Denuncia del plan de destrucción de la democracia argentina
Cuando Macri accedió al gobierno, intentó como una de sus primeras medidas el nombramiento de jueces por decreto en una clara demostración del inicio de una gestión que iba en dirección de gobernar con desafección por el Estado de Derecho.
Luego hostigaron a la excelente conducción de la UIF dirigida por José Sbatella, al que llevaron a la renuncia y a innumerables y arbitrarias causas, reemplazándolo por un grupo de gestión claramente vinculado con las estructuras de la fuga de capitales.
También acosaron y obtuvieron la renuncia de Alejandro Vanoli quien tenía mandato por varios años más, y fue reemplazado por Sturzenegger para aplicar un programa violatorio de la Ley que regula la actividad del Banco Central.
En Enero de 2016 apresaron a Milagro Sala y hoy continúa ilegalmente detenida, a pesar de los reclamos y sentencias internacionales. Dijimos entonces que esa maniobra era el laboratorio de ensayo de políticas represivas y persecutorias que llegarían hasta Cristina Fernández de Kirchner.
Más tarde se profundizó la ofensiva y obtuvieron el desafuero del ex Ministro de Planificación Julio De Vido, sometido a escarnio público con fotos filtradas por miembros del aparato estatal y sin que mediara ninguna razón para detenerlo ni existiera condena alguna sobre el mismo. Enseguida se procedió el procesamiento de Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, a quien se puso preso sin condena ni indagatoria previa.
También se procesó a Guillermo Moreno, en venganza por su participación en la investigación sobre la apropiación de Papel Prensa por parte de Clarín y La Nación. La venganza es la política judicial del régimen ceocrático que también en el caso de Boudou pretende escarmentar a quien promovió la estatización del sistema jubilatorio, o en el caso de Vanoli por hacerle frente al intento de los grupos de poder de generar una crisis cambiaria previa a las elecciones de octubre de 2015.
El otro ámbito que eligieron para desarticular los controles que podía tener una gestión política fue el del Ministerio Fiscal, en el que obstaculizaron el trabajo de la Procuradora Gils Carbó, a quien le hicieron imposible cumplir con su misión hasta obtener su renuncia que significó el incumplimiento de la legalidad en cuanto a la independencia de ese instituto jurídico.
El Poder Judicial fue constituido en un ámbito servil del Poder Ejecutivo por la llegada de Rozenkrantz y Rosatti votada por la Alianza Cambiemos gobernante y por los senadores de un sector del PJ, muchos de los cuales hoy se avienen a hacerlo con las reformas del paquete regresivo en términos de derechos económicos y sociales que representan los proyectos de leyes previsional, laboral y fiscal. Contubernio parlamentario que también habilitó un pago vergonzoso a los fondos buitres que abrió el camino para el vertiginoso endeudamiento que ha emprendido el gobierno, hegemonizado por los CEOS del capital financiero.
Toda la acción política y mediática tiene su centro en la destrucción del kirchnerismo, como parte de una contraofensiva en el continente de la potencia hegemónica y de los grupos de poder económico articulados en la globalización financiera, quienes reaccionaron frente a los proyectos autónomos, democráticos, redistribucionistas e industrializadores surgidos a principios de siglo.
Para la destrucción del kirchnerismo, y de su potencia transformadora, el gobierno de la oligarquía diversificada ha emprendido directamente las actividades para juzgar, desaforar y detener a Cristina Fernández de Kirchner. En ese rumbo acuden hoy al inconstitucional y absurdo proceso judicial conducido por el juez Bonadío, dependiente de y a las órdenes de Macri, en relación al Pacto con Irán nunca aplicado, que fue votado por el Parlamento y sobre cuyas características que hacían absurda cualquier denuncia se había pronunciado el Juez Rafecas en un histórico fallo. Siguiendo con su peligrosa política de deterioro de la democracia argentina, el gobierno de Cambiemos suma a los ilegales encarcelamientos de Milagro Sala, de Julio De Vido y de Amado Boudou, la prisión del ex ministro Timerman.
Ahora definieron ir por Cristina Fernández de Kirchner, conducción de un vasto sector popular que se opone a las políticas de ajuste permanente de Cambiemos y a los avances anti-democráticos que pretenden asegurar crecientes niveles de inequidad económica para nuestro pueblo.
Desde Carta Abierta nos sumamos a denunciar que el gobierno de Cambiemos está poniendo en grave peligro a la democracia, al estado de derecho y a las mismas bases de convivencia pacífica entre los argentinos. Este gobierno ya ha iniciado e intensifica una política sistemática de convertir en presos políticos a los ex funcionarios de los gobiernos de carácter nacional y popular que presidieron Néstor y Cristina. Ahora se ha detenido en procedimientos nocturnos a Zannini, ex Secretario legal de la Presidencia, y a D’Elía, dirigente social caracterizado por su decidida actuación movilizadora frente a los intentos destituyentes que los que hoy gobiernan habían desplegado para cancelar o limitar antidemocráticamente la gestión anterior. También quedó procesado el dirigente de “La Cámpora” Larroque.
