Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

6Dic/200

E PUR SI MUOVE

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El Dia de la Industria, copado por el ofertismo neoliberal

Acevedo repitente

El 2 de diciembre, en la celebración anual del Día de la Industria, el titular de la UIA, Miguel Acevedo, reiteró conceptos que no abandonan la orientación general que esa organización viene sosteniendo desde la asunción del Presidente Alberto Fernández. Algunos anclados en las miradas del ofertismo neoliberal, otros en la reivindicación de políticas estatales de reducción de costos a las empresas industriales. En sus expresiones estuvieron ausentes las preocupaciones por la vigorización del mercado interno, tampoco se refirió a la necesidad de promover el crecimiento del consumo, que es el componente fundamental de la demanda agregada para un proyecto nacional de desarrollo y con igualdad. En cambio, dedicó un párrafo al estímulo de las exportaciones, aseverando que “En esta nueva normalidad que nos toca vivir, la competencia predatoria pasa a ser la regla, y no la excepción. Por eso es clave desarrollar incentivos para sostener y ganar nuevos mercados. La Argentina necesita generar divisas para crecer y hacer sustentable el reciente acuerdo de la deuda externa”. Este reclamo de incentivos para exportar constituye una manera indirecta del pedido de competitividad espuria, a través del llamado  “tipo de cambio alto”, o en su defecto, mediante otorgamiento de reintegros o exenciones impositivas a las ventas al exterior.

Por el contrario a lo pregonado por Acevedo, las divisas para afrontar la deuda arreglada y la pendiente de arreglo deberían provenir del desarrollo nacional genuino que, necesariamente, descansa en el crecimiento de vida económica interna, en el desarrollo científico y tecnológico a cargo de un Estado que le dedique un presupuesto suficiente y en la inversión de los excedentes de los industriales en la producción, en el marco de políticas industriales que sean parte de un plan del Estado. También será necesaria la reinversión en la economía nacional de los beneficios de los demás sectores productivos y de las rentas de la propiedad. En una economía de desarrollo medio, periférica y dependiente, con una dinámica de restricción externa, resulta inconsistente y un contrasentido el reclamo que la AEA y la UIA frecuentemente plantean de “libre acceso a las divisas”. Sólo su administración y una refinanciación con el FMI subordinada a una política económica popular han de garantizar la sustentabilidad de las condiciones de pago en el futuro. La competitividad espuria es regresiva desde el plano distributivo, tiene efectos de corto plazo que se extinguen sin impacto en el desarrollo y, si se asocian al “libre acceso de divisas”, los excedentes de las empresas se dolarizan y fugan al exterior en lugar de dedicarse a la inversión.

Acevedo también manifestó que “necesitamos un debate profundo sobre una reforma tributaria que promueva la generación de valor, la formalización del empleo y la producción. Este difícil contexto que estamos atravesando evidencia cómo la informalidad le quita recursos al país y carga el peso tributario cada día más sobre el sector formal”. La Argentina necesita mejor tributación, eliminando los impuestos distorsivos”. Justo cuando se está planteando con insistencia la realización de una reforma progresiva, el presidente de la UIA vuelve sobre la idea de “aliviar” la presión tributaria aduciendo que brindará beneficios productivos. Corresponde repetir que la evidencia histórica muestra lo contrario, porque los momentos de crecimiento económico y mejor distribución del ingreso se asocian a las épocas con sistemas impositivos más progresivos y exigentes. No se trata de reducir impuestos, sino de aumentar los que gravan ganancias y propiedad y disminuir los que lo hacen con el consumo y las transacciones, aumentando la recaudación evitando la evasión y mediante el aumento de los tributos a los que más tienen.

 

 

 

Un Consejo Económico y Social para un Proyecto Nacional y Popular

De todos modos como plantea Gabriel Palma en América Latina en su Momento Gramsciano… (Trimestre Económico n° 348; 2020), parte de la “presión tributaria” que tanto preocupa a la UIA es causada por los gastos compensatorios debido al poco desarrollo del mercado interno que deviene en bajos niveles de empleo y en una distribución primaria del ingreso (lo que perciben los asalariados en relación a las ganancias de los propietarios), que resulta muy regresiva en los países que adoptaron regímenes neoliberales. Palma ejemplifica comparando a Chile con Corea, el índice de Gini (cuanto más bajo es muestra una mejor distribución promedio del ingreso) de Corea es de 0.30 y el del Chile de 0.45, si el que se toma asume la distribución secundaria (la que agrega a la primaria el impacto del gasto social y los impuestos que mejoran o empeoran salarios y beneficios), siendo que los dos países tienen el mismo gasto social. A su vez, compara a Corea con Alemania, verificando que la primera recauda un 15% menos que la segunda respecto del monto del PBI mientras duplica  la inversión pública alemana. Los números y relaciones demuestran cuán beneficiosa resulta la mejora de la relación salarios/beneficios (una mayor tasa de salarios) para el presupuesto público, el alivio fiscal, el menor endeudamiento y la mayor capacidad de inversión del Estado.

Esto plantea un gran debate en relación al tema axial e inminente que se abre en Argentina con la conformación del Consejo Económico y Social que deberá discutir estas cuestiones entre las fundamentales:

  • Qué distribución del ingreso primaria se persigue (precios y salarios),
  • qué reforma tributaria y nivel del gasto social, y
  • qué nivel de actividad (inversión y empleo).

