Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

14Feb/210

OBSCENA DESIGUALDAD

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La mejora de los ingresos de los trabajadores necesitará de un bloque social y político organizado

POR GUILLERMO WIERZBA  

 

Los tiempos de pandemia siguen siendo los que imponen un determinado cauce a la vida económica mundial. El que finalizó fue un año en que la mayoría de los países han tenido una caída de su PBI. También los ha afectado una fuerte asimetría en el comportamiento de los distintos sectores de la economía. Mientras áreas que han tenido como centro la tecnología digital han crecido sustancialmente, otras de servicio y esparcimiento social han decrecido. Así, la peste condujo las modificaciones  acontecidas en la esfera global, y no la planificación democrática de las sociedades. Pero algo más grave ha sucedido. La época del Covid-19 no produjo, hasta el presente, las transformaciones en el paradigma de vida de la humanidad que muchos desearon y previeron al principio. El surgimiento de las vacunas, fruto del desarrollo de la ciencia y herramienta hacia la solución de la pandemia, desvistió el egoísmo y la falta de solidaridad de muchos de los países centrales respecto de las periferias. La intensidad de la vacunación en los primeros es opuesta a la de las segundas. La lógica del beneficio y el estilo contractual, como si la vacuna se tratara de una mercancía, predomina sobre una distribución equitativa y extra-mercantil de un bien de subsistencia que no puede tener el mismo precio en África que en los Estados Unidos.

La Argentina ha tenido en ese sentido conductas que privilegiaron la vida. Es notable la diferencia entre la infraestructura de atención lograda en el país respecto a otras naciones de América Latina. Resulta de gran valor recuperar como una decisión certera y humanitaria la cuarentena que permitió ganar el tiempo para desplegar las obras que alcanzan el nivel de suficiencia para que ningún ciudadano se quedara sin atención. En otros países de la región la ausencia de establecimientos y de camas, como de otros elementos para la atención de los enfermos, ha trasuntado el grosero y malintencionado ataque de la derecha que descalifica las decisiones tomadas en los primeros momentos de la peste.

Por otro lado, como ocurrió en muchos de los discursos de Davos, omitir el abordaje de la solución del problema central de las economías que es prevenir y curar, vacunar y establecer las correctas medidas de cuidado, reemplazándolas por una ideología de reformas al capitalismo neoliberal de la pospandemia, construye un velo sobre la destrucción de los derechos sociales que  la peste exhibió, como el debilitamiento de los sistemas de salud que ese modo de organización de la vida económica y social conlleva.

 

 

Crecimiento, desarrollo y retenciones

En Argentina, la plutocracia que gobernó durante los cuatro años de la administración de la Alianza Cambiemos provocó el deteriorado escenario en que luego se desplegaron los daños de la pandemia. El aumento de la pobreza y de la concentración económica fueron signos de esos tiempos. Hoy el debate debe centrarse en cómo invertir y contrarrestar esa tendencia. Se trata de sustituir importaciones, por supuesto. Se trata de aumentar exportaciones, también. Consiste en promover la inversión y el aumento del PBI, sin duda. Pero además se requiere avanzar hacia una sociedad menos consumista, más solidaria y con igualdad.  Ese fue el sentido del discurso de Alberto Fernández en el G20 y en el Foro de Davos. También el criterio de Cristina Fernández cuando enunció la necesidad de terminar con un sistema de salud dividido en tres y hacer una reforma que introduzca mayor justicia social, equidad de atención y eficiencia del gasto.

La discusión del desarrollo es un tema central.  El neoliberalismo la subsumió en el debate sobre el crecimiento como si fueran una sola cosa. La preocupación central de la Nación debería ser el desarrollo. No sólo cuánto se produce y cuánto se invierte sino también en qué y quiénes lo efectivizan. No sólo cuántas divisas se conseguirán exportando sino, además, qué diversificadas son las exportaciones y qué sistema tecnológico y de organización de la producción hay detrás de ellas. También resulta clave conocer la distribución regional y federal de la producción.

Paradojalmente en estos tiempos de pandemia los precios de las exportaciones tradicionales y de los bienes de sus cadenas crecieron sustantivamente. La soja, que además de ser base de las mayores exportaciones, constituye una cuasi-unidad de cuenta en muchos contratos y relaciones de la producción de la pampa húmeda, aumentó más de un 30%. En ese contexto nuevamente los sectores ligados a esa producción se opusieron con belicosidad a la instalación de las retenciones. No resulta ocioso volver a destacar las tres características virtuosas de ese instrumento para la economía argentina:

  • Permite desacoplar los precios internos de los internacionales evitando el traslado de los mismos a bienes-salario consumidos por toda la población, y de significativa incidencia en los gastos de los sectores populares.
  • Es útil para igualar las productividades entre sectores con diferentes grados de madurez, apuntando a la diversificación productiva y, también, de las exportaciones. El logro de estas metas favorece generar una economía con mayor empleo y, asimismo, combatir la exclusión social. Es una política que promueve el despliegue de un paradigma de desarrollo científico y tecnológico mucho más amplio e importante en el proceso de producción. La diferencia de productividades en la economía nacional no sólo obedece a la diferente madurez sectorial, sino a cuestiones de orden natural. Especialmente a la fertilidad del campo de la pampa húmeda. Este fenómeno de aumento de precios por la situación internacional intervenida por la pandemia se traduce en beneficios para el sector tradicional, exclusivamente determinados por la renta diferencial. En términos rigurosos y acertados de la economía clásica no deviene del esfuerzo o riesgo empresario sino, en su totalidad, de esa renta. De una renta que hoy es apropiada y distribuida a través de toda la cadena agroalimentaria. En la que, además, existe un grado de concentración intenso tanto entre los productores como en las industrias aguas abajo del proceso productivo del complejo agroexportador.
  • Permitirían un aumento sustantivo de la recaudación en un momento de tanto requerimiento como es el de la peste que hoy sufre con intensidad el país.

La confrontación de los sectores vinculados a la producción de la pampa húmeda con las retenciones, que impide una correcta utilización del instrumento, obedece a razones que exceden el mero coyunturalismo de la ganancia inmediata. La propuesta de política de aquéllos es de un sentido estrictamente opuesto a la planteada por Marcelo Diamand, que entendía la necesidad de instrumentos de este tipo en pos de la industrialización del país. El comportamiento de los grandes productores de la pampa húmeda y los oligopolios de la agroindustria está dirigido a sostenerse como poder económico hegemónico del país, procurando que la Argentina dependa sólo de las divisas que ellos producen, además de pretender apropiarse “eternamente” de la renta diferencial de la tierra. En el sentido de Michal Kalecki, la preferencia que moviliza esa oposición a la medida está estrictamente ligada a una cuestión de control del poder.

Tal como está construida hoy la lógica de los grandes propietarios en la cadena, persiste en el marco de relaciones de producción capitalistas una conducta oligárquica. El carácter regresivo de un proyecto basado en la especialización de una producción, que tiene su fundamento clave en la potencialidad de la captura de rentas, resulta aún más grave debido a que la profundización de un régimen de ese carácter también agudizará los términos y rasgos de la inserción pasiva de Argentina en la transnacionalización. Esto agudizará las características periférico-dependientes del país. La virtud de las retenciones móviles, cuyo proyecto de implementación fue tan resistido por la cadena del agronegocio, era mantener constante la renta diferencial percibida por el sector y redistribuir el excedente a otros sectores económicos y sociales. Ese tipo de objetivos ejemplifican claramente aquéllos que son específicamente de las metas del desarrollo, respecto de otros que coinciden con las del crecimiento.

Los participantes del agronegocio tampoco aceptaron la implementación por parte del Estado de cupos a las exportaciones, para garantizar las ventas en el mercado local de productos esenciales para la alimentación del pueblo. Esta conducta entronca con el objetivo de reservar la vida económica y productiva a la decisión privada, impidiendo la intervención y participación  de las autoridades elegidas por el pueblo sobre esas esferas. Estos comportamientos constituyen el núcleo del vaciamiento de la vida democrática. Tanto como el lawfare y la cooptación del Poder Judicial.

Esa es la razón por la que sólo se limitaron a prometer la constitución de fideicomisos de gerenciamiento privado, con una ingeniería cuyo objetivo sería mitigar la escasez de bienes-salario frente a las oportunidades de la demanda mundial. Con este tipo de instrumentos, los objetivos cubiertos por lo descripto en los items 2 y 3, expuestos para las retenciones, quedan incumplidos. También obstruye la intensidad de la regulación estatal de la economía, cuando con medidas de fuerza ese poder oligárquico impide la cupificación directa del Estado sobre las ventas al exterior.

 

 

Destituir el paradigma de Mont Pellerín

El desalojo del poder democrático de la intervención en la economía es el principio fundamental que los intelectuales de Mont Pellerín establecieron para los principios neoliberales. En Davos, ante la decadencia de la hegemonía del paradigma fundado, entre otros, por Hayek, Friedman y Popper, aparecen los proyectos continuistas de remozamiento del régimen, bajo títulos como “responsabilidad social empresaria”, “capitalismo de las partes interesadas”, “esfuerzos público-privados”. Pero son palabras de una misma lengua. Tal vez, con la variante de una inclusión estatal como rueda de auxilio del sector privado oligopólico, pero subordinada a la iniciativa y lógica de comportamiento de este último. Cualquier intervención estatal es entendida por los “reformadores” de Davos, desde un dispositivo corporativo que conserve la formalidad democrática fuera del perímetro de la economía. La primera rueda de auxilio fue colocada con las políticas monetarias utilizadas para mitigar la crisis de 2008, que salvaron de una peor hecatombe  a la financiarización frente al desbarranque producido por la autorregulación absoluta establecida durante la década de los ’90 en que se predicó la religión del fin de la Historia.

