El estado de confianza
Una pregunta que se hace frecuentemente la Vicepresidenta Cristina Fernández es por qué durante sus años de gobierno los empresarios embestían contra su política si ganaban mucho dinero por aquéllas épocas. Frente a la dramática pandemia, el Presidente Alberto Fernández les dice hoy a esos grandes empresarios que es el momento de ganar menos que en épocas de normalidad. También se encontró con su rechazo, mediante procederes que confrontan con su política.
Durante los últimos doce años de gobierno nacional y popular, esos empresarios comenzaron a oponerse a las políticas de gobierno. Fue un período donde el empleo había aumentado considerablemente, cayendo la tasa de desocupación de niveles superiores al 20% a otros menores al 7. Ese éxito de la política económica había conducido a una mejora en la distribución del ingreso, producto de un crecimiento salarial, del fortalecimiento sindical y de las condiciones de negociación que brinda una economía con altos niveles de ocupación. Durante ese período del kirchnerismo en el gobierno, el crecimiento de la actividad económica y del empleo tuvo uno de sus pilares en el aumento del gasto público.
El economista Michal Kalecki sostiene en Aspectos políticos del pleno empleo que las razones de la oposición de los “líderes industriales” al pleno empleo obtenido mediante el gasto gubernamental pueden subdividirse en tres categorías:
- la resistencia a la interferencia gubernamental en el problema del empleo como tal;
- la resistencia a la dirección del gasto gubernamental (inversión pública y subsidio al consumo), y
- resistencia a los cambios sociales y políticos resultantes del mantenimiento del pleno empleo.
Son los motivos por las que grandes empresarios miran desconfiadamente y resisten la intervención estatal en la economía. Kalecki dice que las empresas «observan con suspicacia toda ampliación de la actividad estatal, pero la creación de empleo mediante el gasto gubernamental tiene un aspecto especial que hace particularmente intensa la oposición. Bajo un sistema de laissez faire, el nivel del empleo depende en gran medida del llamado estado de la confianza. Si tal estado se deteriora, la inversión privada declina, lo que se traduce en una baja de la producción y el empleo (directamente y a través del efecto secundario de la reducción del ingreso sobre el consumo y la inversión). Esto da a los capitalistas un poderoso control indirecto sobre la política gubernamental; todo lo que pueda sacudir el estado de la confianza debe evitarse cuidadosamente, porque causaría una crisis económica. Pero en cuanto el gobierno aprenda el truco de aumentar el empleo mediante sus propias compras, este poderoso instrumento de control perderá su eficacia. Por lo tanto, los déficits presupuestarios necesarios para realizar la intervención gubernamental deben considerarse peligrosos.
La función social de la doctrina del “financiamiento sano” es hacer el nivel del empleo dependiente del estado de la confianza. Esta ajustada reflexión del intelectual polaco atiende las preguntas y vivencias de Cristina y Alberto Fernández. La intervención estatal le quita el control del poder gubernamental al empresariado concentrado, es por eso que se oponen a ella. El apoyo del poder económico concentrado a las políticas de disciplinamiento fiscal tiene el mismo objetivo: amputarle una herramienta de poder político a los gobiernos electos por el pueblo. Así, el combate al déficit fiscal, responsabilizándolo de la inflación, persigue el objetivo de sustraerle al gobierno su capacidad de generar empleo y crecimiento. Kalecki avanza aún más en esta línea de razonamiento, asignándole a la resistencia empresaria más intensidad cuando el dinero gastado por el Estado se dirige a la inversión pública o al subsidio del consumo masivo. Respecto de la primera, observa que los dueños del mercado perciben “el peligro de que el gobierno se vea tentado eventualmente… a nacionalizar el transporte o los servicios públicos para ganar una esfera nueva donde realizar su inversión”.
De presiones y corporaciones
“La intervención y proyecto de expropiación de Vicentin SAIC por parte del Gobierno Nacional es una señal contraria a la necesidad de recrear la confianza en la Argentina. La confianza es imprescindible para promover la inversión privada, sin la que no será posible reactivar la economía y generar empleos formales”, declama el Foro de Convergencia Empresarial. Taxativamente, aparece la idea del estado de confianza, típica del liberalismo y su peor versión neo, como razón de su oposición a la estatización del grupo empresario. No importan las irregularidades en el marco de las cuales se endeudó con la banca pública, ni la venta de acciones de una de sus principales compañías hecha unos días antes de declarar su cesación de pagos, ni la sospecha de triangulaciones, fuga de capitales y lavado por las que la UIF pidió su inclusión como querellante en la investigación penal que la empresa mereció. Ni tampoco la situación de los productores y proveedores que quedaron sin cobrar, ni el perjuicio al Banco Nación, ni la necesaria explicación sobre la irrazonable reversión de una situación de expansión y prosperidad a otra de insolvencia. Lo que le quita el sueño al empresariado concentrado es que el Estado intervenga en la economía.
Otro agrupamiento de los conglomerados más poderosos del país se refiere en términos aún más graves y detallados. La AEA sostiene que “la estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina”. Más claro, echarle agua. Abogan porque el Estado prescinda de cualquier actividad empresaria, con una mención específica al comercio exterior, el ámbito de la economía de donde provienen y se gastan las divisas que son el insumo clave para el desenvolvimiento del proceso económico. Se confirma la apreciación de Kalecki, los grandes empresarios prefieren ganar menos si eso significa la corrosión del poder político de los gobiernos democráticos. Así es, el liberalismo económico y su versión neo y extrema no aceptan la potestad del poder popular para disciplinar y organizar la vida económica. Por el contrario, mediante la prédica del estado de confianza invierten los papeles y se proponen disciplinar a la sociedad y al mismo Estado.
Esos grupos empresarios tienen sus intelectuales orgánicos, que comulgan con sus ideas y acompañan sus modos de presionar. El editorialista estrella del diario liberal-conservador La Nación ha emprendido un ataque al gobierno que se vale de la tergiversación conceptual e incluye la inadecuación intencional del lenguaje: cuando recurre al término confiscación sustituye al de expropiación como si fueran sinónimos, siendo que la Constitución argentina no admite la primera y sí la segunda. En un artículo posterior, avanza en cuestionar y amalgamar en una sola crítica tanto las decisiones sobre Vicentin, como el no avenimiento a las exigencias de los acreedores externos y la amenaza de Latam de dejar de operar en Argentina. El orador de Odisea argentina afirma que “en rigor, es una expulsión. Latam sufre la crisis universal de todas las compañías aéreas, lo que la obligó a reestructurar su esquema salarial en los países donde opera. Pudo hacerlo en Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Pero no en la Argentina, por negativa de los sindicatos, que son los de Aerolíneas Argentinas”. El juego del lenguaje le sirve para distorsionar hechos, califica como razonables una serie de países que han desplegado políticas neoliberales, mientras apunta que la existencia de sindicatos fuertes que impiden el retrocesos sobre los derechos laborales de sus afiliados es la razón para que las empresas abandonen el país, mientras a esa decisión empresaria de irse por no aceptar el régimen laboral argentino, la convierte en expulsión.