La rápida recuperación salarial y de la inversión pública son las condiciones de partida para emprender la sostenibilidad de un proyecto de desarrollo que propenda a la consecución del objetivo de igualdad y eliminación de la pobreza. Rápidamente habría que revertir la caída del salario real provocada por la política neoliberal de Cambiemos y del año de pandemia.  Según un anticipo del informe de CIFRA-CTA, próximo a editarse, esa caída representa para el sector privado registrado un 18.4% entre el promedio del año 2015 y  el mes de septiembre de este año, ese guarismo no capta las reducciones negociadas por los asalariados parados por la pandemia (aunque en septiembre son pocos los que permanecen aún en esa situación).  En el caso del sector público, CIFRA calcula que la reducción para el período considerado fue del 25,2%. Estos cálculos no incluyen la ponderación de la merma sufrida por los asalariados informales. Sin comenzar por la discusión y acuerdo de esta recomposición será sólo una ilusión avanzar en otros temas.

La otra cuestión de fondo resulta el debate sobre la inflación.  La época de la co-administración económica entre Cambiemos y el FMI mostró que la inflación no obedece a fenómenos monetarios, por lo menos en el caso argentino. En cambio, la explican las tensiones provocadas por la puja distributiva, pero sobre todo en los momentos de alto nivel de empleo. Es sustantiva la causalidad de la suba del nivel general de precios precipitada por devaluaciones del tipo de cambio. La multicausalidad de la inflación incluye también otro cauce concurrente. Basualdo, Manzanelli y Calvo en Los grupos económicos locales y las dos primeras décadas del siglo XXI (Flacso, 2020) recuperan el planteo de Leontief sobre “la existencia de conjuntos de actividades que tienen una gran intensidad de relaciones de compraventa entre sí y muy escasas, o nulas, vinculaciones con el resto de las actividades económicas…[estas definen el concepto de] ‘bloque sectorial’ que se compone de la cadena de actividades” que se articulan con esa característica.  En todos los bloques sectoriales  “hay ramas productivas que asumen una relevancia especialmente importante, porque son las que determinan tanto la tecnología utilizada como los precios relativos y, por lo tanto, las rentabilidades relativas de las actividades que integran el bloque sectorial: se trata de los núcleos técnicos y económicos… Estos ‘bloques sectoriales’ [presentan] una relación directa con la problemática inflacionaria y consiste en la inserción que exhiben los grupos económicos en los núcleos técnicos y económicos que… son las ramas de actividad que definen la tecnología utilizada en el bloque, la distribución del excedente dentro del mismo y los precios relativos, es decir el nivel de precios dentro del bloque sectorial. Este atributo tan relevante, les permite a los grupos definir el comportamiento de toda la cadena productiva sin tener que generar un porcentaje mayoritario del valor agregado, de las ventas y menos aún del capital fijo del respectivo bloque sectorial. Lo que sí les garantiza es obtener la mayor rentabilidad sobre sus ventas o patrimonio, no sólo porque se trata de empresas oligopólicas sino porque desde esa posición definen la distribución del excedente. Por ejemplo, durante la segunda etapa de la sustitución de importaciones (1958-1975) las firmas extranjeras fueron centrales en la producción industrial pero generaban solo entre el 25% y el 30% del valor de producción sectorial. De esta manera, definían tanto el perfil productivo del país como el nivel de precios en la economía debido a que mayoritariamente estaban insertos en las ramas núcleo de las distintas cadenas productivas”. Concluyen Basualdo, Manzanelli y Calvo afirmando que “una política de precios debería poner un énfasis prioritario en el contralor de los núcleos técnicos y económicos de los bloques sectoriales porque allí conviven grandes firmas oligopólicas, las cuales son propiedad de grupos o conglomerados económicos”. O sea que una política fundamental de precios y salarios que defina una distribución primaria del ingreso en un contexto institucional de negociación y acuerdos requiere, para este aspecto estructural, de la conformación de una estructura del sector público que actualice permanentemente su conocimiento de las cadenas productivas, en el marco de un régimen de intervenciones que racionalice las rentabilidades relativas intra e intersectoriales. La administración del tipo de cambio y del acceso a las divisas se suma como otro requisito para el control de la inflación, así como también el funcionamiento de convenciones colectivas de trabajo que se enmarquen en discusiones encaminadas a una distribución del ingreso acorde con el proyecto democrático, nacional y popular.

En esta dirección resulta necesario valorar la conformación del Espacio Producción y Trabajo, integrado por la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal de los Trabajadores de la CGT, un conjunto de organizaciones del empresariado pequeño y mediano, agrupaciones de productores del sector agrario e importantes agrupamientos del cooperativismo de distintas ramas. Este espacio tiene el mérito de sumar distintos ámbitos de actividad y la representación de empresarios y trabajadores. Además, se agrega la característica de que la gran mayoría de sus integrantes se han fogueado en el enfrentamiento al neoliberalismo, poniendo el cuerpo, las ideas y su incidencia. Estos rasgos son de una densidad significativa y resulta importante que el gobierno los reconozca y le asigne a este Espacio una participación de magnitud en el Consejo Económico y Social, debido a que sus integrantes están articulados con los objetivos mismos del gobierno que eligió la ciudadanía.  En ese Consejo será necesario contrapesar las conductas e ideas que impregnan a las grandes organizaciones empresarias, que se repiten expresándose por la limitación del rol del Estado en la economía, promoviendo la liberalización externa que siempre termina en fuga de divisas y agudización de la restricción externa, y reivindicando la apertura externa indiscriminada de la economía.