La hegemonía del agronegocio y las finanzas en la economía nacional no ha sido sólo una presencia desplegada en lo productivo y en la detentación del poder económico como “poder real”. La extensa época de su predominio, la reiteración de gobiernos que construyeron instituciones para instalarla, favorecieron una impregnación social de sus pautas de vida y sus principios. Los empresarios del sector industrial adhirieron a reivindicar el retiro del Estado de la vida económica, mientras también se sumaban a las prácticas de la financiarización, que basadas en a la apertura de los movimientos de capitales les permitían fugar sus excedentes al exterior. Así se dio la paradoja de la colaboración de los empresarios concentrados de la industria en un proyecto de desindustrialización.

En este contexto no resulta fácil para un gobierno con metas democráticas, nacionales y populares encontrar los modos y caminos para transformar la economía y la sociedad, lo que inevitablemente le requerirá modificar las relaciones de poder y la remoción de la inserción pasiva, desde un rol periférico-dependiente, de la economía del país en la transnacionalización.

Tampoco será fácil llevar a cabo el objetivo de recuperación del salario real, estipulado para este año en un objetivo del 4%, y cuya recuperación a niveles dignos requerirá de un ritmo más intenso en los años posteriores. Esas mejoras de los ingresos de los trabajadores, unidas al aumento del empleo, necesitarán para afirmarse como política de largo plazo de la construcción de un bloque social y político organizado con la densidad que le permita contrapesar el desbalance en favor de una minoría plutocrática que la dictadura militar, el menemismo, la Alianza y Cambiemos se esmeraron en construir

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24Ene/210

DISTRIBUIR RIQUEZA

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El problema urgente de distribución de ingreso y riqueza

POR GUILLERMO WIERZBA  
El mundo prometido a Juanito Laguna, 1962 , Antonio Berni
 

Asistimos a sustanciales debates respecto a cuál sería el problema nodal de la economía argentina. Los economistas de la corriente principal, que han respaldado el liberalismo neo, sostienen que la cuestión urgente y clave a encarar es la disminución sustancial del déficit fiscal. Otros enrolados en la heterodoxia light, que respaldaron la derechización de las socialdemocracias europeas adhiriendo a la corriente de pensamiento de Giddens y las políticas de Tony Blair, afirman que los equilibrios macroeconómicos no tienen ideología ni marcos histórico-sociales, o sea que serían de orden universal. Muchos de estos últimos coinciden con los ortodoxos al sostener que el principal problema del país es el ordenamiento fiscal.

Sin embargo, desde un enfoque crítico que observe la evolución de la economía argentina durante el último medio siglo, podrá concluirse que el problema argentino urgente y principal es la distribución del ingreso y la riqueza. Mirando la evolución de la participación de los salarios y las ganancias en el ingreso, se puede observar cual ha sido la “gran novedad” de las reformas introducidas en 1976 por la dictadura militar, cuyo despliegue continuó por décadas debido a la repetición de las políticas neoliberales en tres fases de esos cincuenta años. Así, esta identificación de la cuestión clave a resolverse en Argentina 2021 coincidiría con lo señalado por David Ricardo, el más maduro de los pensadores de la economía clásica, quien sostuvo en su obra fundamental, Principios de Economía y Tributación, que la distribución del ingreso entre las tres clases sociales de la comunidad era el principal problema de la economía política.

Los argumentos en que se apoya la corriente principal y las adyacentes son de orden praxeológico, es decir de carácter “tecnológico”, como si se tratara del proceder correcto en la economía. El análisis prescinde del devenir histórico y del origen de las condiciones que constituyen un estado de las cosas. Espacio y lugar son indiferentes, siempre hay una práctica “curativa” de los problemas económicos. Es la visión de quienes asumen que capitalismo constituye un modo histórico inamovible –una forma de organización óptima y única de la vida económica de los humanos. Que, extremada en la visión esencialista del liberalismo, estaría sujeto a condiciones de estricta vigencia de derechos de propiedad constituidos previamente, y blindados de su limitación, intervención o afectación por parte del poder democrático. Esa vigencia eterna y universal alcanzaría al mercado y, actualmente, a la financiarización misma como habitualidad sin alternativa.

 

 

La ruptura epistemológica de Marx

Martín Abeles y Roberto Lampa en La ruptura epistemológica de Marx (Revista Nueva Sociedad 277- set-oct 2018) , siguiendo a Etienne Balibar sostienen que la obra del autor de El Capital constituye una ruptura epistemológica con los economistas clásicos, refutando la tendencia que se ha afirmado entre los economistas ortodoxos que sitúan a Marx como el último de los aquellos. Siendo que Adam Smith postuló el axioma “de propensión natural de la especie humana al intercambio” que según Abeles y Lampa, el primer clásico entiende que “mediada por el mercado, no sólo redundaba en una organización racional de la reproducción social… [sino] que propiciaba un orden naturalmente justo”. Esos autores afirman que “lo interesante desde este punto de vista cognitivo es que la representación de la sociedad asumía la forma de una deducción analítica. Emulando ya entonces a las ciencias naturales”. En contraposición a este tipo de representación, Marx no razona en esta clave axiomático-deductiva sino que reconoce como central la dimensión histórica, social y relacional de la existencia humana. Para Marx ese tipo de interés individual postulado por Smith no existe sino que todo tipo de interés privado se explica y construye términos de relación social. Los autores reivindican a Keynes por discontinuar la hegemonía de la Escuela Neoclásica que concebía los fenómenos sociales “explicando el funcionamiento del sistema económico por medio de la agregación de comportamientos de agentes individuales… En lugar de investigar sistemas económicos por medio de modelos cerrados, abstractos y basados en el método axiomático, a partir de Keynes la economía política vuelve a concebir sistemas abiertos en los que el comportamiento de los actores económicos se sitúa en un contexto social”. También reivindican a Joan Robinson en su concepto “reglas del juego” como articulador de los impactos del conflicto social, el efecto de las instituciones y las disputas ideológicas en el análisis de la realidad económica y social.

 

Naturalización: el paradigma del poder

Desde el punto de vista expuesto, el gran aporte de Marx fue la iniciación de un estudio de la economía de carácter crítico que quebraba la naturalización del capitalismo, del mercado, del interés individual y del derecho de propiedad como piedra basal de la organización de la vida humana en cualquier tiempo y espacio. Esta posición abría la economía a una relación con las otras ciencias sociales como la sociología, la antropología y la historia. Abeles y Lampa ven esa apertura también en Keynes, y consideran que fue abandonada por parte de la heterodoxia posterior y contemporánea porque “su tendencia a la naturalización del sistema económico planteaba el riesgo de atribuir a las recomendaciones emanadas de sus investigaciones el mismo status objetivo, la misma pretensión de validez universal, que la corriente neoclásica presuponía en las suyas. De esta manera, la estabilización de la económica, la eliminación del desempleo, el cambio tecnológico o la reducción de la desigualdad… podrían ser concebidos más como problemas técnicos que como problemas de la sociedad”.

El sistema de la financiarización (constituido por las derechas neoliberales y las socialdemocracias 2.0 –a la Blair) ha sido restaurador del enfoque ahistórico y pro-naturalización del capitalismo in extremis. En todas las circunstancias de crisis o situaciones dificultosas del funcionamiento de la economía, esta vertiente ha señalado al déficit fiscal como uno de los temas fundamentales a resolver mediante lo que el mainstream llama reformas estructurales. La reducción del déficit debería acometerse, de acuerdo a sus prescripciones, mediante el recorte del gasto público, mientras el aumento de los impuestos lo contraindican, porque deducen que medidas de este estilo desalentarían la inversión. Aseguran que esta acometida contra el déficit fiscal alimentaría la confianza de los agentes individuales privados para emprender sus negocios. Sobrevendría la calma de los equilibrios macroeconómicos, el tamaño de la “torta” crecerá y habría “porciones” más grandes para repartir. Las políticas posteriores a la crisis del 2008 llevadas a cabo en Europa, impulsadas por el FMI, que tuvieron este carácter, devinieron en mayor retracción económica, aumento del desempleo, debilitamiento sindical y de la capacidad de lucha de los trabajadores para defender sus ingresos. En Argentina actual, con acaso la mitad de su población sumida en niveles de pobreza, una política de consolidación fiscal, basada en este dogma con pretensión de ciencia objetiva, conduciría a una mayor concentración del ingreso, caída del PBI, derrumbe del nivel de empleo, reducción del salario real y descenso de la inversión privada.

 

 

La recuperación de la historicidad

El artículo referido cita un señalamiento de Immanuel Wallerstein respecto a que la construcción social, heredada del siglo XIX, de las distintas disciplinas científicas había perdido vigencia y constituía una barrera para el trabajo intelectual, y aseguraba que la Economía Política era la que más había exacerbado la característica de división y escisión del conocimiento, aislándose del resto de las ciencias sociales.

Seguramente la pretensión praxeológica y generalizadora, con axiomas fuertes y deducciones con resultados no verificados, y muchos incontrastables, la llevaron a un conveniente aislamiento para postularse como una disciplina teórica objetiva estimulante del perfil de pensamiento único.

En Argentina los gobiernos que adhirieron a sus postulados favorecieron a los sectores del poder económico concentrado y finalizaron con catástrofes macroeconómicas. En cambio, las experiencias nacionales, populares y democráticas que aplicaron programas de crecimiento del gasto público, fortalecimiento de las organizaciones sindicales, aumentos de salarios, expansión del consumo interno y políticas hacia el pleno empleo, tuvieron importantes tasas de crecimiento económico, mejora sustantiva de la participación de los trabajadores en el ingreso y disminución de la pobreza.