En la misma nota critica la actitud del ministro Guzmán de limitar las concesiones a los acreedores. Para los neoliberales, empresarios o intelectuales, la solución al tema del endeudamiento parece ser el avenimiento a las condiciones impuestas por grandes fondos del capital financiero especulativo internacional. No entienden lo que es una negociación. El maestro Aldo Ferrer tenía la vocación de reiterar que cuando un país se dispone a negociar su deuda con voluntad y firmeza, debe bregar por alcanzar un acuerdo pero siempre existe la alternativa de no alcanzarlo, porque si no existiera la opción de no acordar la negociación dejaría de ser tal para convertirse en subordinación. Así ocurrió cuando el vergonzoso acuerdo con los Buitres. La esencia de una negociación está en la posibilidad de considerar como inaceptables determinadas condiciones que se le quieren imponer al país.
¿Quién dirige?
También en el mismo diario, el consultor-editorialista Berensztein opina en una nota escrita en un tono agresivo de campaña antigubernamental que “no tiene asidero que la expropiación de Vicentin permita mejorar la regulación de la industria, evitar los supuestos excesos de otros jugadores o ayudar a los pequeños productores: se trata de una incongruente manera de intervenir en el sector más competitivo del país como lo es la cadena agroindustrial. Esta decisión podría disparar nuevos mecanismos dirigistas y autoritarios para controlar el mercado de alimentos”. Justamente la expropiación de Vicentin tiene asidero porque permitiría la intervención regulatoria sobre la exportación de granos, con un rol de empresa testigo y la capacidad de defender a los productores. Una empresa pública en el sector podría recuperar la transparencia y combatir prácticas de precios de transferencia, triangulaciones y de desestabilización de la política cambiaria del gobierno. El objetivo central de la misma no sería la rentabilidad privada, sino la utilidad pública con dinámicas que protejan a los productores, al consumo popular, y con una política expansiva dirigida a ocupar un espacio en el sector que garantice la posibilidad el cumplimiento de sus metas. La empresa podría ser estatal o mixta, incluyendo cooperativas y productores, a condición de que su forma societaria garantice la centralidad de los objetivos reguladores y no la obtención de ganancias. Ese sector exportador requiere de la presencia de una empresa de esas características.
Es absolutamente cierto que una participación más activa del Estado en la vida económica implicará el sostenimiento de un nivel importante del gasto público. Una política de este tipo se condice con alcanzar un régimen permanente de pleno empleo. El estado de confianza y la política de pleno empleo son antagónicos. El primero requiere de un predominio del capital sobre el trabajo, que tiene como instrumento clave un nivel de desocupación que atemorice y desestimule la disputa sindical. El proyecto político que pregona el neoliberalismo, de una economía de exclusividad privada, tiene el objetivo de expulsar la vida económica de la decisión democrática. Esta es la razón fundamental del pronunciamiento corporativo de los grupos económicos contra la estatización de Vicentin. La cuestión tiene una centralidad política fundamental. El poder económico concentrado resiste la intervención del Estado en la economía porque pretende impedir el despliegue de un programa de gobierno que modifique las condiciones de vida y las relaciones entre sectores sociales en el país. Los neoliberales y el poder concentrado convirtieron la disputa por la cuestión Vicentin en un caso líder. Desafían al artículo 17 de la Constitución Nacional. No están dispuestos a aceptar ninguna expropiación. Naturalizan la herencia de la valorización financiera y las privatizaciones.
La inconstitucional pretensión de ilegalizar de hecho las expropiaciones es impositiva de la idea de derecho de propiedad sin límite. Arrogarse la exclusividad de dirección, el control y la conducción de las empresas, no es otra cosa que darle al actual diseño de país el carácter de estado de naturaleza sin posibilidad de cambio alguno. Predomina en ellos la obsesión de que la salida de la pandemia no altere las condiciones de reproducción del capitalismo de la financiarización, generador de desigualdad, que desplegaron la dictadura, los ’90 y el gobierno de Macri.
La condición humana requiere el reconocimiento del otro, que significa poner en primer lugar la vida. La propia y la del otro. Ese reconocimiento implica un límite. El derecho de propiedad no puede ir contra la vida misma. El derecho de propiedad, entonces, tiene un límite. El reclamo por abrir la actividad económica en plena pandemia para garantizar ganancias es desconocer el derecho a la vida de los semejantes. El derecho de propiedad tampoco puede preceder al ejercicio de autonomía y de autogobierno de un pueblo. El derecho de propiedad, si no es limitado, si no se construye socialmente, si se lo concibe previo a la organización social, es un autoritarismo de clase. En cambio la expropiación por utilidad pública constituye una garantía para proteger el bien común. La dirección de la economía por parte del gobierno es democratización de la vida social.
Si la Argentina puede encarar un proyecto de pleno empleo de carácter estructural, de sustancial mejora de la distribución del ingreso y de abandono de un consumismo desenfrenado, desarrollando nuevas instituciones sociales y políticas, podrá incorporar una reforma fundamental. Si en cambio persiste una dinámica de financiarización, concentración y extranjerización de la economía, la pobreza social, económica, cultural y espiritual reinará sobre la vida del país. Esta contradicción se juega en el presente, porque la oligarquía diversificada y el capital financiero radicalizaron su conducta para impedir que el Frente de Todos gobierne con la política para la que fue votado.
Eduardo Dvorkin: Las características que definen el modelo neoliberal son la hegemonía del sector financiero y del libre comercio. En los países de alta industrialización esto ha significado un desplazamiento de procesos industriales mano de obra intensivos a países de bajo costo laboral pero no ha significado ni remotamente una destrucción de sus bases industriales; tanto es así que hoy ya se están embarcando en un retorno de las industrias desde el exterior, lo que llaman reshoring. Más aún, los países de alta industrialización cuidan de mantenerse a la vanguardia en la creación de nuevos conocimientos científicos y en el uso de los mismos para desarrollar aplicaciones tecnológicas porque siguen basando su predominio en este control de la CyT. Es paradigmática la frase impresa en cada IPhone “Designed by Apple in California. Assembled in China”.