En relación al último aspecto resulta sorprendente que las organizaciones industriales tradicionales no lleven a cabo una oposición sistemática y permanente respecto al acuerdo MERCOSUR-UE, que se valora —con un preocupante desconocimiento de sus contenidos y potenciales consecuencias— en algunas esferas del gobierno. Mariana Vázquez en un trabajo reciente del Observatorio del Sur Global (mimeo) señala que “profundizan la relación asimétrica entre ambos bloques [y] consolidan la tradicional inserción argentina como proveedora de materias primas y alimentos e importadora de manufacturas con valor agregado y contenido tecnológico, con un impacto negativo en las posibilidades de industrialización y de generación de empleo de calidad, incrementando las desigualdades en la distribución del ingreso y la exclusión. La autora señala que “varios de los compromisos asumidos, sobre todo en su dimensión regulatoria pero también en el tipo de intercambio comercial que favorecen, tienden a volver irreversible este patrón. Vázquez advierte que este acuerdo “podría disminuir sustancialmente el comercio intra-MERCOSUR debido a la pérdida de las preferencias en el mercado regional…  [ y que su firma] implica[ría] la renuncia a políticas públicas que regulen servicios, comercio electrónico o movimientos de capital, destruyendo las cadenas nacionales y regionales e incrementando la dependencia con respecto a las corporaciones europeas”. Además advierte que “se desconoce el formato institucional final que se dará a la administración del acuerdo”  y constituye una amenaza la alta probabilidad de cooptación de esa institucionalidad por parte de intereses corporativos. Acevedo, por ejemplo, no se refirió en su alocución respecto de la inconveniencia de la firma de un convenio que mutilará las posibilidades del progreso de la industrialización del país.

En su lugar, un proyecto de desarrollo que combata la pobreza y promueva el valor de la igualdad con una estrategia  de diversificación productiva, debería promover el fortalecimiento del MERCOSUR, avanzando en su objetivo de mercado común completo y quitándole las perniciosas alternativas de avenirse a distintas variantes de tratados de libre comercio. En la misma dirección, correspondería impulsar la recuperación de la institucionalidad de Unidad Latinoamericana que  desarticuló la hegemonía neoliberal que reinó durante el último quinquenio en la región. CELAC, UNASUR, Banco del Sur, entre otros, son organismos a recuperar y/o revitalizar.

 

 

Disciplinar al poder concentrado

El Consejo Económico y Social deberá abordar, entre otras cuestiones, estos temas fundamentales y de urgente tratamiento. Esta agenda y sus enfoques desde el nacionalismo popular y democrático implican abandonar la herencia neoliberal en sus aspectos ideológicos, institucionales y de regímenes político y económico. Para lo que será imperativo que las fuerzas populares en el gobierno construyan la posibilidad de disciplinar al poder concentrado y edifiquen las barreras para evitar que continúe el proceso de concentración. En la consecución de esta meta se deberá resistir a la presión de los que pretenden que el gobierno popular acepte la continuidad de las instituciones y la cultura neoliberal como política de Estado, limitándose a la adopción de medidas mitigantes con la actitud resignada de una lógica que malentienda como eterna una determinada correlación de fuerzas que hoy está en declinación. Porque la Historia no terminó, hay que seguir haciéndola.

 

12Abr/170

CASH  

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Efectos de la megadevaluación de Macri

​2 de abril de 2017​


Decisión innecesaria

Por Alejandro Rofman *

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Se discute mucho en estos días, con el tema del dólar a futuro, quiénes son los responsables de esa maniobra especulativa, que llenó los bolsillos de pocos y produjo una sensible erogación de fondos del Banco Central el año pasado. ¿Por qué tuvo el Estado que afrontar ese costo y quiénes se beneficiaron con la jugada especulativa? Este interrogante es clave en esta encendida discusión aún cuando todavía el Poder Judicial no ha sancionado a los verdaderos responsables. No se discute otra cuestión fundamental ligada al negociado del dólar a futuro. Se trata de la modificación del tipo de cambio ocurrida apenas asumió Mauricio Macri la Presidencia de la nación. 

Antes de las elecciones redacté un texto que circuló por las redes sociales. Fechado a inicios de noviembre del 2015, afirmaba que si ganaba el actual presidente, el precio del dólar aumentaría entre 50 y 60 por ciento para llegar a 15 pesos por unidad. No me equivoqué. Con la excusa de sincerar las variables macroeconómicas y anular el supuesto aislamiento argentino del mundo, el nuevo gobierno dejó sin efecto el sistema regulatorio del manejo de las divisas. Se pasó a otro escenario de total libertad en el movimiento de moneda extranjera.

 Con la devaluación de más del 50 por ciento, por la presión de especuladores (grandes ahorristas insatisfechos), filiales de empresas deseosas de girar sus utilidades a las casas matrices y consumidores de bienes no indispensables se justificó la medida alegando efectos beneficiosos significativos. Se aseguraba que iba a haber una “lluvia” de dólares, que se estimularía decididamente las ventas de productos nacionales al exterior, y que la economía podría crecer sensiblemente porque desaparecerían las restricciones o regulaciones de bienes de capital y productos intermedios importados. Nada de eso ocurrió, como se sabe. La economía se derrumbó, las exportaciones apenas subieron 2,2 por ciento, con caída de las de origen industrial, y el rubro de bienes de capital e intermedios observó datos negativos por el deterioro industrial de cerca del 5, por ciento en comparación al 2015.

En el texto citado de mi autoría, predecía que el salto inflacionario iba a ser inevitable como en otras ocasiones de devaluaciones elevadas, lo que supondría una reducción del ingreso real de trabajadores activos y pasivos, que constituyen la mayor parte del empleo en la Argentina. No solo esto tuvo lugar, sino que se pretendió limitar el aumento salarial vía paritarias, lo que se logró finalmente, porque se le mintió a la población diciéndole que no habría aumento de precios pues ya estos habían sido calculados con la cotización del dólar ilegal. Con los jubilados fue peor porque el aumento de haberes resultó 13 puntos porcentuales menor que la tasa de inflación.