Argentina está atravesada por conflictos históricos y presentes entre bloques sociales antagónicos. En el marco de esos conflictos se despliega la posibilidad de una distribución más justa y la potencialidad de un país con transformación productiva y desarrollo. Ni el déficit fiscal, ni las políticas monetarias pueden ser discutidos en Argentina de la pandemia del 2021, convaleciente de la política ortodoxa de la Alianza Cambiemos, como se lo haría en el marco de una situación de pleno empleo en una economía en expansión. Porque en este último caso la falta de financiamiento del gasto público podría provenir sólo de problemas y resistencias al pago de impuestos por parte de sectores empresarios. En cambio en la actualidad se suma a esa resistencia el declive de la recaudación por la caída del nivel de actividad y la necesidad de un sustantivo aumento del gasto social, unidos a un estructural comportamiento de evasión y fuga por parte del poder económico concentrado. La función de la recaudación de tributos tiene como objetivo fundamental la redistribución secundaria del ingreso y no un equilibrio contable de las cuentas públicas. Argentina es un país cruzado por una disputa por la apropiación de una extraordinaria renta diferencial de la tierra, de otra entre renta financiera y los beneficios de cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, además de la siempre presente entre salarios y retribuciones al capital.

 

 

Plutocracia o gobierno popular

¿Quién resuelve estos conflictos? Marx cuando discute el tema del ejército de reserva –una masa de desempleados que garantizan la inseguridad de los trabajadores en actividad para conservar sus empleos—, así como Kalecki en el siglo XX cuando refiere a la contrariedad de los grandes empresarios para apoyar políticas de pleno empleo que quitan el efecto de disciplinamiento que la amenaza de la desocupación ejerce sobre el batallar de los trabajadores para incrementar sus salarios y disminuir la tasa de ganancia, desnudan la voluntad de ese empresariado de regular el nivel de actividad para garantizar su poder en la sociedad civil y el destino de la economía. La herramienta discursiva más potente desplegada por el poder económico concentrado es sostener que la actividad económica debe quedar reservada para el sector privado, que el gasto público debe ser reducido y que los salarios sólo deben aumentar cuando crece la productividad del trabajo (o sea que la distribución del ingreso no debe variar nunca al alza). Esta sustracción de la economía de la política conduce a la plutocracia (el gobierno de los ricos). Es la lógica del Estado chico, asociada siempre al desmerecimiento de la política.

La democracia está concebida para garantizar una fuerte influencia en las decisiones por parte de los sectores populares, de los que menos tienen, de los más pobres. Sobre todo en el capitalismo, donde estos son la mayoría. Las decisiones en democracia corresponde que sean tomadas por el gobierno, también en el ámbito de la economía – incluyendo la Inversión Pública y la actividad productiva directa. Por ejemplo, resulta condenable que en nombre de la libertad, los sectores beneficiarios de la renta agraria diferencial se resistan a aceptar restricciones a la exportación dispuestas por el poder democrático ante dificultades de abastecimiento del mercado interno. Así como también correspondería un sustantivo aumento de la tasa de retenciones –que permita la socialización de parte de esa renta agraria— frente a su reciente, abultado aumento por el incremento de los precios internacionales, siendo inválido que se le anteponga una concepción de propiedad privada ilimitada en nombre de una idea oligárquica de presunta libertad. Porque el carácter de la propiedad privada sólo es definible, también, en contextos históricos, sociales y relacionales. Nunca puede ser un valor que consolide niveles inaceptables de desigualdad.

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10Ene/210

LA DIFERENCIA

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Roberto Lavagna impulsa un proyecto político ajeno al nacionalismo popular democrático.

POR GUILLERMO WIERZBA  
La economía heterodoxa que persigue la transformación del patrón económico y la economía crítica sostienen, con fundamento, que la construcción de un Proyecto Nacional es impensable sin una distribución del ingreso definida a priori. La primera pone el acento en el papel central de la demanda efectiva para el crecimiento del PBI, con especial atención al rol del consumo (el consumo privado en la Argentina representa el 65% de la demanda agregada. Esta es la suma del consumo público más el privado, de la inversión pública más la privada y de las exportaciones).  Esos economistas heterodoxos valoran el crecimiento del salario real y de los ingresos populares como incentivo fundamental para la demanda. El otro componente central, para esa corriente, es el gasto autónomo, que en países como el nuestro posee como elemento más dinámico a la Inversión pública.

Para los economistas críticos el tema de la igualdad social es el objetivo clave de un Proyecto Nacional transformador. El crecimiento de los niveles salariales y los ingresos fijos de los sectores populares es fundamental para avanzar hacia ese objetivo. A su vez, proponen que el papel del Estado debe ser creciente en la economía para ampliar la esfera de la decisión ciudadana y restringir el ámbito del reino del mercado, en el que la economía queda excluida de las decisiones de las autoridades elegidas por el pueblo, a merced de las voluntades del capital concentrado.

El doctor Lavagna

En una breve proclama alusiva al inicio del año nuevo, el ex Ministro de Economía de dos gobiernos de políticas sustancialmente diferentes, el de Eduardo Duhalde y el de Néstor Kirchner, emitió la proclama Llegó la hora. No hay más excusas. Allí, Roberto Lavagna manifiesta que “El fracaso de las políticas populistas por un lado, o de ajuste por el otro, más la parálisis derivada de la pandemia, han llevado la realidad socioeconómica a niveles insostenibles como lo exponen las cifras de pobreza e indigencia”. Una lectura atenta debe reparar en la indiferenciación de los dos tipos de políticas a las que RL responsabiliza de la pobreza y la indigencia. Nada expresa el doctor respecto al retroceso económico y social durante el neoliberalismo macrista, ni de la desarticulación de políticas que Lavagna reivindicó, como el control sobre el movimiento de capitales.

Esa declaración fue hecha inmediatamente después que el gobierno anunciara medidas e intenciones respecto de la necesidad de alinear precios, salarios, jubilaciones y tarifas. La hace, entonces, en un momento en el cual su intervención puede interpretarse como una respuesta cuestionadora a la participación del Estado en la economía. En  su libro Construyendo la oportunidad. Como aprender del pasado para pensar el futuro (Sudamericana, 2015), uno se encuentra con un epígrafe curioso que habla de un período en que los argentinos hicieron el esfuerzo y crearon la oportunidad (2002-2005), que no responde a un gobierno determinado sino a su propia gestión ministerial, sucedido por otro transcurrido entre 2007 y 2015 en el cual habrían cedido al “encantamiento del facilismo”. En la página 353 del texto presenta sus prevenciones respecto de los pactos sociales entre empresarios y sindicatos, resistiéndose a las ideas sobre una mayor intervención estatal en la economía. Dice que “en el peronismo derrocado en 1976 hubo mucho de eso, lo que llevó a la crisis y ayudó a abrir la negra puerta conservadora del régimen militar autoritario”. Esta adaptación de “los dos demonios” a la economía se manifiesta en el título del Capítulo XIII del libro, “Populismo, Conservadurismo o Heterodoxia -Ortodoxia Sustentable”.  Para Lavagna la política de ingresos sólo puede constituir un elemento útil cuando hay consistencia macroeconómica (en otra parte del libro afirma que esa consistencia se obtiene con políticas monetarias y fiscales). En la página 351 reivindica que “se usaron coordinadamente la política fiscal, como centro, y las políticas monetarias y de ingresos, como complemento (precios y salarios)” para desacelerar la inflación. Este tipo de reflexiones son típicas de los economistas del mainstream, muy reacios al papel del Estado en la economía. Ya desde 2005 la preocupación de Lavagna era el tema salarial. En la página 396 refiere a un alerta sobre la relación entre salarios y precios efectuado por el Banco Central que presidía Martín Redrado. Programáticamente se define en la página 52 del libro en la que afirma que si se le hubiera preguntado hubiera contestado con seguridad que se “identificaba mucho más con la política económica de Frondizi que con la de Gelbard, sobre la que había escrito un trabajo“, que marcaba las “incoherencias macroeconómicas” de aquél programa de 1973-1974.

En la proclama de fin de 2020 Lavagna  propone “poner a la creación del trabajo privado como objetivo central protegiendo derechos adquiridos pero incorporando a la mayoría que hoy está excluida, sin derecho alguno, a formas modernas de empleo”. Debería decir las cosas por su nombre. El ex Ministro propone la existencia de dos mercados de trabajo, el que conservaría la legislación vigente –los formalizados actuales- y otro que sería para los trabajadores informales y todos los que se incorporen en el futuro. Las llamadas formas modernas, no pueden leerse de otra manera que como más precarias y menos protegidas. Es una propuesta de flexibilización laboral con estilo gradualista ma non troppo.

La percepción del ex Ministro autodenominado de centro-progresista en relación a los excluidos por el neoliberalismo, sonaba más a prejuiciosa y prevenida que a sensible. Frente a las elecciones de 2005, que lo desvelaban en sus preocupaciones, le preocupaban «las presiones y pedidos de todos los sectores. En el caso de los piqueteros, los actos eran cada vez más descontrolados. Claramente el gobierno había perdido el control de la calle” (p.397). En cambio destaca su reunión con los que llama “empresarios de peso” como Rocca, Pagani y Fortabat, con quienes habló de inversión, empleo y productividad.(p. 352), respecto de los que no menciona conductas abusivas en el uso de su poder económico para la fijación de los precios.