En nuestra versión “periférica” del neoliberalismo, a la preponderancia del sector financiero y de los exportadores de granos, se suma la destrucción de la industria, del empleo y por ende del mercado interno, la destrucción de nuestras posibilidades de desarrollo autónomo de conocimientos científicos y la cancelación de los procesos de desarrollo tecnológico autónomo. Un claro ejemplo de esto último fue la liquidación del desarrollo de los satélites geoestacionarios Arsat; cuando en el futuro gobierno continuemos con el diseño y construcción nacional de satélites geoestacionarios, según establece la Ley 27.208, pasaremos finalmente de ser un país que en algún momento desarrolló y construyó dos satélites geoestacionarios a ser un país con una industria satelital consolidada y competitiva.
Hay una paradoja interesante: en los casos de Estados Unidos y Alemania, es bastante evidente que el fuerte rol del estado sobre el desarrollo tecnológico se basa en argumentos pragmáticos más que en argumentos ideológicos; lograr el liderazgo mundial en tecnología es parte de los objetivos nacionales de esos países, incluso al precio de contradecir flagrantemente la ideología neoliberal hegemónica. En el caso de Japón, el estado asume abiertamente el papel principal en el proceso de desarrollo tecnológico y fomenta, a través del MITI, una cooperación muy estrecha entre la industria, la universidad y el estado.
China es una sociedad donde se ha impuesto una combinación muy exitosa de centralismo socialista y empresa capitalista, en la planificación china del desarrollo tecnológico el rol del estado es fundamental. En los países altamente industrializados, como Estados Unidos, Alemania, Japón y China, los procesos de desarrollo tecnológico son impulsados y dirigidos por el estado. Los libros y artículos de Mariana Mazzucato desarrollan este tema en profundidad. En nuestro país Cambiemos sigue haciendo sus mayores esfuerzos para achicar el estado y su rol en la economía: ¿son ignorantes o su negocio no es precisamente el progreso argentino?
APU: Este neoliberalismo periférico ¿en qué formas es condicionante de un desarrollo soberano, en particular en Ciencia y Tecnología (CyT)?
ED: Es necesario insistir en que lo hecho por Cambiemos en contra del sistema científico – tecnológico argentino es totalmente coherente con el modelo de país en el que se referencian. Una vez más podemos validar que, como observaban Oscar Varsavsky, Amílcar Herrera y otros pensadores, el modelo de país condiciona el estilo científico – tecnológico; no se trata de una especulación intelectual sino de un hecho que, lamentablemente, en nuestro país hemos podido validar experimentalmente (ver al respecto mis artículos en Página 12 del 27/11/2015 y del 8/12/2016).
APU: ¿Puede compararse el gobierno de Cambiemos con algún otro gobierno argentino, en cuanto a los efectos en el área de CyT?
ED: Hasta el 2003, en nuestro país, el sentido común dominante establecía que un científico debía ser o bien mantenido por parientes y/o mecenas o bien ser una especie de monje de clausura sin necesidades materiales. Su trabajo no era relevante para el país y la exigencia para ser reconocidos internamente era tener reconocimientos internacionales. Así, Argentina tuvo grandes científicos, pero no tuvo un sistema científico que le sirviese al desarrollo nacional.
Antes del 2003, con la excepción de las presidencias de Perón, se consideraba que en nuestro país la dependencia tecnológica era la contraparte ineludible, y hasta deseable, de las ventajas comparativas del agro. En el 2003 todo cambió; como alguna vez dijo Daniel Filmus, los gobiernos de Néstor y Cristina no apoyaron la Ciencia sino que se apoyaron en la Ciencia para avanzar en el desarrollo inclusivo del país. En lo que hace al desarrollo autónomo de tecnología se retomó el camino del período (1945-1955).
Es impactante el contraste al comparar las políticas liquidacionistas que en CyT despliega Cambiemos con las políticas kirchneristas – peronistas en el área. Pero, incluso al comparar con las políticas del período (1955-2003) Cambiemos logra el premio a la política que históricamente fue más destructiva de la Ciencia y la Tecnología. Es decir, algunos gobiernos no construyeron base científico- tecnológica, pero Cambiemos fue más lejos y comenzó un proceso acelerado de destrucción de lo existente.
APU: ¿Cuáles son las medidas concretas, de minuto cero, que hay que tomar para revertir la situación en el sector de CyT?
ED: Nuestro futuro gobierno además de reconstruir el MinCyT centrado en el desarrollo científico, tarea imprescindible, podría establecer un organismo transversal a los ministerios para coordinar los estilos tecnológicos de todos ellos y llevar adelante los grandes proyectos tecnológicos nacionales. Este proyecto en su momento lo presentó en el Congreso el diputado Wado de Pedro. Se deberán consensuar el número de vacantes para ingresantes a la carrera de investigador científico de CONICET en el período 2020 – 2023 y su distribución por áreas de conocimiento y regiones geográficas. Establecer convenios con las universidades nacionales, con los organismos científicos y tecnológicos del estado argentino (CNEA, CoNAE, INTI, INTA, etc.) y con los organismos científicos y tecnológicos provinciales para asegurar que los nuevos doctores, encuentren un trabajo que les permita aportar al proceso de desarrollo inclusivo.
Se deberán revisar las remuneraciones del sector científico y de los docentes universitarios para que vuelvan a ser trabajos que permitan una vida decorosa y vuelvan a resultar atractivos para que los jóvenes científicos no emigren. Se deberá implementar un plan de equipamiento que, con la velocidad que permitan los fondos disponibles después del desastre neoliberal, retome la incorporación de nuevos equipamientos para el desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas.
APU: ¿Y cuáles son las medidas de mediano y largo plazo que deberán tomarse?
ED: En el campo del desarrollo tecnológico autónomo es urgente poner en funcionamiento los grandes proyectos nacionales como:
• Vaca Muerta y no solamente por el lado extractivo sino poniendo en marcha una cadena de PyMEs productoras y prestadoras de servicios tecnológicos aguas arriba y aguas abajo con la dirección y articulación de YTEC;
• desarrollo de la industria aeroespacial con la dirección y articulación de INVAP;
• desarrollo de la industria nuclear para aplicaciones médicas y generación de electricidad que bajo la dirección de la CNEA priorice en sus proyectos la participación de la industria argentina;
• desarrollo de baterías de litio y
• el fundamental proyecto de producción pública de medicamentos y vacunas.