Sin embargo, tan grave como lo antedicho, fue el engaño que se instaló luego que, ya cerrado 2016, se conoce cuánto variaron las ventas de bienes nacionales al exterior y cuál fue el impulso al crecimiento económico que provocaron las modificaciones en valor y en volumen de las normas sobre el precio de la divisa y modalidades del comercio exterior. 

¿Quiénes fueron entonces los reales ganadores de este engaño? Recordemos que el candidato del FPV afirmó rotundamente que nunca variaría de un modo significativo el tipo de cambio, sino que sería gradual en relación a la variación de su nivel de competitividad. No hay dudas al respecto. Además de los funcionarios que apostaron a obtener grandes beneficios con la devaluación en la determinación del dólar a futuro, aparecen como grandes favorecidos sectores del poder económico ligados estrechamente a la nueva conducción política. Entre ellos, se destacan los exportadores de soja y maíz, cuando ya se habían realizado las respectivas siembras, por lo que nunca la devaluación (además de la quita o reducción de retenciones) les podía servir como aliciente para expandir sus siembras. Lo mismo ocurrió con los que manufacturaban productos siderúrgicos (el complejo Techint) los que producían agroalimentos (Arcor, Molinos Río de la Plata) y otros grupos económicos. O ya habían sembrado o manufacturado sus bienes exportables o enfrentaban mercados externos muy complicados. Ellos dependen para sus ventas de la demanda internacional (entonces y hoy), en baja o estancamiento, y los precios de las transacciones se deciden en otros ámbitos ajenos al  mercado argentino.

 Lo que en última instancia le interesaba a quienes aplicaron la fuerte devaluación, y trataron de disimular sus efectos con las excusas inválidas que arriba citamos, fueron los que remesan utilidades o especulan con inversiones financieras “golondrinas” o adquieren bienes de consumo altamente sofisticados (autos de alta gama, por ejemplo). No nos equivocamos en el documento de noviembre de 2015 cuando decíamos que no debía devaluarse bruscamente. Era preciso seguir administrando el comercio exterior para evitar el ingreso de bienes que sustituyan producción local (como ocurre hoy), ni acordar con los fondos buitre para desarmar los controles financieros que impedían la especulación de corto plazo y facilitar así el creciente endeudamiento externo. Queda para el futuro reconstruir una política de control económico–financiero que sirva a los intereses de la mayoría del pueblo y no a las ansias de lucro de una minoría.

* Doctor en Economía (Universidad Nacional de Córdoba, 1963). Doctor Honoris Causa (Universidad Nacional de Rosario, 2015).


Judicialización de  la política económica

Camino peligroso

Por Andrés Asiain *

Las acusaciones contra la ex-presidenta y varios de sus funcionarios motivadas por la venta de dólar futuro, abre el debate sobre si es posible y deseable la judicialización de la política económica. La denuncia se basa en afirmaciones de haber “regalado dólares” en detrimento del patrimonio público ya que los contratos fueron realizados a un precio de venta 30 por ciento inferior al precio del mercado de Nueva York.

Al respecto, ¿cómo es la operación del BCRA cuestionada por la oposición, cuyo nombre técnico es Futuro No Entregable (NDF, por sus siglas en inglés)? Lo primero que debe aclararse es que no se trata de ventas de dólares a futuro, sino de un contrato en pesos sobre el valor futuro del dólar. Es decir, el que compra dólares NDF a un año a 13,20 pesos no recibirá dólares por ese monto cuando se cumpla el plazo del contrato. Recibirá (o pagará) la diferencia en pesos entre la cotización del dólar oficial en un año y el valor del dólar en el contrato NDF. Por ejemplo, si en un año el dólar oficial está a 13 pesos, el que compró hoy el NDF al Central 13,20 pesos tendrá que desembolsar 20 centavos de pesos. Es decir, que esas operatorias comprometen ganancias o pérdidas en pesos, pero no afectan las reservas del BCRA. 

Por su parte, el hecho de que en Nueva York, los NDF sobre el tipo de cambio futuro del peso en relación al dólar supere el valor de esa operatoria en Buenos Aires, no puede ser el fundamento de ninguna denuncia penal.

En Nueva York, la diferencia entre el valor del cambio peso/dólar a futuro pactado en los NDF y el que efectivamente rija al cumplirse el tiempo del contrato, se salda en dólares. Es decir, si hoy compro dólares a futuro a 15 pesos en Nueva York y una vez vencido el plazo el dólar oficial está a 13 pesos, la diferencia se salda en dólares (15 centavos de dólar, que sería el valor de los 2 pesos al hipotético cambio futuro). En cambio, el mercado en Buenos Aires opera en pesos, por lo que no hay arbitraje ya que las condiciones en ambos mercados son de difícil alcance y existían restricciones a la compra/venta de dólares. 

De esa manera, sostener que el BCRA no puede vender futuros a un valor menor al de Nueva York implica señalar que la política cambiaria argentina no la tiene que determinar el Banco Central, tal como le está encomendado por su Carta Orgánica, sino un grupo de operadores financieros estadounidenses. 

La operatoria en que se basa la denuncia judicial es una política económica que se implementó para contener la devaluación a finales del mandato de Cristina Kirchner que tuvo como resultado un determinado costo fiscal cuyo tamaño fue determinado por otra política económica: la devaluación implementada en el marco de la desarticulación de los controles cambiarios aplicados por el gobierno de Mauricio Macri. Y que podría ser, por lo tanto, materia también de controversia judicial. 