Mientras tanto permanece detenida la militante social Milagro Sala, en una prisión dispuesta por el gobernador de la Provincia, que ha sometido el poder judicial a las lógicas del ejecutivo y actuado inconstitucionalmente, desconociendo los compromisos internacionales asumidos por Argentina y llevados a la Carta Magna en su última modificación. Esta conducta ha sido avalada y compartida por el Poder Ejecutivo Nacional.
Los jueces como Rafecas, que fue independiente y valiente en el fallo sobre el acuerdo con Irán, que fue impecable en su actuación en las causas de derechos humanos, también están siendo perseguidos con el objetivo de destituirlos de su función. No es el único, también lo es Rozanski, quien condenara a Etchecolatz. Así, el gobierno sigue con la persecución de la que ya fuera víctima el juez Freiler, que con una maniobra que incluyó actos procesales reñidos con el comportamiento a derecho, fue desplazado de la Cámara de Casación en represalia por su actuación en el tema de Papel Prensa. También fue suspendido el juez Arias por el contenido de sus fallos respecto de los aumentos de las tarifas eléctricas.
Todos los casos de persecución que denunciamos no sólo buscan la construcción del régimen de impunidad por parte de un poder económico fusionado hoy con el gobierno de los CEOS, que hoy se encuentra a la ofensiva, y que en base al ejercicio del monopolio mediático, a la despolitización promovida en la sociedad y a la mentira como lógica de discurso preelectoral, han logrado resultados favorables en los comicios.
Pretenden construir la perpetuación en el poder de las políticas que perjudican a las mayorías populares. Por eso quieren proscribir políticamente a Cristina Fernández y al kirchnerismo y construir un bipartidismo que disfrace una mentirosa alternancia de dos opciones con una sola política.
La proscripción que se pretende en Argentina tiene la misma raíz que la que se busca en Brasil respecto de Lula. Resulta entonces necesario la construcción de una fuerza frentista política y social de resistencia a la ofensiva del capital concentrado contra los pueblos y las políticas que los representan y defienden.
Es necesario parar el intento de grupos económicos y partidos políticos que, en base a una oportunista manipulación de una coyuntura que les resulta funcional, y favorecidos por una estructura concentrada del régimen de propiedad en sectores claves de la vida económica y cultural, se han embarcado en la degradación del Estado de Derecho.
Han acometido la consecución de este objetivo en distintas fases, la primera fue la sumisión de la Justicia para construir la impunidad del poder, para luego proscribir a la oposición sobre la base de la judicialización de sus referentes en causas armadas por un poder judicial sometido, proseguido por una política represiva con presos sociales, y palos y balas para las acciones de protesta, como las que ya han causado la desaparición forzada seguida de muerte de Maldonado y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel por parte de la Prefectura, más la represión en establecimientos fabriles en los que los trabajadores defienden el empleo frente a políticas de despidos y a movimientos sociales que reclaman la mínima ayuda social para la subsistencia. La intensificación e institucionalización permanente del control social y la represión sobre la sociedad y el pueblo son motivo de propuestas y proyectos que intentan modificar el orden legal vigente para involucrar a las fuerzas armadas en los conflictos internos.
La demolición del poder judicial en marcha, la persecución e intento de destrucción del kirchnerismo -principal oposición real en Argentina-, la represión al movimiento social y popular, las políticas regresivas destructoras de derechos económicos y sociales, el silenciamiento mediático como ocurrió en los caso de Victor Hugo y Navarro, las apretadas a propietarios de medios opositores para condicionar su libertad de expresión, la extorsión a los gobernadores de provincias para someter su voto al funcionamiento de sus distritos, anulando el ejercicio libre de su voluntad y convicciones, los intentos de retroceder en los juicios a los genocidas como en el caso del fallo del 2×1, conforman un estado de excepción, en el que pese a la existencia de autoridades votadas en elecciones libres, la democracia resulta corroída con la voluntad de destruirla, conservando sólo algunos rasgos de su formalidad para ocultar un régimen plutocrático y represivo.
EXIGIMOS EL CESE A LA PERSECUCIÓN DE LOS EX FUNCIONARIOS DEL KIRCHNERISMO.
EXIGIMOS EL RESTABLECIMIENTO DE UN PODER JUDICIAL QUE RESPETE EL DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
DENUNCIAMOS EL INTENTO DE PROSCRIBIR A LA LIDER DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA: CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
RECLAMAMOS LA LIBERTAD DE MILAGRO SALA, CARLOS ZANNINI, HECTOR TIMERMAN, JULIO DE VIDO, AMADO BOUDOU, LUIS D’ELIA, FERNANDO ESTECHE Y DEMAS PRESOS POLITICOS.
DEMANDAMOS CAMBIOS EN LA POLÍTCA DE SEGURIDAD QUE SIGNIFIQUEN EL CESE DE LA REPRESIÓN A LAS LUCHAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Y POPULARES.