En todos los casos deberemos poner en funcionamiento redes que, con centro en empresas públicas de tecnología, incorporen PyMEs e institutos del sistema nacional de ciencia y tecnología; INVAP ha desarrollado una importante experiencia en la formación de redes de este tipo, que en definitiva constituyen la puesta en acto del triángulo de Sábato. Es también urgente organizar desde el estado el apoyo tecnológico a las PyMEs proveedoras de empresas multinacionales para que escalen en sus respectivas cadenas de valor. Un tema importante y muy difícil, deberá ser la compatibilización entre el sistema científico y el universitario; tarea imprescindible si las hay.
APU: ¿No teme un ataque como el que recibió Horacio González? En el artículo mencionado y en esta entrevista usted reivindica a Amílcar Herrera u Oscar Varsavsky, por ejemplo, pensadores ligados a un ideario surgido en los 60/70…
ED: Cualquier comparación con Horacio, si bien infla mi ego, la debo considerar un elogio inmerecido… no me puedo ni acercar a la altura intelectual de Horacio… ¡un verdadero gigante! Respecto de lo que pasó en nuestro país en los ’60 – ’70, debemos reconocer que la historia argentina, por lo menos hasta el ’83 y con un intervalo largo en ’45 – ’55 y otro intervalo de pocos días en el ’73, es una crónica siniestra del uso del poder de fuego de fuerzas armadas, fuerzas de seguridad y bandas paramilitares o parapoliciales para imponerle al pueblo argentino, a sangre y a fuego, la “miseria planificada” usando la denominación de Rodolfo Walsh. Así llegamos a los ’60 – ’70, con todos los caminos democráticos obturados nuestra generación decide levantar frente a la injusticia y la dependencia la bandera de una Patria igualitaria y soberana. Los jóvenes de nuestra generación se negaron a dejar de soñar, muchos de ellos aún al precio de sus vidas.
Los eternos tinterillos, empleados de la Argentina injusta y dependiente, que trabajan para naturalizar la miseria popular se ofenden con Horacio ¿cómo se atreve a no condenar sumariamente a los jóvenes revolucionarios ante el tribunal de la historia? ¿Qué hace, trata de incorporarlos a nuestra historia con sus virtudes y sus defectos? Desde el ’83 el poder de fuego del estado ha estado más controlado aunque no totalmente controlado; sin embargo el pueblo argentino tiene abiertas vías no-violentas para expresar su masivo repudio al empobrecimiento, a la dependencia y a la represión.
Pero Horacio también ha enardecido a los tinterillos opinando sobre el futuro rol político de Cristina como vicepresidenta. ¿Realmente, alguien que no sea un extraterrestre o un pichón de country, puede imaginar que Cristina ya sea como vicepresidenta, como senadora o como ciudadana no siga siendo la figura central de la política argentina? Respecto de los intelectuales que en los ’60 – ’70 construyeron las bases del pensamiento latinoamericano en la relación ciencia, tecnología y sociedad, no podemos dejar de estudiarlos y analizarlos críticamente si trabajamos por desarrollar una nueva realidad en la que la CyT sean realmente una cuestión prioritaria para nuestra sociedad, una cuestión demasiado importante para el país y para el pueblo como para preocupar solamente a los científicos y tecnólogos.
APU: El desarrollo tecnológico ¿es necesariamente contradictorio con la preservación del ambiente?
ED: La protección del ambiente es, ni más ni menos, la protección de la salud y de la vida de los que habitamos nuestro país; sobre todo la salud y la vida de los más pobres; porque, como dijo el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, los problemas ambientales los originan los ricos y los sufren los pobres que son los que generalmente deben vivir en las zonas afectadas. De lo que se trata no es de elegir entre desarrollo tecnológico o ambiente protegido, de lo que se trata es de tener ambas cosas a la vez y para esto el rol del estado es central.
Los cultivos transgénicos constituyen una fuente de ingresos a los que el país no puede renunciar; pero, es el estado el que debe obligar a no fumigar cerca de áreas pobladas y a que los trabajadores que manejan la fumigación estén debidamente protegidos; es el estado el que debe obligar a una correcta disposición de los envases usados de glifosato. El estado en su función de regulación y vigilancia. En el sistema capitalista las empresas no le ponen límites voluntarios a su permanente búsqueda de aumento de sus tasas de ganancia, debe haber un estado presente y fuerte.
En temas de minería y fracking podemos decir algo similar y aún más, sin la centralidad del estado no tendremos ni desarrollo tecnológico ni ambiente protegido… solamente extractivismo que usando equipos importados y procesando lo extraído en el exterior nos dejará a nosotros solamente el daño al ambiente y a la población. No debemos renunciar a proteger nuestra salud y nuestra vida para desarrollarnos ni dejar de desarrollarnos para proteger la salud y la vida. Debemos compatibilizar, vía el estado, ambos objetivos.
APU: Por último, cómo debe articularse la CyT en un proyecto nacional/popular para que no sea un mero instrumento de dinamismo económico (como algunas líneas plantean) y sea una apropiación cultural-social, muy en particular de los sectores populares.
ED: Cuando hablamos de desarrollo inclusivo no hablamos de un mero aumento del PBI para un posterior derrame que sabemos bien que nunca llega; cuando hablamos de desarrollo inclusivo estamos hablando de que coetáneamente aumenten el PBI y el nivel de igualdad. Las estadísticas que presenta Piketty en su libro son claras, en los países de alto desarrollo industrial crecen simultáneamente el PBI y los niveles de inequidad; nuestro gran desafío es tomar el camino alternativo, que es el que llamamos desarrollo inclusivo.
Este no es un problema que se pueda resolver desde la CyT… es un problema político y es un problema cultural. El desarrollo científico – tecnológico es imprescindible, pero por si solo no garantiza nada, debemos estar dispuestos a dar ambas batallas: la política y la cultural.