Al respecto, la política de tasas y absorción por Lebac del Banco Central tuvo un costo fiscal que casi duplicó las pérdidas de esa entidad por dólar futuro. Tomando como base el fallo Bonadio, una serie de diputados de la oposición inició por ello una denuncia penal.

Excluyendo casos de medidas con costos fiscales destinados a favorecer a grupos empresariales vinculados, se abre el debate social sobre la conveniencia o no de judicializar la política económica y sobre quienes deben determinar si el resultado de una determinada política puede ser considerado o no un delito, no en beneficio personal, sino en desmedro de la sociedad en su conjunto. ¿Debe considerarse un delito el incremento de la pobreza generado por la suba del dólar y las tarifas durante el primer año de gestión de Cambiemos? ¿Lo es el costo fiscal y externo del pago a los fondos buitre? ¿No deberá juzgarse como tal el deterioro del nivel de vida de las próximas generaciones provocado por la actual política de endeudamiento externo?

* Economista. Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche.


La definición  del tipo de cambio

Precio estratégico

Por Guillermo Wierzba * 

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central sancionada en 2012 tuvo como objetivo ampliar el rol de la institución asignándole cuatro fines: la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo con equidad social. Esta modificación fue de trascendencia porque significó la asunción de objetivos múltiples en reemplazo de lo establecido por la ley promulgada durante el régimen de convertibilidad que definía como misión primaria y fundamental la defensa del valor de la moneda, limitándose sólo al primero de los fines asumidos por la legislación actual.

La asunción de esos objetivos múltiples se extiende al articulado de la ley que faculta al Banco Central a regular tasas de interés, a determinar medidas de direccionamiento de los préstamos y otras del mismo carácter, o sea a funciones que implican su participación en las definiciones de precios y cantidades para la orientación del crédito a fin de alcanzar los fines enunciados. Estas atribuciones se desprenden de lo dispuesto por el artículo 18 inciso a) que también dice que el BCRA “podrá comprar y vender a precios de mercado, en operaciones de contado y a término, títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera y crediticia”, así la regulación posible no se resume en el manejo de la cantidad de dinero sino también en el de la tasas de interés, en asignaciones cuantitativas del crédito –por ejemplo a pymes o regiones–, en regulaciones del precio de la divisa, en la determinación de límites o restricciones a su compra y venta.

El cambio en la Carta Orgánica ha resultado clave en términos de recuperar grados de libertad para intervenir en la economía en los temas que le compete al BCRA para lograr sus objetivos. Las políticas de anti-represión financiera que se habían desplegado en la desregulación de las tasas de interés dejando su fijación al libre mercado y también habían dispuesto un retiro de las regulaciones y limitaciones cuantitativas en las finanzas condujeron a crisis financieras y a una asignación del crédito que en nada favoreció al crecimiento industrial y al desarrollo económico. Estas políticas sumadas a otras de asignación de recursos por medio de las señales de precios de libre mercado promovieron la concentración de la riqueza y causaron el estancamiento del Producto y la desindustrialización durante el último cuarto del siglo pasado. Contribuyó a estos efectos devastadores la Ley de convertibilidad que impedía la flexibilidad en la administración de la política cambiaria.

El tipo de cambio es un precio clave de la economía. Esa importancia es más intensa en nuestro país, como en el conjunto de las economías periféricas cuyas monedas no han adquirido el carácter de divisas, es decir que no son aceptadas para funciones que exceden su ámbito local, pues la disposición de monedas que reúnan esta característica es indispensable para poder impulsar un proceso de desarrollo sostenido, en tal sentido es un recurso estratégico. 

En Argentina la restricción externa que irrumpió cíclicamente luego de las fases de crecimiento y expansión da cuenta de ello. La experiencia vivida enseña que regulación cambiaria constituye una necesidad.

Los mercados son ámbitos de transacciones, o sea de ventas y de compras. Un debate recurrente entre las distintas corrientes de pensamiento económico se suscita alrededor de la conveniencia respecto a que los precios en los mercados queden sujetos a la determinación privada, es decir al resultado de las negociaciones entre oferentes y demandantes, a la determinación estatal, a una combinación de ambas, a lógicas de acuerdos. Para  corrientes que pretenden programas transformadores y críticos de las lógicas neoliberales,la definición pública de los precios de los bienes y servicios que atienden a los derechos económicos y sociales tienen el objetivo de garantizar que su acceso sea universal. Por otra parte, esos enfoques sostienen que en mercados muy concentrados –que en las economías actuales son predominantes– la intervención en su determinación apunta a evitar la imposición de condiciones por parte de los oligopolios. Los exponentes de la teoría del desarrollo han señalado que los mercados de recursos estratégicos requieren de la determinación de precios que modifiquen las señales mercantiles, porque éstas no resultan buenas asignadoras de los mismos.

Sin embargo, un fallo judicial de segunda instancia, en relación a las ventas de dólares en el mercado futuro sostiene que “determinar el precio de intervención en los mercados no es ofertar a precio de mercado” y a su vez afirma que se “vendieron dólares a futuro a precios sometidos a una cotización cambiaria de naturaleza administrativa y no de mercado”. Juzga desde un fundamentalismo liberal extremo la no pertinencia de la intervención pública para modificar señales de precio o establecerlos en un dispositivo de mercado, y en la práctica ilegaliza una regulación efectiva del BCRA sobre el cambio, que es una de las herramientas con que cuenta para alcanzar sus fines. Dictamina sin reparar en el carácter estratégico que tienen las divisas para el desarrollo nacional y el bienestar social. En el mismo fallo se le da entidad al mercado ilegal de divisas (denominándolo paralelo). Corresponde explicitar que el BCRA no intervino arbitrariamente sino con un criterio técnico específico, pero aunque el mismo hubiera sido más laxo o hubiera operado con más discrecionalidad para garantizar su objetivo regulatorio, tampoco hubiera sido reprobable.