En el inicio del gobierno de Néstor Kirchner,   el Ministerio de Planificación anunció que contrataría al área de economía y tecnología de FLACSO para que apoyara la tarea  de la creada Unidad de Renegociación de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), que tenía como misión el análisis del cumplimiento de los compromisos de inversiones que durante los noventa habían asumido las empresas. En la página 59 de su libro, RL caracteriza que “esta elección estaba relacionada con cierta posición ideológica cargada de prejuicios” e hizo saber que el Ministerio de Economía se apoyaría en la AGN y la SIGEN, fundándose en un “claro mensaje…hay que analizar datos objetivos y evitar tomas de posición ideológicas propias de quienes redactan papers sin contacto con el mundo real, para impedir que compliquen la ya difícil negociación”. Lavagna, que sí había tenido contacto con el “mundo real” cuando departía con los “empresarios de peso” como Rocca, Pagani y Fortabat, no se empachó en disparar descalificaciones respecto del equipo de investigaciones más calificado del país en el análisis de los grupos económicos, que produjo los trabajos mejor fundados y con mayor respaldo estadístico de la academia argentina sobre ese tema.

En la proclama se refiere a la necesidad de “bajar los costos de funcionamiento del sistema político”, propone a tal efecto reducir los concejos deliberantes, reducir el número de miembros de las Cámaras del poder legislativo y establecer poderes legislativos provinciales unicamerales. No repara en la existencia de las constituciones nacional y provinciales, cuya reforma debería proponer requiriendo asambleas constituyentes. Esta propuesta es devaluatoria de la política, porque el Estado debería agrandarse y mejorarse para un Proyecto democrático, nacional y popular. Su reducción es la consigna para despolitizar la sociedad y para que las grandes corporaciones empresarias como la AEA, la UIA, la SR, CRA, el Consejo Agroindustrial pasen a tener un protagonismo exclusivo y excluyente sobre las decisiones políticas. Es un proyecto desdemocratizador. Sostener, como lo hace RL, que serviría para reconciliar a la sociedad con la política conlleva el prejuicio de la inutilidad de la actividad y participación ciudadana. En la misma línea está la propuesta de evitar que el empleo público siga creciendo allí donde no debe, sin definir los lugares donde debe seguir creciendo.

Otro de sus infundados pregones es que “cuanto más reglas menos inversiones, cuanto más intervenciones menos productividad”. Esto no suena ni por asomo heterodoxo, es bien de la ortodoxia. La Argentina se debe la modificación de la ley de Inversiones extranjeras para evitar los efectos perniciosos de mucha Inversión Extranjera Directa  que, en su tendencia general, funciona como capital financiero más que como aporte productivo.

Esta proclama efectuada ante las políticas perseguidas por el gobierno popular de alinear precios, salarios, jubilaciones y tarifas, significan un pronunciamiento dirigido a confrontar con esa política. La crítica a Gelbard, la descalificación de FLACSO, su alergia a los hoy movimientos sociales (herederos de los piqueteros), su propuesta de reducción del sistema político, su intención flexibilizadora tienen ese signo. Desconfiado del pacto social y promotor de reformas en el régimen jubilatorio, cuando se acaba de sancionar una Ley respecto al mismo que garantiza una evolución progresiva de las jubilaciones, revela que Lavagna impulsa un proyecto político ajeno al nacionalismo popular democrático. Distante a la propuesta neoliberal del capital financiero, independiente a los dictados de los organismos internacionales de crédito, su perspectiva lo convierte en un referente para los que promueven una economía con un modelo tirado por las exportaciones, con salarios bajos. A gusto de la UIA y los grandes grupos del empresariado local. Vale aclararle al doctor que la reducción del salario real en los cuatro años de neoliberalismo no fue la traducción de la pérdida de productividad del trabajo, por lo tanto su recuperación no debe ser puesta en dependencia de su asociación con la mejora de esa productividad.

Ideas para el Consejo Agroindustrial

Juan Llach y Ricardo Rozemberg, el primero viceministro de Menem y ministro de De La Rúa, desarollaron en 2019 la misma propuesta que Lavagna. En el trabajo para CERA, cuyo nombre evidencia “el proyecto tirado por las exportaciones” Aportes para la Estrategia Nacional Exportadora de la Argentina (julio de 2019) dicen: “Para dejar atrás este muy mal desempeño en materia de crecimiento, la economía argentina necesita una estrategia con protagonismo de las exportaciones que, comparada con la historia de los últimos 75 años, implica un giro copernicano. Se trata, en esencia, de que las exportaciones y la inversión –los dos componentes de la demanda global más vinculados al ahorro- lideren el crecimiento de la economía, permitiendo así un crecimiento del consumo más sostenible”. Aquí se ve expresamente el orden que plantean los economistas del empresariado para el impulso de la demanda agregada:

  1. exportaciones,
  2. inversiones y
  3. consumo.

A la inversa que en el Proyecto Nacional democrático, nacional y popular, la idea es el tipo de cambio siempre alto, la tasa de ganancia atractiva y sin intervención estatal, y el consumo (que implica fundamentalmente el salario) como variable de ajuste.

Pero Lavagna tiene un perfil más industrialista. Llach y Rozemberg no ocultan su apuesta a los sectores concentrados de la pampa húmeda ligados a las exportaciones tradicionales. Pregonan abiertamente que “Tanto como para dar una idea del tipo de apertura que estamos pensando, la Argentina debería aspirar como mínimo a lograr un coeficiente de apertura del orden del 40%, como los que tienen hoy Australia (41,89%), la India (41,07%) o Uruguay (39,99%). La economía argentina es la segunda más cerrada del mundo. Su coeficiente de apertura en 2017, era de sólo 25,02%, ocupando así el puesto 168 en el mundo, superado sólo por Brasil (24,12% y ranking 169)”. El coeficiente de apertura es la suma de las exportaciones y las importaciones dividida por el PBI. Cuanto más abierta una economía más importa. En cambio el aumento de las exportaciones depende de la demanda internacional, que con el grado de desarrollo argentino se dirige fundamentalmente a los granos, oleaginosas y los commodities elaborados con estos insumos. Ese estilo de apertura significa profundizar la primarización.

Estos autores, plantean luego su propuesta para reducir el déficit fiscal promoviendo la eliminación de “impuestos distorsivos”, los que según ellos afectan la Inversión y las exportaciones. Enumeran algunos y luego van derecho al grano, sosteniendo que “El caso más nítido de reducción de los precios al productor es el de las (mal) llamadas retenciones a las exportaciones, de muy frecuente uso en la Argentina y muy poco utilizadas, o con alícuotas sustancialmente menores, en otros países». En síntesis, afirman, las ‘víctimas preferidas’ de los impuestos distorsivos son las exportaciones y, en segundo lugar, la inversión, para concluir adhiriendo a la “reducción de los derechos de exportación hasta su eliminación”.

Las retenciones

Sin embargo las retenciones en una economía como la Argentina son una política virtuosa e imprescindible en un Proyecto Nacional de desarrollo e igualdad porque:

  1. Desacoplan el precio nacional del internacional de los bienes exportables, que en el caso nacional están ligados a los bienes de consumo popular. Al hacerlo, impiden el impacto de redistribución regresiva del ingreso que las subas del precio internacional provocan. Por eso resulta necesario el ajuste de la alícuota actual a una tasa superior a la vigente, ante la actual suba de los precios internacionales.
  2. Descuentan la diferencia de productividad entre los sectores industriales y los de producción primaria (o los asociados a ésta) permitiendo una mayor diversificación productiva y un mejor y más intenso desarrollo industrial, y aumentando la ocupación y las demandas científico-tecnológicas del aparato productivo.
  3. Son una alternativa para financiar el déficit fiscal progresivamente. Hoy en tiempos de pandemia, que parece ir hacia su nivel más intenso, sería imperioso no desaprovechar el aumento de los precios de los commodities agroindustriales para incrementar las retenciones.

En realidad los costos de producción no han variado, el aumento es percibido por los participantes de la cadena agroindustrial exportadora en carácter de un incremento de la renta diferencial del insumo principal de esa actividad: la tierra.

Esta semana hubo un intento de paro nacional por una parte de los integrantes del sector, como resistencia a una medida que tendía a preservar la provisión del mercado interno. La argumentación que se extiende respecto a que el Estado no debe intervenir en la economía es una expresión antidemocrática. El Estado es gobernado por la elección y la participación ciudadana. El derecho de propiedad es de carácter relativo y nunca puede prevalecer a la decisión ciudadana. Si no la democracia se convierte en una ficción.

Lo mismo ocurre con el aumento necesario en la tasa de retenciones. Tal vez muchos de los que amenazaron con el lockout patronal hayan, también, especulado con esa medida para disuadir el posible ajuste a los derechos de exportación.

El diario El Cronista del día 7 de enero previó un aumento de 7079 millones de dólares de las retenciones a recaudar sobre las exportaciones de soja y sus derivados para la campaña 2020/21 respecto de la anterior, y un aumento de la liquidación de divisas para el mismo período de 22.500 millones de dólares. En el día 9 de enero el precio del poroto subió a u$s506 en la Bolsa de Chicago, y el maíz – también en alza- a u$s 195.

Si se hubiera aprobado la Ley que sancionaba la Resolución 64 que ajustaba la Resolución 125 de retenciones móviles, adecuándola con diferenciaciones, la alícuota correspondiente a un valor de la soja de u$s 500 era del 43% , hoy está 10 puntos debajo de ese porcentaje. Las retenciones móviles hubieran evitado la disputa permanente respecto del nivel de los derechos de exportación, y también hubieran favorecido una asignación más justa y productiva de la renta diferencial. El hecho de su sanción apresurada sin atender al debate y la participación política de los sectores involucrados impidió construir el consenso que, seguramente, hubiese logrado, con un manejo más dúctil, su implementación. Pero el contenido de fondo de la medida era de justicia social y desarrollo nacional.

