Comisión de Economía Carta abierta Buenos Aires

4Abr/210

CUESTIÓN DE FONDO

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Reconquistar la autonomía nacional exige lograr una refinanciación de más de 20 años con el FMI

El gobierno del Frente de Todos, apenas superados los 90 días de su asunción, tuvo que lidiar con la pandemia y sus efectos sobre la economía, que permanecen en el presente y amenazan con agudizarse por la segunda ola que se extiende tanto a nivel global como regional. Así, la reciente medición de la pobreza para el segundo semestre del 2020 arroja un 42% frente al 35,5 del último semestre de 2019, mostrando un empeoramiento de las condiciones de vida. La indigencia también superó a la de 2019, alcanzando un 10,5% sobre el 8% de aquel momento. La pobreza de la población menor a los 14 años es del 57,7% y subió más de 5 puntos en un año.

Los economistas ortodoxos machacan absurdamente en responsabilizar de estos números a la cuarentena extensa que dispuso el Presidente Alberto Fernández cuando comenzó la peste. Descalifican una medida acertadísima que permitió la expansión estructural del sistema sanitario, evitando su saturación y desborde, sin la cual el Covid-19 hubiera provocado un impacto diferencial, desembocando en un drama y desorden social y económico. Los ejemplos de los que evitaron medidas severas al principio son muy cercanos: Brasil vive una catástrofe de la mano del ultraderechista Jair Bolsonaro como Presidente y el neoliberal ortodoxo Paulo Nunes Guedes al mando de su economía.

Los que son críticos de esa perspectiva suelen adjudicar la razón de la situación de retroceso social a dos causales concurrentes: la herencia del gobierno de Macri junto a las graves consecuencias de la pandemia. Sin embargo, una propuesta alternativa sería listar cuatro concausas responsables del deterioro de las condiciones de vida de las mayorías populares:

  • La herencia del gobierno del tercer turno neoliberal, que al igual que sus dos predecesores concluyó su mandato dejando acrecidos niveles de endeudamiento, desindustrialización, precarización laboral, empeoramiento de la distribución del ingreso y de la pobreza.
  • La pandemia del Covid-19, con su inevitable efecto sobre el aparato productivo y el nivel de actividad económica. No sólo por las limitaciones a la vida normal y su impacto en el consumo y la demanda local sino también por las provenientes de las condiciones de comportamiento de los agentes de la economía mundial.
  • El tamaño inédito del endeudamiento heredado con el FMI, que incide en precauciones fiscalistas que perjudican la utilización a pleno de las políticas públicas. La búsqueda de un entendimiento “ordenado” con la burocracia y autoridades de ese organismo no crea nunca un buen clima para la expansión decidida del gasto público, imprescindible para momentos como el presente. Tres cuestiones reflejan este problema: la eliminación precoz del IFE y los ATP, el retardo en la implementación de una política de shock de demanda mediante el impulso de la recuperación salarial, de las jubilaciones y otras asignaciones, así como en la adopción de un decidido incremento de la inversión pública.
  • El papel de los grandes formadores de precios locales que han resistido las diferentes políticas de ordenamiento, regulación y control de precios. Estos han subido desmedidamente durante la pandemia debido a la puja distributiva de carácter desigual desatada por ese poder económico concentrado frente a la inevitable restricción que la pandemia impone a los sectores populares para movilizarse en resistencia.

 

 

El FMI: un organismo de intervencionismo financiero

Los intelectuales orgánicos del neoliberalismo intentan desdramatizar la deuda con el FMI. Frente a la advertencia sobre el carácter impagable que tiene la deuda argentina, replican argumentando que todas las deudas de los países tienen diseños impagables y que, por lo tanto, lo que hacen los gobernantes es renovarlas. A su vez, sostienen que los intereses que cobra el organismo internacional son bajos y que por lo tanto no es cuestión de andar pidiendo rebajas. Los menos precavidos respecto al problema central que abordaremos sostienen que el país se puede ordenar sólo si se acuerda un programa con el FMI. Las autoridades del Fondo mientras tanto sostienen que los plazos, condiciones y diseños para sus préstamos están establecidos y no existen posibilidades de consideraciones de excepcionalidad. Agregan que el fondeo de la institución es un fondo rotatorio constituido por el aporte de sus países socios y que por eso es imposible cualquier quita. Toda esta serie de articulación de deseos, caracterizaciones y limitaciones lleva a construir las condiciones para la resignación a la inexistencia de posibilidad de plazos mayores a diez años –que es el que ofrece la línea de facilidades extendidas–, de reducción de tasas de interés y de quitas de capital.

En el prólogo de Historia crítica del FMI, el gendarme de las finanzas (Oscar Ugarteche, Capital Intelectual, 2016) el historiador mexicano Carlos Marichal escribe que “el FMI no sólo ha empujado el avance de una globalización financiera que mina la soberanía de las naciones del sur, sino que ha tratado de romper los intentos de unificarse y hacer coaliciones regionales en contra del neoliberalismo”. Lo expresado por Marichal anticipa muy bien las razones por las que el FMI sí se permitió la asistencia excepcional que le brindó al gobierno de Macri tratando de posibilitar su reelección. Una de ellas es funcional con la política del lawfare desplegada en la región: desarticular el proceso de Unidad Latinoamericana e impedir luego cualquier rearme de la misma. Como el mismo ex Presidente entusiasta de la Fundación Libertad confesó, el apoyo financiero que recibió fue por preferencias políticas. Efectivamente, tal como sostuvo Cristina Fernández en Las Flores, el Fondo otorgó un crédito por un monto que más que duplicaba su atribución estatutaria por indicación del Presidente de los Estados Unidos, país que tiene el control hegemónico en ese organismo con el 16.5% del poder de voto, cuando las decisiones de importancia requieren el 85% de los sufragios. Nada significativo se puede hacer si no se cuenta con el beneplácito de la superpotencia del norte.

Antony Blinken, secretario de Estado de Joe Biden, pidió esta semana la liberación de la ex dictadora Jeanine Añez –refieriéndose a la misma como interina– y de dos de los que fueran sus ministros, además de manifestar que “Estados Unidos está profundamente preocupado por los crecientes indicios de comportamiento antidemocrático y la politización del sistema legal en Bolivia”. El reemplazante de Donald Trump irrumpe con el objetivo continuista de la política de su predecesor respecto del activismo para evitar la recomposición de una perspectiva de autonomía y unidad para América Latina. Marichal continúa en su prólogo reflexionando que “desde sus estatutos originales, el FMI tiene entre sus objetivos principales contribuir a mantener la estabilidad financiera a escala internacional, lo cual implica supervisar la banca y las finanzas internacionales con el objeto de anticipar serios problemas financieros a los países miembros. Pero –¡oh, sorpresa!– en el caso de los países en desarrollo y, en particular, de Latinoamérica, y de manera reiterada, el FMI ni ha previsto ni ha anunciado los peligros de crisis inminentes, pese a que ha tenido y tiene toda la información requerida para hacer sonar las alarmas. Al contrario, con frecuencia ha sido testigo mudo de aquellas peligrosas coyunturas mientras se estaban gestando las crisis, para luego ingresar como el bombero al rescate a posteriori, cuando ya era demasiado tarde para evitar la catástrofe. Las razones son manifiestas: el FMI no adquiere más poder si prevé y disuade las crisis. En cambio, después de que explotan las crisis el FMI asume el papel de bombero de fuegos financieros, lo cual aumenta su poder enormemente, en tanto organiza los rescates e impone sus puntos de vista, así como sus estrategias y requerimientos, a los gobiernos deudores en problemas”. La conceptualización de Marichal calza como anillo al dedo al rol del Fondo en la crisis de la deuda macrista. El carácter político del préstamo para favorecer la reelección de Macri aportaba, también, a la restauración hegemónica de los Estados Unidos en la región. Hay una estrategia lawfare-FMI en Argentina y en la región. Ni el cambio de Christine Lagarde por Kristalina Georgieva, ni el de Trump por Biden han de modificar ese plan. Los rumbos del FMI no atienden a estilos personales sino a estrategias de largo alcance de las potencias centrales, especialmente del aparato militar-industrial-financiero estadounidense.

La diputada nacional Fernanda Vallejos recuerda en un tweet del 30 de marzo que el préstamo stand-by terminó representando, cuando se amplió a 57.000 millones de dólares, casi el 1300% de la cuota argentina en el FMI, pese a que el límite tolerado para este tipo de acuerdos por las normas del fondo es el 435%. Finalmente se usaron 44.000 millones, el doble del tope reglamentado. El mismo Fondo reconoció, continúa Vallejos, la insostenibilidad del nivel y de la arquitectura del préstamo. Se quebrantaron “todas las normas para otorgar esto que fue un disparate, ¿por qué no puede haber flexibilidad para encontrar una solución a algo que, indudablemente, estuvo mal dado?” Como dicen los intelectuales y operadores mediáticos del establishment, las deudas de los Estados son impagables por eso las refinancian. La observación que continúa a ese dictamen es que consiguen refinanciarla si realizan políticas generadoras de confianza en los mercados financieros, que son las que coinciden con aceptar expresa o implícitamente las condicionalidades que el FMI impone.

Es por esta razón que la solución razonable, de reconquista de la autonomía nacional, consiste en que la refinanciación sea sostenible, mediante un monto anual de servicio de intereses y capital que pueda ser pagado sin necesidad de discutir refinanciaciones, que se convierten luego en un permanente condicionamiento de la política económica. Por lo anticipado, una refinanciación de más de 20 años con un quinquenio de gracia –lo mínimo que se requiere para la sustentabilidad– sin condicionalidades estructurales ni restrictivas, no será fruto de una concesión ni espíritu comprensivo del FMI sino de una actitud firmísima del gobierno nacional y popular. Porque como investigó Noemí Brenta en Argentina atrapada, los “acuerdos de facilidades ampliadas” le permiten al FMI, a partir de extender los plazos, intensificar su injerencia en las economías prestatarias. Todas estas características y reflexiones son las que llevaron la convicción a Néstor Kirchner sobre la necesidad de cancelar íntegramente la deuda con el FMI en el 2005. También las que indujeron al FMI a abrazar a Macri para macroendeudarnos nuevamente.