En el fallo en primera instancia que lo antecedió se sostiene que el BCRA debió emitir dinero para cubrir posiciones vendidas de futuro y ello provocó inflación. Esta sentencia le reconoce al diagnóstico monetarista categoría de verdad sancionando que la emisión provoca inflación. Desde otras corrientes, de carácter heterodoxo y/o crítico, se sostiene con sólidos fundamentos que la inflación fue provocada por la gran devaluación que causó la liberalización cambiaria dispuesta por la nueva gestión y la forma en que se hizo. 

Así sectores del Poder Judicial fallan sobre la base de la adopción del enfoque teórico de la economía ortodoxa como verdad irrefutable y de cumplimiento sin alternativas, y pretenden castigar el ejercicio del poder regulatorio de autoridades que no adhieran a las lógicas del paradigma de la globalización financiera.

Así mediante la judicialización de la política económica y basándose en la naturalización de las consignas de los grandes centros del poder financiero se procede a impulsar la condena de quienes en el ejercicio de funciones, legal y legítimamente asignadas, se basaron en un pensamiento nacional autónomo de imposiciones externas, así como también se intenta construir un precedente respecto a la inmutabilidad de una manera de pensar y formular las políticas económicas.

* Economista
24Sep/130

BUITRES. DISTINTAS ESPECIES

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ESPECIE I
* Los Fondos Buitre compraron títulos que representaban deuda Argentina a precios de remate (menos de la cuarta parte de su valor) cuando el país estaba todavía exhausto por las políticas neoliberales. Otras compras fueron hechas a precios atractivos cuando nuestra economía estaba en vías de franca recuperación. Estos especuladores no entraron en las refinanciaciones, como no lo hicieron en otros países donde operaron, si no que esperaron que la deuda impagable se tornara en solvente, a través de las quitas al grueso de la misma que aceptaron más del 90% de los acreedores. Gracias a esas quitas y a las políticas nacionales y populares, el país se recuperó y sus títulos aumentaron de precio por la mejora espectacular de la economía y su posibilidad de pago. Ahora pretenden cobrar toda la deuda al 100%; obteniendo ganancias usurarias. Lo hacen articulados con la corporación judicial norteamericana, en base a un poder de "lobby" con ella y una parte sustantiva del poder político y mediático del Imperio. Si fueran exitosos pondrían en peligro a todo el arreglo de deuda de la economía argentina y a su proyecto de crecimiento y distribución, porque el resto de los acreedores reclamarían el mismo trato. Los fondos buitre son especuladores que se mueven como pez en el agua en el mundo del capitalismo financiarizado neoliberal. Aquel al que nos llevaron primero la dictadura y luego el menemismo.
ESPECIE II
*Los endeudadores ganan grandes comisiones cuando logran colocar bonos y tomar deuda en los mercados "voluntarios" de crédito, sobre todo cuando lo hacen para refinanciar deudas enormes. A ellos no les conviene un gobierno que tenga autonomía financiera sino políticas regidas por el FMI que conduzcan al endeudamiento. Por eso no están de acuerdo en pagar la deuda con reservas ni que el Banco Central pueda tener libertad para hacerlo coordinando sus políticas con el gobierno. Por eso reivindican la "autonomía" del Banco Central frente al Poder Ejecutivo y se alarman por la libertad de la autoridad monetaria para emitir moneda. No quieren que nos desendeudemos, porque desean ganar con la bicicleta financiera de las refinanciaciones perpetuas. Redrado se fue del gobierno por no estar de acuerdo con la autonomía financiera y ahora es economista de Massa, Prat Gay se fue del gobierno por no estar de acuerdo con la quita de la deuda y bregar por políticas "amistosas" con los acreedores y ahora es miembro de la pretendida "centroizquierdista” UNEN.
ESPECIE III
* Los megadevaluadores pretenden terminar con los controles cambiarios y del movimiento de capitales (entrada y salida). Quieren que el precio del dólar legal pegue un salto. Si esto ocurriera aumentarían los precios de las importaciones y todos los precios de los artículos que las utilizan como insumos. También subirían los precios de los bienes que se exportan, o sea de los alimentos, porque el sector del "campo" que los vende obtendría más pesos por cada unidad exportada y, como siempre puede vender afuera todo lo que desea, fija el precio local al mismo valor en pesos que obtiene internacionalmente. Así la devaluación llevaría a un aumento de las ganancias por aumento de precios mientras los salarios caerían brutalmente. Entonces los sectores populares y medios dejarían de consumir, se vendería menos, aumentaría el desempleo y caería la producción y la inversión. Ganarían los empresarios internacionalizados y los importadores y perdería el pueblo. Así pasó con la megadevaluación de De Mendiguren y Lavagna, ayer duhaldistas y hoy massistas.

PARA CONSOLIDAR LAS MEJORAS PRODUCTIVAS Y DEL NIVEL DE VIDA ALCANZADAS EN ESTOS AÑOS ES NECESARIO VOTAR AL FRENTE PARA LA VICTORIA Y NO DEJARSE SEDUCIR POR LOS CANTOS DE SIRENA DE LOS BUITRES DE AFUERA Y DE ADENTRO.

COMISION DE ECONOMIA DE CARTA ABIERTA

30May/130

Las conductas políticas puestas a prueba

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Se ha sancionado la ley de exteriorización de los capitales que residentes argentinos poseen fuera del país u ocultos dentro de cajas de seguridad bancarias o en tesoros domésticos que no estaban declarados impositivamente. Se podría apuntar a discutir si era pertinente o no acudir a la legislación aprobada para inducir a tales residentes a repatriar o blanquear capitales con el beneficio de eximirlos de justificar su procedencia y no saldar impuestos impagos.