La decisión de no vender productos provenientes de las explotaciones agropecuarias por parte de quienes fungen como dueños de las mismas vuelve a poner sobre el tapete la legitimidad de los reclamos aducidos por las cabezas de las cuatro entidades de la Comisión de Enlace, que ya nos tiene acostumbrados a este tipo de medidas
Por:
Alejandro Rofman
Tales reclamos consisten, básicamente, en el cese de las retenciones sobre la renta diferencial de la tierra y, secundariamente, en supuestas interferencias del Estado en la gestión de los productores. Estas medidas no se condicen con datos reales dado que las publicaciones especializadas cercanas a tales agremiaciones empresariales siguen indicando importantes márgenes de beneficios para los cultivos y la cría de animales. Además, las supuestas interferencias no son los subsidios estatales para combustibles, para tasas de intereses de los créditos promocionales, etc. (que no se solicita sean eliminados) sino aquellos que tienen que ver con la regulación de los mercados que se practican en todos los países del mundo, aun aquellos más devotos del libre mercado. En estos países, dado lo estratégico que supone para una sociedad controlar la producción para alimentar a la población. Existen normas de todo tipo –a favor y en contra de los negocios privados– que todos respetan.
La porfía tiene un fuerte contenido electoralista (varios de los que las encabezan aspiran a postulaciones a cargos electivos). Y rechazos internos, con desafiliaciones notorias recientes como SANCOR de CONINAGRO
La renta diferencial de la tierra y el alza fenomenal de los precios de los predios indican una tendencia de la rentabilidad muy diferente a la aducida por los gremialistas empresariales. Entonces, deben rechazarse estas maniobras (los quejosos más bien responden a las aspiraciones de los grupos financieros que arriendan campos) y profundizar políticas en defensa de la agricultura familiar, que nos provee cotidianamente de alimentos para la subsistencia.
Panel nro. 14: Política Agraria, Los nuevos desafíos –
En Centro Cultural Universitario, Irigoyen 662.
Expositor: Ing. Agr. Juan Carlos Pavoni, Presidente de ALTERAGRO Asoc. Civil
RESUMEN
Hablar del Pensamiento nacional en lo agropecuario del siglo XXI obliga a incursionar en una actualización del Pensamiento Estratégico que sustente el Crecimiento y Desarrollo de lo agropecuario argentino y hacerlo desde una concepción económica y social que reconozca lo nacional como esencia de su identidad política. El eje de la visión estratégica no puede entonces ser otro que, el hombre y la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales. Si el análisis histórico nos señala que el siglo XX constituyó el del quiebre del poder colonial y la resistencia al poder imperial, el presente debería concentrarse en la construcción de modelos alternativos que, basados en la fuerza de lo cultural, logren articular sistemas productivos que preserven una razonable eficiencia económica, con la mayor sustentabilidad social. La aplicación de recetas generadas en las usinas del pensamiento estratégico de los centros del poder académico, político, económico y financiero mundial, reproducidas aquí por sus voceros del orden establecido de los agronegocios, no pueden resultar más que en una nueva catástrofe para nuestro pueblo, como aquella que nos produjeron las impuestas en nuestra historia reciente por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Resulta esencial considerar que, como consecuencia del estrepitoso fracaso de las políticas macroeconómicas neoliberales de los noventa y del ascenso reciente de nuevos movimientos político-sociales en gran parte de Latinoamérica, es factible pensar en la revalorización de formas de la acción y el pensamiento político que habían sido vilipendiadas por el anterior poder político dominante. Desde allí surge con fuerza la idea de consolidar una visión integradora entre (1) el poder regulador y arbitral del estado, (2) la fuerza creadora de los movimientos sociales y sus organizaciones, (3) la iniciativa de los individuos y (4) la dinámica del mercado. Las acciones políticas concretas deberían emerger de Grupos de Trabajo organizados desde una Mesa de Consenso que formule, (1) una nueva ley tributaria agraria inspirada en la capacidad productiva potencial de la tierra, (2) la reformulación de las retenciones para que sirvan a un objetivo de promoción de determinados rubros productivos de interés nacional y a su vez como herramienta de redistribución intrasectorial que considere las diferencias de escala de producción, (3) nueva ley de tenencia y uso de la tierra que introduzca nuevas figuras para la propiedad de la misma e innove en aquellas del arrendamiento y la aparcería rural y (4) definición de los alcances estratégicos que debería tener la investigación y desarrollo de la transgénica, enfocada al crecimiento y desarrollo de la producción agropecuaria, sus objetivos, prioridades y límites.
CONTENIDO
El título que nos convoca, nos invita a incursionar en una actualización al siglo XXI del Pensamiento Estratégico que sustenta el CRECIMIENTO Y DESARROLLO de lo agropecuario argentino y hacerlo, desde una concepción económica y social, que reconoce lo nacional como esencia de su identidad política. En otras palabras HABLEMOS DEL PENSAMIENTO NACIONAL EN LO AGROPECUARIO DEL SIGLO XXI.
Partiendo de que Crecimiento refiere a lo cuantitativo y Desarrollo a lo cualitativo, deberíamos concentrarnos tanto en el pensamiento de lo productivo como en la salvaguarda de lo social, estableciendo como inalienable que, el centro de toda la estrategia es el hombre y la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales.
El sostenido avance de la producción agraria Argentina ya no es un fenómeno explicado solamente por la excelencia de sus recursos naturales, sino el producto de una sofisticación tecnológica en pocas partes igualada, aunque no obstante ello, quede sin explicación –por ejemplo- su coexistencia con la desnutrición infantil.
Digno es reconocer que el desarrollo capitalista a nivel mundial, sin la exclusión nacional –con la lógica excepción del Peronismo entre el 45 y el 55- lejos de considerar al hombre como el eje de la cuestión económica, puso el énfasis en el capital –o en todo caso en el hombre capitalista- otorgándole la mayor fuerza al crecimiento de la riqueza, antes que al desarrollo del bienestar humano.
Si el siglo XIX consolidó los dominios coloniales, el siglo XX fue el del quiebre del Poder Colonial y su reemplazo por el de la expansión Imperial-Capitalista, enancado –durante su etapa temprana- en los millones de muertos producto de las dos guerras mundiales que devastaron la fuerza productiva del capital humano, mientras en su actual etapa tardía, recurriendo al concepto de la globalización de los mercados, se sustenta en el enorme poder de la concentración del capital financiero y en el no menos poderoso atributo de contar con los mayores recursos tecnológicos de la historia de la humanidad. Este ciclo de la economía capitalista mundial, constituye la etapa expansiva por excelencia del sistema, en la cual instala –verborragicamente- el concepto de la sustentabilidad de los sistemas productivos, para simular un intento de corrección de lo que es -a todas luces- el talón de Aquiles de esta etapa.