NOS PRONUNCIAMOS CONTRA LAS REFORMAS ANTIPOPULARES DEL RÉGIMEN PREVISIONAL, FISCAL Y LABORAL.
DENUNCIAMOS QUE SE PUSO EN MARCHA UN PLAN DE DESTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA EN ARGENTINA.
ESPACIO CARTA ABIERTA, Liliana Herrero, Luisa Kuliok, Rita Cortese, Majo Malvares, Cristina Banegas, Amorina Testino, Roberto Ricardo Ridolfi, José Ignacio Otegui, María Cecilia Vilaboa, Alejandro Vannelli, Javier Margullis, Arturo Bonín, María Adissi, Revista PPV, Fede Tombetti, Coni Vera, Dolores Solá, Teresa Parodi, Horacio Roca, Paola Barrientos, Conrado Geiger, Luis Ziembrowski, Cristina Tejedor, Hugo Urquijo, Cecilia Roth, Mosquito Sancineto, Fernán Mirás, Horacio Fontova, Liliana Beatriz Mulet, Paulo Pepe, Gabriela Martínez Campos, Patricia Barroso, Susana Cart, Marina Glezer, Carlos Monastra
«La ortodoxia reclama una megadevaluación cambiaria injustificada»
La economía argentina a fines del 2012 duplicó el tamaño de la de una década atrás, presentó un sustantivo avance de la distribución del ingreso y una caída vertical de la tasa de desempleo
Guillermo Wierzba
El PBI industrial aumentó más que el promedio. La tasa de inversión superó su ritmo histórico. Los programas sociales y las pensiones y jubilaciones mejoraron notablemente la vida del pueblo. El nuevo tamaño del producto demanda importaciones crecientes que exigen más divisas, con la dinámica de una estructura industrial heredada del neoliberalismo. Pero Argentina hoy tiene su cuenta corriente equilibrada y una balanza comercial positiva, con una mejora sustantiva de la relación deuda/reservas, deuda/exportaciones y deuda/producto. Su tipo de cambio en relación a sus socios comerciales y respecto de los países de la región resulta competitivo. Sin embargo, la fuga persistente de divisas a través de la cuenta de capitales ha generado un clima que la ortodoxia aprovecha para reclamar una megadevaluación cambiaria injustificada, con el objetivo de volver a facilitar ganancias extraordinarias a los sectores vinculados a las exportaciones tradicionales y los grupos concentrados. Esa presión que confronta con el actual proyecto conlleva a reducir el nivel de actividad y las importaciones (de modo indiscriminado y distorsionando los procesos de sustitución en curso), a impulsar un alza de precios con deterioro del salario y del empleo, y a bajar la tasa de inversión. La profundización del proyecto requiere, en cambio, de una planificación estatal de la lógica industrializadora en pos de garantizar el crecimiento y optimizar el ahorro de divisas en el largo plazo. Las recientes medidas de exteriorización de activos tienen costos en términos de equidad y credibilidad tributaria, pero tienden a mejorar las reservas, a reactivar la construcción y a financiar a YPF. El revanchismo del capital financiero pretende, por el contrario, –en los “mercados voluntarios” de crédito– tasas expoliatorias para un país con solidez macroeconómica que supo afrontar autónomamente la reestructuración de su deuda.
«(Neo) progresistas» del establishment
Por Guillermo Wierzba *
El 28 de abril de 1998 los economistas José Luis Machinea y Pablo Gerchunoff (foto) publicaron un texto en el diario Clarín que persiguió el claro objetivo de convertirse en un manifiesto que redefiniera el concepto de progresismo, atendiendo a la hegemonía en el sistema capitalista mundial a manos del neoliberalismo y la financiarización. El texto no se posicionó en una interpelación crítica al nuevo paradigma, sino que se centró en “evitar la mimetización del discurso progresista con el del nuevo conservadurismo”. En el escrito se asumió una victoria universal del capitalismo, que incluía la derrota de los proyectos de abolición de la propiedad privada como también de los socialdemócratas que desplegaban la centralidad del Estado. El manifiesto buscaba consagrar un “nuevo progresismo” que, a la vez que rechazara la “suficiencia del mercado para la solución de los problemas económicos y sociales”, se apartara del “conservadurismo estatalista y proteccionista que hace tiempo agotó todo lo que podía dar de bueno a la sociedad”.
Quedaba claro el recurso: la construcción de un discurso que permitiera una alternancia entre gestiones fundamentalistas y moderadas de la única vía de política económica que asumían posible: la neoliberal. Esa definición de “victoria universal del capitalismo” conducía a la resignación a un camino único y se alineaba con la vulgar teoría del “fin de la historia” que campeaba en aquella época.