 

 

Rodolfo Puiggrós

Este notable historiador marxista afirmaba en Pueblo y oligarquía (Corregidor, 1972) que “a los políticos que se valen de la historia y de la economía como muletillas ajenas o contrarias al devenir nacional, les vienen de perillas las tesis de los economistas o historiadores que ocultan o subestiman la función determinante de las causas internas en el desarrollo de la sociedad. Entre el economista que propone contraer empréstitos o buscar gravosas e incontroladas inversiones en el extranjero con el objeto de remediar dudosas crisis, el político que espera alcanzar el poder mediante la ayuda de una gran potencia y el historiador que reduce el pasado de su país a una serie de hechos cronologados formalmente con los hechos mundiales, hay diferencias de profesión y no de calidad. Todos ellos poseen la mala conciencia que en las colonias, dependencias y factorías, marca con su deleznable sello a las clases sociales enajenadas a las ideas y los intereses del imperialismo extranjero… No es que las causas externas dejen de tener influencia, a veces primordial, en el nacer y desarrollarse de la sociedad. El error consiste en colocarlas en el lugar correspondiente a las causas internas… Las causas externas intervienen en los cambios sociales a través de las causas internas en la medida en que estas se lo permiten”. Esta cita tiene una doble dirección: una respecto a una cuestión interna y la segunda a su vínculo con la propia relación con el FMI.

El poder concentrado de las grandes empresas locales les permite fijar precios para maximizar ganancias, aun en plena pandemia. Son inconmovibles a los llamados a la solidaridad. Tienen la misma conducta deshumanizada que permite la concentración de las vacunas en un puñado de países mientras hay otros que no han recibido ninguna dosis hasta el momento. Pero la lógica de esos empresarios no se detiene en el aumento desmedido de precios. También promueven que el Estado gaste poco para garantizar su debilidad y, en consecuencia, conservar para un grupo de actores privados la dirección de la economía. Además desean dolarizar sus ganancias y mantener la mayoría de sus activos en el exterior, restándolos a la posibilidad de invertir internamente. Por eso insisten en liberalizar el mercado de cambios y en autorizar el movimiento irrestricto de capitales con el exterior. Pero también aspiran a una legislación que desregule el mercado de trabajo, para poder competir con bajos salarios, y también pregonan la desregulación de importaciones para reducir costos, aun a costa de convertir sus industrias en armadurías.

En vez de responder con actitud ciudadana al aporte solidario de las grandes fortunas, muchos litigan para no pagar. Las firmas que integran la cadena de bienes agroindustriales, que participan mayoritariamente de las exportaciones del país, se oponen a la intervención del Estado en el comercio exterior y resisten a las retenciones, manteniéndose amenazantes contra cualquier aumento en las mismas, porque quieren apropiarse de las rentas diferenciales extraordinarias. Estos agentes internos tienen suficientes razones para contentarse con la presencia permanente del FMI y sus programas de reformas pro-mercado y contrarias a la intervención estatal. Sus móviles principales se alinean con ese paradigma, antagónico al de los intereses de las pymes. Móviles muy diferentes respecto de la porción de la burguesía nacional –que aniquiló la dictadura terrorista–, que aliada con los asalariados constituía parte de un proyecto nacional que requería la expansión del mercado interno sobre la base de salarios e ingresos dignos de los sectores populares.

Muy vigente resulta el epígrafe de Mario Rapoport en Las políticas económicas de la Argentina, una breve historia (Booket, 2010), citando a Manuel Belgrano: “Yo espero… evitar los grandes monopolios que en esta parte tengo noticias se ejecutan en esta capital, por aquellos hombres que desprendidos de todo amor hacia sus semejantes sólo aspiran a su interés particular, y nada les importa el que la clase más útil del Estado, o como dicen los economistas, la clase productiva de la sociedad, viva en la miseria y desnudez que es consiguiente a estos procedimientos”.

 

 

El déficit fiscal

El equilibrio fiscal es la condicionalidad central que impone el FMI. El logro de esa meta bajo condiciones recesivas se sustenta en la reducción del gasto público que empuja la recaudación impositiva hacia abajo exigiendo luego recaudar menos. Es el camino de la recesión profunda. El superávit fiscal que se obtuvo en la primera etapa del ciclo nacional, democrático y popular se debió a que la altísima tasa de crecimiento del PBI aumentó la recaudación. Pero el gasto público no decrecía en relación a esa variable, la tendencia fue inversa. Por eso el cierre de la ecuación presupuestaria con superávit o déficit es de orden económico. No es una ecuación contable. La idea de que no se puede gastar más de lo que se tiene corresponde a actores privados. El Estado posee la potestad de definir la cantidad de dinero de la economía e incidir sobre su oferta y su demanda. Emitiendo e invirtiendo. Por eso pierde sentido la idea de “gastar lo que se tiene”. El resultado del presupuesto debe constituir lo menos negociable con el FMI. No sólo porque de él depende el tamaño del gasto necesario para mitigar, reducir y erradicar la pobreza y la indigencia –a través del impulso del crecimiento y de la determinación del volumen del gasto social–, sino porque es una cuestión de soberanía. El poder monopólico del Estado sobre la moneda propia debe ser innegociable.

8Mar/210

DONDE EL ESTADO MARCA EL RUMBO

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Al mismo tiempo que le gana batallas a la pandemia, China pone frenos a la especulación financiera

 

El desafío de Jack Ma

El multimillonario Jack Ma es el cofundador (1999) y socio principal de Alibaba, que controla Ant Group , una compañía financiera conocida por su aplicación de pagos digitales Alipay, con 700 millones de usuarios por mes. Adicionalmente Ant Group maneja inversiones en línea, seguros y préstamos al consumidor, un negocio de más de 600.000 millones de dólares.

Este grupo creció meteóricamente incorporando tecnologías digitales, pasando Alibaba de las funciones propias de gran supermercado electrónico (incluidos Ali Express y Taobao) al estilo Amazon, a ser el principal actor en el sector financiero privado chino. Actualmente Ant controla más de la mitad del mercado de pagos móviles chinos. Hasta junio manejaba 2,15 billones de yuanes (333.000 millones de dólares) en préstamos para consumidores y pequeñas empresas, o una sexta parte de lo que manejan sus más de 4.000 bancos comerciales. Ant tenía sólo 16.000 millones de yuanes (2.500 millones de dólares) en capital autorizado, una proporción muy inferior sobre préstamos a la regla de Basilea. Pekín exige que aquellas instituciones financieras consideradas “demasiado grandes para quebrar” deben superar esas condiciones. Mientras su presencia no llegaba al nivel actual no había riesgos sistémicos, pero las alarmas amarillas pasaron a rojas cuando Jack Ma quiso presionar para avanzar sobre sectores financieros previamente controlados por bancos del Estado.

“El Acuerdo de Basilea es más como un club para los ancianos”, espetó Ma en un discurso en Shanghai en octubre, donde calificó al sistema financiero chino como un “adolescente” que está mejor atendido por firmas tecnológicas innovadoras que pueden llevar la banca a poblaciones pobres y pequeñas empresas. Cruzó la raya. A los pocos días el Estado chino le impidió presentar la OPI de Ant y Ma desapareció de la vida pública hasta su reciente reaparición, con tonos más conciliadores. Los medios han anunciado que Ant se transformará en una sociedad financiera de cartera, un banco comercial regulado, mucho más “aburrido” que las funciones financieras no controladas que lo hicieron crecer. Fuerte caída del valor de sus acciones.

Las críticas del sector privado se centran en que mucha regulación socavaría el crecimiento económico que promueve el aumento de productividad del sector tecnológico. Pero lo que está en discusión no es el avance tecnológico sino la utilización de esa herramienta para el objetivo de largo plazo de China. No todos los sectores privados son lo mismo. Un exceso de oferta de automotores, celulares o laptops no es lo mismo que una burbuja financiera. Bastante complicadas serían las consecuencias de un estallido en el sobredimensionado sector inmobiliario chino. Sin embargo, la concentración de empresas constructoras-inmobiliarias es muy inferior a las de los sectores tecnológicos (mayormente privados) y financieros (mayormente públicos).

 

Los sectores hegemónicos del capital

El temor de Pekín es que el sector financiero desregulado termine produciendo las orgías de especulación que caracterizan a los mercados de valores como Wall Street. China tuvo su burbuja financiera que estalló en 2015, sin afectar el crecimiento general. La influencia creciente de las empresas de tecnología sobre las finanzas aumenta los riesgos de estallido y recesión económica, con consecuencias estructurales.

¿Cuáles son los cambios que se han producido en la cúspide del capital?

Para fines del siglo XIX la concentración de las ramas más dinámicas de la industria manufacturera (ferrocarriles, acero, petróleo, química, etc.) se combinó con el crecimiento de los grandes bancos y el auge de las bolsas de valores para formar el capital financiero, en una unión indiscernible, dominando al resto de las fracciones del capital (industrial no concentrado, comercial, inmobiliario, agrario, etc.).

