Acevedo repitente
El 2 de diciembre, en la celebración anual del Día de la Industria, el titular de la UIA, Miguel Acevedo, reiteró conceptos que no abandonan la orientación general que esa organización viene sosteniendo desde la asunción del Presidente Alberto Fernández. Algunos anclados en las miradas del ofertismo neoliberal, otros en la reivindicación de políticas estatales de reducción de costos a las empresas industriales. En sus expresiones estuvieron ausentes las preocupaciones por la vigorización del mercado interno, tampoco se refirió a la necesidad de promover el crecimiento del consumo, que es el componente fundamental de la demanda agregada para un proyecto nacional de desarrollo y con igualdad. En cambio, dedicó un párrafo al estímulo de las exportaciones, aseverando que “En esta nueva normalidad que nos toca vivir, la competencia predatoria pasa a ser la regla, y no la excepción. Por eso es clave desarrollar incentivos para sostener y ganar nuevos mercados. La Argentina necesita generar divisas para crecer y hacer sustentable el reciente acuerdo de la deuda externa”. Este reclamo de incentivos para exportar constituye una manera indirecta del pedido de competitividad espuria, a través del llamado “tipo de cambio alto”, o en su defecto, mediante otorgamiento de reintegros o exenciones impositivas a las ventas al exterior.
Por el contrario a lo pregonado por Acevedo, las divisas para afrontar la deuda arreglada y la pendiente de arreglo deberían provenir del desarrollo nacional genuino que, necesariamente, descansa en el crecimiento de vida económica interna, en el desarrollo científico y tecnológico a cargo de un Estado que le dedique un presupuesto suficiente y en la inversión de los excedentes de los industriales en la producción, en el marco de políticas industriales que sean parte de un plan del Estado. También será necesaria la reinversión en la economía nacional de los beneficios de los demás sectores productivos y de las rentas de la propiedad. En una economía de desarrollo medio, periférica y dependiente, con una dinámica de restricción externa, resulta inconsistente y un contrasentido el reclamo que la AEA y la UIA frecuentemente plantean de “libre acceso a las divisas”. Sólo su administración y una refinanciación con el FMI subordinada a una política económica popular han de garantizar la sustentabilidad de las condiciones de pago en el futuro. La competitividad espuria es regresiva desde el plano distributivo, tiene efectos de corto plazo que se extinguen sin impacto en el desarrollo y, si se asocian al “libre acceso de divisas”, los excedentes de las empresas se dolarizan y fugan al exterior en lugar de dedicarse a la inversión.
Acevedo también manifestó que “necesitamos un debate profundo sobre una reforma tributaria que promueva la generación de valor, la formalización del empleo y la producción. Este difícil contexto que estamos atravesando evidencia cómo la informalidad le quita recursos al país y carga el peso tributario cada día más sobre el sector formal”. La Argentina necesita mejor tributación, eliminando los impuestos distorsivos”. Justo cuando se está planteando con insistencia la realización de una reforma progresiva, el presidente de la UIA vuelve sobre la idea de “aliviar” la presión tributaria aduciendo que brindará beneficios productivos. Corresponde repetir que la evidencia histórica muestra lo contrario, porque los momentos de crecimiento económico y mejor distribución del ingreso se asocian a las épocas con sistemas impositivos más progresivos y exigentes. No se trata de reducir impuestos, sino de aumentar los que gravan ganancias y propiedad y disminuir los que lo hacen con el consumo y las transacciones, aumentando la recaudación evitando la evasión y mediante el aumento de los tributos a los que más tienen.
Un Consejo Económico y Social para un Proyecto Nacional y Popular
De todos modos como plantea Gabriel Palma en América Latina en su Momento Gramsciano… (Trimestre Económico n° 348; 2020), parte de la “presión tributaria” que tanto preocupa a la UIA es causada por los gastos compensatorios debido al poco desarrollo del mercado interno que deviene en bajos niveles de empleo y en una distribución primaria del ingreso (lo que perciben los asalariados en relación a las ganancias de los propietarios), que resulta muy regresiva en los países que adoptaron regímenes neoliberales. Palma ejemplifica comparando a Chile con Corea, el índice de Gini (cuanto más bajo es muestra una mejor distribución promedio del ingreso) de Corea es de 0.30 y el del Chile de 0.45, si el que se toma asume la distribución secundaria (la que agrega a la primaria el impacto del gasto social y los impuestos que mejoran o empeoran salarios y beneficios), siendo que los dos países tienen el mismo gasto social. A su vez, compara a Corea con Alemania, verificando que la primera recauda un 15% menos que la segunda respecto del monto del PBI mientras duplica la inversión pública alemana. Los números y relaciones demuestran cuán beneficiosa resulta la mejora de la relación salarios/beneficios (una mayor tasa de salarios) para el presupuesto público, el alivio fiscal, el menor endeudamiento y la mayor capacidad de inversión del Estado.