Producción y Trabajo

Este espacio emitió esta semana un documento que promueve un plan integrado de obra pública, que incluya viviendas e infraestructura básica barrial.  También propone la realización de grandes obras de infraestructura imprescindibles para el desarrollo nacional.  Señala que “Para dinamizar el Mercado Interno, es sabido, es necesario recuperar el poder adquisitivo de las remuneraciones, incluidas las jubilaciones que no son sino salarios diferidos. A su vez advierten que si de los aumentos nominales de salarios se apropian los grandes formadores de precios, el efecto deseado se anularía. Particularmente refieren al impacto negativo que se produciría si los ajustes de los sectores de ingresos fijos fuesen absorbidos por los agentes que dominan las cadenas de alimentos, el ajuste de tarifas y los beneficios del sector financiero. Plantean dos reformas: la tributaria –de carácter progresivo- y la financiera que sustraiga al sistema de las lógicas de la financiarización internacional y lo ponga al servicio de la producción.

Respecto a las negociaciones con el FMI requieren que debe ratificarse firmemente la oposición a ajustes que atenten contra las prioridades de: atender la emergencia sanitaria y social, recuperar el trabajo y potenciar el mercado interno, como bases esenciales  para la imprescindible reactivación económica.

También subrayan  “que se hace necesario un estricto control de los costos de los insumos difundidos, para evitar distorsiones en los precios de las distintas cadenas de valor, estableciendo precios de referencia. Junto a un seguimiento público y transparente de la estructura de costos de producción y comercialización de los principales bienes y servicios que necesitan las familias y los sectores productivos, para detectar los aumentos injustificados. Sin este control de costos se hace imposible ordenar la economía y las finanzas nacionales”.

El Consejo Económico y Social

Es inminente la constitución del Consejo Económico y Social para cuya presidencia el gobierno nominó a Gustavo Béliz. Este deberá lidiar con tres proyectos diferenciados, que representan a quiénes quieren un programa de salarios bajos, reformas laborales y concentración de esfuerzos en el apoyo a grandes grupos exportadores, otros que apuntan a continuar con la lógica neoliberal reforzando el respaldo a las cadenas de los productos de las exportaciones tradicionales, y un tercero de carácter nacional y popular que reivindica las políticas del 2003 al 2015, basadas en los objetivos de igualdad social, soberanía nacional e independencia económica. Béliz deberá convocar a todos ellos y a los movimientos sociales. Concluye una semana en la  que la denominada “gran democracia del norte” demostró cuánto se profundizó su vaciamiento en el período neoliberal de cuatro décadas que creó una sociedad desigual, con una fractura social de dimensiones inéditas, en el marco de una impresionante concentración del ingreso y la riqueza. La energía e intransigencia que ponga el gobierno nacional y popular en sostener sus objetivos programáticos y en el mantenimiento de los principios de los movimientos populares argentinos definirá la profundización de la vida democrática, sin esas actitudes pende la amenaza de igualar la corrosión del sistema que ejemplifica el estado de la vida política estadounidense.

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27Dic/200

LA PALABRA ESPERADA

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En 16 minutos la lideresa del FdT sentó los lineamientos básicos de la política económica

POR GUILLERMO WIERZBA  

El viernes 17 de diciembre, una semana antes de la llegada al país de las primeras trescientas mil dosis de la vacuna Sputnik V, en un acto en La Plata, la lideresa del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, pronunció el discurso con más definiciones desde que hace un año asumiera el nuevo gobierno encabezado por el Presidente Alberto Fernández. En su mensaje subrayó el carácter absolutamente imprevisto del despliegue de la pandemia mundial que, señaló, tuvo consecuencias desarticuladoras en todos los países del mundo. Advirtió sobre la existencia de ámbitos científicos en los que se alerta respecto a repeticiones de fenómenos del mismo carácter, cuya ocurrencia tendría una frecuencia mayor a la que la humanidad vivió en el siglo XX. Planteó dos planos que considera sobresalientes, respecto de los desafíos de política que el gobierno deberá emprender para enfrentar la pandemia y su etapa posterior. Esos dos planos son:

  • La salud, y
  • La economía.

 

Un sistema integrado de salud

Respecto del sistema de salud, la Vicepresidenta enunció la necesidad de repensarlo todo. Destacó la manera en que se trabajó en la emergencia construyendo hospitales y la finalización de obras no concluidas por el gobierno de Cambiemos a pesar de haber tenido un grado de avance muy maduro las obras sin terminar. Planteó la necesidad de pensar y definir un nuevo concepto de salud, partiendo de los datos duros que muestran que la Argentina se destaca por tener mayores recursos tecnológicos y humanos, sumados a una mayor inversión respecto de los que cuentan los otros países de la región. Su conclusión fue el deber del Estado, en conjunto con la sociedad, para debatir, estudiar y construir un “Sistema Integrado de Salud” que dé término a una asignación de recursos ineficiente e injustamente distribuidos, producto de su concentración indebida.

En un documento recientemente publicado por la CEPAL con el título La salud como desafío productivo y tecnológico. Capacidades locales y autonomía sanitaria en la Argentina pospandemia, hay contundentes pruebas cuantitativas respecto de lo afirmado por Cristina Fernández y el grado de profundidad y dramaticidad de las ineficiencias y grado de concentración que deforma la asignación de los recursos para la salud. El informe señala que la Argentina destina a ese fin un volumen de recursos que equivalen al 9,4 % del PBI. Esos recursos tienen distintos orígenes, ya que el sistema se divide en tres subsistemas desintegrados, o con un escasísimo nivel de interacción no planificada sino resuelta por lógicas mercantiles. Los sistemas son los siguientes:

  • El Sistema público, que atiende al 35% de la población. Se financia con recursos generales provenientes de impuestos de ese orden o de asignación específica. Realiza el 28,7% del gasto en salud y el gasto per cápita es de 786 dólares anuales, considerando lo erogado en el año 2019. El correspondiente al total del sistema de salud es de 952 dólares anuales.
  • El Sistema de Obras Sociales, que se subdivide en dos subsistemas: uno de carácter nacional y otro de carácter provincial, al que debe agregarse el PAMI. Los dos primeros se financian con aportes de los empleadores y asalariados públicos y privados, mientras que el PAMI lo hace con recursos mixtos provenientes de los trabajadores activos y aportes de los jubilados a los que se suman también recursos provenientes del Tesoro Nacional. Atiende al 63% de la población. Realiza el 41,8% del gasto en salud. El gasto per cápita es de 765 dólares anuales.
  • El sector privado que se financia con aportes de los que optan por contratarlo de manera voluntaria. Atiende al 14% de la población. Realiza el 29,5% del gasto total en salud. El gasto per cápita es de 2.079 dólares anuales. El financiamiento que era exclusivamente privado, a cargo de sus usuarios voluntarios, fue modificado en la década neoliberal de 1990. Durante la presidencia de Menem se dispuso la posibilidad de la libre elección de obra social (Decreto 9/1993), y además se incluyó la opción de destinar aportes y contribuciones al sistema de medicina prepaga (EMP). Lo que impulsó el “descreme” del sistema de seguridad social, ya que los asalariados mejor remunerados que tenían aportes y contribuciones sociales altas, migraron al sistema EMP trasladando esos aportes y contribuciones del sistema de seguridad social al privado, desfinanciando al primero y fortaleciendo la rentabilidad del segundo. Ese decreto quitó los elementos de solidaridad al esquema de seguridad social y se alineó con el mismo tipo de concepción que la reforma jubilatoria adoptada en la misma década. La reversión de ésta última reforma durante los doce años de gobiernos nacionales, populares y democráticos parecen constituir un antecedente que debería completarse con la reforma del sistema de salud, con el objetivo de revertir los regresivos cambios de los ’90.

Resulta claro que esta lógica fragmentadora de la salud llevó a su mercantilización y a la pérdida de la lógica de la solidaridad, al dejar de ser concebida como un derecho humano. En realidad ninguno de los ciudadanos debería estar sujeto a diferencias en cuanto a la atención de su salud, y el carácter del servicio debería contemplar el objetivo de tender a la igualdad en su provisión que respete el carácter de derecho esencial. La propia diferenciación del sistema de seguridad social respecto del sistema público conllevaba el establecimiento de desigualdades, pero estas adquirieron una tendencia perversa y sistémica a partir del decreto de 1993; que también acentuó la diferencia entre obras sociales con mayores y con menores recursos, desigualdades que se generaron, además, en los propios cambios en el empleo y en los salarios relativos entre las  actividades, como producto de las reformas desindustrializadoras y del estancamiento económico. Pero la transferencia de recursos al EMP desde los servicios sociales, tuvo el claro objetivo de construir las bases para la subsunción de las obras sociales por el sistema privado, que incluía la tercerización de servicios. Por otra parte, el sistema público en lugar de garantizar el acceso universal a la salud, fue conceptualmente concebido para ser utilizado como política focalizada a los sectores más vulnerables, informalizados  o excluidos de la posibilidad de acceder a los otros regímenes.

En el informe de CEPAL se puede observar la distribución de médicos por habitante por provincia, que arroja una concentración ineficiente de los servicios de salud. En CABA la cantidad de médicos por cada mil habitantes es de 16,6, proporción que contrasta con las provincias del Norte argentino, las que tienen menos de 2.7 médicos por cada mil habitantes, salvo Tucumán y Corrientes cuya proporción está entre 2.7 y 3.7.  En este rango se ubica  la provincia de Buenos Aires, sobre la que el informe provee el guarismo global pero sería interesante la diferenciación entre el Conurbano y el interior de la provincia, ya que la misma se acerca a representar el 40% de la población del país. La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro tienen más de 4,7 médicos cada mil habitantes, las demás provincias del Centro y Sur del país participan del rango entre 2,7 y 3,7.