Esta posición fue criticada, entonces, en la revista Juana Azurduy (agosto de 1998). Se sostuvo que M y G planteaban la necesidad de darle al progresismo un nuevo sentido, acorde con los tiempos. Es importante reparar en esta cuestión del “sentido” puesto que se abre, así, un campo intersticio entre lo económico y lo político –el campo de las representaciones– en cuyo dominio también se disputa el propio carácter de la escisión entre lo económico y lo político. Los rasgos específicos que adquiría esta separación durante el neoliberalismo –la naturalización de lo económico– resultaban clave en la legitimidad del orden neoliberal. En efecto, la ofensiva del mercado como regulador privilegiado de las relaciones sociales no sólo se instrumentó materialmente, sustentado en la política económica impuesta por el neoliberalismo –con mayor o menor organicidad– a partir de la dictadura terrorista en adelante, sino que se había ido estableciendo en la construcción social de la creencia acerca de que así, y de ninguna manera diferente, eran las cosas de este mundo y que era el único posible. Y si es en el mundo de las ficciones donde se dirime parte de la legitimidad política de la opresión en las sociedades actuales, este “nuevo progresismo”, “acorde con los tiempos”, no era otra cosa que un nuevo conservadurismo que procuraba transformar los soportes (no sólo) simbólicos que construían la legitimidad política del orden establecido; un aval de lo que se había consumado con la envoltura de lo supuestamente moderno (“progresista”).
En este sentido M y G no hacían otra cosa que apuntalar, desde la perspectiva de un supuestamente incontrastable conocimiento técnico-económico un programa de transformación social sustentado en el acotamiento y agotamiento de lo político. “Objetivo” y “apolítico”, como si pudieran encubrirse el carácter intrínsecamente político de todo saber, incluyendo el económico. Lo dicho es suficiente para afirmar que M y G se incluían en “intelectualidad orgánica” del neoliberalismo en su más prístina expresión, dado que su discurso (que había caído bien en numerosos sectores “progresistas”) resultaba consustancial con el programa de transformación neoliberal. Hasta aquí la polémica de 1998.
Los anclajes teóricos, posicionamientos ideológicos e intelectuales de los ejecutores de las gestiones económicas neoliberales no operaban independientemente de la articulación y representación de los intereses del poder económico. Tanto de los que se desempeñaron en el período del menemismo como durante la gestión de la Alianza. Eduardo Basualdo señala en Sistema Político y Acumulación (Cara y Ceca, 2011), que a partir de la crisis iniciada en 1998 se perfilaron dentro del establishment que compartió la gestión y los negocios durante los primeros noventa dos proyectos alternativos al de la convertibilidad: uno sostenido por la fracción dominante constituida por los grupos económicos locales y algunos conglomerados extranjeros, y otra por el sector financiero e inversores extranjeros que habían adquirido empresas y paquetes accionarios durante los años previos. Los primeros promovían una devaluación y los segundos, un tránsito a una economía dolarizada. Ambas salidas significaban, en condiciones de hegemonía del bloque asentado en el poder, una radicalización de las condiciones de desigualdad y pobreza generadas por el régimen de la convertibilidad.
Sin embargo, los distintos intereses y características de las salidas propuestas alinearon a la ortodoxia fundamentalista del lado de los dolarizadores, mientras que los economistas que sostenían el otro grupo atinaban a presentarse como heterodoxos (en la época del “fin de la historia”).
Basualdo afirma que “los grupos económicos le plantean a la sociedad que ellos encarnaban a la burguesía nacional y que por ello soportaban la agresión de los capitales foráneos y de los organismos internacionales que pretendían marginarlos y controlar la producción nacional”. Buscaban así usufructuar en su favor la importancia que conservaba “en la identidad popular la alianza policlasista que sustentó al peronismo, reprocesándola en función de sus intereses” y “ocultando que sus condiciones estructurales poco tenían que ver con una burguesía nacional”. La gestión Machinea estuvo permeada por los intereses de esta fracción local del poder económico.
En un reciente reportaje en el diario La Nación (15/1/12) Gerchunoff, quien fuera su asesor, vuelve al ruedo y adjudica el despliegue económico de los últimos ocho años al bajo nivel de actividad desde el que partió, igualando sus causas a las de la recuperación del producto en la primera época del menemismo. Le agrega el argumento del “viento de cola” internacional, critica el intervencionismo estatal, cita a J. M. Fanelli teorizando acerca de la bendición que el bajo crecimiento demográfico supone para las cuentas públicas, critica la política económica del período de J. B. Gelbard, recomienda una cierta dosis de “desarrollismo”... para sumar a la épica kirchnerista... (sic) y alienta la adopción de un “plan de estabilización” asociado a la reducción de la tasa de crecimiento de la economía a niveles inferiores al 4 por ciento. Fiel al Manifiesto de 1998 habla de economía sin reparar en el fuerte despliegue de los cambios políticos concretados durante la gestión kirchnerista, aunque supone (insidiosamente) que Perón, de estar vivo, no apoyaría este proyecto sino que respaldaría al duhaldismo (participando del Movimiento Productivo Argentino, en tanto –imagina PG– terrateniente exitoso de los pagos de Lobos).