Esa ciudadela del capital concentrado ha dominado la estructura económica de los países centrales durante más de 120 años, con cambios importantes (incluidos ingresos y egresos de sectores) debido a las consecuencias de su propia dinámica. El crecimiento de la productividad industrial junto a la ausencia de regulaciones al sector financiero bursátil desató en los años veinte una creciente especulación que terminó en el estallido de la burbuja de precios en octubre de 1929 en Wall Street. La Gran Depresión ha sido, hasta la pandemia de 2020, la caída más importante de la actividad económica mundial, con duraderas consecuencias sociales y políticas.

El gobierno de Franklin Roosevelt impuso importantes regulaciones al sector financiero que limitaron los desbordes especulativos, regulaciones que se mantuvieron después de la Segunda Guerra y fueron parte del acuerdo keynesiano de crecimiento de la “economía de bienestar” que caracterizó a las economías centrales. Es recién a partir de los ochenta –luego de la recuperación del capital financiero– que éstos logran iniciar los cambios políticos con los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Se van eliminando aceleradamente las restricciones al funcionamiento del sector financiero internamente y en el ámbito internacional, se desregula el mercado laboral. El neoliberalismo fue reimponiendo la libre circulación de mercancías y de capital.

Otra revolución paralela se estaba produciendo en las fuerzas productivas. Por un lado la emergencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) y por el otro la invención del container marítimo (1956), que llevó a una revolución de los transportes, con buques porta-contenedores cada vez más grandes. Transporte masivo, rápido, eficiente y barato combinado con comunicaciones baratas e instantáneas posibilitan la globalización, con países que concentran el diseño, la tecnología, la comercialización, el consumo y la financiación por un lado y otros países que concentran la producción de insumos y bienes finales simples y el montaje de los complejos.

La tasa de ganancia subió en el centro por el congelamiento de los salarios reales de los trabajadores industriales, duramente afectados por la competencia de las producciones asiáticas.

Los cambios económicos en China, desde el advenimiento de Deng Xiaoping en 1978, aceleraron este proceso. El neoliberalismo triunfaba a nivel económico y político, con la apertura capitalista de China y la implosión del sistema socialista en la URSS y Europa Oriental.

Pero el capital financiero no regulado volvería a producir las crisis de especulación, notoriamente la de inicios del siglo XXI, la crisis “punto-com” de especulación con tecnológicas y la de las hipotecas sub-prime (basura) en 2008/2009.

 

Las TIC´s dentro de la ciudadela financiera

El sector TIC´s está produciendo cambios en las finanzas, y es en la dialéctica entre ambas fracciones que se reacomoda la hegemonía del capital en el siglo XXI.

Las TIC´s pueden hacer más inestable la situación del mercado de capitales porque se introducen en actividades anteriormente manejadas por el sistema financiero tradicional. Los nuevos sectores monopólicos TIC´s tienen una capacidad de acumulación de ganancias muy superior a la necesaria para el desarrollo de su propia actividad original. Ello las empuja hacia nuevas áreas, y una de las más rentables es la de las finanzas. Un grupo como Alibaba y Ant Group, al igual que Amazon en Estados Unidos, no sólo compran y venden productos en distintos formatos de negocios (B2B y B2C) sino que financian las ventas que realizan, actividad antes circunscripta al sistema bancario de crédito, más regulado que el comercio electrónico. Identifican las necesidades y la capacidad de pago de los millones de clientes cuya información controlan por el manejo del Big Data. Ello dispara infinitos nuevos negocios, que son acaparados a la velocidad que se desarrollan por los grandes del sector, tanto en Estados Unidos como en China.

La mesa de mando de las economías desarrolladas incluye en la posición más destacada al sector financiero, que es el que de una u otra manera distribuye los excedentes de la sociedad entre las necesidades de inversión y financiamiento del consumo.

El gran temor del Partido Comunista de China (PCCh) es que el control de esa mesa se pierda ante empresas desreguladas y el país sea desbordado por la especulación que caracteriza a Wall Street y otras bolsas mundiales. Esa es la razón por la cual el Estado chino frenó en seco a Ant Group al impedir su OPI en octubre pasado. Si hubiese permitido el crecimiento descontrolado del grupo, dentro de las oscilaciones inevitables que la actividad financiera produce, podría ocurrir que una insolvencia del mismo hubiese obligado a rescatarlo dado que ya es “demasiado grande para caer”. Aquí es cuando aparecen las diferencias entre los dos sistemas. Los gobiernos occidentales no quieren o no pueden poner freno a los rebrotes especulativos, en especial luego de la catarata de emisión mundial con el fin de minimizar los enormes costos sobre la actividad económica de las restricciones que produce la pandemia.

Guo Shuqing, director de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, dice que los funcionarios chinos están “muy preocupados” de que estallen burbujas de activos extranjeros. Indica que la alta valoración del mercado de valores de Estados Unidos implica el riesgo de una “carrera seria en la dirección opuesta”. Según Zero Hedge los dólares están llegando a China a un ritmo récord. Guo cree que lo pueden mantener bajo control.

 

El control en tiempos convulsos

La crítica más habitual a China es la ausencia de democracia representativa. Esa forma política no forma parte del acerbo chino. Su larga tradición cultural y política valora más la “armonía” y un conductor “virtuoso”: durante milenios los emperadores bajo diversas dinastías, desde hace 72 años el PCCh. La libre expresión de las ideas políticas en Occidente está crecientemente limitada y encarrilada en forma muy estrecha por los intereses económicos que dominan el aparato ideológico (educación, medios de comunicación y entretenimiento incluido Internet, jueces, etc.) y los distintos partidos políticos mediante los aportes económicos, legales como los aportes sin límites en Estados Unidos, o ilegales de todas las formas imaginables, desde el soborno a la extorsión o la supresión violenta.

Hay muchos desafíos que está enfrentando el sistema político chino, dos muy importantes al corto plazo. El primero –control de la pandemia– parece estar ganándolo y para ello ha utilizado las ventajas del poder centralizado y toda la tecnología disponible incluyendo el control de su población mediante aplicaciones en los celulares, reduciendo a casi cero la privacidad para combatir los contagios, objetivo logrado con el consentimiento y apoyo de su población.

El segundo es evitar que la ola de especulación financiera desestabilice su propio mercado de capitales por el ingreso de capital internacional golondrina buscando colocaciones más rentables allí donde la economía real sufrió menos la pandemia.

China es alérgica al caos y la improvisación. Tuvieron caos en el largo siglo de las humillaciones, entre 1839 y 1949, y luego bajo Mao durante El Gran Salto Adelante (1958-62) y la Revolución Cultural (1966/76). Recién están saliendo de la severa disminución del crecimiento por la pandemia (sólo crecieron el 2,3% en 2020) y se mantienen los serios enfrentamientos con Estados Unidos. No están dispuestos a que los capitales mundiales excedentes desestabilicen a China, y por lo tanto demoran la prometida internacionalización del Yuan. No quieren tener contratiempos financieros por desbordes de sus propios grupos privados, como Ant. Una de las formas de mantener el control financiero se logrará con la Moneda Digital China o Yuan electrónico, usando la misma tecnología de las criptomonedas (blockchain) pero emitido y respaldado por el Banco Central (BOC). Actualmente está en pruebas a nivel interno para habilitarla más adelante como medio de pago alternativo al sistema Swift de transferencias dominado por Estados Unidos.

El ataque integral a la pandemia logró en China que la reducción de su crecimiento económico fuese menor que en Occidente, que sufrió fuertes caídas. Por ello fueron muchísimo menores los paquetes de ayuda financiera para la recuperación. En Estados Unidos, el paquete de ayuda de Donald Trump y el que está desplegando Joe Biden son enormes y parte significativa sirvió para la especulación financiera, recompra de acciones, mantenimiento de zombies económicos, empapelamiento del mundo deseoso aun de tener los dólares como reserva de valor y las colocaciones financieras especulativas externas de corto plazo.

China hará cualquier cosa para no caer en los desbordes de la especulación financiera, incluyendo la delimitación del accionar de aquellas empresas TIC´s que estaban ingresando en el terreno financiero. Las empresas privadas se benefician del sistema mixto de capitalismo de Estado, con ganancias crecientes y más importantes que sus pares de Occidente, pero el rumbo económico se mantendrá bajo el control político siguiendo los objetivos nacionales de largo plazo.

 

14Feb/210

OBSCENA DESIGUALDAD

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La mejora de los ingresos de los trabajadores necesitará de un bloque social y político organizado

 

Los tiempos de pandemia siguen siendo los que imponen un determinado cauce a la vida económica mundial. El que finalizó fue un año en que la mayoría de los países han tenido una caída de su PBI. También los ha afectado una fuerte asimetría en el comportamiento de los distintos sectores de la economía. Mientras áreas que han tenido como centro la tecnología digital han crecido sustancialmente, otras de servicio y esparcimiento social han decrecido. Así, la peste condujo las modificaciones  acontecidas en la esfera global, y no la planificación democrática de las sociedades. Pero algo más grave ha sucedido. La época del Covid-19 no produjo, hasta el presente, las transformaciones en el paradigma de vida de la humanidad que muchos desearon y previeron al principio. El surgimiento de las vacunas, fruto del desarrollo de la ciencia y herramienta hacia la solución de la pandemia, desvistió el egoísmo y la falta de solidaridad de muchos de los países centrales respecto de las periferias. La intensidad de la vacunación en los primeros es opuesta a la de las segundas. La lógica del beneficio y el estilo contractual, como si la vacuna se tratara de una mercancía, predomina sobre una distribución equitativa y extra-mercantil de un bien de subsistencia que no puede tener el mismo precio en África que en los Estados Unidos.