El mismo informe suministra información sobre el peso de la pobreza por provincia, con resultados que se asocian inversamente a la densidad médica por habitante. Esto prueba lo ineficiente e injusto del sistema. CABA, Neuquén y Santa Cruz tiene niveles de pobreza inferiores al 30% de la población. Mientras Misiones, Tucumán, Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero tienen más del 40% de población en situación de pobreza. En la provincia de Buenos Aires la proporción se ubica entre el 35 y el 40; nivel que comparte con Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, La Rioja, Catamarca y Mendoza. Mientras Chubut, Río Negro, La Pampa, Santa Fe, San Luis, San Juan y Tierra del Fuego tienen una proporción entre el 30 y el 35%.

CEPAL relevó que la mortalidad infantil tiene sus niveles más altos en Corrientes, Formosa y Tucumán con más del 11 por mil, mientras que en CABA, Chubut, Neuquén, Santiago del Estero y Catamarca se ubica por debajo del 8. En tanto que Chaco, La Rioja, Jujuy, La Rioja y San Juan registran una proporción que va entre 10 y 11 por mil, y el resto de las provincias está en el tramo entre 8 y 10 por mil. También hay una asociación inversa con la relación médicos por habitante, con algunas excepciones cuyas causas merecerían un análisis.

Las desigualdades que exhibe el acceso a la salud en la Argentina no son independientes de la fragmentación del sistema. La coexistencia de un régimen público, con uno contributivo (obras sociales) y otro privado, dotados de capacidades de financiamiento y gasto muy diferentes, concurrente con la descentralización de la gestión de los servicios de salud entre los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial e incluso municipal) no sólo reproducen las desigualdades esbozadas anteriormente. Además dificultan una mayor y mejor articulación de los objetivos sociales de una política de ampliación del acceso efectivo a la salud, con las decisiones de  promoción de la autonomía sanitaria y el despliegue de una política que impulse el desarrollo productivo y tecnológico nacional. Corresponde hacer notar que, en un sentido inverso al del liberalismo neo, durante los años de gobierno nacional y popular se desplegó un movimiento que culminó en dispositivos legales hacia la producción pública de medicamentos. Una política que debe convertirse en fundamental para la desmercantilización de la salud pública.

El gráfico que se presenta a continuación muestra el carácter focalizado de la medicina pública para atender la pobreza, con el perfil asistencialista propio de la mirada neoliberal. En el mismo se exhibe el porcentaje de la población no cubierto por los subsistemas privados y de seguridad social, quedando a cargo por default de éstos la medicina pública. En contraste obsérvese la sobrecobertura de la CABA por dichos subsistemas.

 

 

 

Reactivación productiva con distribución del ingreso

La lideresa del Frente de Todos se refirió a la perspectiva que en el año 2021 comience una reactivación de la economía. Pero puso el acento en la necesidad de que ese crecimiento se reparta en consonancia con el objetivo de la justicia social. En lenguaje popular dijo que “los beneficios del crecimiento no se los deben quedar 3 ó 4 vivos”. Es una referencia concreta a la necesidad de garantizar que la decisión y acción del gobierno elegido por el pueblo debe definir el carácter de la reactivación, y su direccionamiento a que los resultados se distribuyan atendiendo al valor de la igualdad. Cristina Fernández advirtió que el poder económico no puede pretender la posesión, y menos se le puede conceder, de la facultad del establecimiento de las definiciones de la política económica que impulse y acompañe el crecimiento. La Vicepresidenta fue enfática en señalar la necesidad de alinear salarios, jubilaciones, los precios –especialmente los de los alimentos— y las tarifas. Planteando que los precios de los alimentos deben ser accesibles para los sectores populares. Además explicitó su conocimiento y convicción de que la economía argentina es movilizada por la demanda, y que el consumo se acerca a significar el 70% de la demanda agregada. Es inequívoca al señalar estas reflexiones y postulados, que el alineamiento de las variables que destaca supone la recuperación de los salarios y las jubilaciones. También al plantear que el Estado debe establecer mecanismos efectivos para garantizar el acompasamiento de la evolución de precios y tarifas con la mejora real de los ingresos fijos populares, que garanticen un impulso del consumo y la demanda. Son ideas que perfilan un proyecto nacional basado en el esquema wage led growth (crecimiento impulsado por salarios).

A un año de la asunción del nuevo gobierno la Vicepresidenta, en un discurso de 16 minutos, expuso lineamientos fundamentales para el próximo año, los que reivindican la política llevada a cabo en el período 2003-2015, que consiguió la mejora del nivel de vida popular, y expresó: “Por eso volvimos”, adjudicándole a la unidad un carácter concurrente y complementario con la memoria popular sobre aquél período. Dijo, textualmente luego, que “si no se sabe cómo se llegó, es posible que no se sepa cómo ir”.

En el Informe de Coyuntura de CIFRA-CTA n° 32, elaborado por Pablo Manzanelli, Daniela Calvo y Cecilia Garriga, se calcula que el PBI cayó en los tres primeros trimestres del año un 11% con relación al mismo período del año anterior, siendo la sima el segundo trimestre, que registra respecto de su igual de 2019 una caída del 19%. El informe dice que “la economía argentina contabilizó, prácticamente, 10 trimestres de caída del PIB, situándose en la actualidad 15,3% por debajo del primer trimestre de 2018 y es un 14% inferior al producto bruto del tercer trimestre de 2015”. Lo expresado ilustra que el profundo descenso del año de pandemia se acopló a cuatro años de retroceso que el país experimentó en el transcurso del gobierno de Cambiemos. Durante los tres primeros trimestres de 2020 los únicos sectores que crecieron fueron la construcción (2.3%) y la intermediación financiera (4,6%). Este último guarismo más que un hecho positivo, resulta lo contrario y hace necesario reflexionar sobre una profunda reforma institucional imperiosa en su funcionamiento, regulación y definición de objetivos y actores.

El informe de CIFRA-CTA dice que los salarios cayeron entre noviembre de 2015 y septiembre de 2020 un 15,5% en el sector privado y un 26,5% en el sector público.  Respecto del crecimiento de los precios durante el año alcanzó, midiendo los primeros once meses de 2020 respecto del mismo período de 2019, un 35,8%, mientras la devaluación del tipo de cambio legal fue del 35,7%. Esto demostraría la importante influencia de la variación cambiaria sobre el nivel de precios, lo que probaría lo desaconsejable de ceder a los reclamos devaluacionistas de grupos y sectores empresarios. Además sería demostrativo de las consecuencias regresivas sobre los salarios de una política export led growth (crecimiento impulsado por las exportaciones). También probaría contundentemente que los precios se ajustan por el dólar oficial y no por las cotizaciones de los reducidos mercados marginales. Pero resulta de importancia subrayar que los alimentos y bebidas aumentaron mucho más que la tasa media de crecimiento de precios, lo hicieron en un 47,5% y la indumentaria en un 56%, lo que indica que la inflación para los sectores populares fue mucho más alta que para el conjunto de la población. Estas verificaciones indican hasta qué punto el alineamiento de precios, salarios, tarifas y jubilaciones que promueve Cristina Fernández, significa una enérgica mejora de los ingresos de los sectores populares. Mejora que debe ser acompañada por un conocimiento profundo y una intervención adecuada en las cadenas de valor, persiguiendo el objetivo de tomar los caminos necesarios para que los precios se ajusten a la obtención de tasas de ganancia empresariales acordes a la recuperación del nivel de vida que los sectores populares vienen perdiendo desde 2015.

Otra información de relevancia constatada por el informe elaborado por Manzanelli, Calvo y Garriga se refiere a las irregularidades en la liquidación de exportaciones de oleaginosas y cereales, ya que pese a la obligación de liquidar las divisas, mientras el total exportado es de 23.298 dólares durante el año 2020, lo liquidado asciende a 18 286 millones. Faltan liquidar más de 5.000 millones, lo que demuestra las irregularidades existentes en el sector.

La reticencia a liquidar divisas en las cadenas de oleaginosas y cereales, y sus presiones devaluacionistas, deberían ser enfrentadas con energía. La baja de retenciones para favorecer una mayor liquidación no produjo los efectos deseados. Mientras tanto los precios internacionales de estos commodities siguen subiendo, lo que exigirá proceder a un aumento de esas retenciones, aún a niveles superiores a los que regían con anterioridad a la rebaja ineficaz. Esa exigencia se motiva en la necesidad de evitar que los precios de los alimentos aceleren su crecimiento por la típica asociación automática con el comportamiento del mercado internacional. En una propuesta que va en la misma dirección, Cristina Fernández también expuso sobre la necesidad de establecer cupos a la exportación de alimentos que aseguren que un volumen razonable de los mismos sean reservados para el mercado interno, a precios razonables «para la mesa de los argentinos”.

Los dieciséis minutos de exposición de la lideresa del Frente de Todos incluyeron lineamientos básicos de una política económica que asume que los acuerdos de deuda deberán realizarse sobre la base de su subordinación al cumplimiento del objetivo de reactivación productiva con justicia social, sustentado en el crecimiento del mercado interno. Los plazos, intereses y organización de las amortizaciones con el FMI deberán también alinearse con, y detrás, de la prioridad que constituye la  recuperación de los niveles de vida de los sectores populares y el fortalecimiento del aparato productivo nacional

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20Dic/200

EL SALARIO DEL MIEDO

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La reactivación pospandemia, el proyecto de país y las pujas entre sectores económicos y clases sociales

POR GUILLERMO WIERZBA  

 

El debate respecto a la reactivación de la economía en la pospandemia, que aborda el camino para recuperar el retroceso en los cuatro años de neoliberalismo a los que se le suma el tiempo de las restricciones impuestas por la peste, lleva a una discusión que comprende tópicos teóricos, proyectos de país y pujas entre sectores económicos y clases sociales. Supone, también, la definición de cuál será el bloque de poder que hegemonizará la etapa. Pero, además, suma reflexiones que hacen a la sustentabilidad de largo plazo de una estrategia de desarrollo.