Esto plantea un gran debate en relación al tema axial e inminente que se abre en Argentina con la conformación del Consejo Económico y Social que deberá discutir estas cuestiones entre las fundamentales:
- Qué distribución del ingreso primaria se persigue (precios y salarios),
- qué reforma tributaria y nivel del gasto social, y
- qué nivel de actividad (inversión y empleo).
La rápida recuperación salarial y de la inversión pública son las condiciones de partida para emprender la sostenibilidad de un proyecto de desarrollo que propenda a la consecución del objetivo de igualdad y eliminación de la pobreza. Rápidamente habría que revertir la caída del salario real provocada por la política neoliberal de Cambiemos y del año de pandemia. Según un anticipo del informe de CIFRA-CTA, próximo a editarse, esa caída representa para el sector privado registrado un 18.4% entre el promedio del año 2015 y el mes de septiembre de este año, ese guarismo no capta las reducciones negociadas por los asalariados parados por la pandemia (aunque en septiembre son pocos los que permanecen aún en esa situación). En el caso del sector público, CIFRA calcula que la reducción para el período considerado fue del 25,2%. Estos cálculos no incluyen la ponderación de la merma sufrida por los asalariados informales. Sin comenzar por la discusión y acuerdo de esta recomposición será sólo una ilusión avanzar en otros temas.
La otra cuestión de fondo resulta el debate sobre la inflación. La época de la co-administración económica entre Cambiemos y el FMI mostró que la inflación no obedece a fenómenos monetarios, por lo menos en el caso argentino. En cambio, la explican las tensiones provocadas por la puja distributiva, pero sobre todo en los momentos de alto nivel de empleo. Es sustantiva la causalidad de la suba del nivel general de precios precipitada por devaluaciones del tipo de cambio. La multicausalidad de la inflación incluye también otro cauce concurrente. Basualdo, Manzanelli y Calvo en Los grupos económicos locales y las dos primeras décadas del siglo XXI (Flacso, 2020) recuperan el planteo de Leontief sobre “la existencia de conjuntos de actividades que tienen una gran intensidad de relaciones de compraventa entre sí y muy escasas, o nulas, vinculaciones con el resto de las actividades económicas…[estas definen el concepto de] ‘bloque sectorial’ que se compone de la cadena de actividades” que se articulan con esa característica. En todos los bloques sectoriales “hay ramas productivas que asumen una relevancia especialmente importante, porque son las que determinan tanto la tecnología utilizada como los precios relativos y, por lo tanto, las rentabilidades relativas de las actividades que integran el bloque sectorial: se trata de los núcleos técnicos y económicos… Estos ‘bloques sectoriales’ [presentan] una relación directa con la problemática inflacionaria y consiste en la inserción que exhiben los grupos económicos en los núcleos técnicos y económicos que… son las ramas de actividad que definen la tecnología utilizada en el bloque, la distribución del excedente dentro del mismo y los precios relativos, es decir el nivel de precios dentro del bloque sectorial. Este atributo tan relevante, les permite a los grupos definir el comportamiento de toda la cadena productiva sin tener que generar un porcentaje mayoritario del valor agregado, de las ventas y menos aún del capital fijo del respectivo bloque sectorial. Lo que sí les garantiza es obtener la mayor rentabilidad sobre sus ventas o patrimonio, no sólo porque se trata de empresas oligopólicas sino porque desde esa posición definen la distribución del excedente. Por ejemplo, durante la segunda etapa de la sustitución de importaciones (1958-1975) las firmas extranjeras fueron centrales en la producción industrial pero generaban solo entre el 25% y el 30% del valor de producción sectorial. De esta manera, definían tanto el perfil productivo del país como el nivel de precios en la economía debido a que mayoritariamente estaban insertos en las ramas núcleo de las distintas cadenas productivas”. Concluyen Basualdo, Manzanelli y Calvo afirmando que “una política de precios debería poner un énfasis prioritario en el contralor de los núcleos técnicos y económicos de los bloques sectoriales porque allí conviven grandes firmas oligopólicas, las cuales son propiedad de grupos o conglomerados económicos”. O sea que una política fundamental de precios y salarios que defina una distribución primaria del ingreso en un contexto institucional de negociación y acuerdos requiere, para este aspecto estructural, de la conformación de una estructura del sector público que actualice permanentemente su conocimiento de las cadenas productivas, en el marco de un régimen de intervenciones que racionalice las rentabilidades relativas intra e intersectoriales. La administración del tipo de cambio y del acceso a las divisas se suma como otro requisito para el control de la inflación, así como también el funcionamiento de convenciones colectivas de trabajo que se enmarquen en discusiones encaminadas a una distribución del ingreso acorde con el proyecto democrático, nacional y popular.