Si el siglo pasado se instaló en la resistencia al poder imperial, éste debería concentrarse en la construcción de modelos alternativos que basados en la fuerza de lo cultural, logren articular sistemas productivos que preserven una razonable eficiencia económica, con la mayor sustentabilidad social.
Sin duda que dichos modelos, deberían contemplar la convivencia de diferentes tipos de propiedad de los medios de producción, sin excluir a ninguno de ellos e inclusive innovando en las formas asociativas de posible implementación.
Consecuencia del estrepitoso fracaso de las políticas macroeconómicas neoliberales de los noventa y del ascenso reciente de nuevos movimientos político-sociales en gran parte de Latinoamérica, es factible pensar en la revalorización de formas de acción política que habían sido vilipendiadas por el anterior poder político dominante. Así surge con fuerza la idea de consolidar una visión integradora entre el poder regulador y arbitral del estado, la fuerza creadora de los movimientos sociales y sus organizaciones, la iniciativa de los individuos y la dinámica del mercado (considerado éste como conglomerado de organizaciones que expresan un indiscutido poder, derivado de su capacidad económica).
En lo específicamente referido a las políticas agrarias, se debería ejercitar el diseño de las estrategias productivas desde los siguientes enunciados:
ü No debemos quedar atrapados entre las propuestas del modelo concentrador –manejado por los grandes intereses económicos trasnacionales- y aquellas románticas de un ecologismo estéril, ambos incapaces de sustentar propuestas de desarrollo económico, dotadas de condiciones capaces de mejorar la productividad y –en simultaneo- otorgar equidad a la distribución de los resultados.
ü El país requiere de modelos de desarrollo agropecuario, adaptados a las particularidades económicas y sociales regionales y dentro de ellas a las escalas de producciones vigentes y/o deseables. Un modelo alternativo de producción agropecuario, debe basarse en la producción de más y mejores alimentos y asegurar el acceso a los mismos de toda la población, rural y urbana. Esta es la clave de la sustentabilidad económica y social del modelo productivo.
ü El incremento de la producción agropecuaria, no puede realizarse a costa de la degradación de los recursos (humanos, edáficos, genéticos, ambientales, etc.) ni atentando contra la biodiversidad por el uso de sistemas productivos de alto impacto pero gran vulnerabilidad.
ü La bioconservación debe realizarse desde un enfoque racional, que armonice la producción con la productividad, destinada la primera a una población cuantitativa y cualitativamente creciente, que a su vez demanda de la segunda para el logro de una mejor calidad de vida.
ü La decisión estratégica de qué, cuánto, cómo, dónde y cuándo producir, hace a nuestra soberanía política y no debe quedar en manos del mercado –manejado oligopolicamente por los sectores concentrados- sino responder a una elección autónoma y democrática, de un modelo consensuado de desarrollo económico y social.
ü Es absolutamente imprescindible el desarrollo de programas locales de investigación, que determinen la real incidencia sobre la sustentabilidad de la producción, de diferentes modelos alternativos, adecuados a diferentes ambientes, estructuras y escalas de producción.
ü La incorporación de insumos de alto impacto en los modelos productivos (caso transgénicos y agroquímicos), deben contar previamente con investigaciones oficiales nacionales e independientes, acerca de su incidencia inmediata y peligros potenciales, sobre la biodiversidad y la salud de la población. Esto debe lograrse en plazos razonables que balanceen la necesidad de su incorporación con la preservación de la salud de la población y la calidad medioambiental.
ü Las estrategias de investigación y desarrollo de los institutos oficiales, deben responder no a las motivaciones del mercado, sino a las demandas de la sociedad. Para ello debe articularse la participación de sus organizaciones intermedias en las direcciones de los mismos, rompiendo viejos moldes instituidos por el orden establecido, que partiendo de Asociaciones corporativas, representan no los intereses del colectivo social, sino los económicos sectoriales.
ü Ejecutar la revisión y reordenamiento de la legislación que otorga beneficios impositivos a las empresas ligadas a la producción y comercialización de carnes, con el objetivo de beneficiar efectivamente a las empresas que lo necesiten para expandir sus actividades con generación de empleos. Adicionalmente debería contemplarse que dichos beneficios no vayan a parar a las empresas concentradas, sino a aquellas de nivel Pymes y Cooperativas que deberían contar con el apoyo preferencial de un Instituto de Promoción de Asociación de Pymes y Cooperativas en Cadenas de Valor Agregado.
ü Gestionar como de particular interés nacional, el apoyo económico-financiero del estado a la Agricultura Familiar y Campesina y su inserción en el desarrollo de proyectos agroindustriales que apuntalen el crecimiento y desarrollo de las economías regionales.
ü Por último, la utilización de las producciones agropecuarias con destinos diferentes a las de la alimentación humana (específicamente los Biocombustibles en la actualidad), podrá ejecutarse solo bajo regulaciones estrictas que determinen precios diferenciales para los distintos usos, de manera que todos aquellos productos que constituyen “bienes salario” no sufran distorsiones de precios, que incidan sobre el poder adquisitivo de los trabajadores e indirectamente en su participación en la distribución del ingreso.
Desde esta concepción estratégica, la acción concreta debería concentrarse en:
1. Constituir en la órbita del estado una mesa de consenso para encuadrar políticas de estado de coyuntura y estrategias de mediano y largo plazo, de la que participen todos aquellos sectores de la producción, el comercio y el trabajo, que compartan la visión política enunciada en este marco del Pensamiento Nacional.
2. Desde la misma Mesa de Consenso, abocarse a la organización de Grupos de Trabajo en torno a la siguiente agenda:
ü Nueva ley tributaria agraria que establezca un impuesto base, que reconozca el potencial productivo desde la digitalización de la aptitud agrícola del suelo y clima, expresada en un índice de productividad por potrero. Ello conformaría lo que antiguamente se dio en llamar Renta Potencial de la Tierra.
ü Reformulación de las Retenciones a la producción primaria de origen agropecuario, aplicando a las mismas un concepto de herramienta de promoción de determinados rubros productivos de interés nacional, que contemple las diferencias de aptitud económica y valor estratégico de las diferentes producciones y los diferentes cultivo/productos y actúe para corregir los desequilibrios que introducen las leyes del mercado. También como un concepto redistributivo intrasectorial que considere las diferencias de escala de producción. (Cuando se organice la digitalización de la aptitud productiva del clima y suelo de cada potrero y en la totalidad de la tierra agrícola del país, se podrán categorizar las zonas de producción de acuerdo con sus capacidades productivas y considerarlas como variable de corrección de las asimetrías mostradas por las mismas.)
