondos de la seguridad social no pueden permanecer expuestos a la lógica de los mercados financieros. Por el contrario deben ser administrados a través de mecanismos que aseguren su sustentabilidad y su función social y solidaria.
El evidente fracaso del sistema de capitalización ha despojado a sus defensores y gerenciadores de la prepotencia de los primeros años. Apenas alcanzan a balbucear el agónico argumento de la “libertad de elegir”. Este axioma del liberalismo no es capaz de sostenerse sin la constitución de un mito y una racionalidad que, aunque falsa, tenga la potencia de instituirse en verdad. La crisis del sistema privado transformó la aparente prestancia técnica y conceptual de sus argumentos tempranos en un dogma, en una perseverancia obtusa. La supuesta “ciencia del mercado”, que hoy se muestra falsa e inoperante en sus objetivos declarados, transmuta en un acto de fe sin parámetros racionales. Y la ruptura del mito de la suficiencia y pertinencia mercantil como regulador social da lugar a un cambio en la política, que vuelve a centrarse en el estado. La iniciativa del gobierno nacional asume un carácter restituyente, reinstalando una noción colectiva como centro del funcionamiento social y convocando al debate sobre formas alternativas de institucionalidad.
Sin embargo, estos importantes pasos en el laberinto argentino nos convocan a repensar al estado como espacio de constitución de lo colectivo. No basta con reivindicar lo público.
No resulta apropiado retomar mecánicamente viejas formas. Es preciso interpelar al concepto, problematizarlo. Basta hacer memoria para recordar los descalabros existentes en el sistema previsional previo a la creación de las AFJP. Si bien su crisis no responde al modelo técnico intergeneracional en que se basa el sistema de reparto, sino al vaciamiento del estado desde mediados de la década del 70, resulta imprescindible pensar críticamente la estructuración institucional de los mecanismos de regulación pública y la necesaria participación democrática en las decisiones fundamentales que afectan a la cosa pública.
Al estado interventor clásico debiera oponerse un estado capaz de construir un modelo de desarrollo inclusivo de carácter multilateral. Es decir, un estado permeable a la sociedad civil, a las organizaciones políticas y sociales, provisto de las herramientas para propiciar el debate público con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de manera sustentable y democrática. La figura del estado positivista, omnipresente y omnicomprensivo, en tanto falaz, conduce a un debilitamiento del debate y a una escasa creación de mecanismos de imbricación social y política, sea cual fuere el modelo de acumulación y reproducción vigente.
En esta tarea resulta imprescindible el desarrollo de movimientos sociales y políticos populares capaces de exigir su lugar en la construcción de un estado referenciado en las bases sociales. Movimientos capaces de oponer un discurso y una acción política a las neoderechas autóctonas, que disputan -con disfraces oportunos- la política pública, la representación de lo “popular”, lo “democrático” e, incluso, de la “nación”. Esta construcción no es una tarea exigible al estado. Constituye un camino colectivo, objetivado en formas de participación y discursos diversos.
En pocos días, y luego de la aprobación del proyecto oficial –que incluye modificaciones de otras bancadas aliadas- en la cámara de diputados de la nación hace escasas horas, tocará el turno del senado. Dados los poderosos intereses económicos en juego, por estos momentos se estarán desarrollando diversas estrategias, presiones y ofertas para lograr su rechazo, tal como ocurrió con la Resolución 125. Banqueros y operadores han reaccionado generando presiones sobre el mercado cambiario, rematando bonos públicos y provocando fugas de capitales al exterior. Estas acciones resultan esperables en un contexto de tensiones por el alcance de las políticas del estado. Nos obstante, este comportamiento “normal” de los grupos ligados al poder económico en Argentina debiera encontrar la oposición del accionar restituyente colectivo, el emergente de esa noción de futuro que necesariamente debe plasmarse en los espacios de lo público, para convertirse en político.
La auspiciosa iniciativa gubernamental de eliminar el sistema de capitalización recupera ciertos elementos épicos imprescindibles para el establecimiento de lo político, el interrogante sobre las formas que deberá asumir un nuevo estado con fines transformadores, y restablece el dilema entre el surgimiento de sujetos políticos colectivos capaces de viabilizar un proyecto transformador y las posibilidades de refundar constantemente el estado de excepcionalidad.