 

 

Alternativas contrapuestas

No resulta lo mismo, en ninguno de los sentidos mencionados, que la reactivación tenga como base una redistribución del ingreso progresiva, que si el impulso proviene de un aumento de las exportaciones o del endeudamiento de las familias. Si el objetivo que se persigue es un desarrollo nacional autónomo, Engelbert Stockhammer y Giorgos Gouzoulis plantean como fundamental que la estrategia de crecimiento esté impulsada por los salarios como por el rol del Estado en la economía. (Cap. I de El Imperio de las Finanzas, Deuda y Desigualdad, Comp. Chena y Biscay, Miño Dávila, 2019). Desde mediados de la década del ’70 en las experiencias tempranas, y más generalizadamente entrada la década del ’80 del siglo pasado, el neoliberalismo trajo consigo una fuerte caída de la participación de los salarios en el ingreso, instalando un paradigma cuya centralidad estuvo en el crecimiento de la desigualdad y en pérdida de poder social de los sectores mayoritarios de la población. La Argentina fue una de las experiencias tempranas. Ese proyecto hegemónico, en las dos últimas décadas del siglo pasado, produjo estancamiento económico, un profundo descenso del salario real, el crecimiento de la pobreza y la fragmentación de la clase trabajadora.

En ese período las características citadas se dieron tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Los dos fallidos modelos de crecimiento que dominaron las propuestas de política económica fueron:

  • El impulsado por la deuda (debt led growth). Este modelo se caracterizó por sostener permanentemente el consumo mediante el endeudamiento de las familias con salarios disminuidos, pero con acceso al crédito personal para solventar su demanda. La inconsistencia del modelo tuvo su momento clave en la crisis de las hipotecas en Estados Unidos que luego se extendió a otros países, crisis demostrativa de una deuda creciente de las familias y de una fragilización de sus economías.
  • El modelo alternativo fue el del patrón de crecimiento estimulado por las exportaciones (export led growth), que descansa también en la deuda como motor de su despliegue, porque el país que exporta puede hacerlo a expensas del endeudamiento de los países que así abandonan su desarrollo nacional. El caso alemán fue un ejemplo del primer vértice y el caso griego del segundo. El debilitamiento del último provoca problemas en el primero.

Ambos modelos afectan negativamente el nivel de los salarios. En el primero en beneficio del capital financiero que opera en el crédito familiar, el segundo en el descenso del salario para ganar competitividad exportadora espuria.

Estos dos paradigmas estuvieron ligados a la financiarización de la economía internacional que significó la desregulación del comercio internacional y de las finanzas globales, lo que se tradujo en la desregulación del ingreso y salida de capitales, política adoptada en casi todas las economías. También se promovió la deslocalización productiva, que se desempeñó como una amenaza a las economías con mercados de trabajo más organizados y mejores salarios. Las dos opciones buscaban un cambio sustantivo de la correlación de fuerzas a favor del capital.

Otros aspectos fueron la reducción del gasto social de los Estados, considerado como un factor que se asocia a la existencia de mejores salarios, las privatizaciones de empresas públicas y la drástica reducción del papel del Estado en la economía. También se promocionó  la reducción de impuestos como estímulo a la producción, relación causa-efecto que nunca funcionó.

Dicen los autores mencionados que “el salario real cumple una doble función en la economía: es a la vez un costo de producción para las firmas y la principal fuente de ingresos de los hogares. Un incremento en los salarios en la economía puede crear dos efectos de crecimiento opuestos, un efecto negativo en la inversión y un efecto positivo en el consumo”. Pero en la abrumadora mayoría de los casos el aumento del salario real y su impacto en el consumo, resulta mayor que la eventual existencia de un impacto negativo en la inversión. Luego, generalizadamente, como consecuencia posterior (de segunda vuelta), el crecimiento del PBI causa, también, un aumento en la tasa de inversión.

En una economía en la que se valoriza el rol del mercado interno, el salario supone no sólo un costo para las empresas sino la capacidad para realizar las ventas de las mercancías producidas. En cambio para una economía conducida por las exportaciones, el salario es sólo un costo. Además en los países de economías chicas, en su relación con el tamaño del mercado internacional, sus exportaciones dependen de los precios y cantidades que se les paguen y demanden. No tienen posibilidades de influir sobre esas variables. Esa es la cuestión por la cual alimentar un sueño en el que el crecimiento y la solución al problema de la falta de dólares (restricción externa) se puedan resolver poniendo el centro en las exportaciones, constituye una falacia teórica. Lo es más aun cuando la formación de activos externos (fuga de capitales) no es sólo una práctica del capital financiero especulativo internacional, sino también el comportamiento habitual de los grupos concentrados ligados a la exportación. La diferencia entre un Proyecto Nacional basado en el aumento de salarios y el crecimiento del mercado interno y otro que propone poner el centro en las exportaciones y se opone a una sustancial mejora de la distribución del ingreso, será un tema peliagudo en los debates de un Consejo Económico y Social. Porque:

  • La UIA está enrolada en la estrategia export led growth.
  • La AEA está más consustanciada con el modelo debt led growth (corazón de la financiarización).
  • El Espacio Producción y Trabajo propone y milita la recuperación rápida del salario y del mercado interno.

El pregón de los liberales neo, los “libertarios” y los “desarrollistas de baja intensidad” incluye el debilitamiento de las organizaciones sindicales, y la implementación de  los regímenes de flexibilización laboral. La Argentina tiene una paradoja, conserva una de las estructuras sindicales más importantes del mundo y sin embargo su cúpula actual se muestra proclive a acordar con los exponentes de los modelos basados en la conservación de los salarios reales heredados de las épocas de la financiarización. Un elemento adicional de esa contradicción de conducta son los acercamientos con la AEA y la UIA, que tienen posiciones cuestionadoras respecto al importante avance que la Argentina construyó en su régimen de convenios colectivos de trabajo. Sus modelos de crecimiento se contraponen con ese régimen legal y con las leyes laborales que los sostienen y protegen.

La idea de Wolfgang Stolper y Paul Samuelson respecto a que el intercambio internacional tiende a reducir la brecha salarial entre las economías desarrolladas y las periféricas y dependientes, ya que el factor más abundante en cada país resultaría el beneficiado – el trabajo en los segundos y el capital en los primeros— fue desmentida por la realidad, pues la apertura comercial amplió esa brecha. También se incrementaron las ventajas tecnológicas de los países centrales frente a los subdesarrollados. Estos comportamientos comprobados contraindican los tratados de librecomercio, razón por la cual sería un grave retroceso la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Stockhammer y Gouzoulis señalan que el proceso de crecimiento debt led growth, “con ratios de deuda en constante aumento, se vuelve insostenible; la expansión económica en dicho escenario se torna dependiente del acceso a fuentes de financiamiento externas…Ratios de deuda crecientes están asociados con mayores pagos de deuda futuros por parte de las firmas y los hogares, lo cual obstaculiza la demanda y termina desencadenando crisis financieras”.

 

 

 

El significado de la financiarización

Costas Laspavitsas define a la financiarización como modificaciones de carácter estructural en las relaciones, prácticas y necesidades financieras de los agentes económicos clave: bancos, hogares y corporaciones no financieras. En las economías periféricas y dependientes, el proceso se acentúa debido a la mayor incidencia de la economía internacional en ellas, y a la forma específica subordinada con que se integran,

La institucionalidad generada por la financiarización constituye un tema no menor. Se pierde el peso de las características de los entes y regulaciones nacionales y penetran instituciones de orden global y regulaciones de formato internacional que se convierten en ineludibles, lo que deviene en la conformación de cuadros profesionales y técnicos con una mentalidad formateada por los centros financieros internacionales.

En la Argentina las finanzas y los bancos se han modificado profundamente en las dos primeras etapas neoliberales. La liberalización de las tasas de interés y la desregulación financiera condujeron a una integración subordinada en el sistema financiero internacional, que luego devino en la adaptación del Banco Central al perfil diseñado por los organismos internacionales de crédito y, además, en la adopción de las regulaciones de Basilea. Estas últimas reparan en la lógica de control de solvencia microeconómica de las entidades y son ajenas y hostiles a la regulación de la orientación del crédito. De manera permanente se suman obligaciones y normas que los bancos deben cumplir, innecesarias para un desarrollo financiero proproductivo y que además encarecen  el crédito por los requerimientos de insumos, personal y tecnología ajena a la buena administración bancaria en el país. El banco central resulta penetrado por estas lógicas y por un staff permanente dedicado a un estilo de control de las entidades finacieras que aplica acríticamente lo que Basilea recomienda. Un verdadero ejemplo de colonización institucional.

Durante los años de neoliberalismo, la Argentina también sufrió en la transformación de su sistema financiero, el raudo crecimiento de los créditos personales que rondan, por épocas un poco más y por épocas un poco menos, el 50% del total del crédito. Resultan las entidades, entonces, un vehículo de la financiarización de las familias que reemplaza el consumo que debería ser sostenido por el salario por otro basado en el endeudamiento. En los sectores más humildes que no tienen acceso al crédito bancario, las familias económicamente más vulnerables recurren a instituciones parabancarias y poco controladas que les prestan a tasas usurarias a los que menos recursos perciben, hipotecando su futuro. En el sistema formal, las entidades más volcadas al negocio del crédito personal son las privadas, especialmente las de origen extranjero. Estas firmas ocupan un lugar de liderazgo en la obtención de ganancias, que paradojalmente tienen su origen en salarios que no alcanzan y un hiperconsumismo estimulado por las propias estrategias de los bancos. La liberalización del crédito sirvió al enriquecimiento de las finanzas y desorganizó toda la política del crédito para el desarrollo.