ü Nueva ley de Tenencia y Uso de la Tierra, que introduzca nuevas figuras para la propiedad de la misma (que debería excluir a las sociedades anónimas nacionales y extranjeras, así como las personas físicas extranjeras que no acrediten un mínimo de determinada cantidad de años, de radicación en el país). De igual manera se debería innovar en las figuras del arrendamiento y la aparcería, que deberían excluir el contrato accidental por un año, llevar el contrato mínimo a tres años e incentivar los períodos mayores con beneficios fiscales para el propietario y para los arrendatarios que utilicen determinadas técnicas de conservación de los recursos.
ü Definir -coordinadamente con la SECYT- los alcances estratégicos que debería tener el desarrollo de la transgénica enfocada al crecimiento y desarrollo de la producción agropecuaria. Objetivos, prioridades y límites.
En principio, muchos conocen y creen la versión del MOCASE y los testigos del hecho. Fueron dos sicarios, asesinos a sueldo de un poderoso y el asesino intelectual santafesino Jorge Ciccioli que expandió sus negocios desde su tierra natal a otras que le son –en todo sentido- AJENAS.
Pero, ¿cuales fueron las razones para llevar a cabo tamaño juvenicido? Podemos obtener respuestas desde muy diversos ángulos. Yo como Ingeniero Agrónomo y hombre de comarcas rurales, sin ignorar que el problema de base, consiste en la inadecuada distribución de la propiedad de la tierra agrícola en nuestro país, elijo una: LA SOJIZACIÓN. Esto es, la expansión descontrolada de un cultivo que, de la mano de la ambición desmedida y la voracidad ilimitada, genera grandes riquezas individuales y grandes contribuciones a un Estado exhausto por anteriores despojos, de los mismos y/o parecidos miembros de un grupo de aprovechadores de todas las circunstancias que les permitan apoderarse de lo ajeno.
No es esta la ocasión, ni el lugar para las contundentes cifras que demuestran que la soja, fue y continúa siendo la gran responsable -y los sojeros los grandes beneficiarios- de la gran expansión de nuestra frontera agrícola. La exigencia que nos acucia es saber desentrañar el futuro desde lo actuado en el presente, no solo para evitar nuevas y repudiables muertes como esta, pero también para impedir que el país, sea cada vez más propiedad de unos pocos poderosos, en perjuicio de la inmensa mayoría del pueblo, y en ella, principalmente de los más desposeídos de nuestra historia nacional. Desde mi profesión no encuentro mejor forma de mirar ese futuro, que analizando el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020, elaborado por el Ministerio del área.
¿Cómo decir sin tediosa explicación, que ese plan denota la presencia de ideas neoliberales residuales en las instituciones del Estado? El PEA es presentado como plan estratégico participativo; pese a lo cual es necesario que alguien trasmita que en el país existe una visión alternativa –que no está contenida en dicho plan- y es esencialmente diferente a la que expresa el mundo de los agronegocios, defensor sin cortapisa de la idea de un crecimiento expansivo de los negocios y no de un desarrollo autentico en beneficio del país y de nuestro pueblo.
Desde la convicción profunda surgida de la experiencia de más de 20 años, percibimos la influencia determinante del neoliberalismo en el crecimiento expansivo de nuestra producción agropecuaria. Este plan no puede más que agravar los problemas ya presentes, de insustentabilidad de la producción, destrucción de nuestros recursos boscosos, agresión a la naturaleza (que es mucho más que el medioambiente) y concentración de la tierra en mano de “productores” ajenos a la misma, modernos mercaderes, siempre de paso, organizando proyectos extractivos expoliadores, vendidos engañosamente como grandes emprendimientos tecnológicos.
El Ministerio especializado y sus equipos técnicos, seguramente conocen que el incremento de 8 millones de hectáreas de cultivos en 10 años, supone obtener las mismas desde tierras ganaderas y forestales (cosa que ya se ha venido haciendo indecorosamente) y que dichas tierras tienen características que las hacen sumamente frágiles para la producción agrícola. Supone además que el incremento de la producción de 100 a 157 millones de toneladas (en realidad una proyección lineal de la producción actual a una tasa del 5 % anual, aún superior a la del 4,5 % que le precedió en el último quinquenio), solo es posible –y quizás ni tan siquiera- con un modelo productivo que afectará seriamente al recurso tierra, a la totalidad del ambiente y a la situación social de muchos integrantes de la comunidad rural. Supone también que, lejos de apuntalar la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro pueblo/país, la producción de alimentos genuinos, seguirá viéndose afectada por la captura de tierras destinadas a ellos.
Este PEA 2020 no debiera ser incluido –sin una adecuada revisión que modifique algunos de sus objetivos básicos- en el proyecto de país que reiteradamente anuncia nuestra Presidenta y que muchos argentinos que la apoyamos, deseamos. Este es un plan que, duele decirlo, en su retórica es nac&pop pero en su contenido teórico y prospectiva de resultados es no el más deseado, pero si muy satisfactorio para los sectores que desde el mercado, sostienen las tesis neoliberales de un crecimiento en detrimento del desarrollo.
Para muestra creo que basta este botón, que extraigo del dialogo entre Pablo Galand/Miradas al Sur y Pablo Adreani, (consultor de “la city”, director de la consultora Agripac –desde donde baja línea al mundo de los Agronegocios-, columnista especializado del diario La Nación y conferencista de cuanto evento del “agribusiness” se organiza): Periodista – ¿El cambio que percibe se dio a partir de la llegada de Domínguez a Agricultura? Adreani -Yo diría que sí. Es probable que Domínguez haya tenido una postura más cercana a la realidad y los tiempos biológicos del sector. – ¿ Ve, por lo tanto, que hay una mayor comprensión de parte del Gobierno de la problemática del sector agropecuario? –Yo creo que sí. – ¿Qué habría que hacer para asegurarse una producción constante tan alta? –Esto es muy simple. Si se les garantizara a los productores que de acá a 10 años las retenciones bajan 3 puntos por año y que a cambio de eso les exija una producción de 200 millones de toneladas, seguro que se logra. Eso es política de Estado.
Aunque resulte una obviedad, es necesario resaltar que este es el gato encerrado en las propuestas del mercado: Saquen las retenciones y todo se arregla solo. Claramente una franca desvergüenza.