Alejandro Rofman

Es posible que otros caminos se pudieran haber recorrido, pero la falta de certeza de su efectividad y la experiencia previa los ha descartado.
El debate parlamentario, más allá de analizarlo en torno a las cuestiones precedentes, deja otra valiosa enseñanza. Se trata del posicionamiento de las principales fuerzas políticas ante la disyuntiva de tener que aceptar o rechazar la propuesta del Poder Ejecutivo. Y allí, en este análisis, encontramos un espacio fecundo para discutir el modo como cada sector político ha dado una respuesta ante la necesaria toma de posición frente al proyecto. Los más encendidos críticos de la valoración ética de la norma, dado que coloca a los favorecidos por la nueva ley en una posición privilegiada con referencia a aquellos que siempre cumplieron declarando sus activos y pagando sus impuestos, pertenecen a agrupamientos políticos que no hace mucho propusieron y/o apoyaron normas similares a la que ayer se convirtiera en ley. Un reciente artículo del ex diputado Eduardo di Cola cita tres leyes de blanqueo en el último cuarto de siglo: la Ley 23.495 del 3 de marzo de 1987 cuando gobernaba Raúl Alfonsín, la Ley 24.073 durante la presidencia de Carlos Menem y la ley 26.476 sancionada en el año 2008 en la presidencia de la actual mandataria.
Pero aun más, en 2001, a través de un DNU firmado por Fernando De la Rúa, durante el gobierno de la Alianza, se había sancionado también otro blanqueo que libera de responsabilidad sobre el origen de los fondos, acorde con lo aprobado en la ley de presupuesto de 2001, y exime de todo pago impositivo a los que se acogieran al citado beneficio. La lista de firmantes desde el Poder Ejecutivo y desde el Congreso de la norma del año 2001, cuyo sustento central posee el mismo perfil que el contenido de la actual, incluye a legisladores que ahora están en el Congreso representando a la UCR, al Peronismo Federal, al PRO, al socialismo y a agrupaciones menores opositoras. ¿Cómo entonces pueden ahora oponerse? ¿Qué doble conducta los ampara? ¿Por qué ayer estaban de acuerdo y hoy discrepan? No parece de ningún modo que se prestigie a la política el tener comportamientos tan disímiles en un período por demás breve de la historia argentina

22Nov/120

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MERCADO DE CAPITALES Y CALIFICADORAS DE RIESGO

Diputados aprobó el proyecto para fijar nuevas reglas al mercado de capitales
Hoy tendrá despacho del Senado, que lo votará la próxima semana
Por Nicolás Fiorentino

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que pone fin a la autorregulación del mercado de capitales e instala a la Comisión Nacional de Valores (CNV), con facultades ampliadas, como único organismo de control de la oferta pública. La iniciativa, que consiguió amplio consenso luego de tomar algunos cambios pedidos por la oposición e incluso del Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval), será ley el próximo jueves, cuando el Senado cierre el ciclo legislativo.
Luego de un extenso debate en el que los bloques opositores solicitaron más cambios, que fueron rechazados, la Cámara baja aprobó el texto que persigue como objetivo romper con la lógica de mercado que rige en la Bolsa. Es decir, que los mismos actores bursátiles sean los que fijen sus propias reglas para jugar en el mercado de valores. Lo que, según el diputado del Frente Amplio Progresista (FAP) y economista de la CTA, Claudio Lozano, dejaba una millonaria caja “administrada sólo por gigantes empresas, sin participación de actores más pequeños”.
El diputado Carlos Heller defendió el proyecto y lo incluyó en sintonía con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), criticando la “lógica monetarista” de los mercados desregulados. El legislador de Nuevo Encuentro (NE) es, a su vez, autor del proyecto que cerraría el triunvirato de medidas de control financiero: la reforma a la Ley de Entidades Financieras, trabada desde hace tiempo en el Congreso.
El proyecto amplía las facultades de la CNV y facilita el ingreso de nuevos y pequeños actores al teatro bursátil, echando por tierra el requisito existente: ser accionista de la Bolsa donde actúa para participar, abriendo su participación con la mera inscripción ante la CNV, que deberá aprobar su ingreso. También se hará cargo del registro, supervisión y sanción de cada mercado registrado y de los agentes intermediarios.
Otro de los puntos que aborda el proyecto es el de las calificadoras de riesgo. En la reglamentación de la ley, que deberá estar lista 180 días después de publicada en el Boletín Oficial como máximo, la CNV “establecerá las formalidades y requisitos que deberán cumplir las entidades que soliciten su registro como agentes de calificación de riesgo”. Por pedido del FAP, el organismo podrá incluir dentro del registro a universidades públicas solamente, ya que la redacción original incluía a las privadas.
La ley también se enfoca en los asesores bursátiles. Se fijarán “normas mínimas de capacitación, acreditación y registro para el personal de los agentes registrados” que “desempeñen tareas vinculadas con el asesoramiento al público inversor”. A su vez, fija duros límites para “quienes hubiesen hecho uso indebido de información privilegiada proveniente de cualquier operación”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Roberto Feletti, consiguió incorporar al artículo 20 la potestad de la CNV de “designar veedores con facultad de veto” en las entidades donde, previa investigación, se hubiesen detectado “vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios y/o tenedores de títulos valores sujetos a oferta pública”.
En la reglamentación, la CNV también deberá fijar un cronograma de adecuación para que todas las Bolsas se reconviertan en sociedades anónimas, como exige la ley.
El Merval y la Bolsa de Comercio estuvieron muy lejos de lograr las modificaciones que pretendían. Apenas si consiguieron que se permita al mercado delegar en la entidad que comanda Adelmo Gabbi la constitución de un tribunal arbitral y la emisión de boletines.
Puntos claves del proyecto
Autorregulación. Se termina la autorregulación y la mutualización del sistema bursátil: la nueva norma refunda el mercado de capitales y le otorga más herramientas de control y sanción a la CNV. El proyecto que impulsó el oficialismo busca disminuir la especulación y redirigir el ahorro para financiar proyectos productivos y pymes.
Mercado para todos. La ley propone aumentar la cantidad de agentes de mercado y se elimina el actual requisito de que los agentes y operadores sean además inversores del mismo mercado del que participan, como lo hacen actualmente en el Mercado de Valores (Merval).
Sociedad anónima. Se prevé que los mercados se constituyan en sociedad anónima y que coticen en la Bolsa de valores, para lo cual regirán las mismas condiciones que rigen actualmente para las compañías que cotizan en la Bolsa. Se establece como autoridad de contralor a la CNV, con facultades para “fiscalizar y sancionar” a los que no cumplan con la legislación.
Secreto bursátil. El proyecto termina con el secreto de información bursátil cuando exista requerimiento del Banco Central de la Superintendencia de Seguros para aumentar la transparencia del mercado.
Calificadoras. Sólo las universidades públicas actúan como calificadoras de riesgo.
Garantía. Habrá un fondo de garantía bajo la figura fiduciaria u otra modalidad aprobada por la CNV.