La inversión extranjera directa (IED) también es una opción inválida para la recuperación del crecimiento en el marco de una política de desarrollo e igualdad. En realidad es una forma de la financiarización. La producción por vía de ese tipo de inversiones se entremezcla con actividades de orden especulativo y financiero. Más, la mayor parte de las inversiones de las multinacionales en la época del liberalismo neo tiene fines especulativos, porque invierten en instrumentos financieros hacia los cuales trasvasan el excedente de las actividades productivas. Constituyen esas inversiones extranjeras directas el paradigma de la fusión entre la globalización de la producción y la financiarización de las economías. Son un elemento que introduce vulnerabilidad en las economías periférico-dependientes. En la actividad  de las multinacionales abundan las transferencias por bienes intangibles –patentes y marcas— que constituyen una vía de valorización financiera.

La necesidad de modificar la lógica de la IED impone la modificación de la Ley de Inversiones Extranjeras y, así, dar inicio a un camino de reversión de las decenas de convenios bilaterales de Inversión que impiden un rumbo genuino para los acuerdos organizados y dirigidos a incluir las inversiones externas que la decisión política considere necesarias y facilitadoras del desarrollo.

 

 

 

El crecimiento impulsado por salarios y otros lineamientos

El proyecto para el desarrollo nacional, imprescindiblemente debe recurrir a una política de recuperación basada en el crecimiento de los salarios, en la lógica wage led growth (crecimiento impulsado por salarios). El incremento de la demanda que habrá de provocar salarios más altos impulsará el crecimiento del producto y la inversión. La vía para alejar y resolver los problemas de restricción externa se construiría con:

  • En el corto plazo, controles a los movimientos de capitales y controles cambiarios. Con disposiciones administrativas y regulaciones de precio y cantidades. También con el establecimiento de un organismo y/o empresa testigo que tenga el objetivo de intervenir, regular y regularizar el comercio exterior, hoy dominado por prácticas nocivas para el buen manejo de la macroeconomía y la salud fiscal del país. La liberalización de estas regulaciones y la eliminación de instituciones en estos ámbitos ha constituido un auténtico y profundo fracaso en términos de eficiencia.
  • En el largo plazo, será decisivo el aumento del gasto autónomo del Estado en infraestructura y áreas estratégicas para la producción de bienes y servicios que ocupen lugares relevantes y núcleo de las cadenas de valor. Muchas de las cuales pueden estimularse y organizarse internamente, o en el marco de la reorganización de la unidad regional, con un rol destacado de la integración económica. Para hacer factible este camino será necesario un aumento de gran volumen del presupuesto en ciencia y tecnología por parte del Estado, con objetivos enmarcados en un plan de desarrollo. Parte de este crecimiento del papel del Estado debe financiarse con una reforma tributaria progresiva, resistida por quienes impulsan los modelos de liberalización y reducción de costos, en lugar de ésta lógica sistémica y planificada de crecimiento.
  • Los dos puntos anteriores tienen que articularse en una política que combine el estímulo a la demanda que concurre a sustituir importaciones con una política de oferta, fruto de un plan de participación y dirección de la economía por parte del Estado Nacional.
  • Una regulación del sistema financiero cuyo centro sea la dirección del crédito para el desarrollo y para el funcionamiento adecuado de las pequeñas y medianas empresas. También para las grandes, porque su endeudamiento en el exterior debería ser autorizado y fiscalizado por el banco central para evitar su uso con fines especulativos. Lo fundamental del endeudamiento externo al que se recurra debería ser tomado por el Estado Nacional, nunca para sus gastos corrientes, sino para obras específicas. Se deberían quitar del Sistema Financiero los esquemas que facilitan la fuga de capitales.
  • El estímulo de las exportaciones como parte de este modelo integral de desarrollo nacional, pero nunca como centro de la dinámica de desarrollo, o de resolución de la restricción externa. Porque esa estrategia no resuelve el crecimiento permanente y profundiza la desigualdad.

En  Aspectos políticos sobre pleno empleo, Michal Kalecki señaló que las razones de la oposición de los “líderes industriales” al pleno empleo obtenido mediante el gasto gubernamental tiene uno de sus pilares en la resistencia a la interferencia gubernamental en el problema del empleo como tal, y otra en la resistencia a la dirección del gasto gubernamental (inversión pública y subsidio al consumo). Esa resistencia se basa en sostener que la  función social de la doctrina del “financiamiento sano” es hacer el nivel del empleo dependiente del estado de la confianza. Los líderes del poder económico concentrado promueven, entonces, el equilibrio fiscal a obtenerse mediante la reducción de impuestos y, más aún, del gasto social, como forma de control de los salarios y del empleo. Porque salarios altos y empleo alto le resta espacio de poder a la economía concentrada. Por eso se oponen a un Estado con alto gasto público que garantice un nivel de actividad hacia el desarrollo y crecientes niveles de igualdad. Lo hacen aún a costa de sus beneficios, porque un Estado con poco gasto no puede promover el empleo y este queda dependiente de la decisión privada. Estado grande o chico, nivel de empleo alto o bajo, salarios justos o miserables, determinan la relación entre poder político y poder económico. El rumbo que tomen estas cuestiones facilitará o dificultará la construcción de un bloque político para sostener los cambios enumerados como una alternativa de lineamientos para la estrategia del gobierno nacional, democrático y popular.

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7Dic/200

Publicado por admin

Dear colleagues,  

We allow ourselves to request international solidarity due to the unconscionable dismissal,  persecution and maltreatment suffered by, Jorge Marchini, respected Professor of  Economics at the University of Buenos Aires, with a long career and national and  international standing.  

The Chair occupied by Marchini has been recognised for its academic quality, pluralism, and  exemplary democratic and participatory practices for more than thirty years. Jorge Marchini  has reached the highest professorial level at the University of Buenos Aires through public  assessment, a position that was renewed on successive occasions on the grounds of merit,  except for the last assessment. This assessment of Professor Marchini, as well as of other  prominent independent professors, was replete with serious irregularities and  manipulations that have been duly denounced by him and academic inspectors in a formal  case to Argentine courts. 

A further very serious development has now become known, namely the intention of the  authorities not to wait for the ruling of the courts but appoint a substitute professor for  Professor Marchini without complying even with the basic rules and conditions of the  University. This development could only be explained on the basis of political discrimination  of personal favour. 

We are calling on the responsible authorities of the University of Buenos Aires to guarantee  the legal academic process appropriate to Professor Marchini’s case, including the full  payment of his salary that has been withheld along many months despite his continuing to  direct and coordinate Chair activities. 

We make this request for solidarity in the understanding that instances such as this call for  the pronouncements by the international academic community that fights for freedom of  thought without censorship and ideological discrimination or persecution 

Buenos Aires,  

12 November 2020 

Marisa Duarte, President of Argentina's Institute of Economic Development (IADE) Manuel Acevedo Herrera, Chair of Economics, University of Buenos Aires (UBA), Argentina José Cárcamo, Chair of Economics- University of Buenos Aires (UBA), Argentina. Hugo Andrade, Dean of the National University of Moreno (UNM), Argentina Felisa Miceli, President of Research Center of Social Sciences ( CIGES), former Minister of  Economy of Argentina. 

Federico Schuster, Chair of Philosophy and Social Sciences Methods, University of Buenos  Aires (UBA), Argentina 

Diego De Charras, Director of Communication Sciences Degree, University of Buenos Aires  (UBA), Argentina.  

ORIGINAL EN ESPAÑOL  

Nos permitimos pedir la solidaridad internacional por el despido desmedido, persecución y  maltrato sufrido por Jorge Marchini, respetado profesor de Economía de la Universidad de  Buenos Aires, con una dilatada trayectoria y prestigio nacional e internacional. 

La Cátedra que ocupa Marchini ha sido reconocida por su calidad académica, pluralismo y  prácticas democráticas y participativas ejemplares durante más de treinta años. Jorge  Marchini ha alcanzado el más alto nivel docente de la Universidad de Buenos Aires a través  de la evaluación pública, cargo que fue renovado en sucesivas ocasiones por motivos de  mérito, salvo la última evaluación. Esta valoración del profesor Marchini, así como de otros  destacados profesores independientes, estuvo plagada de graves irregularidades y  manipulaciones que han sido debidamente denunciadas por él y veedores académicos  académicos en un caso formal ante los tribunales argentinos. 

Ahora se ha conocido otro hecho muy grave, a saber, la intención de las autoridades de no  esperar el fallo de los tribunales, sino de nombrar un profesor suplente del profesor  Marchini sin cumplir ni siquiera con las normas y condiciones básicas de la Universidad. Este  desarrollo solo podría explicarse sobre la base de la discriminación política de favor  personal. 

Hacemos un llamado a las autoridades responsables de la Universidad de Buenos Aires para  garantizar el proceso académico legal adecuado al caso del profesor Marchini, incluido el  pago total de su salario, retenido durante muchos meses, a pesar de continuar dirigiendo y  coordinando las actividades de la Cátedra . 

Hacemos este pedido de solidaridad en el entendido de que instancias como esta convocan  a los pronunciamientos de la comunidad académica internacional que lucha por la libertad  de pensamiento sin censura y discriminación ideológica o persecución. 

Buenos Aires, 

12 de noviembre de 2020

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