La Argentina ha tenido en ese sentido conductas que privilegiaron la vida. Es notable la diferencia entre la infraestructura de atención lograda en el país respecto a otras naciones de América Latina. Resulta de gran valor recuperar como una decisión certera y humanitaria la cuarentena que permitió ganar el tiempo para desplegar las obras que alcanzan el nivel de suficiencia para que ningún ciudadano se quedara sin atención. En otros países de la región la ausencia de establecimientos y de camas, como de otros elementos para la atención de los enfermos, ha trasuntado el grosero y malintencionado ataque de la derecha que descalifica las decisiones tomadas en los primeros momentos de la peste.

Por otro lado, como ocurrió en muchos de los discursos de Davos, omitir el abordaje de la solución del problema central de las economías que es prevenir y curar, vacunar y establecer las correctas medidas de cuidado, reemplazándolas por una ideología de reformas al capitalismo neoliberal de la pospandemia, construye un velo sobre la destrucción de los derechos sociales que  la peste exhibió, como el debilitamiento de los sistemas de salud que ese modo de organización de la vida económica y social conlleva.

 

 

Crecimiento, desarrollo y retenciones

En Argentina, la plutocracia que gobernó durante los cuatro años de la administración de la Alianza Cambiemos provocó el deteriorado escenario en que luego se desplegaron los daños de la pandemia. El aumento de la pobreza y de la concentración económica fueron signos de esos tiempos. Hoy el debate debe centrarse en cómo invertir y contrarrestar esa tendencia. Se trata de sustituir importaciones, por supuesto. Se trata de aumentar exportaciones, también. Consiste en promover la inversión y el aumento del PBI, sin duda. Pero además se requiere avanzar hacia una sociedad menos consumista, más solidaria y con igualdad.  Ese fue el sentido del discurso de Alberto Fernández en el G20 y en el Foro de Davos. También el criterio de Cristina Fernández cuando enunció la necesidad de terminar con un sistema de salud dividido en tres y hacer una reforma que introduzca mayor justicia social, equidad de atención y eficiencia del gasto.

La discusión del desarrollo es un tema central.  El neoliberalismo la subsumió en el debate sobre el crecimiento como si fueran una sola cosa. La preocupación central de la Nación debería ser el desarrollo. No sólo cuánto se produce y cuánto se invierte sino también en qué y quiénes lo efectivizan. No sólo cuántas divisas se conseguirán exportando sino, además, qué diversificadas son las exportaciones y qué sistema tecnológico y de organización de la producción hay detrás de ellas. También resulta clave conocer la distribución regional y federal de la producción.

Paradojalmente en estos tiempos de pandemia los precios de las exportaciones tradicionales y de los bienes de sus cadenas crecieron sustantivamente. La soja, que además de ser base de las mayores exportaciones, constituye una cuasi-unidad de cuenta en muchos contratos y relaciones de la producción de la pampa húmeda, aumentó más de un 30%. En ese contexto nuevamente los sectores ligados a esa producción se opusieron con belicosidad a la instalación de las retenciones. No resulta ocioso volver a destacar las tres características virtuosas de ese instrumento para la economía argentina:

  • Permite desacoplar los precios internos de los internacionales evitando el traslado de los mismos a bienes-salario consumidos por toda la población, y de significativa incidencia en los gastos de los sectores populares.
  • Es útil para igualar las productividades entre sectores con diferentes grados de madurez, apuntando a la diversificación productiva y, también, de las exportaciones. El logro de estas metas favorece generar una economía con mayor empleo y, asimismo, combatir la exclusión social. Es una política que promueve el despliegue de un paradigma de desarrollo científico y tecnológico mucho más amplio e importante en el proceso de producción. La diferencia de productividades en la economía nacional no sólo obedece a la diferente madurez sectorial, sino a cuestiones de orden natural. Especialmente a la fertilidad del campo de la pampa húmeda. Este fenómeno de aumento de precios por la situación internacional intervenida por la pandemia se traduce en beneficios para el sector tradicional, exclusivamente determinados por la renta diferencial. En términos rigurosos y acertados de la economía clásica no deviene del esfuerzo o riesgo empresario sino, en su totalidad, de esa renta. De una renta que hoy es apropiada y distribuida a través de toda la cadena agroalimentaria. En la que, además, existe un grado de concentración intenso tanto entre los productores como en las industrias aguas abajo del proceso productivo del complejo agroexportador.
  • Permitirían un aumento sustantivo de la recaudación en un momento de tanto requerimiento como es el de la peste que hoy sufre con intensidad el país.

La confrontación de los sectores vinculados a la producción de la pampa húmeda con las retenciones, que impide una correcta utilización del instrumento, obedece a razones que exceden el mero coyunturalismo de la ganancia inmediata. La propuesta de política de aquéllos es de un sentido estrictamente opuesto a la planteada por Marcelo Diamand, que entendía la necesidad de instrumentos de este tipo en pos de la industrialización del país. El comportamiento de los grandes productores de la pampa húmeda y los oligopolios de la agroindustria está dirigido a sostenerse como poder económico hegemónico del país, procurando que la Argentina dependa sólo de las divisas que ellos producen, además de pretender apropiarse “eternamente” de la renta diferencial de la tierra. En el sentido de Michal Kalecki, la preferencia que moviliza esa oposición a la medida está estrictamente ligada a una cuestión de control del poder.

Tal como está construida hoy la lógica de los grandes propietarios en la cadena, persiste en el marco de relaciones de producción capitalistas una conducta oligárquica. El carácter regresivo de un proyecto basado en la especialización de una producción, que tiene su fundamento clave en la potencialidad de la captura de rentas, resulta aún más grave debido a que la profundización de un régimen de ese carácter también agudizará los términos y rasgos de la inserción pasiva de Argentina en la transnacionalización. Esto agudizará las características periférico-dependientes del país. La virtud de las retenciones móviles, cuyo proyecto de implementación fue tan resistido por la cadena del agronegocio, era mantener constante la renta diferencial percibida por el sector y redistribuir el excedente a otros sectores económicos y sociales. Ese tipo de objetivos ejemplifican claramente aquéllos que son específicamente de las metas del desarrollo, respecto de otros que coinciden con las del crecimiento.

Los participantes del agronegocio tampoco aceptaron la implementación por parte del Estado de cupos a las exportaciones, para garantizar las ventas en el mercado local de productos esenciales para la alimentación del pueblo. Esta conducta entronca con el objetivo de reservar la vida económica y productiva a la decisión privada, impidiendo la intervención y participación  de las autoridades elegidas por el pueblo sobre esas esferas. Estos comportamientos constituyen el núcleo del vaciamiento de la vida democrática. Tanto como el lawfare y la cooptación del Poder Judicial.

Esa es la razón por la que sólo se limitaron a prometer la constitución de fideicomisos de gerenciamiento privado, con una ingeniería cuyo objetivo sería mitigar la escasez de bienes-salario frente a las oportunidades de la demanda mundial. Con este tipo de instrumentos, los objetivos cubiertos por lo descripto en los items 2 y 3, expuestos para las retenciones, quedan incumplidos. También obstruye la intensidad de la regulación estatal de la economía, cuando con medidas de fuerza ese poder oligárquico impide la cupificación directa del Estado sobre las ventas al exterior.

 

 

Destituir el paradigma de Mont Pellerín

El desalojo del poder democrático de la intervención en la economía es el principio fundamental que los intelectuales de Mont Pellerín establecieron para los principios neoliberales. En Davos, ante la decadencia de la hegemonía del paradigma fundado, entre otros, por Hayek, Friedman y Popper, aparecen los proyectos continuistas de remozamiento del régimen, bajo títulos como “responsabilidad social empresaria”, “capitalismo de las partes interesadas”, “esfuerzos público-privados”. Pero son palabras de una misma lengua. Tal vez, con la variante de una inclusión estatal como rueda de auxilio del sector privado oligopólico, pero subordinada a la iniciativa y lógica de comportamiento de este último. Cualquier intervención estatal es entendida por los “reformadores” de Davos, desde un dispositivo corporativo que conserve la formalidad democrática fuera del perímetro de la economía. La primera rueda de auxilio fue colocada con las políticas monetarias utilizadas para mitigar la crisis de 2008, que salvaron de una peor hecatombe  a la financiarización frente al desbarranque producido por la autorregulación absoluta establecida durante la década de los ’90 en que se predicó la religión del fin de la Historia.

La hegemonía del agronegocio y las finanzas en la economía nacional no ha sido sólo una presencia desplegada en lo productivo y en la detentación del poder económico como “poder real”. La extensa época de su predominio, la reiteración de gobiernos que construyeron instituciones para instalarla, favorecieron una impregnación social de sus pautas de vida y sus principios. Los empresarios del sector industrial adhirieron a reivindicar el retiro del Estado de la vida económica, mientras también se sumaban a las prácticas de la financiarización, que basadas en a la apertura de los movimientos de capitales les permitían fugar sus excedentes al exterior. Así se dio la paradoja de la colaboración de los empresarios concentrados de la industria en un proyecto de desindustrialización.

En este contexto no resulta fácil para un gobierno con metas democráticas, nacionales y populares encontrar los modos y caminos para transformar la economía y la sociedad, lo que inevitablemente le requerirá modificar las relaciones de poder y la remoción de la inserción pasiva, desde un rol periférico-dependiente, de la economía del país en la transnacionalización.

Tampoco será fácil llevar a cabo el objetivo de recuperación del salario real, estipulado para este año en un objetivo del 4%, y cuya recuperación a niveles dignos requerirá de un ritmo más intenso en los años posteriores. Esas mejoras de los ingresos de los trabajadores, unidas al aumento del empleo, necesitarán para afirmarse como política de largo plazo de la construcción de un bloque social y político organizado con la densidad que le permita contrapesar el desbalance en favor de una minoría plutocrática que la dictadura militar, el menemismo, la Alianza y Cambiemos se esmeraron en construir

7Feb/210

ENTRE DISTOPÍAS Y ESPERANZAS Los dos caminos dibujados en Davos

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El Foro Económico Mundial que se reúne anualmente en Davos tiene el objetivo de reunir a grandes empresarios, personas que poseen la concentración más alta de riqueza en el mundo desigual del presente, líderes de las grandes potencias mundiales y gobernantes de países periféricos. La composición de los encuentros de Davos refleja con nitidez el sentido intelectual de los mismos y el tipo de intereses e ideas que resultan hegemónicos.