En esta dirección resulta necesario valorar la conformación del Espacio Producción y Trabajo, integrado por la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal de los Trabajadores de la CGT, un conjunto de organizaciones del empresariado pequeño y mediano, agrupaciones de productores del sector agrario e importantes agrupamientos del cooperativismo de distintas ramas. Este espacio tiene el mérito de sumar distintos ámbitos de actividad y la representación de empresarios y trabajadores. Además, se agrega la característica de que la gran mayoría de sus integrantes se han fogueado en el enfrentamiento al neoliberalismo, poniendo el cuerpo, las ideas y su incidencia. Estos rasgos son de una densidad significativa y resulta importante que el gobierno los reconozca y le asigne a este Espacio una participación de magnitud en el Consejo Económico y Social, debido a que sus integrantes están articulados con los objetivos mismos del gobierno que eligió la ciudadanía. En ese Consejo será necesario contrapesar las conductas e ideas que impregnan a las grandes organizaciones empresarias, que se repiten expresándose por la limitación del rol del Estado en la economía, promoviendo la liberalización externa que siempre termina en fuga de divisas y agudización de la restricción externa, y reivindicando la apertura externa indiscriminada de la economía.
En relación al último aspecto resulta sorprendente que las organizaciones industriales tradicionales no lleven a cabo una oposición sistemática y permanente respecto al acuerdo MERCOSUR-UE, que se valora —con un preocupante desconocimiento de sus contenidos y potenciales consecuencias— en algunas esferas del gobierno. Mariana Vázquez en un trabajo reciente del Observatorio del Sur Global (mimeo) señala que “profundizan la relación asimétrica entre ambos bloques [y] consolidan la tradicional inserción argentina como proveedora de materias primas y alimentos e importadora de manufacturas con valor agregado y contenido tecnológico, con un impacto negativo en las posibilidades de industrialización y de generación de empleo de calidad, incrementando las desigualdades en la distribución del ingreso y la exclusión. La autora señala que “varios de los compromisos asumidos, sobre todo en su dimensión regulatoria pero también en el tipo de intercambio comercial que favorecen, tienden a volver irreversible este patrón. Vázquez advierte que este acuerdo “podría disminuir sustancialmente el comercio intra-MERCOSUR debido a la pérdida de las preferencias en el mercado regional… [ y que su firma] implica[ría] la renuncia a políticas públicas que regulen servicios, comercio electrónico o movimientos de capital, destruyendo las cadenas nacionales y regionales e incrementando la dependencia con respecto a las corporaciones europeas”. Además advierte que “se desconoce el formato institucional final que se dará a la administración del acuerdo” y constituye una amenaza la alta probabilidad de cooptación de esa institucionalidad por parte de intereses corporativos. Acevedo, por ejemplo, no se refirió en su alocución respecto de la inconveniencia de la firma de un convenio que mutilará las posibilidades del progreso de la industrialización del país.
En su lugar, un proyecto de desarrollo que combata la pobreza y promueva el valor de la igualdad con una estrategia de diversificación productiva, debería promover el fortalecimiento del MERCOSUR, avanzando en su objetivo de mercado común completo y quitándole las perniciosas alternativas de avenirse a distintas variantes de tratados de libre comercio. En la misma dirección, correspondería impulsar la recuperación de la institucionalidad de Unidad Latinoamericana que desarticuló la hegemonía neoliberal que reinó durante el último quinquenio en la región. CELAC, UNASUR, Banco del Sur, entre otros, son organismos a recuperar y/o revitalizar.
Disciplinar al poder concentrado
El Consejo Económico y Social deberá abordar, entre otras cuestiones, estos temas fundamentales y de urgente tratamiento. Esta agenda y sus enfoques desde el nacionalismo popular y democrático implican abandonar la herencia neoliberal en sus aspectos ideológicos, institucionales y de regímenes político y económico. Para lo que será imperativo que las fuerzas populares en el gobierno construyan la posibilidad de disciplinar al poder concentrado y edifiquen las barreras para evitar que continúe el proceso de concentración. En la consecución de esta meta se deberá resistir a la presión de los que pretenden que el gobierno popular acepte la continuidad de las instituciones y la cultura neoliberal como política de Estado, limitándose a la adopción de medidas mitigantes con la actitud resignada de una lógica que malentienda como eterna una determinada correlación de fuerzas que hoy está en declinación. Porque la Historia no terminó, hay que seguir haciéndola.