El Merval y la Bolsa de Valores se fusionan
El Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) firmaron ayer un memorándum de entendimiento para crear un nuevo mercado, que se denominará Bolsa Federal de Valores.
El acuerdo se alcanzó para adecuarse a las normas propuestas por el Gobierno nacional en el proyecto aprobado ayer en Diputados con el objetivo de modificar la estructura del actual Mercado de Capitales Argentino. El memorándum fue firmado por Adelmo Gabbi, presidente de la BCBA, y Mario Bagnardi, titular del Merval, por el que se “establece la creación de una nueva entidad comercial bajo la forma de una Sociedad Anónima, que pueda atender las necesidades de todas las regiones de la Nación”.
Con este fin, el Merval y la BCBA conformarán una comisión de trabajo integrada por representantes de ambas entidades que se encargará de llevar a cabo las negociaciones con las distintas Bolsas y mercados del país. Es intención de éstas sumar a esas entidades de todas las regiones de la Argentina, e incluirlas en el proyecto con el propósito de lograr la concreción de un “único mercado nacional”.Ambas entidades “entienden de suma prudencia y trascendencia asumir la responsabilidad que tienen en la conformación del Mercado de Capitales Argentino”, señalaron en un comunicado.

24Oct/120

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Una virtuosa regulación estatal

La actividad financiera amparada por el Estado nacional a partir de la instauración de la Dictadura cívico-militar estuvo emparentada con el florecimiento de los mecanismos de especulación a nivel internacional, que signaron la etapa de capitalismo neoliberal aún vigente.

Alejandro Rofman

La crisis del capitalismo mundial- en su versión de valorización del capital financiero por sobre el trabajo humano- que se inició en el año 2008 viene mostrando en toda su magnitud los retrocesos económicos y sociales que producen elevados sufrimientos para los pueblos. Ello se ha debido, en alta medida, a que la nueva fase del predominio de la acumulación capitalista vía la financiarización del proceso de desarrollo capitalista se pudo propagar gracias a la creciente abolición de todos los controles en el manejo del capital financiero. Este se fue transformando en lider en el mundo capitalista en el proceso de generación de ganancias, para lo cual necesitó de amplia capacidad de maniobra que todavía hoy se está pagando muy caro.
En nuestro país este fenómeno comenzó a revertirse cuando luego de 2003, y en forma paulatina, se fueron abandonando los principios de la desregulación financiera . La reestructuración de la impagable deuda pública en 2005 ,las limitaciones al ingreso de capitales especulativos, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la estatización de las AFJP constituyeron jalones muy valiosos, entre otros, en el proceso de restitución de un modelo de desarrollo basado en la valorización del trabajo y en el propósito de poner a disposición de este modelo de crecimiento los instrumentos del capital financiero.
Las medidas anunciadas por la presidenta el día lunes pasado avanzan en la dirección muy saludable y plausible de afianzar el proyecto de desarrollo con inclusión social y en dejar atrás la nefasta etapa del predominio del capital especulativo. Así el establecer criterios estrictos para el control de las transacciones bursátiles y en el nivel operativo de las calificadoras de riesgo así como poner al servicio de la inversión reproductiva fondos disponibles en las compañías de seguro marcan pasos hacia delante muy valiosos .
El imponer a las empresas aseguradoras que poco más del 10 % de sus ahorros sean asignados a financiar proyectos productivos - en lugar del 0,16 % como es hoy - implica un virtuoso cambio de rumbo para el manejo de los recursos disponibles en nuestra economía. Y la regulación de las calificadoras de riesgo puede ser el punto de partida de una disposición novedosa a escala mundial que impida que estas actúen como cabeceras de puente de los capitales especulativos, distorsionando la información sobre la realidad económico-financiera de nuestro país.
Además, una regulación que sin trabar la actividad bursátil impida manejos espúreos posibilitará el acceso del pequeño ahorrista a aportar a la consolidación del capital de las empresas nacionales que lo necesitan para crecer y generar empleo.

de Tiempo Argentino 24/10/2012