Néstor Kirchner y Cristina Fernández  decidieron la no participación de sus gobiernos  en esos encuentros. Luego de discontinuarse en el 2003, la participación argentina se reanudó en el año 2016. El Foro Social Mundial tuvo nacimiento, en parte, como un contraforo del de Davos, con ideas, objetivos y orientaciones opuestas.

El Foro de 2021 se realizó con conexión remota y sin presencialidad debido a la pandemia. Así, el tema de la peste constituyó una cuestión dominante del debate. Lo discutido en Davos confirmó que los intelectuales, dirigentes sociales y políticos están visualizando la alta probabilidad de cambios en el funcionamiento de la economía mundial para la pospandemia. Su dirección y profundidad aparece expresada en distintas opiniones, encuentros y manifestaciones que se realizan. Hay quienes hacen postulaciones de cambios radicales, a partir de la exposición desnuda que el despliegue de Covid-19 hizo de un mundo injusto, desigual y con una concentración opulenta de la riqueza conviviendo en sociedades con multitudes humanas sumergidas en la miseria. Otros temen por la caída de los fundamentos de un régimen que los privilegia, y postulan versiones gatopardistas para que cambie algo en función de que nada modifique las relaciones de poder que permitieron las obscenas diferencias con las que las minorías acomodadas y las mayorías oprimidas y excluidas enfrentaron la pandemia. No resulta ocioso señalar que el Summit del G20 en Londres, durante la “crisis de las hipotecas” de 2008, produjo un documento final que se hacía eco del clima de crisis del paradigma neoliberal y asumía la necesidad de cambios que redujeran la desigualdad y la pobreza, promovía mayores regulaciones financieras y criticaba las condiciones previas de la economía mundial. Sin embargo, cuando las aguas se calmaron emergió una lógica de correctivo continuismo de lo preexistente, en la que predominaron planes de consolidación fiscal que hundieron a muchas de las economías periféricas o con mayor debilidad.

Una de las diferencias que aparecieron en los discursos de Davos fue que algunos adherían a la caracterización de que se transitaba la entrada a un período de pospandemia,  mientras otros, como Xi Jinping, subrayaron que proseguían los tiempos de pandemia y que las preocupaciones sobre las características y las políticas necesarias para enfrentarla constituían la cuestión sustantiva de la época. En referencia a las diferentes miradas sobre la post-peste, es imperioso ver que en tiempos de Covid las desigualdades se profundizaron en lugar de mitigarse y no se debe pasar por alto que esta tendencia podría no ser ajena a la sociedad pospandémica.

 

 

El capitalismo de los stakeholders  

Esta propuesta debatida en Davos revela una fuerte crisis de ideas e imposibilidad de cambios del capitalismo de la financiarización, en el cual predomina la lógica de maximización de ganancias  y el predominio de las remuneraciones a los fondos de inversión financiera por sobre la tasa de beneficios del capital productivo.

La ingenuidad y falta de solvencia académica y teórica del cambio en el capitalismo promovido por los líderes de la mayoría de los países centrales acompañado por las “ideas innovadoras” sobre la sociedad de los empresarios multimillonarios, quedaron expuestas en la propuesta del capitalismo de stakeholders. Su denominación españolizada es “capitalismo de las partes interesadas”, y su axioma clave postula que las empresas desempeñen el papel director de las economías, pero sujetas a una serie de condiciones éticas que incluyen consideraciones respecto de la justicia social, la mitigación de la desigualdad y una actitud activa en el cuidado del medioambiente. Estaría basado en un cambio de la conducta empresaria. Una transformación de carácter “moral” que modificaría el móvil de la empresa capitalista. Consiste en llevar al centro de la escena a lo que dio en llamarse “responsabilidad social empresaria”.

Todos los autores de la economía política clásica sostuvieron que el modo de producción capitalista tenía como lógica de su dinámica la conducta de la maximización de la ganancia empresaria. Smith la describía como la paradoja de un mérito. El crítico de esa escuela, Marx, desarrolló todo su trabajo adoptando ese postulado. En las bases de la economía neoclásica y marginalista, sustento del mainstream contemporáneo, también está presente el mismo axioma  en la lógica de la minimización de costos para maximizar ingresos. En la obra de Keynes la cuestión de la conducta empresaria está basada en la ambición del empresario y sus conductas respecto de la percepción de las condiciones coyunturales de la economía.

Más que una propuesta realista, los “buenos” promotores del Foro Económico Mundial parecen predicadores de una religión laica. Realizan un llamado a un comportamiento empresarial que mejore el bienestar social. Pretenden ese comportamiento de los poderosos protagonistas de la financiarización. En la lista de ponentes que incluyó el encuentro virtual de hace unos días estaba Larry Fink, el CEO del principal fondo de inversión de Wall Street, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, y Marc Benioff, director ejecutivo de Salesforce.com.

En dos cosas el poder hegemónico de Davos resulta taxativo:

  1. El capitalismo resulta indiscutible, y
  2. El sector público no debe manejar la economía. O sea que los paradigmas previos a la contrarrevolución neoconservadora deben quedar bien enterrados.

Hubo una prédica insistente desde la conducción del Foro y sus hegemónicos líderes occidentales respecto a la promoción de la “economía verde”, la urgente reducción de las emanaciones de carbono y la utilización de energías limpias. Pero sin discriminar los deberes de los países desarrollados respecto de los dependientes en esa tarea. También se propugnó la colaboración público-privada para la intensificación de la innovación tecnológica, especialmente de la economía digital. Hubo referencias a mejorar condiciones sociales, como la disminución de la desigualdad y la limitación a la concentración de la economía. El pilar para sostener todo esto sería la empresa privada, pero imbuida de responsabilidad social. No hicieron referencias para terminar con la promoción de la flexibilización laboral, ni para construir sociedades sin desempleo. Sólo un apunte de Angela Merkel planteando que los sectores digitales fueron beneficiados por la pandemia, y los de servicios, perjudicados.

El gran ausente de esta edición del Foro fue el gobierno norteamericano, seguramente por la traumática transición política. Pero fue evidente en el conjunto de las exposiciones la bienvenida a Biden y al final del gobierno del ultraderechista Trump. El motivo, la coincidencia en la restauración del multilateralismo previo a la llegada de este último al poder.

 

 

La pospandemia en la mirada de los líderes occidentales

Merkel reconoció que el sistema de salud en Alemania es de carácter individual y no contempla la atención primaria comunitaria. En cambio reivindicó como una fortaleza de la sociedad alemana el sentimiento de solidaridad. Sentenció que la concentración de la economía debe detenerse. Pero, a la hora de formular una propuesta de organización de la economía posterior a la crisis, la líder conservadora recurre al viejo slogan liberal de la  “economía social de mercado” que popularizó Ludwig Erhard, miembro de la sociedad Mont Pellerin –cuna del neoliberalismo—  y que fuera pregonado en nuestro país por Alvaro Alsogaray. Merkel le agrega “la responsabilidad social empresaria”, para estar a tono con el eje propuesto por la convocatoria al Foro. Hace algunos diagnósticos progresistas, que revelan una lectura atenta de la realidad, y propuestas gatopardistas,  cuya debilidad refleja la incapacidad, desorientación e imposibilidad para construir un futuro diferente para el capitalismo financiarizado.

Emmanuel Macron hizo una intervención apologética de las décadas de neoliberalismo. Sostuvo que durante ese período accionistas y consumidores se beneficiaron como nunca y elogió los cambios tecnológicos y la modernización productiva durante ese período. Su intervención revela un alto nivel intelectual que no permite presumir como una omisión involuntaria, la no mención de las virtudes que pudo haber tenido la llamada época del “capitalismo de oro”, con su modelo del Estado de bienestar. El Presidente francés es, sin duda, un entusiasta de la economía de libremercado. Pero luego debe situarse en el clima de época de la peste, y señala que el modelo del apogeo del liberalismo neo no es replicable para el futuro, pasando a enunciar consecuencias no menores (asimilables a efectos no deseados o colaterales) del liberalismo neo: la financiarización —cuando asigna sobreremuneración a una facción social—, la pérdida de empleos, el deterioro de los salarios, la externalización del empeoramiento climático. Tampoco ahorró la mención de una amenazante crisis de la desigualdad, de la demanda y climática. Pero en relación a su propuesta de sistema pospandemia, Macron resulta taxativo y coincidente con Merkel en la salida gatopardista.

El Presidente francés hace suya la propuesta del “capitalismo de las partes interesadas”, una definición con pretensiones más académicas que la de “responsabilidad social empresaria”. El gobernante galo advierte que el activismo estatal no puede, ni deber, ser la única –ni la predominante— respuesta para detener las externalidades negativas. Los Presidentes de las naciones hegemónicas de la Unión Europea coinciden en predicar la necesidad de disminuir el gasto fiscal incrementado durante la pandemia y en la vocación de poner un límite a la intervención del Estado. El enunciado de Macron de que no se puede pensar la economía sin lo humano va de la mano con la convocatoria  a un cambio de la actitud empresarial que corrija las plagas neoliberales. Ningún cambio de rumbo. Una manifestación de deseos ingenua, o tal vez cínica.