El enfoque teórico acerca de la política económica requerirá “sintonía fina” en las épocas que vienen. La ortodoxia de las finanzas quedó descolocada por el colapso de fines del siglo pasado y el notable de sempeño de la economía de esta última etapa. Sin embargo, los verdaderos heterodoxos, afirmados en una política de desarrollo sostenido integrada regionalmente y opuesta a los ajustes del centro, convencidos de la preeminencia de la política y promotores de una profundización del proyecto democrático, nacional y popular, deberemos lidiar con una “neoheterodoxia” renuente a la decidida intervención pública, despolitizadora de la macroeconomía y ligada a uno de los proyectos del poder económico que hegemonizó la política en la Argentina prekirchnerista (el “alfonsinista-duhaldista”, digamos).
Son muchos más que los aludidos, esto es obvio, quienes reducen la política económica a la “macro”, sobreestiman la importancia de los “equilibrios” (cada vez más ausentes en el “mundo realmente existente”), descreen de los objetivos redistributivos impulsados por la ciudadanía (relegándolos a una determinación productivo-mercantil), recelan del papel del Estado en la economía y asumen la concentración del poder económico como un dato (inabordable). La preeminencia de la política sobre la economía (y la fusión de ambas) será el parteaguas que nos permitirá construir un futuro digno de ser vivido.
* Economista, profesor UBA, director del Cefid-AR.
Dólar: el aparato neoliberal dispara contra el proyecto popular
Por Guillermo Wierzba
Economista y director del Cefid Ar.
El día 23 de octubre la presidenta Cristina Fernández, en su discurso posterior al escrutinio que confirmara el masivo apoyo al proyecto político, reafirmó su decisión de iniciar una etapa de profundización de los cambios. Subrayó, tanto en esa alocución, como también en la que fuera la de cierre de la campaña electoral, algunos contenidos centrales del paradigma sobre el que se edificará esa profundización: la igualdad, la autonomía nacional, el desarrollo y la no neutralidad del gobierno, destacando su decisión de articular los intereses de todos los argentinos pero sin imparcialidad al optar por la priorización de las necesidades de los sectores populares.
Estos discursos han sido inaugurales de una segunda etapa del proyecto iniciado en el año 2003. Su condición de posibilidad radica en dos logros claves que a su vez están articulados entre sí: 1) la preeminencia de la política en la esfera de la economía y 2) las notables condiciones de los pilares fundamentales de esta.
Sin embargo, o tal vez precisamente por lo expresado, los días posteriores a los comicios se sostuvo una presión sobre el mercado de divisas que obligaba al Banco Central a desprenderse de reservas, concretamente a vender dólares para defender su política cambiaria. Esa dinámica no nació en ese momento sino que venía produciéndose en el período previo, pero en esa instancia era interpretable como la reiteración de comportamientos preelectorales frecuentes en nuestro país. La persistencia mereció otro tipo de atención y merece un análisis detenido y no inocente.
Argentina va a tener este año un superávit comercial del orden de los U$S 10 mil millones. Superávit que completaría un período de nueve años de altos crecimientos, superiores al 8% con la excepción de los años 2008, en que ocurrió el conflicto con las patronales rurales (aunque superó el 7%), y 2009, el de la crisis global. El saldo proyectado demuestra que el aumento sensible de las importaciones producido por el acelerado avance de la economía no debilitó la solidez del balance comercial. En el período considerado, los mayores excedentes llegaron a los U$S 16 mil millones y se concentran al inicio del mismo, fase en que las importaciones eran menos de la cuarta parte de las del año actual –debido al todavía deprimido nivel de actividad–. En el resto de los años el excedente osciló los 12 mil millones, mientras que para el actual, a los fines de un análisis estructural, habría que agregar alrededor de 1000 millones por un mayor almacenamiento de soja –respecto de años anteriores– por parte de los productores a la espera de mejores precios. Esta salud de la balanza comercial se da a pesar de la desaparición del superávit externo del sector energético que viene reduciéndose desde el año 2007; momento en el que registraba 4000 millones de excedente. Lo mencionado más la continuidad del crecimiento de las exportaciones industriales constituyen argumentos irrefutables para desmentir el discurso que alude a deterioros en la competitividad del tipo de cambio, dado que la cuestión energética no está vinculada al nivel de esa variable.
Estos indicadores macroeconómicos pueden completarse con otros microeconómicos. Si analizamos la competitividad de la economía comparando la evolución de los salarios industriales en nuestro país con los de socios comerciales, ajustados por productividad , obtenemos que frente a Chile, Brasil y la zona euro, el tipo de cambio real argentino está en niveles que superan en un 50% el registro de 2001.
La cuenta corriente del balance de pagos registra saldos positivos en todo el período, a la inversa de los saldos negativos –también permanentes– durante los años de la Convertibilidad. La reducción del nivel de los saldos positivos responde a la cuestión energética ya mencionada y a un incremento de las remesas de utilidades por parte de las empresas extranjeras (cuestión que requerirá oportunamente modificaciones legales que apunten a una mejor regulación de un problema que no es sólo nacional, sino regional y global), generado por las buenas ganancias del período de prosperidad y las demandas de sus casas matrices por necesidades financieras devenidas de la crisis mundial.