Que el Ministerio de Agricultura jugó un papel relevante para destrabar las relaciones Gobierno-Mesa de Enlace y que se ejercitó con fuerte habilidad política para ello, queda fuera de discusión, pero de allí a las concesiones que le hace el Plan 2020 “al mercado”, hay una considerable distancia, que habremos de pagar caro todos los argentinos. Seguro que, esto no es lo que quiere nuestra Presidenta, ni siquiera el equipo del Ministro Domínguez; pero acordemos que es necesario reforzar conocimiento y pensamiento crítico para enfrentar esta realidad y aportar las soluciones reclamadas por ella.
La percepción es que el daño infligido al país durante el conflicto con la 125, ha provocado un “efecto colateral” y que aún no se encuentran las herramientas apropiadas para sostener un proyecto agropecuario alternativo; que no afecte los ingresos fiscales, pero tampoco los antes mencionados eslabones sociales y productivos que es necesario proteger.
Sería el mejor homenaje a Cristian Ferreyra, una pronta corrección del mencionado plan estratégico y las políticas agropecuarias, para darle coherencia al accionar del área con el resto de los objetivos enunciados desde la misma presidencia de la Nación.
Noviembre 21 de 2011.
*Ing. Agr. Juan Carlos Pavoni. Alteragro, Asoc. Civil
Por Mempo Giardinelli
En las últimas cuatro semanas recibí decenas, quizá centenares de mails a propósito del intercambio con Gustavo Grobocopatel.
Me han escrito altos directivos de la Sociedad Rural Argentina, socios de la Federación Agraria, ingenieros agrónomos de la pampa santafesina y la bonaerense, productores de Rafaela y Reconquista, de General Villegas y Córdoba, de Pergamino y Santiago del Estero, de Formosa y de Salta, productores arroceros de La Leonesa en mi provincia, así como del interior de Corrientes, e incluso de Rio Grande do Sul, en Brasil.
Fue una lluvia impresionante de mensajes a favor o en contra de la producción extensiva de soja. Los que firman son científicos del Conicet; genetistas de por lo menos cuatro universidades nacionales; colectivos de productores; campesinos desplazados; economistas del Plan Fénix y de otras instituciones económicas, culturales y agrarias de medio país; filósofos, escritores, lectores de este diario y etc., etc. Salvo un par de idiotas ofuscados, la inmensa mayoría de los mails fueron de tono respetuoso, tolerante y aportador de información en favor o en contra de lo expresado en mis notas. Fue un ejercicio hermoso pero tan masivo que, por eso mismo, me veo impedido de responder a uno por uno.
Lo que sí me queda es la sensación clarísima de que involuntariamente he destapado una caja de Pandora. Y no me parece mal si la discusión de los males o bienes emergentes le sirve a la nación, pero yo aquí paro. Prefiero no seguir polemizando con quienes, en general, me dicen –y siguen diciendo– que estoy equivocado o mal informado, pero sin rebatir mis argumentos. Que acaso no son gran cosa, pero sí son firmes y los sintetizo por última vez:
a) la soja transgénica es peligrosa hasta tanto no se demuestre lo contrario y no debería permitirse en la Argentina (como lo hacen casi todos los países productores);
b) el glifosato, si bien parece que es menos peligroso que el viejo DDT, no por eso es inocente y menos si está bañando la friolera de 22 millones de hectáreas de territorio nacional.
En mi primera nota hablé de “daños colaterales” y la verdad es que los sigo viendo. Donde había bosques naturales no los hay más. Decenas de miles de campesinos fueron y son forzados a abandonar sus tierras para engrosar villas miseria, no hay emprendimiento privado que los contenga y lo que hace el Estado no alcanza. Cada vez veo más escuelas rurales semivacías, y cómo se reclutan chicos para banderilleros de aviones fumigadores. El año pasado se conoció el caso de San Jorge, Santa Fe, donde además he escuchado testimonios de primera mano. Ahora me llega un mail que informa que a comienzos de septiembre “un equipo de pulverización terrestre se aprestaba a pulverizar los cultivos de soja ubicados en el predio que linda, calle de por medio, con la Escuela del Lote 7, en Colonias Unidas, Chaco. Los vecinos del lugar, que en años anteriores fueron testigos de estas prácticas y que advierten serios problemas de salud en sus niños, impidieron que esta vez se lleve a cabo la aplicación apostándose frente al equipo pulverizador evitando que pueda seguir circulando”, luego de lo cual hicieron la denuncia solicitando que no se “fumigue” más en cercanías de la escuela ni de sus hogares.
Y en la web leo, al cierre, que si hoy en la Argentina se obtienen 30 kilos de miel por colmena, hace 20 años se obtenían hasta 80 kilos en la cuenca lechera de Córdoba y Santa Fe. El cambio obedece básicamente a que en lugar de pasturas para alimentar vacas lecheras, ahora se siembra soja. La producción argentina en la cosecha 2008/2009 fue de 57 mil toneladas, de las cuales se exportó el 95 por ciento. Pero se producían 100 mil toneladas hace 10 años.
Estos también son daños colaterales de una producción que aunque deja divisas al país, no se ha demostrado que no es peligrosa, y además está descontrolada.
Quisiera que se entienda este artículo como una respuesta cordial a cada uno/una de quienes me escribieron. Seguramente hay muchos/as argentinos que saben mucho más que yo de este asunto. Lo mío es la literatura, es cierto, pero también me incumbe como ciudadano el cuidado de un país que tenía una tierra que pensábamos bendita y los acuíferos más impolutos del mundo. Hoy sabemos que eso ya no es así, que la soja transgénica y el glifosato son parte del problema (y no de la solución) y que nadie puede probar lo contrario.
Están muy bien el desarrollo, los emprendimientos y los intereses empresarios que benefician al país. Ganamos todos. Pero cuando el rumbo del de-sarrollo es decidido por el interés de unos pocos, que además pueden hacer que las decisiones políticas se subordinen a ellos, los que perdemos también somos todos.
Hacen falta controles estatales firmes y vigorosos, y legislaciones fuertemente preservacionistas, tanto para la soja y el glifosato como para la represa del Ayuí o la gravísima cuestión de los glaciares, hoy en manos de empresas mineras y gobernadores como el señor Gioja de San Juan y otros que parecen no ver más allá de sus narices. O de sus bolsillos, quién sabe.
Es claro que hay que distinguir conductas y grados de sensibilidad, porque no todos son lo mismo, ni en la soja ni en ninguna otra actividad. Pero también es cierto que el medio ambiente es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de quienes suelen tener más intereses que conciencia social.