La ministra de Relaciones Exteriores española se pronunció contra el “nacionalismo sanitario” y por una justa distribución de las vacunas a los países pobres. Advirtió sobre la inadmisibilidad del incumplimiento de contratos por parte de los laboratorios respecto a la entrega de esas vacunas para enfrentar la pandemia. También pregonó reglas del juego justas para el mundo digital. Sin embargo repitió como conceptos de valor estratégico la confianza y la transparencia, una música ligada a la crítica de lo público y la valoración de la iniciativa privada. Cuestión que reforzó con su posición promotora de la alianza-público privada para la investigación y promoción de las medicinas de prevención y atención del virus.

 

 

Continuismo explícito

Los posicionamientos más derechistas y sin revisionismos respecto al neoliberalismo fueron los del Presidente israelí Benjamín Netanyahu y el canciller brasileño Ernesto Araujo. El primero reivindicó la continuidad de la desregulación económica, la desburocratización de las reglas y la educación y el mercado libre como pilares del desarrollo económico. Hizo la analogía de las vacunas contra Covid con las municiones para la guerra. Pero exhibió el liderazgo que su país adquirió en la cantidad de vacunados, adjudicándolo a la flexibilidad que tuvo respecto del precio a pagar por las vacunas. El brasileño se refirió a la importancia que tiene el reconocimiento a los Estados Unidos como la superpotencia de la libertad, “porque esa es la garantía para impulsar ese valor en el mundo y en el continente”.  Araujo sentenció que su país recupera, con el gobierno de Bolsonaro, la democracia y la libertad. Propició la dinamización de la OMC como política para promover la apertura económica y la democracia, categorías que emergieron en su discurso como indisolublemente unidas.

 

 

Contrahegemónicos

Xi Jinping afirmó que la “historia avanza y no se vuelve atrás”. Hizo un aporte crítico del tono general del encuentro. Expresó que “no todos los países tienen el mismo sistema social” y que era necesaria la coexistencia pacífica entre los países de distintos regímenes de organización social. Afirmó que sin la comprensión de esa diversidad no habrá progreso social. Llamó a reducir la brecha de desarrollo entre países y advirtió que la pandemia agudiza la polarización entre países ricos y pobres. Se pronunció contra la lógica de la Guerra Fría, y enunció los valores de: paz, desarrollo, igualdad, justicia y libertad. Promovió un sistema internacional en donde no se use la potencia del más fuerte para imponerse frente a los países más chicos en la resolución de diferencias. Manifestó que hoy sigue siendo más importante atender la pandemia como problema clave, expresando que estamos en épocas de seguir pensando la peste, contrastando con las reflexiones centradas en suponer que estamos en tiempos de salida de la pandemia. Reivindicó un multilateralismo de iguales. Señaló que China erradicó recientemente la pobreza extrema y definió a su país como de un sistema socialista moderno.

Putin dijo que existe una crisis política mundial, con enfrentamientos violentos y conflictos regionales crecientes. Criticó la concentración de ingresos y la estratificación social en los países más desarrollados. Rechazó el Consenso de Washington, cuyo modelo de crecimiento económico, sostuvo, estuvo basado en el crédito, la deuda y la desregulación. Planteó la necesidad de intervención del Estado para proteger los puestos de trabajo, concibiendo la economía futura con un paradigma de personas viviendo en un entorno de seguridad, con empleo, jubilación, educación y salud. Reivindicó los estímulos fiscales para el desarrollo y reclamó la reducción de la brecha entre países. Hizo una crítica explícita a los Estados Unidos por su política de construcción de enemigos internos y externos. Realizó un llamado explícito a democratizar la disposición de vacunas, advirtiendo sobre la desventaja africana.

 

 

Dos enfoques opuestos

El Presidente argentino Alberto Fernández destacó los valores de fraternidad y solidaridad para la economía del futuro. Agregó al concepto de multilateralismo el de multisolidaridad y manifestó que los conceptos de economía y política son inseparables. Planteó que la contradicción de la época es entre un pacto solidario global vs. un capitalismo infeliz de la opulencia.

 

 

https://twitter.com/i/broadcasts/1rmxPzRYBgbGN

 

 

Las reflexiones expuestas en el Foro permiten plantear que la pandemia introdujo un momento de inflexión en la economía y la política global. La crítica de la economía previa es compartida. Pero quedaron planteadas como nunca dos alternativas. La de quienes presumen que existe un único sistema posible a nivel global y otros que promueven un multilateralismo con diversidad de regímenes socioeconómicos. Unos que buscan formas remozadas del capitalismo con subsidiariedad estatal y otros que sostienen la imposibilidad del continuismo neoliberal. La pandemia y la caída del gobierno chauvinista en Estados Unidos dibujó un foro de Davos donde se expresa un multilateralismo, con mayor multipolaridad del poder, que tiene el rasgo novedoso de un mayor equilibrio de fuerzas entre las diversidades de enfoques respecto a la sociedad futura.

7Feb/210

ESTADOS UNIDOS, CAMBIOS Y MITOS

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La plutocracia se lava la cara: del irascible Trump al benévolo y protector Biden

 

El asalto al edificio del Congreso norteamericano el 6 de enero ha conmovido profundamente a Estados Unidos. Las manifestaciones que precedieron la toma fueron alentadas por las declaraciones de Donald Trump. Una fracción de esa manifestación, ante la pasividad de las fuerzas del orden, tomó sus instalaciones buscando evitar la proclamación de Joe Biden como ganador. La mayoría demócrata se paralizó de estupor y angustia frente al pisoteo de los símbolos de su sistema político, los destrozos y los muertos. La intensa minoría republicana sigue pensando que le han robado la elección. Mal comienzo para el gris y “políticamente correcto” Biden.

Mientras Trump es la personificación del mal para la prensa hegemónica norteamericana, Mark Zuckerberg (Facebook), erigido en árbitro político, lo borró de Twitter. Biden se propone dejar atrás los años de Trump retomando el civilizado balance de poderes que prevé la constitución norteamericana, diseñada para que ningún “populismo” pueda alterar las políticas fundantes que soportan el “destino manifiesto” de ese país para conducir el mundo.

Los medios, en mezcla difícil de discernir, suman las órdenes ejecutivas (decretos) firmadas con las que suponen se van a emitir. Es claro el intento de blindar al nuevo Presidente y marcar un antes y un después del vituperado Trump.

Las primeras directivas incluyen políticas tanto internas como internacionales. Entre las primeras destacan los cambios en el tratamiento del Covid, con el nombramiento de un coordinador nacional, la obligación de usar mascarilla “al menos por 100 días” en los edificios públicos y mantener las restricciones que Trump había descartado sobre el ingreso de extranjeros por la pandemia, entre otras. Mientras la vacunación avanza, los casos diarios retroceden, dentro de valores aún muy elevados.

En lo social apunta a eliminar el “racismo sistémico” (contra afroamericanos, hispanos, asiáticos, pueblos originarios) y la discriminación por orientación sexual, demandas de aquellos sectores que con su voto le permitieron ganar ajustadamente la elección.

En el campo económico se destaca la prórroga de la prohibición de desalojos de inquilinos y la ejecución de hipotecas de viviendas, y la ampliación de la pausa en el pago de intereses de los préstamos estudiantiles.

A nivel internacional se destacan los regresos a la Organización Mundial de la Salud (con el importante aporte de fondos que significa) y al Acuerdo del Clima de París, buscando mejorar las relaciones diplomáticas con países aliados. Suspende el veto de entrada a ciudadanos de once países musulmanes. Frena la construcción del muro con México. Revoca el permiso del oleoducto Keystone XL que enlazaría el estado de Nebraska con Canadá, haciéndose cargo de la fuerte oposición medioambiental. Declaró su repudio al golpe militar en Myanmar.

 

 

No es oro todo lo que reluce

Son medidas “políticamente correctas” pero no implican la parte central de la política exterior ni la orientación económica, que se pueden deducir de los nombramientos en áreas claves. El Departamento de Estado lo dirigirá Antony Blinken, un halcón con pesado prontuario en Medio Oriente. El general afroamericano Lloyd Austin ha sido propuesto para jefe del Pentágono. Biden espera que la heterogeneidad étnica de su gabinete permita superar las objeciones de conflicto de intereses por haber sido Austin hasta hace poco director de Raytheon, importante empresa en materia de defensa. En el área económica y financiera los nuevos funcionarios –en su mayoría de la era Obama– abrevan en las ideas neoliberales, nada de progresismo. La ex Fed Janet Yellen es la Secretaria del Tesoro, Brian Deese dirige el Consejo Económico y Social, la afroamericana Cecilia Rouse preside el Consejo de Asesores Económicos, la chinoamericana Katherine Tai es la principal negociadora comercial internacional.

Las definiciones de Biden durante la campaña no ofrecen muchos alicientes a deshielos con Rusia y China. Tampoco habrá cambios importantes en la relación con Latinoamérica, continuará la oposición a lo que no sea alineamiento en lo geopolítico y lo económico. El FMI y las embajadas están para presionar por esos intereses.

Las diferencias entre demócratas y republicanos son básicamente sobre políticas internas. Los dirigentes de ambos espacios son en general personas de gran fortuna personal. El gran capital ha colonizado ambos partidos, que terminan representando diferencias parciales de sus distintas fracciones. El apoyo popular se logra en base a una maquinaria de sofisticado marketing político con concesiones parciales a las clases subalternas y grupos especiales para lograr los apoyos que puedan volcar resultados. Las políticas centrales, en lo económico y en el plano internacional, siguen en manos de ese 1% de la población más rica. Se han ido produciendo diferenciaciones de las fracciones de capital que apoyan a uno u otro partido, con los globalistas del capital financiero apostando más fichas a los demócratas, y sectores de la fracción de la industria tradicional y de defensa apoyando al Partido Republicano en su versión Trump. Pero esta división es una simplificación y en realidad los sectores más concentrados imponen sus intereses a los representantes de ambos partidos, y ellos mismos son en lo fundamental la dirección efectiva de ambos. Nadie votó la concentración de riqueza que se ha producido en los últimos cuarenta años, producto de la desregulación financiera que comenzó con el republicano Reagan y se perfeccionó con el demócrata Clinton. Nadie votó la destrucción de los trabajos bien pagos en la industria, que como resultado de la globalización beneficia al capital concentrado en Estados Unidos y terminó potenciando el desarrollo de China en forma distinta a lo previsto por ellos.