La deuda pública en dólares con acreedores privados se ha reducido a niveles inferiores al 10% del producto, menos de la décima parte del insustentable monto que dejó la Convertibilidad. Además para los próximos tres años el servicio de deuda anual con esos acreedores es inferior al 1% del PBI.
Las cuentas fiscales se encuentran equilibradas, pudiendo afrontar el incremento de los gastos en educación, salud, jubilaciones y servicios productivos, y los planes de Asignación Universal por Hijo e ingreso social con trabajo; a la vez que financian un sustantivo crecimiento de la inversión pública que fue vital para una superación rápida de la crisis de 2008-2009.
¿Cómo explicar, entonces, la presión sobre el dólar cuando la radiografía sobre la economía argentina demuestra solidez externa, tipo de cambio competitivo, fuerte desendeudamiento, equilibrio fiscal, crecimiento sostenido, mejora sustantiva de los indicadores sociales y respaldo popular al proyecto político? Ni las remesas de utilidades ni el cuello de botella energético están ligados con la cuestión cambiaria. Son temas estructurales y de la coyuntura mundial que no reflejan relaciones de competitividad o de solidez de la macro de corto plazo.
La contracara de los discursos de la presidenta fue el artículo de Mariano Grondona en el diario La Nación, el mismo día de las elecciones. Allí, hablando de votos “fuera de urna”, proclamaba como tales en ese escrito las actitudes de grandes y pequeños operadores económicos que retiran fondos. Lo hizo en el mismo diario que pretendió ponerle agenda al gobierno de Néstor Kirchner y luego anunciara que aquel no duraría más que un corto plazo. La semana siguiente a las elecciones, los diarios del poder concentrado titularon cotidianamente sobre el vuelco del público a la compra de dólares, buscando generar un efecto “manada” que desmejorara las reservas del Banco Central y condujera a interrumpir la política de su acumulación. El discurso mediático, particularmente de La Nación y Clarín, obviaba o distorsionaba la real situación de la economía argentina antes expuesta y refería a un tipo de cambio “atrasado”, fantasía carente de rigor analítico. Lo mismo se replicaba en radios, canales de televisión y otros medios escritos favorables al poder económico concentrado. El objetivo perseguido fue claro: cambiar el clima, introducir dificultades para profundizar el rumbo, instalar una agenda distinta a la del proyecto democrático, nacional y popular. Carentes de una oposición electoral de densidad, imposibilitados de efectuar los condicionamientos militares de otras épocas históricas, y conscientes de la firmeza de los gobiernos iniciados en 2003 frente a los planteos corporativos, eligieron el mercado de cambios como ámbito adecuado para la disputa política. Pretendieron empujar una devaluación, innecesaria para la continuidad de un proyecto de desarrollo, para desplegar una política de ajuste, con deterioro del salario, del empleo y de los ingresos de los sectores más humildes. Un camino para mermar también la popularidad creciente de un gobierno dispuesto a profundizar las políticas favorables a los sectores populares.
Con los rasgos típicos de la impronta que lo caracterizó frente a estas situaciones, el gobierno decidió enfocar políticamente la cuestión y dio la señal inequívoca de que no estaba dispuesto a retroceder: decretó y reglamentó la liquidación total de divisas de los sectores petrolero y minero en el país, la repatriación de las inversiones en el exterior de las aseguradoras, la liquidación en el país de los dólares físicos por las operaciones por compra de inmuebles y el control de la AFIP sobre la regularidad fiscal de los fondos que se aplicasen a la compra de dólares para atesoramiento.
Mientras las medidas han ido reequilibrando el mercado de cambios y el Banco Central ha dejado de vender dólares, los economistas ortodoxos despliegan los tradicionales argumentos de defensa de las políticas de libremercado. Muchos son los mismos economistas que vivieron su esplendor en los años de neoliberalismo. Las políticas recomendadas se asocian a los recetarios clásicos o aggiornados de los organismos financieros internacionales. Desestiman los controles, exaltan las señales mercantiles, se desentienden de los efectos de la comunicación de masas y pronostican el fracaso de la intervención política en la economía. A su vez, su ortodoxia fiscalista adquiere una peculiar flexibilización cuando debe abordar el caso concreto de la demanda de dólares con recursos que puedan haber incurrido en evasión tributaria. Sin embargo no pueden dejar de reconocer la efectividad de las medidas, aunque le auguran corto plazo a su éxito. Hacia fines de 2005 se había creado un clima sobre el agotamiento de la capacidad instalada. Se proponía una política de estabilización. Durante la crisis de 2008-2009 se pronosticaba un agotamiento del patrón de acumulación y el tránsito por una aguda recesión y ajuste. Ahora se vaticina un proceso de desequilibrio externo y devaluación cambiaria. Es un aparato ideológico-comunicacional que apunta al corazón de un proyecto popular, pero que ya acumula una serie de derrotas en su haber. El gobierno no sólo avanzó con medidas cambiarias sino que también ha comenzado a desplegar otras, como las de sintonía fina en la cuestión de los subsidios, manteniendo la iniciativa en el marco de un proyecto que está en las antípodas de las presiones restauradoras del neoliberalismo
Desahogo de la economía
Por Alejandro Rofman *
Pese a que, en los últimos años, medidas estatales de protección a la producción nacional beneficiaron a industriales de diversos sectores, la cúpula de la UIA volvió a arremeter contra la intervención estatal. En la Conferencia de la UIA de la semana pasada, empresarios reiteraron discursos de los noventa.