Resulta imprescindible contribuir con un cambio de época. Los derechos sociales básicos deben ser desmercantilizados, recuperando su carácter solidario y universal: jubilación, salud, vivienda, educación, soberanía alimentaria.
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La reforma del sistema jubilatorio resulta necesaria y oportuna. De acuerdo a la Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, es el Estado quien otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable, prescripción constitucional que desde hace décadas por falencias del Estado y en particular desde 1994 por las falencias del sistema previsional instaurado en esa fecha, no se cumple.
El régimen se introdujo en 1994, en pleno auge del neoliberalismo en la Argentina, copiando prácticamente al sistema chileno impuesto por el gobierno de facto de Pinochet –casi único en el mundo– en ese momento.
Si analizamos a nivel mundial los sistemas jubilatorios se ve que sólo la minoría de los países los privatizaron, en particular un grupo de países latinoamericanos y otros países periféricos. De hecho, países desarrollados como Francia, Canadá y Suecia, entre otros mantienen un régimen obligatorio público, de reparto o de cuentas individuales bajo administración estatal.
Este proceso de privatización impulsado en 1994 constituyó un mecanismo de financiarización forzosa, similar al corralito del que no se podía salir. Hasta este año el traspaso de un sistema a otro era en un solo sentido (del régimen de reparto al de capitalización).
Desde esta óptica, cabía preguntarse por qué no permitir una verdadera competencia entre esos dos regímenes sin corralito si el sistema privado era tan bueno.
Esta libre elección recién pudo hacerse bajo el gobierno de Néstor Kirchner.
Por otra parte, la mayoría de las AFJP se encuentran enfrentadas a múltiples conflictos de interés dada su pertenencia a grandes conglomerados financieros. En reiteradas oportunidades incumplieron su rol fiduciario, fraudulentamente perjudicando a los futuros beneficiarios. El actual superintendente de AFJP, Carlos Weitz, tuvo una actuación descollante en el pasado y en el presente, en limitar regulatoriamente los conflictos de intereses e investigar y procurar la sanción de prácticas abusivas en el mercado con fondos provisionales por parte de diversos intermediarios y grupos económicos que concentran bancos, seguros y otros agentes de mercado.
No obstante, más allá de estos intentos, es necesario volver a un sistema público obligatorio que no es nada más ni nada menos que imitar el esquema de jubilación que tienen en vigencia los países desarrollados.
Una falla importante del sistema de capitalización, que no suele ser mencionada, es que no proporciona un adecuado cuidado a los fondos de los futuros jubilados ante escenarios de bajas profundas y generalizadas en los mercados de activos financieros.
Además el esquema implicó un sistema de financiamiento caro para el sector público y prácticamente escaso para financiar al sector privado y a las actividades productivas, además de generar una clara inequidad distributiva.
Cabe destacar, además, que la medida no surge espontáneamente. Hubo intentos de mejora, como por ejemplo el denominado inciso q) que obligaba a las AFJP a invertir en proyectos de economía real. Sin embargo, los resultados fueron muy limitados.
Algunos sectores desconfían de la administración pública de las cajas jubilatorias por la experiencia pasada entre las décadas de los ‘60 y ‘80. Una clave para la eficiencia de un régimen previsional, más allá de temas demográficos, es la fortaleza del mercado laboral con trabajadores en blanco y bien pagos.
Sin embargo, ésta es una oportunidad que tiene el Estado para retornar a la dignidad de las jubilaciones de los años ‘40 y ‘50; con un Estado con superávit y una política que defienda el empleo y la producción será posible profundizar las mejoras en los haberes jubilatorios efectuadas desde el 2003.
En definitiva, el nivel de las jubilaciones –bajo cualquier régimen– depende directamente del estado de la economía. Por lo que en tiempos de crisis global se necesita más que nunca un modelo de desarrollo endógeno, con fuerte presencia estatal que permita mantener la senda de crecimiento con empleo, salarios con mayor poder adquisitivo, y por ende mayor recaudación fiscal y previsional que posibilite mejores jubilaciones para todos. Ello requerirá un gran control social de los fondos previsionales, transparencia, eficiencia económica y social para cumplir todos estos objetivos, buenas jubilaciones, provisión de bienes públicos y adecuado financiamiento a la economía real para lograr así el desarrollo económico y una mejor distribución del ingreso.
Vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores
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La reformulación del sistema jubilatorio, cuyo proyecto de ley se envió al Congreso, será la medida más importante tomada en dirección a la desarticulación de la institucionalidad neoliberal construida con perfiles extremos durante los noventa, década en la que se desplegó plenamente el diseño económico enunciado y comenzado durante la dictadura militar que sentó las bases de la liberalización cambiaria y financiera, sobre la que se construyó la financiarización de la economía. Ese paradigma marcó una época de regresividad social determinada por la mercantilización de bienes y servicios que habían arribado previamente a la categoría de derechos económicos y sociales, cuya garantía correspondía al Estado, período en el que el derecho a la percepción de la jubilación se articulaba con el de una vejez digna y completaba el derecho al trabajo. Todo el proceso de privatizaciones implicó no sólo el despliegue de los más graves hechos de corrupción, y la anarquía y desbalance en la provisión de bienes públicos, sino un retroceso histórico respecto de la justicia social y los derechos humanos. Al aumento exponencial del desempleo, la subocupación y la precarización laboral se lo acompañó con el desentendimiento del Estado, y por lo tanto de la sociedad, respecto de la garantía de un ingreso durante la vejez.
El establecimiento del régimen hoy con proyecto de derogación significó el abandono de un sistema jubilatorio solidario, sentido esencial de un sistema de reparto, reemplazándolo por uno de "capitalización" obligatoria para los "incluidos" en el mercado de trabajo. La administración del régimen de "capitalización" se reservó a empresas pertenecientes a conglomerados financieros que participaban en las operaciones y beneficios del patrón de "valorización financiera", obteniendo niveles de comisiones ajenos a cualquier indicador de eficiencia y constituidos en una exacción privada sobre los asalariados. Los activos en los que se invertían los fondos tendían al desarrollo del mercado de capitales, estimulando la desintermediación financiera. Ese proceso de desintermediación acompañaba tendencias similares de la economía mundial constituyentes del proceso de globalización financiera en el que se desencadenó la actual crisis. Además acompañó el desentendimiento del Estado de políticas de orientación del ahorro hacia el crédito para el desarrollo y estimuló la concentración de los recursos financieros.
La transición desarticuladora del régimen público de reparto se hizo en forma desorganizada e irracional, desfinanciando la atención de los jubilados e impulsando el endeudamiento público para atender sus obligaciones con éstos. La recuperación de un régimen jubilatorio íntegramente público completa las disposiciones previas en relación con la inclusión en la percepción de ingresos de ciudadanos excluidos de ese derecho y la ley de movilidad de las jubilaciones. Recupera la noción de solidaridad intergeneracional y garantiza la responsabilidad de la sociedad respecto de la vejez. A su vez, la administración de los activos resultantes de los aportes y contribuciones al régimen previsional por parte del Estado, supone un reordenamiento de los desaguisados financieros de la irresponsable transición con la que se originó el régimen privado. Actualmente los afiliados del "sistema de capitalización" son 9,5 millones, de los cuales aportan sólo 3,6. Los beneficios abonados por dicho sistema son 446.000. Mientras que en el sistema estatal de reparto se cuentan 3,7 millones de afiliados activos y se atienden 4,7 millones de beneficiarios. Tal es el desequilibrio del régimen a reemplazarse. La reforma planificada importa la transferencia de un stock de 97.000 millones de pesos administrado hoy por las AFJP al ámbito estatal; a la vez que un flujo anual de aproximadamente 11.700 millones de pesos será percibido en el futuro por el sistema único público. Así la progresividad social y la solidaridad intergeneracional de la reestructuración planteada son acompañadas por la racionalidad económica. La estatización del sistema previsional supone su desmercantilización y el restablecimiento de la noción de derecho social de la jubilación. Es un importante paso en la reapertura de un proceso de recuperación del concepto de servicio público para un conjunto de actividades y bienes cuya disposición constituyen al mismo concepto de ciudadanía y el acceso a los cuales no puede resolverse en la lógica mercantil, siendo la sociedad íntegra la responsable del cumplimiento de los derechos que los mismos satisfacen, y el Estado su agente: salud, vivienda, trabajo, educación.
* Director del Cefid-AR.
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