El general Perón, con su estilo directo y campechano, definió así a estos partidos: “Los norteamericanos, dignos hijos de Gran Bretaña, han ido mucho más allá: han organizado dos partidos de derecha que les permiten mantener su sistema plutocrático y sostener una simulación democrática para engañar a los tontos que tanto abundan en la política o estimular a los sinvergüenzas, que también abundan” (La hora de los pueblos, capítulo 1, 1968).

Si la definición de plutocracia era válida en los años de Perón, mucho más lo es ahora, en especial desde la decisión de la Corte Suprema de 2010 que permitió el financiamiento de las campañas de los partidos políticos sin límites de aportes de personas y empresas. Con esa decisión la magnífica máquina de marketing que son las elecciones norteamericanas terminó de distorsionar la expresión real de los intereses de los ciudadanos. Sin dinero no se ganan elecciones. Con los aportes de entusiastas seguidores se puede avanzar en las primarias, se puede obtener algún representante, pero cuando se acaban los fondos terminan las ilusiones. Se votan slogans, cada vez más diseñados a medida del “cliente” por investigaciones con acceso al big data, y eso cuesta muchísimo dinero. Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortés hablaron de ideas socialistas y arrimaron los votos “progresistas” al candidato demócrata, pero no influyen en políticas que podrían revertir la concentración de riqueza y el estancamiento de los salarios reales del 50% de la población menos favorecida, y menos aún en la política exterior.

La verdadera política la decide el gran capital, sus lobbistas y representantes en ambos partidos, tanto en el Congreso Nacional como en el Ejecutivo, mientras el reaseguro del establishment está siempre en la conservadora Corte Suprema. ¿Cuál es la definición formal de corrupción? Obtener mediante sobornos medidas que benefician al corruptor. Pero si los fondos de aportes de campaña son legales, las resoluciones que benefician a los aportantes y a los funcionarios que la facilitan no son corrupción, todo está blanqueado. Para ellos los corruptos son los funcionarios de otros países, donde las coimas se pagan en mano porque los involucrados no forman parte de la puerta giratoria característica de los Estados Unidos. El control ideológico que los grandes medios y los economistas del capital tienen sobre la población es tal, que la mayoría cree que los crecientes beneficios que desde hace cuarenta años están teniendo los sectores concentrados –el sector tecnológico, el sistema privado de salud, los bancos y el sector financiero– son la correcta medida de su aporte social, su “valor agregado” a la creación de riqueza. No relacionan esos beneficios monopólicos y especulativos con el estancamiento de los salarios reales de los trabajadores y la creciente desigualdad de ingresos.

En cuanto a las políticas de derechos humanos, un capítulo tan cacareado en la política norteamericana, los cambios de Biden se concentrarán en lo interno, retribuyendo con medidas parciales los apoyos de las distintas minorías que lo llevaron al triunfo electoral. No eliminará el racismo ni las policías bravas con los negros pero buscará limitarlas. Muchas políticas sociales serán mejoradas o se intentará hacerlo, pero a nivel internacional no habrá cambios significativos en este capítulo, excepto una lavada de cara al accionar agresivo de Trump. Guante de seda cubriendo el puño de acero.

Biden participa del mito de todos los Presidentes americanos sobre el “excepcionalismo” y el “destino manifiesto” de Estados Unidos para conducir al mundo. Ahora quiere cambiar la imagen del padre irascible por la del padre benévolo y protector. Históricamente todas las potencias se han sentido obligadas a recubrir su dominio con justificaciones ante los pueblos que lo deben soportar. Los británicos argüían que estaban soportando “la carga del hombre blanco”, los colonialistas franceses justificaban su imperialismo en una supuesta mission civilisatrice.

El mito predica que Estados Unidos es la única nación virtuosa, que ama la libertad, respeta los derechos humanos y la paz bajo el imperio de la ley. Su historia lo desmiente. Es una potencia agresiva y expansionista. Comenzó como el asentamiento de 13 colonias en el este de su actual territorio y se expandió arrebatando Texas, Nuevo México, California y Arizona a México en 1846. Eliminó a la mayoría de la población originaria y los pocos sobrevivientes fueron arrumbados en míseras reservas. Compró barato Alaska a la Rusia zarista, “haciendo una oferta que no pudieron rehusar”. Arrebató a España el control de Florida, Puerto Rico y Cuba, para formalmente cambiar el poder colonial español por el propio en Filipinas, con la muerte de entre 200.000 y 400.000 habitantes, la mayoría civiles. En la Segunda Guerra sus bombardeos mataron civiles sin remordimientos en Alemania (300.000) y Japón (330.000). Tiró más de 6 millones de toneladas de bombas en Indochina, incluido napalm y el mortífero defoliante Agente Naranja, con más de un millón de civiles muertos.

En la pequeña Nicaragua, los Contra apoyados por Estados Unidos mataron a 30.000 personas. Sus acciones militares en Medio Oriente han dejado entre 300.000 y 500.000 muertos, incluyendo 100.000 en la invasión y ocupación de Irak en 2003. Son decenas de miles los muertos por los drones, en especial a partir de los gobiernos de Obama, quien inmerecidamente recibió el premio Nobel de la Paz. Los latinoamericanos conocemos de sobra las tropelías norteamericanas por estas latitudes. Tras la caída de las torres en 2001, la tortura volvió a ser desembozadamente la forma de interrogatorio. Miles de prisioneros han pasado por la base de Guantánamo, donde aún se mantienen sin derechos, en un limbo de extraterritorialidad por el cinismo de sus autoridades. Ello incluye la promesa incumplida de Obama de cerrar esa prisión, sin olvidar que Biden fue su Vicepresidente. Todos recordamos la revelación en 2004 de las torturas en la prisión de Abu Ghraib, Irak, en aquel momento con 7.000 detenidos.

El asalto al Congreso el 6 de enero ha conmovido al pueblo americano, contribuyendo al desprestigio de sus valores morales. Esos valores son la base de su soft power, el poder ideológico que ayuda a controlar la conciencia social en su país y el mundo, manteniendo la fuerza bruta como argumento de última instancia. Pero ese velo ideológico no puede ocultar el pésimo récord de violación de los derechos humanos que ha practicado Estados Unidos sobre el mundo desde fines del siglo XIX.

Biden inaugura su gobierno pretendiendo revertir las políticas de Trump. Pero es difícil que elimine la profunda división que propició el ex Presidente, quien lejos está de abandonar el escenario político. Los valores morales que esgrime Biden son un mito para consumo interno y de sus principales aliados. El peso de esos mitos disminuye en la conciencia de los pueblos del mundo que soportan sus pesados condicionamientos.

31Ene/210

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ASIMETRÍAS

El acuerdo Mercosur-Unión Europea tiene el mismo perfil que el ALCA enterrado en 2005

En noviembre de 2005 aconteció un hecho fundamental de un largo camino inconcluso en pos de la construcción de la Unidad Latinoamericana. Ese hito fue la detención, en la IV Cumbre de las Américas llevada a cabo en Mar de Plata, del avance hacia la consumación del ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas), con la recordada participación de los presidentes Kirchner, Lula y Chávez.

En su discurso Néstor Kirchner apuntó a una cuestión crucial que atraviesa como tema clave a los acuerdos de libre comercio desplegados por la hegemonía de las políticas del neoliberalismo a nivel mundial: la desconsideración de las asimetrías en los tratados celebrados entre los países centrales y los periféricos. En su discurso, el entonces Presidente argentino afirmó que «la igualdad es un concepto valioso y necesario pero sólo aplicable a los que son iguales». «Igual tratamiento para los diferentes; igual tratamiento entre países poderosos y débiles; igual tratamiento entre economías altamente desarrolladas y economías emergentes no sólo es una mentira sino que, además, resulta una trampa mortal», advirtió. Esa igualdad tramposa era lo que pretendía el acuerdo de libre comercio rechazado por los líderes que se dispusieron a dar un nuevo impulso al proyecto latinoamericanista.

 

El falso argumento

La corriente principal del pensamiento económico de la época atribuye a la oposición a los tratados de libre comercio adoptar la opción por modelos proteccionistas reacios al comercio internacional. Esta oposición entre libre comercio y proteccionismo no constituye el centro del debate frente a los mencionados acuerdos. Es una construcción falaz. El tema en discusión radica en el derecho al desarrollo de los pueblos consagrado el 4 de diciembre de 1986 por la Asamblea General de las Naciones Unidas: “El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él”.

El intercambio igual entre desiguales conduce hacia el subdesarrollo. Sólo sería un comercio internacional justo aquél que construya una lógica de intercambios que combinara liberalizaciones y restricciones que condujeran a favorecer la industrialización y complejización de los procesos productivos en las economías periféricas. Que, a su vez, les permitiera y garantizara su participación en ese comercio con productos que contengan una creciente incorporación de ciencia y tecnología. Que además estimulara la diversificación productiva de esas naciones en desarrollo, favoreciendo la articulación del crecimiento de su PBI con mayores oportunidades de empleo, en un sendero de su intensa calificación, acompañada con una elevación de los salarios que consagren sustantivas mejoras de la distribución del ingreso y la riqueza.