El empresario Alfredo Nicholson, importante industrial del sector azucarero que presidió la reciente Conferencia de la Unión Industrial Argentina, afirmó que el excesivo intervencionismo estatal está ahogando la economía. Es interesante discutir en profundidad el sentido de esas palabras. Si la economía creció en lo que va del año el 9 por ciento, resulta difícil detectar a qué ahogo se refiere Nicholson. Además, los balances presentados a la Bolsa de Comercio por importantes firmas industriales dan cuenta de crecientes beneficios. Tampoco por ese lado se advierten signos de dificultades empresariales.
Si se asume por un momento que esa declaración tiene visos de realidad y que, puestos a desentrañar los mecanismos intervencionistas del Estado, vale especular con un escenario donde el Gobierno se propone limitar o reducir la presencia de su gestión en la dinámica del mercado empresarial. En tal sentido, sería importante plantear a Nicholson y a los directivos de la UIA que no salieron a desmentirlo las siguientes medidas para aliviar la pesada carga estatal en la marcha de la economía:
1 Abolir toda medida arancelaria que grave el ingreso de mercancías desde el exterior en tanto aumenta su costo en el mercado interno, en especial los equipos industriales y los bienes intermedios que se utilizan para ensamblar productos terminados del sector manufacturero. De este modo, bajaría el costo de la producción interna y se favorecerían los consumidores locales, ya sea de productos intermedios, bienes de capital o bienes de consumo final. Al cesar esta intervención estatal distorsionante serían desplazadas del mercado las empresas argentinas ineficientes, con el consiguiente impulso al funcionamiento libre del mercado
2 Dejar sin efecto todas las medidas antidumping que se adoptan para prevenir invasión de bienes competitivos desde el exterior que impiden gozar de los mismos, y que se podrían obtener a más bajo costo. Las decisiones del Estado, de carácter proteccionista para la industria nacional, se deberían dejar sin efecto, con lo que se restablecería la plena libertad de importar como en la década de los ‘90, descartándose la intolerable intervención estatal en el mercado.
3 Eliminar todos los subsidios a las tasas de interés que el Estado ofrece para créditos de promoción de la inversión de equipos de producción dirigidas hacia las Pymes. De este modo cesaría un factor de distorsión y perturbación del pleno funcionamiento del mercado financiero, donde el Estado no tiene por qué inmiscuirse.
4 Eliminar el Repro, que el año pasado posibilitó que el Estado ofreciese a los privados una parte de las remuneraciones del personal que las empresas debían suspender por menor demanda y que impidió la cesantía de decenas de miles de trabajadores. El Estado no debe intervenir en estos asuntos y la contratación de los trabajadores y sus salarios es cuestión exclusiva de los dueños de las compañías.
5 Cerrar los fondos de la Anses para toda operación de financiamiento empresarial, como el crédito otorgado a la empresa General Motors y muchos otros más, que permitieron que tales firmas no despidiesen trabajadores y siguiesen avanzando con sus programas de inversión y/o manufactura de sus productos. La Anses sólo se debe ocupar de cobrar los aportes jubilatorios y pagar los beneficios del sistema previsional. Toda otra gestión invade la actividad privada y la condena al ahogo.
6 Restablecer los aportes patronales por ley al sistema previsional para resguardar la seguridad jurídica que está lesionada por la intervención del Estado, que rebajó los valores de dichos aportes en la era Cavallo. El Estado no debe modificar los citados aportes, por cuanto ello supone invalidar normas que ya han sido consagradas por la legislación y modificarlas altera el cálculo de los costos empresariales, crea inquietud sobre la seguridad jurídica y distorsiona los precios relativos de los bienes que se producen entre los que se elaboran internamente y los que podrían importar a más bajo costo.
7 Dejar sin efecto la ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo. dado que este instrumento es altamente intervencionista y obliga a los empresarios a convenir remuneraciones con los trabajadores de forma tal que el Estado impone mecanismos de negociación que traban la libre voluntad de los dueños de las empresas. Cada empresario debe convenir individualmente las condiciones de trabajo con sus empleados sin que el Estado deba intervenir arbitrariamente, limitando la libertad de los agentes económicos privados.
8 Cesar toda intervención del Banco Central para impedir la revaluación de la moneda en relación con el dólar, interrumpiendo su política de compra de divisas externas y permitiendo que la relación cambiaria flote libremente. Frente a la indudable revaluación del peso, no actuar de ningún modo, lo que posibilitaría un precio de relación peso/dólar de equilibrio en el mercado, sin interferencias.