La experiencia de los tratados de libre comercio firmados por gobiernos neoliberales de los países dependientes con los del centro muestran que los resultados fueron inversos: reprimarización agraria y/o minera, y/o industrialización de maquila, movilizada por bajos salarios. Todos procesos de concentración del ingreso, la producción y la propiedad, con precarización social y profundización de la desigualdad. Avanzar por este camino de libre comercio es lo que se pretendió con el ALCA y, también, mediante los convenios concretados bilateralmente entre Estados Unidos y los países periféricos.

 

Un acuerdo que profundiza la dependencia

El acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) que actualmente se negocia con un recuperado dinamismo tiene el mismo perfil que el que se desplomó en Mar del Plata. Mariana Vázquez lo define como «un acuerdo de asociación birregional», es decir «que además de su pilar comercial contiene acuerdos sobre diálogo político y cooperación» (Observatorio del Sur, mimeo 2020) y enumera sus características principales:

“1) Es un acuerdo ´de nueva generación´, es decir que contempla un espectro de temas mucho más amplio que el del comercio de bienes (ejemplos: compras públicas, servicios, propiedad intelectual, normas laborales y medioambientales), que limitan la soberanía regulatoria de los Estados.

2) Se trata de un acuerdo desequilibrado y asimétrico, es decir entre regiones con profundas asimetrías de desarrollo, productivas y de capacidades públicas.

3) Se trata de una relación comercial con un componente importante de dependencia: a modo de ejemplo, mientras que la Unión Europea vende 1,3% de sus exportaciones al Mercosur, este vende un 21% de las suyas al bloque europeo”.

El sustento fundamental del acuerdo es la apertura de los mercados de los países integrantes del Mercosur a los países de la UE. Los impactos que se producirán en caso de que se implemente el acuerdo no serán sólo sobre la matriz productiva sino sobre la soberanía regulatoria de los Estados del Mercosur, sobre el espacio de estos para implementar medidas económicas de carácter sustancial, incluyendo la restricción de aquéllas destinadas a construir una política de comercio exterior que armonice desequilibrios internos de sus macroeconomías. Con la firma de este acuerdo el Mercosur retrocede de su objetivo avanzado de constituirse en un mercado común, ampliando el espacio para las producciones de sus países integrantes. Y no sólo eso sino que también desarticula su carácter de Unidad Arancelaria respecto de su relación con uno de los bloques más significativos y poderosos de la economía mundial.

Sería de un cortoplacismo absolutamente contraindicado que en Argentina se entienda que sería útil avanzar y acelerar este acuerdo, bajo la suposición de que su puesta en marcha abriría el camino para una mayor condescendencia de los países centrales en las condiciones de refinanciación de la deuda con el FMI. Esa es la circunstancia que los economistas de la corriente ortodoxa asociada con el establishment económico, de quienes son intelectuales orgánicos, aprovechan en pos de meter presión para consumar el tratado de libre comercio. Dieciséis años después del entierro del ALCA, otro centro del poder mundial aspira a lograr un tratado del mismo carácter, apurándolo cuando asoma la posibilidad de un retroceso de la oleada neoliberal en Sudamérica.

 

¿Por qué apura Europa?

La noticia pasó desapercibida pero puede ser de enorme significación estratégica. La semana pasada el Parlamento Europeo decidió confirmar la redacción de su resolución sobre Política Exterior y Seguridad para el presente año. Esta incluye una mención especial a las negociaciones en relación al acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con el Mercosur.

En forma específica el documento en su parágrafo 47 “subraya la importancia de impulsar y finalizar la revisión de los acuerdos globales con Chile y México, así como el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, y destaca que se trata de aliados y socios clave de la UE”.

Esta redacción, aparentemente neutra y simpática, reflejó en realidad un cambio sustantivo de la posición europea, cuyo Parlamento en octubre pasado definía que «no se puede ratificar el acuerdo entre la UE y el Mercosur en estado actual».

La última decisión europea desarticula la ilusión que manejaron muchos movimientos sociales, como también referentes de opinión y políticos que especulaban con la idea de que la Unión Europea no iba a avanzar hacia la firma del acuerdo ya que comprometía temas ambientales y laborales que imaginaban como irreductibles. No comprendían, o tal vez algunos lo hicieron cínicamente, que la supuesta intransigencia europea servía para imponer mayores exigencias hacia los países del Mercosur en las negociaciones. La estrategia de la UE le resultó exitosa (menos apertura y más discrecionalidad para limitar el ingreso de productos mercosureños a Europa).

Por más que la matriz de ideas de este tipo de tratados sea el liberalismo neo, en la realidad operan fuertemente los intereses por sobre la pureza del dogma. Así, el proteccionista sector agrícola europeo, que es contrario en un principio al acuerdo con el Mercosur, siendo secundario dentro del capitalismo europeo, sería neutralizado por el capital concentrado con mayores garantías de protección y/o más subsidios.

¿Qué ocurre ahora? Pues el interés de los europeos por una rápida confirmación del acuerdo Mercosur-UE. Ejemplo de ello, y es de suponer no casuales, son las declaraciones en las últimas horas del Comisionado para Asuntos Exteriores de la UE, el socialista español Josep Borrell, para «poner toda la presión sobre América Latina», coincidente con la publicación de un estudio de impacto, algo que significativamente no hicieron ni para la economía en general ni para sectores específicos los países del Mercosur. Ese estudio de impacto muestra que el crecimiento de las exportaciones europeas al Mercosur, de concretarse el acuerdo, serían significativamente mayores que las importaciones, y ello aun para productos tan sensibles como los lácteos.

Durante 2018 y 2019 se había construido cierto consenso de oposición ante el principio de acuerdo asimétrico firmado. Resulta imperioso recuperar, profundizar y ampliar ya ese consenso. El debate y la crítica al acuerdo Mercosur-UE han perdido centralidad y dinamismo. A ello contribuyen varios factores:

  1. Las negociaciones siguen siendo secretas, y no se han dado a conocer significativas concesiones brindadas por los negociadores del Mercosur (entre otras: discrecionalidad europea para determinar limitaciones sanitarias, liberalidad en la certificación de origen) a cambio de muy poco (algunos permisos para superar indicaciones geográficas).
  2. En Argentina avanzaron algunas posiciones que, aun reconociendo que la experiencia de otros acuerdos de libre comercio vigentes entre la Unión Europea y países latinoamericanos ahondaron los déficits en balanzas comerciales (Chile, México, Perú, Ecuador), sostienen sin fundamento ni verificación que la posición europea en organismos multilaterales será «muy comprensiva y benevolente» si se ratifica el acuerdo.
  3. Los sectores económicos y sociales de los países del Mercosur potencialmente afectados por un acuerdo desventajoso (economías regionales, industrias, servicios ) no han hecho seguimiento del tema, tanto por ignorancia de sus potenciales consecuencias como por una ilusión sin sustento de que «es la hora de abrirse al mundo». Esto ocurre cuando justamente el panorama internacional, atravesado por la pandemia y la crisis de las economías, es muy delicado. Lo que crece, contrariamente a esas impresiones, son las tendencias proteccionistas y disputas geopolíticas entre las economías centrales. Como ha reconocido con sinceridad y sin romanticismo Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea, «es necesario vencer la resistencia a un acuerdo que garantizaría a la Unión Europea el acceso privilegiado al bloque comercial más grande de América del Sur, por delante de China y Estados Unidos».

Afirma con lucidez un empresario pyme, Raúl Hutín, secretario de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) de Argentina: «No nos cerramos al mundo ni escapamos de la competencia. Pero para que sea equitativa se deben dar condiciones similares entre las partes, cosa que hoy está lejísimos de suceder. De no considerarse los distintos grados de desarrollo, como ocurre en la vida, el más grande se impone sin más sobre el más chico. El libre comercio sin contemplar desigualdades en el punto de partida genera mayores desequilibrios».

En esta etapa que se denomina de «revisión legal» resulta imprescindible que tanto los gobiernos de raíz nacional, popular y democrática como los movimientos sociales y la dirigencia política que promueve una transformación de las economías del Mercosur en favor de los pueblos, generen acciones y movilizaciones que promuevan el final del secretismo y la transparencia de todo lo que se está negociando y resolviendo respecto del acuerdo. El carácter del debate requiere de la metodología de la democracia participativa. El conocimiento de lo que eventualmente se vaya a acordar no puede quedar reservado a ámbitos de expertos. El predominio de una lógica de ese tipo constituiría una concesión a los ideales meritocráticos de la antipolítica declamada por los falsos “libertarios” y las distintas expresiones del status quo neoliberal. Resulta primaria la sola enunciación de la constitución de mercados de gran tamaño como automáticamente beneficiosa. Si se llega a ello por el mal camino se ahondarían los desequilibrios y la dependencia de los países periféricos, y también la brecha respecto a las potencias y los centros de poder mundial.

 

La Unidad Latinoamericana.

Enraizada en ideas y proyectos vigentes dese las constituciones de los estados de América Latina hasta la actualidad, desde principios de siglo se expandieron las institucionalidades que propendían a construir una América Latina unida con un proyecto de desarrollo, de independencia, de igualdad y emancipatorio. La UNASUR, la CELAC, el Banco del Sur, la profundización del Mercosur, el mecanismo del Sucre, el Fondo del Sur, otros acuerdos de intercambio con monedas locales que apuntaban en esa dirección, fueron creados y puestos en funcionamiento con esos objetivos. Este tipo de acuerdo Mercosur-UE, en avance, consumaría un retroceso que completaría el debilitamiento o desaparición de esas instituciones acontecida durante el quinquenio último de hegemonía neoliberal.