Esta lista podría ampliarse de manera significativa. Nos permitiría volver a los ‘90 o a la época de la dictadura militar, cuando la aplicación de medidas similares posibilitó un singular daño al tejido social y a la calidad de vida de la mayoría de la población, con el pretexto de que la intervención estatal ahogaba la iniciativa privada y se constituía en un proceso “contra natura” que era preciso desterrar.
Sobre la eventual consecuencia de las medidas propuestas para impedir que las empresas se ahoguen, haciendo un buen ejercicio de las respectivas capacidades de razonamiento, se puede sin esfuerzo reconocer el impacto regresivo para las empresas y para la mayoría de los habitantes del país que causaría una medida como la aconsejada por Nicholson
• Investigador principal del Conicet. Miembro fundador del Plan Fénix.
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Costos y beneficios
Las naciones que se desarrollaron se vincularon al orden global manteniendo el comando de su destino y la capacidad de organizar sus propios recursos. Fijaron normas estrictas a la inversión extranjera
Por Diego Rubinzal
El Estado-Nación fue un actor central en la organización económica mundial durante buena parte del siglo XX. El ascenso del neoliberalismo como paradigma dominante desdibujó ese rol estatal, profundizando las instancias de coordinación y/o regulación económica supranacional. El vaciamiento estatal que supuso el proceso de liberalización económica fue afrontado con diferentes estrategias nacionales. Como enseña Aldo Ferrer, los mejores resultados fueron obtenidos por aquellas naciones que se vincularon estrechamente con el orden global manteniendo el comando de su destino y la capacidad de organizar sus propios recursos. Eso implica el diseño de una estrategia que involucra la planificación de áreas sensibles. Entre ellas, el tratamiento a las inversiones extranjeras.
Durante la década del ’90, el gobierno firmó cincuenta y cinco Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) con otras tantas naciones. La sobreactuación argentina para seducir a las inversiones extranjeras contrastó fuertemente con la conducta de su vecino brasileño. Este apenas firmó un poco más de una docena de TBI y, además, ninguno de ellos entró en vigencia.
Los TBI brindan una serie de garantías al capital extranjero: trato no discriminatorio en relación con los inversores nacionales; libre disposición y remisión de utilidades; libre repatriación de capitales; renuncia gubernamental a la posibilidad de establecer limitaciones al desempeño productivo (por ejemplo: exigir un mínimo de proveedores locales), indemnización por pérdidas producidas por conflicto armado, emergencia nacional o desastre natural; limitaciones a las expropiaciones; habilitación para recurrir a tribunales arbitrales internacionales en el caso de diferendos. Además, los acuerdos suscriptos por la Argentina incorporaron la cláusula de la nación más favorecida. Es decir, la suscripción de nuevos TBI con beneficios adicionales (con respecto a los ya existentes) implicaba la extensión automática de esos privilegios a todos los TBI.
En teoría esos tratados aseguraban la promoción de las inversiones recíprocas, cuestión que no se ha cumplido en relación con capitales argentinos en otros países, por caso Estados Unidos. Los Tratados firmados por la Argentina tienen una vigencia de diez años. Vencido ese plazo, las partes contratantes pueden denunciar por vía diplomática su caducidad. Pero los beneficios amparados por el TBI no se extinguen con esa mera denuncia. La mayoría de los tratados establece que las inversiones conservarán sus privilegios hasta diez o quince años posteriores a esa denuncia. Actualmente, la totalidad de los TBI (con excepción de los suscriptos con Argelia y Tailandia, que vencen durante este año) tienen más de 10 años de vigencia. Por eso, el Gobierno está en condiciones de denunciar su caducidad. En ese sentido, los diputados del bloque Nuevo Encuentro presentaron un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo que los denuncie.
Ese puede resultar el primer paso para el diseño de un esquema regulatorio del capital extranjero funcional a las necesidades nacionales.
Eso no significa “aislarse del mundo”, sino aprender de las prácticas implementadas por aquellos países que se insertaron eficazmente en este convulsionado orden económico mundial. Como sostiene Aldo Ferrer, “los estudios comparativos sobre la incorporación de la inversión extranjera en países de América latina y en algunos de Asia revelan muy claramente la diferencia de postura entre estas naciones. En el caso de los países asiáticos exitosos, la incorporación de la inversión fue utilizada no para comprar cosas que ya existían en esos países, sino para ampliar capacidad productiva, para acceder a terceros mercados, incorporar tecnología, integrarse al tejido productivo. Nosotros no hicimos esto. Tuvimos más bien una política de puertas abiertas indiscriminadas que nos ha llevado a una situación en la cual la inversión extranjera, en vez de prestar la colaboración y la contribución sustantiva que puede hacer énfasis en otras circunstancias, termina configurándose en sí misma en un problema hasta llegar a niveles de desnacionalización del sistema económico realmente notables”
Fuente: Página 12: 21/7/10